Miguel Jugo: “Para Alan García la voluntad democrática significa apoyarlo, estar de acuerdo y no protestar”

El 12 de mayo, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a la inacción del Congreso sobre algunas normas que afectan derechos fundamentales de la población. Sobre el tema, dialogamos con Miguel Jugo, director ejecutivo de dicha institución, quien recuerda, en primer lugar, que en mayo del 2007, el Congreso entregó al Ejecutivo facultades legislativas, con las que el 22 de julio de ese año el gobierno publicó 11 decretos legislativos para combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Pero, junto a éstos, se introdujo una serie de normas dirigidas hacia la protesta social, las cuales establecen que los policías que hieran a personas en una manifestación, en uso reglamentario de sus armas, son inimputables, o sea no se les debe juzgar. Además, las autoridades, como alcaldes y presidentes regionales, no pueden participar en huelgas, paros o protestas ciudadanas, coactando su libertad de conciencia y de opinión y el derecho de huelga. Y por último, las penas se elevan desmesuradamente. Por ejemplo, si se impide a personas que salgan de un local, se considera secuestro y puede tener una condena de 20 años de cárcel. De este modo, se criminaliza la protesta social: todas las figuras legales de huelga, paro y manifestaciones hoy terminan siendo igual que el robo, el asalto o el narcotráfico.

Miguel Jugo observa que el Gobierno no ha tenido facultades para modificar el Código Penal, y que el Congreso, que ha debido hacer el control constitucional, no lo ha hecho. Además, según las normas autoritativas, 10 días después de emitirse por delegación, el primer ministro debió ir al Parlamento, presentarlas e iniciar un debate. Pero el único debate que se ha producido de los 11 decretos legislativos es sobre la famosa norma de “pérdida de dominio”, por la cual se pueden embargar algunas propiedades de narcotraficantes, como si esto fuera el problema principal.

El representante de APRODEH enfatiza que, ante la inacción legislativa, su institución ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional, para expresar que estas normas contravienen derechos fundamentales y que el gobierno no tenía las facultades delegadas para hacer este tipo de modificaciones legales. El mismo criterio tuvo la Defensoría del Pueblo, que en octubre de 2007 emitió un informe al respecto.

Jugo mencionó el caso de un alcalde elegido en 2006 que ahora está en el penal El Milagro, ya que junto a un grupo de personas protestó ante una empresa minera. “La policía fue a reprimir y un policía cayó y rodó por el piso. Los comuneros lo atendieron, el efectivo policial no sufrió daño alguno y fue devuelto a la comisaría mediante un acta. Por este documento, el alcalde del distrito de Parcoy, el presidente de la ronda campesina y un comunero están purgando penas de diez años en el penal El Milagro”, reveló. Además, otro caso es el de una dirigente social en Ayacucho, para la que se pide 20 años de cárcel por haber estado en la toma de la Municipalidad de Huamanga. “Estas acciones, que normalmente realiza el movimiento social, actualmente se han convertido en un crimen”, agregó.

Prohibida la disidencia

Jugo puntualizó que hay personas que pueden estar a favor de Cuba o Venezuela, con las que uno no tiene que estar de acuerdo, “pero tampoco puede reprimirlas; sin embargo, hay un clima cargado en el cual el que piensa distinto, por ejemplo, el que está contra el modelo económico neoliberal, puede ser entendido como subversivo o terrorista”.

“En el caso de las seis personas detenidas que ingresaron por Tumbes al Perú, bastó la sospecha de que podrían ser del MRTA y estar coludidas con las FARC para atentar contra la seguridad de Ecuador, Colombia y Perú. Eso dice la denuncia del fiscal y ha sido acogida por la jueza. Estas sospechas no provienen de documentos ni está refrendada por hechos concretos punibles. Se les considera terroristas potenciales. Es decir, lo son no por lo que hayan hecho sino por lo que podrían hacer. Estamos en una situación en la que una persona, por tener un pensamiento determinado, puede ir a la cárcel. Eso es terrible. A nadie se le puede sancionar por su pensamiento, sino por actos preparatorios, o por actos que pueden conducir a cometer un delito. Pero mientras no haya eso, esa persona no puede ser detenida ni procesada”, sostuvo.

Vislumbró que habrá, entonces, un gran censor que diga cómo debe pensar la gente y cómo no. “Eso es lo que hemos vivido estos meses y esta situación se va a profundizar, porque ya el presidente Alan García ha declarado en una entrevista que hay determinadas personas que “no tienen una voluntad democrática”. Él define “voluntad democrática” como apoyar al Gobierno, estar de acuerdo con las medidas que propone y, obviamente, no protestar”, concluyó.

Entrevista completa (8’46”)

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