Critican ataques indiscriminados en operativos antiterroristas en el VRAE

Durante los operativos militares, el valle de los ríos Apurímac y Ene, así como la zona de Vizcatán conforman una región en donde convergen actores legales e ilegales. En ese sentido, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), alertó que los remanentes subversivos no son diferenciados respecto a campesinos, cocaleros, madereros ilegales e incluso traficantes de drogas.

“Hay una situación de que no se está distinguiendo, seguramente es difícil, de quiénes son subversivos y quiénes son población civil. Entonces se podría estar haciendo algo de manera indiscriminada”, explicó Miguel Jugo, directivo de Proyección Institucional de APRODEH.

A pesar que el denominado Plan VRAE contempla la atención de las poblaciones afectadas por las operaciones militares, acciones como el Plan Excelencia 777 implica el retiro de los campesinos que habitan en el área de influencia, lo que ha originado una nueva generación de desplazados que no son atendidos debidamente.

“Hay un componente que siempre está ausente en este tipo de situaciones; es decir, lo militar no va acompañado de lo social, y generalmente quienes conducen estas acciones militares obvian lo social. Han llegado informaciones de situaciones donde la población ha sido sacada, o sea en Canayre hay alrededor de un grupo grande de personas, cerca de ochocientas personas nos dicen que están por ahí, desplazadas y que están aparentemente sin atención del Estado”, agregó Jugo.

La presencia de las Fuerzas Armadas en el VRAE debiera no sólo combatir a los subversivos aliados del narcotráfico, sino también contribuir a un ambiente de seguridad para el desarrollo social y productivo de la zona.

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