Ronald Gamarra recuerda que Grupo Colina planeó el asesinato del actual Primer Ministro

Desde el 10 de diciembre del 2007, Alberto Fujimori viene siendo procesado por la justicia peruana por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. El juicio al ex presidente ha entrado en su recta final. Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora nacional de Derechos Humanos (CND) dijo que “ahora estamos en una fase culminante del juicio oral…. yo calculo que a fines de noviembre debemos de estar terminando esta etapa, pasar a los alegatos y yo creo que hacia diciembre debe haber una primera sentencia ya sea condenatoria o absolutoria”.

Por otro lado, señaló que, de acuerdo a la fiscalía, el actual presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, estuvo en la mira del Grupo Colina. “Ellos recibieron la orden de asesinar a Yehude Simon de tal suerte que se dispuso al personal del grupo colina que le hiciera un seguimiento, que le ubicara, que dispusiera del lugar desde donde darle muerte, se utilizó armamento y solamente se esperó el momento para darle muerte, felizmente la orden no llegó”, indicó.

Gamarra Herrera espera que al final del proceso se obtenga una sentencia condenatoria a Fujimori y con ello, se siente precedente respecto a que nadie impunemente puede violar los derechos humanos.

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  1. “Grupo Colina”: Cuentas pendientes del jefe Enrique Rodríguez Zabalbeascoa

    Entre los criminales que recibieron “felicitación por las exitosas operaciones” del reo Alberto Fujimori por los crímenes de la Cantuta y de Barrios Altos, y que además obtuvo “calificación sobresaliente” por el condenado y presidiario Juan Rivero Lazo, jefe de la Dinte, destaca el cabecilla de la despiadada organización criminal “Grupo Colina”, Enrique Fernando Rodríguez Zabalbeascoa, alias “potro”.

    Este individuo, después de vivir prófugo durante 8 años, fue capturado en enero del año 2002 por la Policía Nacional en el inmueble, que había arrendado con identificación falsa y que le servía de cubil, sito en la calle Doña Elvira Nº 208 departamento 303, Urbanización Los Rosales de San Borja de Lima; acusado de crímenes contra la humanidad o genocidio: Asesinatos colectivos de nueve estudiantes [entre ellos dos mujeres] y un profesor de la Universidad La Cantuta; asesinatos de quince personas -jóvenes, mujeres, y un niño de ocho años-; asesinatos de Pedro Huillca Tecce, Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú; del periodista Pedro Herminio Yauri Bustamante; asesinato de seis personas en Pativilca; en Huaura los crímenes de seis miembros de la familia Ventocilla y otras siete de la familia Rodríguez; desaparición forzada de personas; torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia, lesiones graves; que solamente representan la punta del iceberg; ya que se investigan otras atrocidades encubiertas, cometidas por este grupo criminal que se asoció para delinquir.

    Haciendo memoria, este siniestro personaje, en el momento de su captura, tenía en su poder un falso D.N.I. Nº 015481300 que lo identificaba con un nombre postizo. Esta conducta delictiva es muy propia del hampa que vive hurgando en los bajos fondos. Representa un grave atentado no solamente contra el propietario del inmueble que conducía como inquilino, a quien defraudó induciéndolo al error, sino, lo que es más grave, contra las instituciones jurídicas del Estado Peruano, a quien, como militar debe respeto y sumisión porque así ha sido formado: con amor a la patria, con respeto a sus instituciones tutelares, y con la permanente y disciplinada disposición de defender su soberanía. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no se sabe, hasta ahora, si el Procurador del RENIEC lo ha denunciado ante Ministerio Público, ni menos si ha sido condenado por los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de justicia.

    La libertad de Rodríguez fue dictada, en el año 2005, por el Quinto Juzgado Penal Especial de la Corte Superior de Lima, que despachaba la juez Antonia Saquicuray, y la concedió por exceso de carcelería sin sentencia. Sin embargo, lo que hasta ahora no se conoce, es si esta conducta delictiva fue denunciada por el Procurador del RENIEC ante el Ministerio Público, por los delitos contra la Fe Pública -Falsedad ideológica- en agravio del Estado. Recordemos que su cómplice, el tristemente célebre Alberto Fujimori, por delitos de allanamiento de morada y usurpación de funciones, cuya punición es menor, fue condenado a seis años de prisión efectiva.

    Al parecer, desde el interior de los cuarteles, los miembros del Ejército peruano en actividad, se dan maña para estafar al Estado con fraudes y robos de elevado octanaje, que han alcanzado dimensiones alarmantes. La dolosa conducta fraudulenta de estos personajes, continúa aun después de haber pasado al retiro. Y el caso más evidente, es la comisión delictiva perpetrada por Enrique Rodríguez, quien defraudó a la Nación con una falsa identificación para burlar la acción persecutoria de la Justicia y de la Policía Nacional.

    Ahora que, nuevamente está citado a estrados con toda su gavilla de asesinos, para responder ante el mundo sobre sus perversas y abominables atrocidades, es necesario que la Primera Sala Anticorrupción de la Corte Superior de Lima, establezca el grado de responsabilidad de la conducta delictiva de Rodríguez, que luego de sus nefandos asesinatos y otros no menos horrendos crímenes contra la Nación, dirigió posteriormente su agresión contra el Estado peruano, el que a través del caballerizo en un cuartel militar, lo formó para que cumpla con respetar y hacer respetar los símbolos nacionales, las instituciones y las leyes.

    Dr. Alejandro Cruzado Balcázar

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