La rebelión indígena, el saldo de desconocer al otro

selva-protestaEn una oportunidad anterior explicamos cómo un problema de lenguaje presuntamente técnico estuvo en el origen del conflicto de Moquegua por el tema de la distribución de canon. En el caso de los pueblos indígenas amazónicos el problema ha sido más grave: la incapacidad para entender al OTRO debido a un demostrado desconocimiento de estos pueblos por parte del Perú oficial. Esto ha derivado en la imposibilidad del Estado y hasta de los medios de comunicación para lograr algo tan simple como escuchar y entender. En esas condiciones, lo que se ha producido es un diálogo de sordos en el que la presión de la movilización indígena ha logrado imponerse contra los intentos del gobierno por facilitar la venta de sus territorios. Se ha logrado un compromiso en el Congreso, pero no un entendimiento.

Escuchar

Para entender el punto basta citar lo que dice, por ejemplo, el pronunciamiento de los pueblos Awajún-Wampís y mestizos de la provincia de Condorcanqui e Imaza Bagua, Amazonas: “Ante estas medidas violatorias de los derechos fundamentales, exige al Gobierno Peruano, abstenerse de estar vulnerando nuestro derechos Territoriales derogando los Decretos legislativos: 1015, 1073,1064, 994, 1020, 1081 y 1090, y archivando los cinco Proyectos de Ley: 840, 1770,1900,1992 y 2133, normas de orden económico que cambian el sistema de protección indígena, exponiendo de esta manera a nuestro territorio a ser vendido y comprado como cualquier bien material, hecho que a nosotros pueblos originarios de la selva nos indigna enormemente, puesto que, para nosotros la tierra es nuestra madre, es sagrada, porque se trata de nuestra vida, de nuestra existencia como pueblo”.

Para muchos nativos, entonces, las cuestionadas normas afectan derechos que consideran sagrados. Por tanto, cuando el Estado toma decisiones sobre la venta de las tierras, ellos lo “traducen” como la venta de su madre, y cuando se intenta modificar la toma de decisiones eso ellos lo interpretan como poner en venta su propia vida. Ni más ni menos.

Cuando, por ejemplo, un candoroso José Chlimper propone realizar un referéndum, lo que está diciendo es que –para los indígenas– es posible someter a votación la venta de la propia madre. Así de simple. Lo cual es una provocación todavía peor que los ataques que el gobierno y algunos periodistas les ha prodigado: que son manipulados por terceros, que actúan como terroristas, que quieren cortar el flujo de energía a las ciudades y, la última, que pretenden independizarse y unirse a Ecuador por influencia de una ONG danesa. Que personas inteligentes hayan tomado en serio estos disparates y hayan caído en esta mini ola de pánico, sólo se explica por dos motivos: o son políticos (o sea, lo hacen interesadamente) o lo hacen por desconocimiento (y, entonces, es el temor a lo desconocido), o por ambas cosas.

Ciertamente el pueblo indígena ya tiene callos en los oídos y está habituado a la notoria ignorancia del país oficial respecto a su historia, a su situación actual y a sus aspiraciones por el desarrollo. Pero eso no impide que sientan todas estas afirmaciones como una grave provocación y atropello a sus derechos y cultura.

Paternalismo y exclusión

Como no se ha escuchado, tampoco se ha entendido. En cambio, el Perú oficial prefiere explicarse la situación como que estamos ante sociedades atrasadas, ajenas u opuestas al cambio, enemigas del progreso y sobreprotegidas; mientras que las normas que tramposa e ilegalmente intentó aprobar el Ejecutivo serían medidas a favor de la “modernidad” y el desarrollo.

Esta es una visión paternalista y prejuiciosa. El diálogo exige ver al OTRO como a un igual y entender y respetar sus creencias. Esta es otra regla básica del manejo de conflictos. Más aún, se trata de convivir con ellos tal cual son como parte de una sola comunidad nacional. Esa es justamente la diferencia entre inclusión y exclusión; que, en este caso, se basa en el desconocimiento de la realidad de los pueblos amazónicos y en la asunción de prejuicios. Exclusión que no funciona, por cierto, cuando un ex presidente como Fujimori lleva brujas a su juicio y los fiscales y jueces se preocupan de tener vasos de agua para alejar lo que en las ciudades llamamos “malas vibras”. O cuando un ejecutivo joven sigue una dieta macrobiótica o su esposa usa cosméticos “Natura”. A nadie se le ocurriría acusar a estas personas de ser “enemigas del progreso”, ni “atrasados”, ni ninguno de los epítetos prejuiciosos con los que se tilda a los indígenas amazónicos por tener determinadas creencias ancestrales o vivir en contacto más cercano con la naturaleza.

El tener estas creencias no les impide saber que existe el mercado y desear el progreso y el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida. Pero, justamente, el gran problema es que el Estado no se ha preocupado de brindar los prerrequisitos para la existencia y desarrollo de tales mercados; a saber, educación y capacitación en los negocios que pudieran emprender, un indispensable sistema de salud –dados los espantosos indicadores sociales que padece esta población– y obras de infraestructura básica que permitan esa integración. En cambio, lo único que han conocido estos pueblos ha sido la lotización de gran parte de la Amazonía y su entrega a empresas privadas, mayormente extranjeras con el fin exclusivo –cual enclaves– de explotar los recursos de hidrocarburos existentes. En suma, el Estado ni los escucha ni los entiende y, encima, pretende pasarles por encima (según su percepción) en beneficio de terceros.

Entender

Tanto el gobierno como algunos comentaristas han reconocido que “la falta de diálogo y consulta”, si bien fue un error, es un asunto accesorio; y que el tema de fondo es la modificación del dichoso quórum que permita la venta de tierras comunales. Todo lo contrario, la “consulta” es un asunto fundamental. Las normas y convenios internacionales firmados por el Perú obligan a realizarla, y para que existan tales convenios globales, deben haber motivos de peso que convendría conocer para entenderlos.

Cuando en un conflicto se presentan posiciones polares, hay que conocer qué hay detrás de cada posición, cuáles son su motivaciones y experiencia anterior. En el caso del presidente García las conocemos por sus artículos, pero en el caso de los pueblos indígenas casi no se conocen. El antropólogo Ernesto Ráez Luna, de la Universidad Cayetano Heredia, analiza cómo violan estos convenios globales los cambios que pretende realizar el gobierno:

“(1) homologan comunidades de costa, sierra y selva, es decir, asumen que la realidad (territorial, económica, cultural) de las comunidades costeras, de los campesinos serranos y de los indígenas amazónicos es similar y por tanto les cabe una regla única; (2) optan por la condición de votación menor –cincuenta por ciento sobre dos tercios–, es decir, facilitan para todas las comunidades del Perú, el uso comercial de sus tierras. El diagnóstico homogenizador y la regla facilitadora nunca fueron consultados a las comunidades afectadas ni fueron solicitados por estas. Pero el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú, exige que a las comunidades locales se les consulte sobre todo proyecto o política que las afecte. El Ejecutivo se saltó esa condición…, también olvidó varios derechos de los pueblos indígenas sancionados por la ONU y reconocidos por el Perú: ‘Los pueblos y las personas indígenas tienen el derecho a no sufrir la asimilación forzosa o la destrucción de su cultura’ (Art. 7.1); y el Estado está obligado a prevenir ‘Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, territorios o recursos’; ‘Toda forma de asimilación e integración forzosa a otras culturas o modos de vida que les sean impuestos por medidas legislativas, administrativas o de otro tipo’; y ‘Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar la discriminación racial o étnica dirigida contra ellos’ (Art 7.2 b, d y e). Cuando se emite una norma que asimila a los pueblos indígenas amazónicos con las comunidades costeras (es decir, los trata como si fueran similares) y que facilita las condiciones en que territorios indígenas pueden pasar a manos de terceros privados (es decir, que puede tener como consecuencia el enajenarles sus tierras, territorios o recursos), sin consultar a los afectados, se está violando los derechos arriba expuestos”. [http://www.ser.org.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=601&Itemid=112]

Cumplir con la ley

Como vemos, los decretos del gobierno pretenden reglamentar estos convenios internacionales en un sentido directamente opuesto a lo que tales normas globales establecen. No es sólo un tema de “consultarles”, sino también un asunto de derechos que les corresponden –derechos a la propiedad– y que son centrales para su supervivencia. En ese sentido, el gobierno incumple con normas supranacionales, destinadas a proteger a los pueblos indígenas no solo del Perú sino del resto del planeta. Y esos tratados y convenios se firman justamente porque los pueblos indígenas son los mejores defensores del medio ambiente, la biodiversidad y los recursos existentes en la Amazonía; en beneficio de ellos mismos, del resto del Perú e incluso del mundo. No se trata, por tanto, de normas “paternalistas”; sino todo lo contrario, empoderan a los pueblos amazónicos frente a una larga tradición de depredación de los recursos y destrucción del ambiente de sus territorios por parte de gobiernos y empresas a nivel mundial. Por ello, los nativos están mucho más en contacto con el mundo globalizado de lo que cree el Perú oficial. Más bien la propuesta de facilitar la venta del territorio indígena “porque no se puede dejar espacios herméticamente cerrados al avance tecnológico y al mercado”, como dice García, tiene cierto tufillo decimonónico.

Los líderes indígenas han explicado claramente el tipo de proyectos de desarrollo que quieren para sus comunidades: agroexportación, turismo vivencial y otras actividades que ayuden a preservar el medio ambiente y una relación armónica de ellos con la naturaleza y con el resto del mundo. Corresponde al Estado escucharlos y cumplir –en el marco de sus funciones básicas– con darles el apoyo que requieren. Este es el fondo del asunto que quieren conseguir a través del diálogo y la consulta.

En este contexto, el tema de la variación del quórum para tomar decisiones sobre la propiedad comunal es un asunto secundario, ya que si los presuntos inversionistas propusieron negocios ventajosos con respecto al uso apropiado y la preservación del entorno ambiental de la Amazonía, las poblaciones indígenas seguramente los aprobarían ya sea con los dos tercios o más.

Retroceso

Finalmente, el presidente García se ha visto obligado a retroceder en esta absurda y sobredimensionada discusión sobre el “quórum” para la venta de tierras comunales, limitándola a las comunidades de la Sierra. De esta forma empieza a desinflase un conflicto y ahora el riesgo es que “todo quede en nada”. Es decir, que las comunidades amazónicas retornen a la invisibilidad de la selva y que el gobierno siga sin mover un dedo para crear las condiciones que faciliten realmente el desarrollo de estas comunidades y pueblos.

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