Lunes, 5 de Noviembre de 2007
El presidente de la República, Alan García, suele criticar a quienes se oponen a la inversión, precisamente a la que se vincula al sector minero, debido al mal manejo de los conflictos sociales que involucra esta actividad; pero no toma en cuenta primero la necesidad de un ordenamiento territorial. De esta manera, podrían identificarse las zonas en donde deberían y no deberían desarrollarse actividades extractivas. En ese sentido, los gobiernos regionales elaborarían una estrategia de inversión en consenso con las comunidades y, por ende, los conflictos sociales se verían reducidos significativamente. Un instrumento para desarrollar este objetivo es la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la misma que evitaría que intenciones como entregar una parte del Parque Nacional Bahuaja-Sonene para la explotación petrolera, sean impensables. Es decir, la inversión es bienvenida; pero sin avasallar a las comunidades, bajo el argumento de que solo así superarán su pobreza.
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