“¡El gobierno pone orden!”

En las últimas semanas hemos visto en las pantallas de televisión impactantes spots del Ministerio del Interior diciendo: “esto no se puede permitir” y “el gobierno pone orden”. Esos textos acompañan imágenes de la recuperación del mercado de Santa Anita y de captura de delincuentes, pero, sutilmente, también sugiere que existe una política para prevenir desordenes callejeros. Pues bien, ayer todo este millonario esfuerzo en publicidad se fue al tacho, cuando vimos alrededor de setenta policías encabezados por un general sentados en el piso y rodeados por una multitud enardecida de Moquegua, y, luego, cuando vimos al general Jordán pedir perdón por haber lanzado unas bombas lacrimógenas en el frustrado desbloqueo de un puente que está tomado desde hace más de una semana por pobladores que vienen reclamando desde hace varios meses por una distribución justa del canon minero en su región.

Dicen que una imagen vale por mil palabras. La imagen de la policía humillada y casi de rodillas ha sido una bofetada para la campaña en la cual está empeñado el propio presidente Alan García para “poner orden” en el país. Y lo que viene a frustrar directamente su intención no es ni la CGTP, ni la oposición (que García mismo dice que no existe), ni los medios. Sino su mismo ministro del Interior, un gato con siete vidas pero aparentemente sin botas: Luis Alva Castro.

¿Seguirá permitiendo el presidente de la República semejantes autogoles? ¿Continuará el doctor García permitiendo tremendos torpedos a políticas con la que está profundamente comprometido? Todo indica que sí. Porque, para el primer mandatario, más importante que sus propias políticas, es mantener a sus correligionarios de confianza en sus cargos por más inadecuados e incapaces que puedan ser. Pero hay también una segunda razón y es la carencia de profesionales en temas de seguridad y defensa al interior del partido de gobierno. Luego de antecedentes muy parecidos como los de la huelga regional de Ucayali, las movilizaciones y disturbios alrededor del proyecto Chinecas en Áncash y, posteriormente, los sucesos de Abancay (para no hablar de Puno), es evidente que ya tendría que haber un poco de olfato desarrollado para advertir que pacíficas poblaciones puedan estallar en desmanes incontrolables, así como protocolos de intervención para estos casos.

El problema es la creencia de que estos temas son prerrogativa de la policía, o incluso de las Fuerzas Armadas, y no de funcionarios civiles expertos en temas de seguridad y defensa. Así, el pobre Alva Castro debe dar la cara por acciones y situaciones que no prevé ni controla; y delega en los jefes policiales el manejo político y operativo de su cartera. El gran problema es que en el Estado no se pueden derivar responsabilidades ni funciones, mucho menos las de un ministro. Dicho en otras palabras, por más que la policía haya obtenido logros en áreas específicas de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, se necesita una visión de conjunto, estratégica, que no sólo mire a los árboles sino al bosque. Y ése es justamente el papel del ministro y de un equipo de funcionarios o asesores que se anticipen a situaciones de riesgo, coordinen la información de inteligencia y aporten a una línea política que desde la PCM o la Presidencia de la República “desinflen” conflictos o focos de tensión latentes.

Lo más penoso de todo (y lo peor que podría pasar) ya ha ocurrido. Es decir, que una millonaria campaña publicitaria (dedicada, en parte, a levantar la imagen del ministro) sea contundentemente desmentida por la realidad. Así como un revelador vídeo tumbó a Montesinos y Alberto Fujimori, así también las imágenes que vimos ayer en Moquegua han echado por tierra, de un sólo cocacho, el leve repunte de la aprobación al ministro Alva Castro. De nada han servido sus esfuerzos por aparecer en la entrega de viviendas o repartiendo laptops a escolares de primaria. Así que ahora urge una nueva campaña de imagen, porque “no podemos permitir esto”… de nuevo.

Foto: EFE

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