Denuncian que se está criminalizando la protesta social en el país

El paro de los indígenas amazónicos está por cumplir dos meses. Frente a esta situación, el Gobierno no ha resuelto sus demandas. Sin embargo, ha optado por denunciar a los principales líderes nativos por conspiración, rebelión y sedición. Así lo señaló Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, quien informó que “a mí me han hecho llegar esta notificación y me parece una notificación a raíz de la declaratoria insurgencia, estamos reclamando nuestros justos derechos y no es posible que el gobierno no quiera atender nuestros pedidos. En el artículo 46 de la Constitución Política dice que la sociedad civil tiene derecho a la insurgencia. E inmediatamente de haber declarado insurgencia me mandan la notificación y que es muy curioso que no lleva ni siquiera el número de citación y donde me acusan por cuatro cargos: rebelión, sedición, conspiración y apología”.

Al respecto, la congresista Janeth Cajahuanca señaló que “en nuestro país se ha aprobado una ley para criminalizar la protesta, es decir aquel que no piense tan igual que el Sr. Alan García, por solamente manifestar su opinión es perseguido”. Si bien en algunos casos, las protestas sociales podrían tener una motivación política, otras se originan por motivos justos y, sobre todo, por la exclusión social en la que varios pueblos del país viven. A ello se suma la casi nula presencia del Estado en comunidades indígenas y amazónicas. Incluso si algunos nativos tomaron algunas actitudes radicales como la toma de embarcaciones, fueron reprimidos de forma violenta.

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