Defensoría del Pueblo pide celeridad a Tribunal Constitucional para resolver
La Defensoría del Pueblo sostuvo que es un derecho de las comunidades indígenas protestar en torno a la reciente regulación de las tierras de las comunidades nativas. Sin embargo, la institución no avala los actos de violencia que deriven de la medida de lucha. Se precisó que la emisión del Decreto Legislativo 1073 no resuelve todos los problemas de inconstitucionalidad planteados por la Defensoría.
Beatriz Merino señaló que “la Defensoría del Pueblo está remitiendo al Tribunal Constitucional una comunicación escrita en la que se solicita la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría, el 30 de mayo del 2008, contra el Decreto Legislativo Nº1015, sea calificada y resuelta con celeridad. De acuerdo con la Constitución, toda persona individualmente o en forma colectiva goza de los derechos fundamentales de reunión, manifestación, así como libertad de expresión. Sin embargo, es necesario recordar que las medidas de fuerza dirigidas a bloquear vías de comunicación, tomar instalaciones de generación y distribución de energía, o a causar daños a la propiedad pública o privada, no se encuentran amparadas por ningún derecho constitucional”.
