Piden aplicación de sanciones previstas en el Código Penal para la explotación sexual infantil

La mejor forma de prevenir la explotación comercial sexual infantil radica en aplicar el Código Penal, el cual sanciona al usuario con una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. “Si esto se conociera más y si se supiera más, si hubiera mayor conciencia de que constituye un delito, nosotros pensamos que contribuiría a disuadir a los clientes que dejen de solicitar servicios sexuales de adolescentes”, manifestó la directora del movimiento El Pozo, Tammy Quintanilla.

Un estudio realizado por dicho movimiento y el Centro de Desarrollo de Investigación en la zona alta de la selva peruana (CEDISA), indica que el mayor abuso contra menores de edad se concentra en la región San Martín. En ese sentido estas organizaciones proponen que el Estado destine un presupuesto para frenar la explotación sexual infantil. “Las diferentes instancias del estado destinen recursos para que haya un tratamiento a estas adolescentes, no queremos necesariamente para que haya albergues para las víctimas, porque los albergues finalmente van a ser transitorios”, agregó Quintanilla.

Asimismo, señaló que las formas de captación en la comercialización sexual de niños, niñas y adolescentes se dan por la seducción, secuestro, explotación sexual por parte de familiares, pero el mayor porcentaje radica en ofrecimientos de trabajo falsos. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el número de víctimas por explotación sexual infantil llegaría a 10 mil en todo el país. La explotación es una amenaza grave a los derechos del niño y adolescente que debe ser erradicada.

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