Sembrando vientos
Comenta esta notaNormas y voceros del gobierno continúan alimentando un clima de confrontación e impunidad en el Perú
No poca sorpresa han causado las declaraciones del asesor del ministro de Agricultura, insultando a los actuales dirigentes de la Asociación de Exportadores (ADEX) y desautorizando al ministro del medio Ambiente, Antonio Brack, defendiendo sus propios intereses como importador y vendedor de semillas transgénicas. Javier Torres, de la asociación Servicios Educativos Rurales, sostuvo que “No me une ningún vínculo con Antonio Brack, ni con la Asociación de Exportadores (ADEX) pero me irrita profundamente cuando un asesor del ministro de Agricultura los acusa de ignorantes por el simple hecho de poner en cuestión el ingreso de semillas transgénicas. Es curioso que Brack, que es uno de los ministros mejor calificados del actual régimen, sea maltratado de esa manera y ninguno de sus colegas en el gabinete reaccione. En mi caso, reacciono como un ciudadano que, a pesar de estar en desacuerdo con su apuesta por un gobierno tan poco interesado en mejorar la gestión del medio ambiente o por sus opiniones en relación al proyecto Majaz, considera que Brack es una persona que ha aportado mucho al Perú. y que en el caso de los transgénicos ha asumido la defensa del patrimonio nacional. Finalmente, así le incomode a quien le incomode, tiene todo el derecho como ciudadano, y la obligación, como Ministro del Ambiente, de dar su opinión sobre este tema”.
Otro hecho lamentable es que, según la Asociación Pro Derechos Humanos, militares y policías que dispararon a estudiantes puneños se defienden con el controversial decreto 982 y piden, retroactivamente, el archivamiento del caso.
Según dicha entidad, mañana viernes 1 de agosto a 3º Sala Penal de Reos Libres de Lima podría aplicar el inconstitucional Decreto Legislativo 982, que otorga impunidad a los efectivos de los Fuerzas Armadas que causen muertes y hieran a personas indefensas, de aceptar el pedido de archivamiento en el proceso abierto contra más de 70 policías y militares por la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano y decenas de heridos, en el año 2003. Para la abogada de APRODEH, Katya Pinedo, ampararse en el Decreto Legislativo 982 para pedir el archivamiento de este caso representa la impunidad de la que quieren gozar las Fuerzas Armadas. “De esta manera, amparándose en este decreto, pueden matar, herir sin ser sancionados”, sostuvo.
El uso del cuestionable decreto legislativo ya habría sido utilizado en otro proceso. En tal sentido, la abogada de la Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, Trinidad Carlos Serna, quien viene asumiendo la defensa de los agraviados, señaló: “Me preocupa que la defensa de los militares procesados haya mencionado que el Decreto Legislativo 982 ya ha sido aplicado en el caso de los heridos producidos en Barranca, el 28 de mayo de 2003”.
De otro lado, Wilder Mendoza Fonseca, uno de los estudiantes que resultó herido en el 2003, señaló que de archivarse el caso, Puno entero estaría indignado por la actuación del Poder Judicial y del Estado, distanciándose aún más de la población y las Fuerzas Armadas. “¿Si estos delitos no son violaciones de derechos humanos, entonces qué son?”, señaló.
Como se recuerda, el 29 de mayo de 2003, se decretó Estado de Emergencia en Puno. Cuando los estudiantes se encontraban en los alrededores de la universidad, efectivos de la Policía, Ejército y Marina abrieron fuego indiscriminadamente. Como consecuencia murió el universitario Edy Quilca Cruz y decenas de estudiantes y transeúntes resultaron heridos gravemente.
