Ampays y bloqueos: Se requieren políticas de transparencia y de consulta ciudadana

Los tristemente famosos “petroaudios” y las protestas de las comunidades de Canchis en Cusco, que cuestionan la instalación de una hidroeléctrica y el otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios (una vez más!!), ponen en evidencia la urgente necesidad de revisar los criterios y procedimientos que el Estado tiene para tomar estas decisiones. Es necesario asegurar que las contrataciones, alianzas con empresas y otorgamiento de concesiones sean técnicamente impecables, transparentes, adecuadamente y oportunamente informados a todos los interesados y consultados con quienes pueden ver afectados sus derechos. No debe esperarse a que se difunda otro escándalo sobre corrupción o se produzca otra protesta para, sobre la base de identificar los porqué de estas circunstancias, se planteen los cambios necesarios para evitar o prever estas situaciones.

Por eso sería preocupante que las respuestas desde el Estado a la corrupción dependieran de los “ampays” futuros, en vez de actuar para hacer más transparentes las relaciones entre empresas y Estado y hacer públicos, para su análisis y debate, por ejemplo, los criterios y procedimientos que se utilizan para la licitación y otorgamiento de concesiones. También sería un error mantener el mensaje implícito que sólo los pueblos que bloquean las carreteras son los que consiguen ser escuchados. Contra lo que muchos creen, las pérdidas que este tipo de acciones causan, tienen que ver más con la sordera del Estado para tratar a tiempo las demandas que con la decisión de los pobladores de realizar las protestas. Éstas últimas resultan siendo, para quienes las realizan, la última salida ante la inoperancia de otras vías utilizadas para hacerse escuchar.

Por eso, no es suficiente detener a León Alegría o suspender las concesiones mineras en Canchis que abarcan hasta las Plazas de Armas de algunos distritos. Sin lugar a dudas, éstas serían buenas noticias pero reconozcamos que serían un paliativo… hasta una nueva denuncia por corrupción o una nueva protesta. En ese sentido, el nuevo gabinete tiene el reto de aprender de la experiencia anterior, que en un principio pareció lograr sortear algunos importantes conflictos, pero que a la larga terminó demostrando que el tratamiento particular de cada uno de ellos no hacía sino profundizar en la debilidad institucional, y en la arbitrariedad con que se toman las decisiones en el país.

Contra lo que algunos creen poner orden hoy no pasa solamente, ni principalmente, por que haya más efectivos policiales capaces de detener corruptos y disolver manifestaciones. Es probable que la policía no se dé abasto, como de hecho ya sucede, si es que en primer lugar no se construye un orden distinto en la manera como se toman las decisiones sobre el uso de los recursos naturales que existen en el Perú y particularmente, en los que se encuentran en las tierras y territorios de las comunidades campesinas y pueblos indígenas amazónicos. El orden que la política del Perro del hortelano pretende imponer, no hace sino agudizar las posibilidades de más Leones Alegrías y más conflictos, pues no refuerza la transparencia de las decisiones de inversión privada ni asegura la voz de las comunidades afectadas en el proceso de toma de decisiones.

Se requiere fortalecer un aspecto sustancial de la democracia: el debate público

El tiempo actual es muy propicio para revisar cómo se ha procedido hasta el momento en el manejo de las decisiones relacionadas a la utilización de los recursos naturales, particularmente los mineros y los hidrocarburíferos. Como afirma Amartya Sen, “los puntos señalados por los que protestan no son siempre sensatos pero a menudo hacen preguntas muy pertinentes, y hacen así un aporte constructivo al razonamiento en el ámbito público”. Corresponde al Ejecutivo y al Parlamento promover un cambio en las reglas de juego y que este cambio sea producto de abierto debate y consulta. De lo contrario, se cometería el mismo error en el que cayó el Ejecutivo al aprobar los decretos del perro del hortelano de espaldas al país, produciendo el cuestionamiento de muy diversos sectores.

Probablemente en estos debates se haga visible que algunos de los actores involucrados no estén dispuestos a ir más allá de sus intereses específicos. Para algunos esto podría ser el argumento para demostrar que no tiene sentido la discusión pública. Sin embargo, la posibilidad de ir más allá de los intereses particulares y desarrollar un discernimiento más equilibrado tiene que ver con la existencia de condiciones para el acceso a la información pertinente, en palabras de Sen “la oportunidad de escuchar diversos puntos de vista, la posibilidad de estar expuesto a discusiones y debates públicos y abiertos”.

Por eso es interesante descubrir en las mismas protestas las demandas por información y consulta, por participación en la discusión respecto a las opciones de desarrollo, antes que el gobierno tome decisiones. Ojalá que sean escuchadas.

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