Minería y Conflicto Social

El día martes pasado se presentó en Lima el libro Minería y Conflicto Social; fruto de una investigación que, a partir de la investigación de seis casos emblemáticos de conflictos mineros, se avanza en una mejor compresión de su naturaleza y devenir y se proponen orientaciones dirigidas a hacer que la minería en el Perú, presente en algunos territorios y ausente en otros, sea efectivamente un aporte para que el país pueda aprovechar equitativa, sostenible y democráticamente sus recursos naturales. Para la mencionada presentación se realizó un panel en el que Bruno Revesz a nombre de las organizaciones que promovieron la investigación explicó a grandes rasgos el contenido de la misma; luego se dio inicio a un panel conformado por Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo, Pablo de la Flor, alto funcionario de la empresa minera Antamina, y José De Echave, quien a nombre de los seis autores respondió a las preguntas de los comentaristas. La discusión que se desarrolló sirvió para identificar los puntos de coincidencia y diferencia de los antes mencionados. Reseñamos aquellos que nos parecen los más saltantes.

La ausencia del Estado

La principal coincidencia que encontramos es la que tiene que ver con la ausencia del Estado en los territorios donde se desarrolla la mayoría de conflictos estudiados. Ausencia que en algunos casos es más bien debilidad de los gobiernos locales y regionales para poder hacer un uso rápido y efectivo de los recursos del canon y de las regalías mineras abonada por los procedimientos y condicionalidades que el gobierno nacional establece para el uso de los mismos. Sin embargo, la discusión permitió enriquecer esta mirada y entender que esa ausencia del Estado tiene que ver especialmente con su dificultad o resistencia para entender que las condiciones en las que se desarrolla la minería en el Perú han cambiado significativamente con respecto al momento en el que se establecieron las políticas dirigidas a fomentar la inversión en el sector.

Esto se debe, no sólo por el boom de los precios de los minerales en la última década que llevó a que buena parte del territorio nacional se halle concesionado, sino por el hecho que un número mayor de ciudadanos, organizaciones y comunidades hacen sentir sus puntos de vista acerca del rol de la minería en el Perú, tanto en lo relacionado al aporte económico de las empresas al fisco, como por el cuestionamiento al tipo de relaciones que éstas establecen con las poblaciones del entorno, y a la débil atención que muchas empresas y el Estado dan a los impactos socio ambientales que la actividad minera genera. En otras palabras, a diferencia de décadas pasadas, en “la cancha” no sólo están las empresas mineras con la luz verde del Estado, sino que en ésta han ido haciéndose presentes otros actores que hacen que las reglas de juego establecidas originalmente no respondan a la naturaleza de los partidos que en adelante hay que jugar. Como si esto no fuera suficiente, el cambio climático se convierte en un serio e ineludible proceso que no puede dejarse de lado a la hora de formular esas nuevas reglas de juego.

¿Qué está a la base de los conflictos?

Un punto en el que se hacen más evidentes las diferencias es el relacionado a qué es lo que produce el conflicto. Para Pablo de la Flor existiría una relación directa entre el boom del alza del precio de los minerales y el incremento d e la conflictividad social. Desde su perspectiva, las razones del conflicto tendrían que ver básicamente con el afán de las personas y de las comunidades por obtener la mayor tajada posible de beneficios económicos provenientes de la explotación minera. Desde esta perspectiva, el alza del precio de los minerales incrementó las expectativas e hizo de las poblaciones más exigentes con las empresas y el estado. Desde este punto de vista no habría otras razones que la disputa por el acceso a los beneficios económicos de la actividad minera.

Si bien ésta es una de las razones que explica los conflictos como el acontecido en Tintaya el año 2005 o entre Tacna y Moquegua por la distribución del canon minero más recientemente, no da cuenta de casos como el de Tambogrande y Majaz en Piura en los que lo que estaba en discusión eran otros asuntos relacionados más bien a opciones de las personas por determinadas formas de vida y por actividades productivas distintas a la minería. Desde esa lógica “economicista” la defensa que las comunidades y productores agrarios realizan del medio ambiente y del uso racional de los recursos no sería sino una suerte de estrategia para obtener en el futuro más altas compensaciones de parte de las empresas mineras. De este modo se reduce de manera simplista los intereses de las personas y de las comunidades a la obtención de la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible.

Los conflictos, ¿causa y consecuencia?

La pregunta es importante, ya que define a la forma de tratar los conflictos. Desde lo hasta aquí dicho, los conflictos son una consecuencia de un Estado que funciona ineficientemente o que se resiste, junto a un sector de empresas, a modificar las reglas de juego existentes que no corresponden a la situación de la actividad minera y de los actores relacionados directa o indirectamente a ella. Por tanto, si se busca enfrentar los conflictos de manera democrática se requiere por lo menos:

* Políticas dirigidas a fortalecer la gestión regional y local, decisión más urgente aún si tenemos en cuenta que en el futuro los recursos del canon tenderán a reducirse por lo que se requerirá mejorar significativamente la eficacia y calidad del gasto público.

* Decisión gubernamental para promover una política de ordenamiento territorial que teniendo en cuenta el cambio climático, permita ordenar de mejor manera las decisiones sobre el uso de los recursos naturales, promoviendo que sobre la base de estas políticas las demás decisiones sean en lo posible de carácter regional y ojala, algún día, de carácter macroregional.

* Decisión gubernamental y empresarial para asumir la demanda que los ciudadanos y las comunidades plantean de ser activos involucrados en las decisiones relacionadas a la actividad minera.

¿Es posible que los conflictos desaparezcan?

Coincido con los autores de la publicación motivo de este artículo cuando afirman que los conflictos: “…se darán en la medida en que existan intereses contradictorios, en tanto hayan disputas por poder y visiones contrapuestas respecto a modos de vida, estilos de desarrollo, etc. Lo que pretendemos es que los conflictos y, de darse, también las protestas, se puedan encauzar institucional y pacíficamente. De lo que se trata es que la negociación y las disputas políticas puedan darse abierta y democráticamente, sin imposiciones ni inequidades. Para esto, lo que aquí se propone es ubicar los conflictos en un nuevo entorno institucional, en un terreno común donde los actores involucrados puedan tener cabida, y donde todos sientan que sus intereses son tomados en cuenta” (p.401).

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