Critican intentos del gobierno por vender bosques amazónicos en nueva Ley Forestal en el Congreso

Parlamentarios de diversos grupos políticos solicitaron que en la sesión del Pleno del Congreso se discuta el dictamen que propone una nueva ley forestal y de fauna silvestre. Los legisladores piden la discusión ante la representación nacional del texto aprobado el 16 de diciembre por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. El presidente de la citada comisión, Roger Nájar, detalló que la solicitud obedece a un proyecto de ley presentado recientemente por el Poder Ejecutivo, que ha sido dispensado del trámite de comisión correspondiente, que presenta modificatorias al cuestionado decreto legislativo 1090.

“Desde el mes de setiembre en la comisión hemos venido debatiendo una nueva ley forestal, que hemos aprobado el 16 de diciembre, y sin embargo el 8 de enero el Ejecutivo ha mandado un proyecto de ley, el 2958, corrige algunos errores de la 1090, pero en esencia mantiene los errores que han sido observados por los gobiernos regionales de la Amazonía, por la sociedad civil y también en el extranjero, incluido el partido demócrata de los Estados Unidos”, explicó.

El legislador añadió que algunas falencias que conserva el proyecto modificatorio presentado por el Ejecutivo ponen en riesgo las 45 millones de hectáreas de bosques de producción forestal con que cuenta el país. “La 1090 no había considerado dentro del patrimonio nacional forestal los bosques de producción, que representan 45 millones de hectáreas en el país, con la única intención de entregárselas a empresas dedicadas a la producción de etanol. Con esta modificatoria lo incorporan dentro del patrimonio nacional forestal pero condicionan que de darse interés nacional para inversiones estas podrían ser cambiadas de uso de uso forestal a uso agrario”. Al mismo tiempo, dijo que no se ha consultado ni a los pueblos de la amazonía ni a los pueblos indígenas en su elaboración.

A su turno, la congresista Elizabeth León, autora de la norma aprobada por la comisión de ambiente y ecología el año pasado, consideró que la propuesta presentada por el gobierno obedece a una obsesión por querer implementar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, a como dé lugar. “Es una obsesión total por querer implementar el TLC a como de lugar y no se dan cuenta que no están subsanando las propias observaciones que ha hecho el propio capitulo ambiental de los Estados Unidos. Se está corriendo el riesgo de que el TLC sea observado por el siguiente congreso que se instale”, manifestó.

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