Huancavelica busca recuperar liderazgo nacional en la implementación del Plan Integral de Reparaciones

El Defensor del Pueblo de Huancavelica, Percy Tapia Vargas, presentó los resultados de la supervisión del proceso de implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en la Región Huancavelica. Se ha constatado que muchos ciudadanos, ciudadanas e incluso autoridades, aún desconocen las principales conclusiones y recomendaciones de la CVR. Otros sectores se resisten a comprender el proceso, las causas y consecuencias de los veinte años de violencia política que vivió el Perú entre 1980 y el 2000.

En cumplimiento de las recomendaciones de la CVR en el departamento de Huancavelica, 130 comunidades campesinas gravemente afectadas por la violencia política fueron seleccionadas para la implementación de reparaciones colectivas con un presupuesto de 13 millones de nuevos soles. En tal sentido, las municipalidades en convenio con la CMAN vienen ejecutando proyectos de diversa naturaleza como mejoramiento vial, saneamiento básico, canales de regadío, implementación de módulos de vacunos y crianza de cabras, construcción de centros educativos. “Los proyectos de reparación colectiva necesitan mayor comunicación entre las unidades ejecutoras y los beneficiarios”, precisó el Defensor del Pueblo.

Por otro lado, el Gobierno Regional de Huancavelica, a partir de la Ordenanza Regional 012–2004, tiene bajo su responsabilidad, dos proyectos que buscan implementar el Plan Integral de Reparaciones: “Atención a población afectada por la violencia política en el departamento de Huancavelica”. Según la información proporcionada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, este proyecto está ejecutado en forma parcial. El Registro Regional de Víctimas (RRV) permitió la inscripción de 5366 personas, pero aún falta calificar 539 expedientes, así como el respectivo proceso de acreditación. Una parte de estos expedientes han sido transferidos al Consejo de Reparaciones. Este proyecto tiene un considerable retraso en su culminación.

Posteriormente, mediante el presupuesto participativo del 2006 se formuló el proyecto “Mejoramiento de las Unidades familiares productivas, económicos y sociales en las comunidades afectadas por el fenómeno socio político en la región Huancavelica”, con un presupuesto de 982,772.50 nuevos soles para dar continuidad en la atención a las víctimas en Huancavelica. Este proyecto se encuentra paralizado. Según la Gerencia de Desarrollo Social, los afectados por la violencia política no están de acuerdo con los productos que ofrece el proyecto, pero además el Estado peruano no puede promover la duplicidad en reparaciones. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda reformular el proyecto mediante talleres participativos con la presencia de representantes de todas las organizaciones de afectados sin distinción alguna.

Por otro lado, existen normas emitidas por el Ministerio de Salud que facilitan el acceso de las víctimas de la violencia política al Seguro Integral de Salud. Ciudadanos y profesionales del sector aún desconocen este mecanismo de reparación.

Asimismo, el Ministerio de Educación ha normado el ingreso directo a Institutos de Educación Superior –Tecnológicos, Pedagógicos, y Artísticos de carácter público, a nivel nacional, para las víctimas y familiares de las víctimas de los casos con informe de la CIDH, siempre que puedan acreditar la culminación de sus estudios secundarios.

La Dirección Regional de Educación de Huancavelica en cumplimiento a la ordenanza Nº 012, a través de los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos Públicos de Huancavelica, en todos los procesos de examen de admisión, se reservan vacantes para los víctimas de la violencia política. Asimismo, la Universidad Nacional de Huancavelica, desde el año 2000, ha dispuesto que en todos los procesos de admisión el ingreso de los huérfanos víctimas de la violencia. Entre el 2007 y el 2008, 63 huérfanos y huérfanas han accedido a la educación superior.

En el marco de la Ley Nº 28413, la Defensoría del Pueblo ha recepcionado 413 solicitudes de constancia de ausencia por desaparición forzada. Se han entregado 151 constancias, 41 constancias fueron denegadas y 221 se encuentran en proceso de verificación. La Defensoría del Pueblo exhorta a los familiares de las personas desaparecidas para que colaboren con el proceso de verificación.

Mientras que la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ha recepcionado 21 procesos judiciales de ausencia de desaparición forzada. 18 fueron resueltos y 3 se encuentran en trámite. Por su lado, el Ministerio Público ha conducido la exhumación de restos óseos en el distrito de Santo Tomás de Pata. Todos estos restos fueron debidamente identificados y entregados a sus familiares, quienes promovieron actos religiosos y de reparación simbólica en Ayacucho. Al respecto, la Defensoría del Pueblo recomienda implementar un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses que cuente con los recursos logísticos.

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