Aprodeh: Decretos que criminalizan protestas sociales son anticonstitucionales

Las denuncias del periodista Julio Vásquez contra efectivos policiales por secuestro y tortura en el campamento de la minera Majaz, son un ejemplo de la criminalización de las protestas sociales que han quedado impunes gracias a los decretos legislativos 982, 983 y 988. Dichas normas declaran como “inimputables” a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que causen lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria.

Frente a esta situación, la Asociación Pro Derechos Humanos, sustentó una acción de inconstitucionalidad sobre los referidos decretos, debido a que, según Miguel Jugo, Director de APRODEH, violan derechos humanos y criminalizan la protesta social. “Primero: hay una dificultad con el mandato dado por la ley, hay una ley autoritativa en el Congreso la 29009 que el ejecutivo al implementar los decretos legislativos en el caso de estos cuatro excede sus funciones: modifica el código penal, modifica el código de procesamientos penales y no había esa autorización para hacerlo. En segundo lugar, hay temas que violan derechos humanos fundamentales, y en tercer lugar hay situaciones que están dando lugar que se produzcan muertes por parte de la policía y que estas no sean investigadas”, aseveró.

Las muertes de los campesinos Julio Rojas Roca, Santiago Lloclla, Rubén Pariona y Emiliano García, durante el paro agrario de enero del 2008, evidenciaron una respuesta autoritaria a las demandas sociales. Estos casos, no han encontrado respuesta judicial frente a los posibles culpables. Incluso existen procesos a dirigentes sociales por participar de protestas.

“Creo que esta es una situación preocupante. Esto se puede extender a otros temas. Por ejemplo, hay una figura de extorsión, es decir, madres del vaso de leche marcharon hacia la PCM. Esa acción puede ser denominada una acción de extorsión y pueden las dirigentes ser perseguidas, enjuiciadas, encarceladas. Esa situación ya está pasando en algunos lugares del país como Piura, Junín, Cusco”, agregó.

Miguel Jugo señaló, además, que estos decretos disponen penas de hasta 25 años a quienes participen de manifestaciones; lo cual atenta de manera sustantiva en contra de la libertad de reunión, opinión y expresión de las personas. APRODEH espera que el Tribunal Constitucional cumpla con declarar la inconstitucionalidad de los referidos decretos, a fin de que los excesos durante el accionar de las Fuerzas Armadas sean sancionados como corresponde. Los derechos humanos no deben ser soslayados al amparo de normas que buscan proteger un supuesto orden social en el país.

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