Lunes, 23 de julio de 2007

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que la pobreza se redujo en seis puntos aproximadamente. Es decir, alrededor de medio millón de personas dejaron de ser pobres; sin embargo, esta cifra se remite al área urbana y no a la rural. Mientras que Huancavelica, Ayacucho y Puno siguen siendo las regiones más pobres.
La tasa de pobreza que ha sido revelada, demuestra que el gasto social no se concentra en reducir la pobreza rural dado que ésta continúa en los mismos niveles. Por tanto, se hace necesario que el Gobierno impulse un programa de desarrollo rural, el cual permita que los excluidos del crecimiento económico que hoy goza el país se beneficien realmente de ese progreso.
Desde el Estado recientemente se lanzó el programa “Crecer”, el cual concentra gran parte de los programas sociales y busca, entre otros aspectos, erradicar la desnutrición infantil. No obstante, está pendiente la reestructuración de los programas sociales como el Vaso de Leche, para que la ayuda estatal llegue a quienes realmente lo necesitan. Ahora la batuta del cambio en la distribución de los ingresos, la tiene el Ejecutivo que inicia ya su segundo año de gobierno.

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Un comentario en “Lunes, 23 de julio de 2007

  1. García, Gubbins y la muerte

    Por Ismael León Arias

    ¿Por que extraña razón los señores Alejandro Henry Gubbins Granger y su hijo, Carlos Alejandro Gubbins Cox, dueños de la mina Casapalca, no fueron detenidos durante el reciente conflicto con sus trabajadores, desatendidos y burlados en sus derechos laborales durante cinco años por estos empresarios?
    ¿Por qué motivo el presidente Alan García se preocupa de castigar hasta la inhabilitación a los funcionarios que participen en huelgas, pero ni se le ocurre sancionar a los dueños de empresas que faltan a todas sus obligaciones y además “compran jueces”, como lo pregona con orgullo Gubbins padre?
    En su momento los representantes de Casapalca dijeron que a ellos no les corresponde mejorar la situación laboral de los mineros, sino a las firmas contratistas. ¿Y acaso no hay una ley que prohibe apelar a contratistas para contar con trabajadores cuyos servicios son permanentes, como los mineros?
    ¿Y con qué lógica minera Gubbins contrata servicios de trabajadores especializados con una compañía que apenas tiene seis (6) mil soles de capital para cumplir una actividad que requiere millones de dólares?
    ¿Los Gubbins sí pueden violar las leyes a su regalado gusto, pero los presidentes regionales o sus funcionarios, que tomen parte en una huelga corren el riesgo de ser inhabilitados?
    Durante el conflicto de Casapalca, en el que hubo muertos y heridos, la ministra de Trabajo, Susana Pinilla, reveló que la nula solvencia económica de los services confirmaba las denuncias de los trabajadores y la violación a la ley de intermediación laboral. Sin embargo, de los 1900 trabajadores de la mina Casapalca, 1700 lo hacen mediante “las contratas”. Los 200 que aparecen en la planilla hacen labores administrativas. El ministerio de Trabajo impuso a la minera una multa de 100 mil soles, que hasta el momento no ha sido pagada.
    ¿Qué ha ordenado el señor Alan García contra semejantes violadores de la ley?.
    Que se sepa nada, absolutamente nada.
    Los Gubbins compraron la rica concesión de cobre, plata, plomo y zinc en abril de 1997, con la privatización de Centromín Perú. Debido al auge del precio de los minerales, el año 2005 Casapalca registró ingresos por más de 138 millones de soles, lo que representó un incremento del 33 por ciento en relación al 2004. Es casi seguro es que en los últimos dos años la mina haya duplicado sus utilidades, si se considera la evolución de las ganancias en el sector.
    ¿Han repartido utilidades entre sus trabajadores los señores Gubbins?. Ni un sol. ¿Ha ordenado el señor García Pérez que a estos empresarios y otros iguales a ellos les caiga el peso de la ley?. No. Ni con el pétalo de una amonestación, probablemente porque se ahuyentaría a los inversionistas. Y eso es malo.
    Pero que estafen a los mineros, que se burlen de su propia ministra la señora Pinilla, de muy digno comportamiento, eso no le preocupa al presidente García.
    ¿Cree el señor García que con decretos como el que acaba de emitir los trabajadores se van a asustar, van a dar marcha atrás en sus demandas desatendidas, en sus viejos reclamos hoy olvidados por un gobierno que les ha mentido desde el comienzo?

    Con derecho para matar
    Otra barbaridad cometida por el gobernante que por ahora tenemos en Palacio, es haber exceptuado de responsabilidad penal a los policías y militares que ocasionen lesiones o muerte de personas con el uso de sus armas.
    Ciertamente García Pérez tiene una fijación con la muerte. Recordemos que comenzó su gobierno con la propuesta de ampliar la pena de muerte para los violadores de niños. Tal parece que lo hizo a modo de un test, para ver las reacciones de la población y de los organismos de derechos humanos. Por supuesto que encontró eco favorable en la jauría de ayayeros siempre disponibles para alentar medidas semejantes. Pero al escuchar y leer opiniones contrarias de mucho peso argumental, decidió callar. Hoy vuelve con el tema de la muerte, pero en la forma de un decreto irresponsable.
    Absolutamente irresponsable, porque si antes de su primer año de gobierno, sin el decreto de marras, García ya puede contabilizar ocho (8) muertos en las calles, ¿cuántos más necesita para sentirse satisfecho cuando termine su infausto mandato?
    Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con los bloqueos de carreteras, provocados por multitudes alentadas por políticos irresponsables. Pero hay que ver a todos los que están detrás. A todos. Y ocurre que muchas veces nos encontraremos con tipos como los Gubbins, que se han burlado cruelmente de los trabajadores y de las leyes durante muchos años. Son ellos quienes provocan desorden y desaliento. Entonces también hay que llevarlos al banquillo y sancionarlos, porque finalmente son los que provocan la violencia social. ¿O no?
    ¿Y qué pasa si un funcionario aprista comete un desatino y da curso a una ruptura? ¿Lo protegerán como a la congresista Tula Benitez?
    Si el señor García y su gobierno mostraran alguna equidad, nadie diría nada. Pero ver como culpables sólo a los que están en un lado del conflicto, y no a los dueños del billete, es agravar ese enfrentamiento y hacerlo permanente.

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