El ministro Juan Valdivia en su trabalenguas

Juan Valdivia, Ministro de Energía y Minas del PerúEnlace Nacional entrevistó a las autoridades locales de Moquegua una semana antes de los enfrentamientos que hoy parecen haberse solucionado.

En aquella oportunidad, los alcaldes explicaron que, de acuerdo al reglamento de la ley del canon, la distribución del mismo “se realizará en proporción al tonelaje de mineral beneficiado” e insistían en que este era el origen del reclamo de sus región. Esto mismo fue mencionado por el periodista Jaime de Althaus en una entrevista al ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. Esta fue una parte surrealista de la entrevista, ya que el ministro se resistía a entender lo que decía el texto; es decir, que se refería al mineral “beneficiado” y no el mineral “por beneficiarse”. Por más que el periodista le mostraba un clarísimo gráfico –incluido en la norma– donde se explicaba la diferencia entre el material en bruto y el material beneficiado, el ministro insistía en “su” interpretación de ese texto; distinta a la semántica.

Como docente me he topado, efectivamente, con casos de falta de comprensión lectora en estudiantes que ya han concluido la secundaria. Y, aparentemente, este sería uno de ellos. Es decir, la total incapacidad para entender indicaciones simples, más aún cuando vienen apoyadas por un gráfico explicito.

Sin embargo, ni el ministro ni sus funcionarios son personas ignorantes, sino todo lo contrario: son profesionales y conocedores de su tema. En cambio, ellos tienen otro problema: reemplazan el significado semántico por un significado que sólo ellos conocen en tanto expertos en la materia. Es una sustitución del significado gramatical o semántico por otro presuntamente técnico. Y este es un problema mucho más grave que el de la comprensión lectora.

Su origen tiene que ver con lo que los lingüistas Biondi y Zapata denominan “inflación de conceptos”:

“…cuando el hombre sustancializa su palabra en una hoja de papel, esa palabra termina por carecer, finalmente, de receptor. La palabra se hace, sí, imperecedera, pero el precio es la supresión del destinatario. Y a veces lo olvidamos. Nos enamoramos de nuestras palabras y nuestras sustancias y ponemos entre paréntesis a quien nos puede leer, nos va a leer o nos está leyendo. Y entonces es fácil que nos envolvamos en nuestras propias palabras, en nuestros metalenguajes y que terminemos por configurar mundos poco o nada predicativos respecto a la realidad”.

En el caso del ministro Valdivia, él da su interpretación olvidándose totalmente del receptor; en este caso la región Moquegua y sus representantes, que desde hace aproximadamente un año vienen reclamando la interpretación semántica (léase, la del común de los mortales) para la aplicación de la distribución del canon.

Este tema dista mucho de ser un asunto terminológico, ya que envuelve una situación de poder: el poder de los “expertos” que sustituyen los significados correctos por otros que ellos se reservan. Es un caso en el cual el lenguaje se utiliza como instrumento de poder y su efecto es bloquear la comunicación, dilatar la resolución de un problema y, como en este caso, generar un conflicto social. Esto ha sido estudiado por la socióloga Sherry Ortner, quien sostiene que el control (iniciar o retardar) sobre pequeñas rutinas constituye una de las principales formas de poder al interior de las instituciones; sobre todo en las públicas. De esta forma, no sólo manipulan el lenguaje sino también alejan al Estado de su principal objetivo: la atención y respeto al ciudadano.

Estas serían disquisiciones académicas, sino fuera porque el efecto de esta (in)acción del Estado ha tenido consecuencias sociales catastróficas. No solo por la destrucción de un puesto policial, los heridos o la zozobra; sino, principalmente, por el ahondamiento de la desconfianza de los ciudadanos en el Estado. No debe olvidarse que el reclamo de Moquegua viene desde hace casi un año. Un año en el que las energías del Gobierno han sido puestas en investigar a las Casas de ALBA o perseguir a unos emerretistas resurrectos allá por Satipo. Mientras que la bomba de tiempo de los tan temidos “antisistema” estaba en los escritorios de los altos funcionarios del MEF y del MEM; es decir en las mismas narices de las cabezas del Estado.

Ahora se pretende sancionar con penas de 20 años de cárcel o más a aquellos que bloquearon el puente Montalvo y retuvieron a policías. Es comprensible que se quiera imponer el respeto a la ley, pero lo que es un principio correcto de derecho se vuelve su contrario, ya que ¿con qué legitimidad el Estado puede juzgar la reacción de quince mil personas frente a un problema que él mismo generó?

Nuevamente nos encontramos con “la inflación de conceptos”. Así como la inflación monetaria desvaloriza el dinero, la inflación de conceptos legales desvaloriza a la ley. En otras palabras, se quieren aplicar principios correctos pero que han perdido toda su sustancia ya que quien debe aplicarlos –si bien tiene la autoridad– carece de la legitimidad para hacerlo. Y si lo hace terminará por ahondar aún más el alejamiento del Estado con respecto a los ciudadanos. Además, ¿qué sanción les correspondería a aquellos que desde hace un año vienen generando un conflicto que, cual olla de presión, terminó estallando de la forma que conocemos?

Al igual que el ministro del Interior, Luis Alva Castro delega —en la práctica y por desconocimiento— sus funciones en la Policía Nacional, así también el ministro Valdivia ha venido delegando la interpretación evidentemente errónea de la ley en “los abogados especializados”. Y esto es un grave error. El ministro, como político, debe involucrarse a fondo en los temas legales y administrativos de su cartera; justamente para identificar los errores que cometen los técnicos: no era necesario ser un experto para advertir las trampas del “metalenguaje” burocrático y a sus letrados. Esto pudo y debió haberse resuelto desde el comienzo. Y los técnicos, a su vez, deben entender a los políticos; quienes, después de todo, representan a los ciudadanos. Les corresponde a ellos dar (e imaginar) la mejor alternativa técnica para servir al ciudadano y no vivir “enamorados de sus palabras y sustancias”.

Este parece ser un caso en que el ministro no se ha comprometido realmente con el problema “técnico” y los técnicos, a su vez, han dilatado un problema que habría tenido fácil solución en su momento, si es que no estuviera de por medio una concepción del poder institucional que genera la exclusión social. Aquí se demuestra que la marginación de un importante sector de la sociedad peruana no se origina en los inversionistas extranjeros ni en los empresarios ni en Caracas, sino en las entrañas mismas del Estado peruano; cuyo jefe es el presidente de la República.

El conflicto de Moquegua “ya se solucionó” y, de seguro, “ la ley y el orden se impondrán”. Sin embargo, la sensación de desconfianza y exclusión en el imaginario de la gente en el Sur (el “antisistema”) se fortalecerá.

Foto: ANDINA/Alberto Orbegoso

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