Piuranos exigen al Gobierno respetar acuerdos sobre tema Majaz

El alcalde del distrito de Pacaipampa, Juan Manuel García, exhortó al Ejecutivo a cumplir con los acuerdos asumidos el 11 de octubre en la ciudad de Lima y convocar a los actores válidos para el proceso de diálogo que se inicia hoy respecto a la presencia de la empresa minera Majaz en las serranías de Piura.

En diálogo con la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), García reiteró que los alcaldes y representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFNP) no han sido invitados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el diálogo que se realizará en breve en la Universidad Nacional de Piura. Sin embargo, el burgomaestre ratificó su voluntad para sentarse a negociar una salida al conflicto. “Estamos aquí (en la sede universitaria) para demostrarle al gobierno que nosotros sí cumplimos con los compromisos a los que llegamos el 11 de octubre donde la PCM reconoció que el FDSFNP era el actor válido para el diálogo, pero a pesar de ello hemos venido para participar de esta mesa”.

Por su parte, José Neyra, dirigente de la comunidad de Segunda y Cajas, informó que la gobernadora de Huancabamba, Armandina Arieta, estaría “movilizando simpatizantes del partido aprista para generar desmanes durante el diálogo y responsabilizarnos a nosotros”. Así mismo, recordó que la población de su comuna, busca que “se respete los resultados de la consulta vecinal, en que el pueblo dijo no a Majaz, y que cese la actividad de la empresa hasta que se resuelva esta mesa de diálogo”, señaló. Cabe recordar que la población de Ayabaca, Pacaipampa y El Carmen de la Frontera rechazó mayoritariamente la actividad minera en sus respectivos distritos, según se desprende de los resultados finales de la consulta vecinal celebrada el 16 de setiembre. La minera Majaz S.A. pretende efectuar trabajos de explotación en Ayabaca y Huancabamba avalándose en documentos que no cuentan con el voto de los dos tercios de los miembros de dichas comunidades, tal como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada (LPIP), y que fueron suscritos con su antecesora, la empresa Coripacha.

En un informe del 2006, la Defensoría del Pueblo corroboró que los documentos que firmaron parte de los comuneros de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), poseen carácter contractual sólo con Coripacha, mas no con la minera Majaz. Las operaciones de Majaz ponen en peligro las nacientes de la cuenca de los ríos Chinchipe y del Quiroz, cuyas aguas son utilizadas por las referidas localidades para su agricultura y ganadería, además de amenazar los ecosistemas de montaña donde se ubican los bosques de neblina y páramos. Los efectos contaminantes alcanzarían, también, a las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca. CNR

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