Hacia el tercer año del gobierno aprista: ¿Punto de quiebre?

mesa-directiva-del-congreso-2008-2009La elección de una nueva directiva del Congreso tiene como única virtud la clarificación de las fuerzas políticas que conducen hoy al país. Se trata de un gobierno de extrema derecha que, según las encuestas de opinión, sigue una política económica que beneficia a los más ricos. En lo político, la nueva mesa directiva del Congreso está constituida por una alianza entre el APRA, el fujimorismo, Solidaridad Nacional y un grupo de tránsfugas de UPP. En cierta forma, esta alianza recrea el escenario del año 2000, luego de la re-reelección de Alberto Fujimori. Es decir, un poder real (entonces encarnado por Montesinos, hoy por Alan), el grupo propiamente parlamentario (el citado bloque aprofujimorista) y el grupo de los congresistas tránsfugas y topos (los de antes, comprados y los de hoy, volteados a las filas oficialistas, alguno chantajeado por juicios y otros no sabemos a cambio de qué).

Lo más gracioso es que los partidarios del acusado ex mandatario sostengan que buscan la “gobernabilidad”, siendo ellos quienes en los 90 participaron de un golpe de Estado y luego intentaron perpetuarse en el poder en un proceso electoral viciado. Y lo más preocupante son los acuerdos que bajo la mesa habrían logrado del APRA, posiblemente obtenidos en la reunión que Alva Castro sostuvo con el mismísimo Fujimori en su celda de la DIROES. Como antesala a estos hechos tuvimos la difusión de unos audios donde, en presencia del actual presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, los congresistas Carlos Torres Caro y Gustavo Espinosa se acusaban mutuamente de pequeñas corruptelas que, en opinión de Torres, estaban por encima de los intereses del país. El mensaje que dejan a la población estos sucesos y la misma elección de la mesa directiva congresal es que se puede gobernar el país conviviendo con la impunidad y la corrupción. En estas condiciones, la campaña por el “optimismo” que enarbola el presidente García carece de toda credibilidad.

Otro hecho que abona en este sentido ocurre en el Poder Judicial. Luego que la OCMA sancionara al ex presidente de la Corte Superior de Lima (y ex personero legal del Partido Aprista), Ángel Romero Díaz, por sus fallos distintos en un mismo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió darle una sanción menor que le permitiría retornar a su antigua e influyente posición en la judicatura. Lo grave es que, contra los esfuerzos del Poder Judicial por autorreformarse, el CNM prácticamente restituye a un juez corrupto demostrando una proclividad a someterse al poder político, en este caso, a un sector del aprismo. Estos podrían ser los primeros síntomas del desmoronamiento de una ya bastante endeble institucionalidad democrática y la preparación de un nuevo ciclo autoritario, sino dictatorial.

El péndulo peruano

Desde un punto de vista histórico, tenemos en el Perú un famoso “péndulo” que oscila, por décadas, entre regímenes democráticos con periodos dictatoriales, prácticamente desde los años 20 con el gobierno de Augusto B. Leguía, un régimen autocrático y de populismo modernizante muy parecido al fujimorismo. En los 70 tuvimos un ciclo de dictadura militar, seguido por dos gobiernos democráticos en los 80, para recaer nuevamente en el ciclo autoritario de los 90. En la primera década del siglo XXI, que concluiría –políticamente– con las elecciones de 2011, estamos justamente en los días fatídicos en los que, de acuerdo al péndulo, oscilaríamos hacia un régimen autoritario. Y no faltan los malos augurios. Primero, la teoría del perro del hortelano, una versión adaptada de un “pensamiento único”, destinado a (des)calificar a cualquiera de sus detractores de pesimista o comunista hasta terrorista. Luego, las recientes normas que autorizan el ingreso de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales, incluyendo el uso de armas de fuego en las mismas. Y, tercero, la fabricación mediática de una conspiración contra la democracia, con un MRTA convenientemente resurrecto, grupúsculos extremistas coaligados con las FARC y una red de Casas de ALBA en el país coordinada desde Caracas por Hugo Chávez. Todo lo cual busca en esencia mantener un clima de temor y tensión en la población que, sin embargo, no impide recurrentes estallidos sociales.

Este escenario, típicamente pre electoral, es mucho menos alarmante que el existente en 1991, en las semanas previas al autogolpe de Fujimori. En aquellos días, el hoy procesado ex mandatario advirtió, en un discurso en la Comandancia General del Ejército, que podía cerrar el Congreso. Nadie imaginó que el recién electo presidente, surgido de la nada, cumpliría su amenaza, al igual que ahora nadie imaginaría que un partido con trayectoria democrática, como el APRA, se embarcaría en un proyecto dictatorial. Claro, si es que hacemos caso omiso de su alianza con el fujimorismo, ignoramos las comparaciones del actual Congreso con el existente en 2000 y si no confiamos mucho en la siniestra teoría del péndulo.

La debilidad institucional

Un componente importante para empujar el péndulo hacia el lado malo es la profunda debilidad de los partidos políticos y su carencia de un proyecto nacional viable. El APRA es un ejemplo típico. Si bien su accionar reciente se parece mucho a una depredación de la política, lo cierto es que se trata del partido más sólido. Sin embargo, su gran problema es la falta de coherencia. Históricamente, pareciera una organización que propuso un proyecto nacional, pero su evolución política estuvo (y está) sujeta a los intereses de terceros, no siempre interesados en tal proyecto. Con la desaparición de Haya de la Torre, el liderazgo de Alan García profundizó esta tendencia hasta el punto de hacer perder toda identidad política propia al aprismo. En efecto, en su primer gobierno el actual presidente robó el programa político de la izquierda y llevó el país a la catástrofe. Hoy ha robado el programa a la derecha y lo conduce hacia una polarización social quizás más profunda que la evidenciada en 2006. Si sumamos esta trayectoria a la actual coyuntura política, entenderemos el por qué de la profunda desconfianza de la población en el sistema político y, en particular, en el presidente García.

En cuanto a la oposición, la situación no es mejor. En un país donde la mayoría de la población, según las encuestas, se define como de “centro derecha”, sorprende que el PPC no haya podido construir un perfil propio de oposición a un gobierno marcadamente de derechas. No hay iniciativas, ni campañas por parte de este partido para perfilar puntos de vista discordantes con el oficialismo, no hablemos ya de construir una organización nacional. Ello puede deberse tanto a miopía política, como a compromisos relacionados con la política económica.

En cuanto al nacionalismo y la izquierda, tampoco se aprecia mucha coherencia. Con el reciente paro nacional han logrado un incipiente nivel de coordinación política en torno a una plataforma político-sindical, pero luego hemos escuchado a Ollanta Humala correrse hacia el centro en su evaluación del segundo año del gobierno, en la que anunció una defensa de la economía social de mercado, aunque, al mismo tiempo, se negó a contestar preguntas de la prensa. Lo cual empieza a dejar espacio para esos grupúsculos extremistas que el gobierno intenta levantar por todos los medios, y que quizás los logre posicionar políticamente en los próximos años.

Esta situación de fragmentación y dispersión política, tanto dentro como fuera del Congreso, es una de las excusas que presenta el APRA para justificar sus poco sanctas alianzas. En cierta forma, el gobierno no es el único responsable de la situación de acelerado descrédito del sistema político (aunque sí el principal). Son también las propias circunstancias –la falta de alternativas– las que nos indican una gradual descomposición de la escena política y sus actores. Esto se evidencia en un cada vez mayor descrédito del Congreso y del Poder Judicial, a los ojos de la ciudadanía, lo que constituye una antesala propicia para un nuevo ciclo autoritario, que esperamos no ocurra.

La inflación se come la disminución de la pobreza

pobreza en peruEs en este contexto que el discurso presidencial no ofrece un liderazgo para revertir esta situación. Para empezar, es lógico que el gobierno quiera mostrar sus buenas cifras macroeconómicas en azul, pero ello no puede justificar la impresión de que todo está perfecto en el país y que este clima de desarrollo está siendo perturbado por un fenómeno de origen externo, ajeno a la política del “piloto automático”: la inflación.

El alza de precios de combustibles y alimentos efectivamente tiene un origen principalmente externo. Sin embargo, si el gobierno hubiera priorizado la reducción de la brecha de ingresos en el interior del país, este fenómeno parcialmente externo hubiera afectado menos a los más pobres. Por tanto, el hecho de que la brecha social se amplíe no puede atribuirse a factores externos, sino también a inacción interna. Por ejemplo, el mensaje no señaló que en medio de esta bonanza económica, la pobreza creció en Huancavelica, una región caracterizada por la miseria de buena parte de sus habitantes, lo que no sólo revela ineficiencia, sino que también es un hecho inmoral. Otro ejemplo es cuando el presidente reconoce que actualmente hay una “guerra” entre los países exportadores de petróleo y el resto, lo que en gran parte está generando una inflación mundial. Sin embargo, pese a esta guerra (entendemos que comercial) el gobierno no toma medidas, como incrementar la tasa impositiva a las empresas de estos países por las sobreganancias que están obteniendo.

Cierto que ello es responsabilidad del gobierno regional, pero ¿qué hace el gobierno central para resolver este problema? No basta con nombrar un gerente. Es evidente que en esta y otras regiones (como Madre de Dios, donde estalló el último conflicto social a causa –en parte– de la incapacidad de gestión de la autoridad regional), hay necesidad de trasladar a equipos completos de gestión para garantizar in situ que se ejecuten los fondos disponibles en los presupuestos regionales y locales. Estos equipos técnicos, respetando la autonomía del gobierno regional, deben apoyar y capacitar a los funcionarios locales y crear capacidades para este fin. Más que ofrecer grandes obras para el fin de su mandato, García debería trazarse metas de un año para impedir que se vuelvan a repetir resultados como el de Huancavelica y otras regiones o provincias, claramente identificadas.

Que no hayan anunciado medidas concretas de este tipo para avanzar hacia una más equitativa distribución de la riqueza indica claramente que ésta no es una prioridad para el gobierno. Justamente de lo que se trata es de compatibilizar el “piloto automático” con una reducción de las brechas sociales. Ello requiere acciones y políticas imaginativas centradas en gran medida en una reforma del Estado. En un país con tanta exclusión y desconfianza en el sistema democrático, es más fácil atizar los conflictos como lo hacen tanto el gobierno como los grupitos a los que éste acusa de azuzar la violencia, antes que acercar el Estado a la población y hacer sentir su presencia allí donde más se lo necesita. Para ello se requeriría un liderazgo que tenga la suficiente credibilidad como para mitigar la exclusión y, al mismo tiempo, situarse por encima de ella con una alternativa nacional. Mientras tanto, siempre viviremos en tensión, en esa tensión que produce el compás de un péndulo.

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