Martes, 7 de Agosto de 2007
El presidente Alan García planteó que el Congreso de la República invite a los presidentes regionales para que expongan sus planes de desarrollo, pero parece ser que las cuestiones personales siempre sobresalen a la hora de rendir cuentas. Un ejemplo es el presidente regional de Áncash, César Álvarez, que se ha negado a presentar sus proyectos. De la misma idea es el presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez. Aquí cabe precisar que sigue pendiente modificar la Constitución, porque efectivamente una autoridad regional no está obligada a informar sobre su gestión ante el Parlamento.
En tanto, es bueno recordar que existen más de dos mil proyectos de los gobiernos regionales aprobados por el SNIP, pero hasta la fecha no han sido ejecutados. Curiosamente, la región que tiene el mayor número de proyectos paralizados es Áncash; siguen en la lista Junín, Piura, Cusco, Ayacucho y Huancavelica; justamente las regiones más pobres del país.
Frente a lo expuesto, la incapacidad para un gasto eficaz de los recursos debe empezar a resolverse cuanto antes, con participación y apoyo del gobierno central. Un paso razonable en ese sentido es iniciar la conformación de una macroregión piloto. De esta manera, se podrá adecuar el desarrollo a la realidad de cada departamento integrante y concretar objetivos comunes.
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Tres requisitos para extraditar a Fujimori
Escribe Ismael León Arias.
El fallo que finalmente adoptará la Corte Suprema de Chile, en torno a la apelación para extraditar al prófugo ex -presidente Alberto Fujimori, requiere subrayar su trasfondo político, mayor impulso a las movilizaciones populares y la presencia en Santiago de juristas de talla internacional, que expresen la justificada esperanza de una rectificación luego del adverso fallo del juez Santiago Alvarez.
La tarea inicial está en Lima. El presidente Alan García debe ser llevado a interesarse públicamente en la extradición del huidizo sujeto, que intercambia los pasaportes de Perú o Japón según sus conveniencias. El mandatario peruano debe ser convencido de que una derrota de la justicia peruana será cargada en su cuenta por el juicio de la historia, porque en su caso abstenerse es negarle apoyo al país.
Se ha dicho hasta la saciedad que no hay neutralidad posible en el proceso a Fujimori, el hombre que se burló de los peruanos a partir del 5 de abril de 1992, cuando dio un golpe a la democracia en complicidad con un capitán previamente expulsado del Ejército por traición a la patria.
Alan García, en su calidad de presidente de la república, tiene constitucionalmente “la más alta jerarquía en el servicio a la nación”, por tanto las más elevadas responsabilidades. ¿Cómo puede admitirse su abstinencia en una lucha en la que están empeñados desde ilustres compatriotas hasta modestas víctimas del sátrapa?
El mandatario –tan afín a los juicios de la historia- debe ser persuadido que si calla y el fallo final es contrario al Perú, esa misma historia, cuyo juicio tanto le preocupa, jamás lo absolverá.
Movilizaciones y testigos
Chile es un país difícil para los peruanos. Así como a muchos nos provocan desconfianza su clase dirigente y su elite militar, también es necesario recordar que su pueblo es de otra índole y ha sufrido la barbarie de una dictadura encarnizada y cleptócrata como la de Augusto Pinochet.
Políticos y víctimas del ochenio 1992-2000, deberían apelar a la sensibilidad y memoria de todos aquellos chilenos que, a lo largo de diecisiete años, desde Arica hasta Punta Arenas, padecieron los rigores de una satrapía que en su bajeza moral debe ser equiparada con el fujimorato.
Por último pero no por ello menos importante, con antelación al proceso los peruanos deberíamos organizar el traslado a Santiago de intachables juristas de dimensión internacional, que con su sola presencia les digan a los jueces de la Corte Suprema de Chile que el mundo los está observando, que a través de esos ilustres observadores, será juzgada la calidad jurídica y moral de su sentencia.
Allí deberían estar el juez español Baltasar Garzón; Ramsey Clark, ex Fiscal General de los Estados Unidos; Cynthia McKinney, ex congresista de ese país; Juan Guzmán, juez chileno que dirigió la causa contra Pinochet; representantes de los gremios democráticos de Europa, Japón y América Latina. Y naturalmente los más calificados representantes del foro peruano, activos o en retiro.
Si esto no es suficiente para obtener la extradición, allí estará la simiente de un organismo permanente que continúe en la brega por la justicia en el mundo. Y si el fallo nos favorece, pues a seguir luchando en tan buena compañía.
Lima, 8 de agosto 2007.