La crisis es nacional y su solución democrática

Por Manuel Rodríguez Cuadros

La crisis producida por las erradas decisiones del gobierno en la Amazonía no es local ni regional, es nacional y compromete no sólo la gobernabilidad interna sino la posición internacional del Perú. Esa es la gravedad de la situación. La percepción externa generalizada es la de un gobierno en crisis de gobernabilidad democrática, que dicta leyes inconstitucionales y utiliza la violencia para imponer un destructivo modelo de inversión en la Amazonía. Jamie Knee, coordinador de Mining Watch Canadá, lo resume bien: “Canadá es el mayor inversionista en el sector minero del Perú. Para el presidente Alan García esto es el desarrollo, pero es un modelo de desarrollo destructivo: si se mata gente en nombre de los inversionistas canadienses para promover y proteger los proyectos de inversión en las tierras indígenas, su sangre mancha nuestras manos”.

Este mes el Senado canadiense debatirá la ley C-24 sobre la legislación para aplicar el TLC con el Perú. Y ya existe una movilización que demanda la postergación de esta decisión como protesta por la sangre derramada en Bagua. La imprudente política del gobierno no sólo lesiona los derechos de los pueblos originarios y la gobernabilidad democrática, afecta también la estabilidad de las inversiones. Esta es su extrema irracionalidad. La propia decisión de suspender indefinidamente los decretos legislativos, además de postergar la solución del problema, manteniendo y quizás agudizando la inestabilidad política, constituye un caso extremo de inestabilidad jurídica para las inversiones. Los pueblos originarios necesitan estabilidad jurídica y política, garantías de que sus derechos no serán conculcados. Requieren la derogatoria de los decretos legislativos. Los inversionistas necesitan estabilidad jurídica y la figura de la suspensión lo único que les da es una total inestabilidad. El Perú demanda la estabilidad de la gobernanza democrática y la constitucionalidad. El gobierno debe dejar de ser el agente de la inestabilidad.

Para ello, es indispensable superar la crisis con decisiones impostergables: 1) Derogar los decretos legislativos. 2) Constituir, en aplicación del Convenio 169 de la OIT, una comisión plural que elabore un nuevo régimen jurídico de desarrollo en la Amazonía, bajo los principios del respeto a los derechos de propiedad ancestral, el beneficio compartido y la sustentabilidad medio ambiental. 3) Deponer la suspensión antidemocrática de los congresistas opositores. 4) Otorgar el salvoconducto a Alberto Pizango. 5) Conformar una comisión independiente que esclarezca los hechos de violencia, con participación de los obispos amazónicos y la Defensoría del Pueblo. 6) Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que haga una vista y observación “in loco”. 7) Que los órganos jurisdiccionales establezcan con independencia las responsabilidades individuales por las muertes.

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