Miércoles, 25 de julio de 2007
Frente a la norma que permite la inhabilitación de los funcionarios del Estado si es que estos participan en huelgas, y que principalmente alude a los presidentes regionales que han sido los protagonistas de diversas movilizaciones en las últimas semanas, cabe resaltar que el Ejecutivo también aprobó un grupo de leyes que establecen sanciones más severas para la delincuencia. Dentro de lo regulado, destaca como positivo el aumento de penas para los que cometen delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y secuestro estando en prisión. La referida norma autoriza al juez a aumentar la pena del interno hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido. Sin embargo, es muy polémica la modificación que establece la exoneración de sanción a los policías y militares cuando en cumplimiento de su deber causen lesiones o muerte. En este caso debe discutirse un reglamento que determine las condiciones de la intervención de los institutos castrenses. De lo contrario, se recaerá nuevamente en un proceso de uso desmedido de la fuerza que fue característico de la época de violencia política que vivió el país y de los últimos conflictos sociales.
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