Gobierno emite norma que limita severamente derecho a la propiedad privada

Al amparo de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Ejecutivo para que adecúe aspectos de nuestra legislación a lo acordado en el TLC con los Estados Unidos, el gobierno ha aprovechado para promulgar, de contrabando, normas que afectan los derechos a la propiedad.

En particular, ha promulgado el Decreto Legislativo 1064 que, entre otros aspectos, elimina el acuerdo previo, por ejemplo, entre una comunidad y una empresa minera. Anteriormente, las empresas que quisieran explorar y explotar recursos naturales debían negociar con los propietarios de tales predios un permiso para tales actividades. Ahora ese derecho ha desaparecido y ello traerá graves consecuencias para los ciudadanos.

En primer lugar limita severamente el derecho a la propiedad de tierras y alentará más aún los conflictos sociales en el país. Esta norma pareciera haber sido diseñada para beneficiar a empresas o actividades específicas, que hoy generan controversia en el país. Así, por ejemplo, la empresa Majaz ya no necesitará de la aprobación ni consulta ciudadana alguna. Bastará con que soliciten al Ministerio de Energía y Minas la llamada servidumbre minera y ésta se les concederá.

Los derechos a la participación ciudadana se eliminará. Esta situación generará mayor tensión, dada la percepción generalizada de que el Estado beneficia sólo a las empresas mineras, con lo que se incrementará la oposición de la población a esa actividad. Además, la promoción de inversiones mineras también se verá afectada por el incremento de los conflictos.

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