Martes, 18 de Setiembre de 2007

Los ataques del Primer Ministro y del Presidente de la República contra la consulta popular en Majaz han llegado al nivel del desvarío. Hay un problema de coherencia lógica en las declaraciones de ambos, tanto así que observadores tan disímiles como Augusto Álvarez Rodrich y Aldo Mariátegui han debido corregir al mandatario. Del Castillo ha dicho que la consulta es ilegal y que no está permitida por el JNE, sin embargo anunció la realización de consultas paralelas y similares en Talara y Chulucanas, organizadas en menos de 24 horas presuntamente por autoridades apristas. Asimismo, el premier sostuvo que los comuneros de la zona estaban en pobreza extrema y que la minería solucionaría el problema, cuando vemos que son justamente las regiones donde están las principales explotaciones mineras las más pobres del país. García, por su parte, ha hilado la siguiente relación de ideas: el conflicto es causado por comunistas organizados en ONG antimineras que son financiadas por poderosas trasnacionales de Canadá o países como Chile, interesados en demorar las inversiones en Perú, en alianza con curas rojos de una radio local, mediante la cual el Vaticano interviene en los asuntos internos del país. ¿Puede alguien tomar en serio semejante lógica? Álvarez Rodrich ha señalado que Del Castillo y García parecieran actuar como relacionistas públicos de las empresas mineras. El problema es que son pésimos relacionistas. Con semejantes promotores la minería no puede pretender mejorar sus relaciones con las comunidades y menos desarrollarse en el país. Aldo Mariátegui, por su parte, ha sugerido correctamente que el gobierno debe cancelar la licencia de Doe Run. ¿Cómo puede tener alguna credibilidad el MEM y el Estado peruano si toleran a una empresa que ha colocado a La Oroya como la sexta ciudad más contaminada del mundo? Una acción de este tipo le permitiría al gobierno recuperar la credibilidad frente a las comunidades de Majaz y demostrar que existe una voluntad real por fiscalizar el cumplimiento de estándares ambientales; y no, como ahora, que dan la impresión de actuar como representantes de –estos sí– poderosísimos intereses particulares.

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