Las movidas del congresista José Anaya

jose-anayaAl parecer los casos por delito de falsedad y peculado es toda una mala costumbre practicada por nuestros “célebres” padres de la patria. Esta vez el turno a tan honorable calificativo le corresponde al ya conocido congresista José Anaya, perteneciente a las filas de Unión por el Perú (UPP). Acostumbrado aparentemente a falsificar documentos, no escatimó en fraguar algunas boletas de venta para sustentar sus gastos operativos que el Parlamento le asignó en su calidad de congresista.

Pero el asunto se agrava aún más para este cuestionado legislador, cuando de acuerdo a investigaciones periodísticas se descubre que tres de sus hijos fueron favorecidos con puestos estratégicos en diversas instituciones estatales entre el 2007 y 2008, donde según registros oficiales del Sistema de Contrataciones del Estado, a los peruanos nos cuesta cerca de 80 mil nuevos soles mantener a estos privilegiados personajes. El caso más vergonzoso es el de José Antonio Anaya, hijo mayor del congresista, quien ingresó a laborar como asistente de supervisión de Agua Para Todos, percibiendo un total de 18 mil soles de sueldo durante seis meses. Pero el tema no queda ahí, pues para mantener a su vástago laborando, se le tuvo que despojar descaradamente de su puesto a un ingeniero sanitario del Ministerio de Vivienda, con el propósito de ser reemplazado, por Juan Antonio Anaya, puesto que su contrato estaba por vencer.

Frente a estas “movidas económicas”, el legislador en conferencia de prensa sostuvo que las acusaciones se debe a una sucia campaña con el objetivo de desprestigiar su imagen, lo que suma a todo un “complot político” para ser reemplazado por su accesitaria. En efecto, como era de esperarse, en todo momento Anaya trató de evadir su responsabilidad y derivarla suspicazmente a su ex asesor Guillermo Lizarzaburu Palma, quien por venganza filtró documentación falsa a la prensa luego de haber sido despedido. Según Anaya.

Por su parte, el procurador del Congreso, Julio Ubillús, sostuvo que el parlamentario podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión, siempre y cuando se compruebe que presentó facturas falsas para justificar sus gastos operativos, cuyo tope máximo es de 7400 nuevos soles al mes.

¿Hasta cuándo tendremos que soportar este tipo de atropellos? Está bien preocuparse por la vida laboral de los hijos, pero a no costa del Estado, y a través de él de los ciudadanos, incluidos quienes llevaron al congresista Anaya a una curul. Ojalá que la Comisión de Ética del Congreso, no solo suspenda por unos meses a este personaje polìtico que -de hecho por sus cuestionados actos- le queda grande la categoría de congresista. Solo esperamos una severa sanción al caso, y que este, que sirva como ejemplo a todos aquellos parlamentarios acostumbrados a atentar con sucias movidas económicas el dinero de todos los peruanos.

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