Instituto Prensa y Sociedad presenta habeas data a Contraloría por negarse a entregar información

La negativa de la Contraloría de la República en dar información sobre los gastos operativos de los congresistas es una clara violación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha presentado un Hábeas Data a fin de acceder a la información que maneja dicho organismo estatal. Javier Casas, abogado del IPYS, explicó que “se trata de sustentar o plantear un precedente que obligue a la Contraloría a ser más cuidadosa cuando se niega a brindar información cuando está en su poder. Porque lo que ocurre, apenas existe una acción de control de la contraloría pues toda la información que es obtenida por la contraloría se mantiene en reserva inmediatamente, aunque no haya una justificación. El hecho que tenga el deber y el derecho de realizar una fiscalización no implica que tenga que vulnerar derechos fundamentales”.

A través de la Oficina de Control Institucional, dependiente de la Contraloría, se negaron a brindar información sobre los gastos operativos de los parlamentarios Lourdes Alcorta, Daniel Abugattás y Aurelio Pastor por ser dependientes de una acción de control. Sin embargo, la misma Contraloría señaló —en el 2008— que la publicidad de los gastos operativos no afecta su capacidad de control institucional. “Nosotros descubrimos que a inicios del 2008 la CGR le había enviado un documento diciendo que la publicidad de los gastos operativos no afectaba de ningún modo la capacidad de la Contraloría de realizar operaciones de control. Por lo tanto, la reserva a la que sometió la Contraloría era una reserva injustificada, por lo tanto esta reserva devenía en ilegal”.

Según Casas, la Contraloría al tomar posesión de alguna información, decide si es un documento público o no en función de sus intereses. Es por eso que el Instituto Prensa y Sociedad quiere establecer una regla para dicho organismo. “Revertir una práctica común de la Contraloría General de mantener en reserva toda la información que considere que debe mantener en reserva. Nosotros lo que queremos es que haya una regla, o sea si publicas un documento o una acción de control, pues tienes el deber de publicar todos los elementos similares y si la regla dice que existen documentos que están siendo controlados y documentos públicos, pues estos deben mantenerse públicos”, agregó.

Cabe precisar que toda entidad pública tiene siete días hábiles para facilitar a cualquier persona, la información que ha solicitado, y sólo se debe pagar por ella cuando se requiera sacar una copia a los documentos. Negarse o entorpecer el procedimiento de acceso a la información pública, implica el delito de abuso de autoridad.

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