Entrevista a Marco Arana sobre la política de seguridad de Yanacocha

¿Cuál es el origen del informe sobre la política de Yanacocha? ¿Cómo empieza esto? ¿Por qué la empresa está haciendo esto?
Yanacocha tiene múltiples quejas de haber violado derechos humanos basándose en el poder que tiene la empresa de seguridad que trabaja para ellos, que es Forza, y también en el uso de las Fuerzas Policiales que trabajan a órdenes de la empresa privada.

¿Cuál ha sido la reacción ante estas denuncias por parte de Newmont y sus socios?
Lo que ha ocurrido es que se conocía ya en Cajamarca que Forza estaba directamente amenazando, espiando a líderes ambientales en Cajamarca, y cuando ocurre el asesinato de don Isidro Llanos Chavarría en Combayo, a manos de la policía con Forza, entonces ahí se conoce que hay problemas serios en la política de relaciones comunitarias y eso lleva a que se presente una queja en la junta de accionistas en Denver, en Estados Unidos, de donde es Newmont, y a pedido de los accionistas que están compuestos por varios socios.

¿Quiénes son la Junta de Accionistas acá?
Bueno, están los empresarios privados directamente que meten dinero en actividades mineras, y están los accionistas que, desde hace más o menos 20 años, en Estados Unidos han llevado los fondos de pensiones a invertir en empresas privadas, por las leyes que han dado en Estados Unidos, y parte de esos grupos están compuestos, por ejemplo, por lo que se llaman accionistas éticos, que muchas veces son los pensionistas jubilados de los Estados Unidos que otras veces están vinculados a empresas y otras veces están vinculados a grupos de jubilados cristianos. Por ejemplo, en ese sentido, hay también un grupo de accionistas que tienen que ver con estos fondos éticos que se llaman, y a través de ellos que están vinculados a la vez con grupos católicos que junto con Oxon América se hizo una campaña de incidencia, para que la junta de accionistas de Newmont aprobara una investigación sobre la política de relaciones comunitarias.

¿Cuáles son los porcentajes de estos accionistas más o menos?
En realidad, Yanacocha está compuesto por tres sectores: un sector que es el Banco Mundial, otro que es Newmont propiamente, y otro que es el Grupo Buenaventura. En el caso de los accionistas de Newmont, el porcentaje de inversionistas éticos no es muy alto, tengo entendido que van entre el 8 y 12% del total de accionistas. Sin embargo, tienen una opinión importante dentro de la junta de accionistas. En ese contexto, hemos podido tener reuniones con la junta de accionistas de Estados Unidos un par de veces y exponerles de propia voz cuáles son los problemas que había en Cajamarca y pedirle que vean los temas del agua, y en este caso los temas de seguridad o de políticas comunitarias.

¿Cuál es el primer informe que elabora la empresa?
Hace un par de años, exactamente después de lo de Combayo, Newmont aprueba hacer una investigación con una consultora canadiense, que son en realidad tres especialistas que se desplazan al Perú y a otras minas en Ghana en África o en Indonesia donde Newmont tiene también serios problemas. Después de entrevistar a los gerentes, a la gente de Forza, a expertos en el Perú, a líderes comunitarios -nosotros mismos fuimos entrevistados-, ellos llegan a la conclusión de varias cosas. La primera es que en Cajamarca se está creando una especie de “Cultura del terror” dicen literalmente, porque hasta los propios trabajadores de Yanacocha tienen miedo de hablar en público o de ser identificados debido a la presencia de Forza y debido a errores en la política de relaciones comunitarias. Un segundo elemento muy importante es que señalan que el responsable directo de la política de relaciones comunitarias es el gerente para América Latina de Newmont, es decir Carlos Santa Cruz, que aquí en el Perú es visto como el gerente exitoso, y en este informe es visto como el responsable de una política errática de relaciones comunitarias. El tercer componente de este informe es que señala que, en relación al espionaje y a la violencia que está creciendo en Cajamarca en relación a Yanacocha, señalan que hay dentro de dicha empresa, funcionarios que piensan que no hay que investigar nada. No obstante, indica el informe que hay otros que dicen que hay que investigar la política de relaciones comunitaria y a Forza. Así, este informe termina señalando que la política de relaciones comunitaria es deficiente, que está generando un clima de terror en Cajamarca y que Forza debería ser investigada según algunos. Este primer informe concluye el año pasado.

¿De ahí viene el informe de Gino Costa? ¿Cómo aparece este informe?
Con el informe de la consultora canadiense, queda claro que hay problemas con Yanacocha, que la política de relacionas comunitarias está fallando y que Forza tendría algo que ver. Entonces, en este contexto, se hace una segunda investigación, digamos independiente en la que tenían que estar de acuerdo los accionistas y la propia empresa minera, se selecciona y se pide a Gino Costa que haga este informe.

Gino Costa encuentra varias cosas en detalle, porque en realidad él hace una evaluación integral de la política de seguridad también de la propia empresa. Lo que se encuentra allí es lo que se sabía sin confirmación. Por ejemplo, que no sólo trabajaba Forza para Yanacocha, sino que además la empresa Andrick Service estaba metida en los espionajes de los famosos petroaudios, del espionaje industrial y además -aunque el informe de Gino Costa no lo señala- sabemos que tanto Andrick Service como Forza tienen vínculos muy poderosos con los marinos, con las fuerzas del Servicio de Inteligencia de la Marina. En realidad, eso remite al mismo Giampietri. Los vínculos entre Forza y Giampietri son, digamos, cosas que se hablan por todos lados. No aparece en el informe específicamente; pero sí aparece Andrick Service y Forza trabajando conjuntamente para Yanacocha.

Luego, el informe de Gino Costa muestra que la empresa contrata de manera permanente a un destacamento de la DINOES que está las 24 horas del día, los 12 meses del año, mantenido por la propia empresa. Y es muy importante ese dato porque, por ejemplo, en Cajamarca varias veces la DINOES aparecía reprimiendo campesinos, y nosotros nos hemos quejado. Por ejemplo, en el caso de Porcón, que la DINOES actuó tan brutalmente con campesinos del Porcón, cuando preguntamos al general en Cajamarca, nos dijo que ese destacamento no depende de él, que depende de Lima. Entonces, el informe de Gino Costa en realidad lo que está mostrando es que tenemos una fuerza policial pagada con el dinero de todos los peruanos sirviendo para usos privados. En este caso, es para una empresa minera que además paga un plus a los policías. Entonces, lo que encontramos es policía pública privatizada, Forza que tiene su propio aparato de inteligencia, su propio arsenal de armas y esta empresa de espionaje que es Andrick Service.

El informe de Costa termina recomendando que por la fama que tienen estas empresas, debería rescindirse los contratos. Ahora, el tema es saber si la empresa hará caso de esas recomendaciones. Pero lo cierto y lo más importante de este proceso es que muestra cómo el Ministerio Público en Cajamarca archivó todo el caso de espionaje, diciendo que nadie tiene responsabilidad que la empresa no tiene nada que ver. Sin embargo, estos informes lo que muestran es que Yanacocha tendría una responsabilidad, Forza tendría una responsabilidad y la policía termina trabajando como policía privada para una empresa minera. Eso es grave.

¿Ustedes han presentado una denuncia ante la Corte Interamericana?
Ante la Comisión Interamericana de la OEA en Washington, porque resulta que nosotros optamos en primer lugar por una denuncia en el Ministerio Público sobre el caso de espionaje. Denunciamos también ante el Órgano de Control interno de la Policía, el hecho de que algunos policías de Cajamarca habían actuado coludidamente con los espías de Forza. Lo que ocurrió es que aquí en Lima, la policía pide al general de entonces de Chiclayo que sancione a los policías que han participado como cómplices, este caso es archivado, lo mandan al comandante de Cajamarca y lo archivan. En el caso del Ministerio Público, declaran que no hay evidencias, que no hay ningún delito y todo queda cerrado.

Cuando eso ocurre el año pasado, y como está agotada la vía nacional, nosotros en el mes de marzo de este año con apoyo de un equipo de abogados de la Universidad de York (Canadá), hemos juntado todas las pruebas que habían, las hemos ampliado y las hemos presentado efectivamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo, y en mayo hemos hecho la primera ampliatoria de esas investigaciones. Estamos a la espera de que la Comisión Interamericana admita el caso, porque sin duda es uno de los más graves que está documentado en América Latina.

Pasando a otra evaluación ya tuya, se dice que eres enemigo de la minería en Cajamarca. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Realmente estás en contra del desarrollo de la actividad minera allá o en el Perú?

Mira, tengo probablemente un tercio de mi tiempo, si no es más, dedicado a hablar con gerentes de empresas mineras que están en Cajamarca o están en el Perú, y muchos de ellos saben cuál es mi posición. Y hay que decirlo públicamente una vez más. Yo creo que el Perú tiene recursos minerales y éstos deberían ser aprovechados a contribuir a los ingresos del país. Sin embargo, la historia de la minería en el Perú es una historia vinculada a enormes riquezas que se van fuera de la zona y a un grave daño ecológico que se queda en el lugar, junto con violaciones de derechos humanos.

En principio, soy muy crítico de una actividad minera porque no tiene controles ambientales suficientes o abusa porque hay zonas de pobreza extrema con complicidades del Estado. Es una minería que no contribuye al desarrollo a ese nivel. Sin embargo, creo que hay que promover una actividad minera con serios controles ambientales, que no se expanda de manera irresponsable y sin ningún control sobre las zonas de agua. Creo además que debería mejorarse el régimen tributario de la minería para que aporte más a las regiones, a las localidades y al país. En ese sentido, mi posición sobre la minería es muy clara. Creo que la minería debe ser promovida, regulada y controlada y por último, hay lugares donde la minería debería estar prohibida. He venido diciendo eso, solitariamente durante muchos años en el que me he ido encontrado con compañeros y comunidades que piensan lo mismo. Hoy día me alegra ver en Perú.21 que el ministro Brack comienza a decir que hay que ver en qué zonas la minería estaría prohibida, y comienza hablar de la zona de San Martín y Amazonas -concretamente el caso de la minería Dorato-, para que no estén en zonas de reserva natural protegida o en zonas de agua.

Esto mismo ocurre en Cajamarca, es decir, Yanacocha puede seguir en sus actividades mineras con mayor control ambiental, con mejores pagos de tributos para el país, con mayor respeto al tema de los derechos humanos de las comunidades, y debería prohibirse la expansión de esta minera, en las zonas de Agua de San Pablo, por ejemplo, donde hay más de 240 lagunas. Entonces, no se trata simplemente de simplificar las cosas y decir si uno está a favor o en contra de la minería. Se trata de decir que una minería debe tener condiciones y en términos de política pública, de política económica del Estado, hay que promover actividades económicas que sean sostenibles. La minería no es una actividad sostenible, por tanto la promoción de la minería debería ser con muchos controles, con muchas regulaciones y deberían optarse por invertir y promover la inversión en otros sectores que van a tener mayor durabilidad en el tiempo y mejor rentabilidad social y ambiental.

¿Cuál es la reacción de los funcionarios con los cuales tú hablas?
Yo diría, es una respuesta diferenciada. Por ejemplo, muchas veces con altos funcionarios de Yanacocha, algunos de ellos americanos, uno a veces se ha entendido mejor que con los funcionarios locales. Recuerdo por ejemplo, cuando los funcionarios locales no querían reconocer el pago por los daños en las tierras de los campesinos. Carlos Santa Cruz en eso era una de las personas más duras, sin embargo Leonard Harris llega y dice “bueno, okay, hemos cometido errores, vamos a indemnizar”. Es decir, dentro de la propia empresa no es que unos sean solamente buenos y los otros malos, sino que simplemente dentro de la propia empresa hay dos maneras de entender la relación con la comunidad. Hay unos que están más dispuestos a reconocer errores y algunos que están más dispuestos a acoger los reclamos de la comunidad, y hay otros que basándose en sus privilegios y muchas veces en la influencia que tienen en el gobierno y en las autoridades locales, prefieren que se aplique mano dura.

Aparte de eso, hay diferencia entre las empresas. Cuando uno conversa con funcionarios de Golfi que es otra gran minera -otra de las 5 más grandes del mundo- durante el operativo de espionaje que hubo en Cajamarca en el año 2006, fueron de los funcionarios que vinieron a decir: “Nosotros no tenemos que ver en esto y si sabemos y si encontráramos qué fondos del grupo Norte están metidos, nosotros seríamos sumamente críticos y denunciaremos eso públicamente”.

En otros casos, hemos encontrado a la misma Anglo American, que tienen una postura mucho más abierta para entender los problemas con la comunidad. Por ejemplo, Anglo American, uno de los problemas que tiene con la comunidad es porque hay un grupo de comuneros que habrían falsificados firmas para su contrato. Ese tema ha sido expuesto a Anglo American y está sumamente preocupada por intentar resolver este problema, a diferencia de Yanacocha que tiene una postura siempre cerrada, siempre confrontacional. Prefieren la corrupción de las autoridades o simplemente la vía de la utilización de los medios de comunicación para golpear.

Entonces, también hay diferencias entre una empresa y otra. Por ejemplo, la Vale Do Rio, empresa brasilera estaba mucho más abierta a denuncias, hasta que descubrimos que estaban contratando a mercenarios para intimidar a campesinos. Cuando hicimos esa denuncia, los de la Vale do Rio pasaron a la confrontación total, es decir hay un doble discurso.

En cambio, otras empresas como Rio Tinto, han mantenido una postura un poco más abierta para discutir incluso su tecnología con la gente. La misma Lumina Copper que está vinculada ahora a los chinos, está adoptando otra estrategia para entrar a las comunidades. Entonces, digamos que hay como diversas culturas organizacionales, diversas maneras de entender las relaciones que tiene que ver con la ausencia del Estado por un lado, la debilidad del Estado, y por otro también tiene que ver con la cultura de los propios funcionarios de la empresa. Unos están acostumbrados a tratar a los demás con desprecio y otros son más inteligentes para sus negocios. Entonces, son también maneras distintas de relacionarse y con cada una de ellas hay un trato relativamente diferenciado.

¿Y cuál crees entonces que debe ser la posición del Estado en esta situación?
Creo que un grave error de la gran minería en este momento, es que el Estado está ausente, es decir les deja hacer lo que quieren. Entonces, uno encuentra que hay empresas que actúan de una manera más inteligente, más respetuosa y otras más bárbara. Entonces, el Estado tiene que estar presente, para comenzar, con los estudios del impacto ambiental que no pueden estar aprobados por el mismo Ministerio de Energía y Minas. Es más, hace cuatro semanas ha renunciado el viceministro de energía y minas porque ha señalado que lo están presionando desde arriba para que apruebe más rápidamente los estudios de impacto ambiental. Es decir, el Estado no está cumpliendo su rol de garantizar buena gestión ambiental de las empresas mineras. En segundo lugar, creo que hay un tema muy importante que tiene que ver como esa riqueza que es patrimonio de todos los peruanos, efectivamente beneficia a todo el país, y eso no está ocurriendo. Ahora, existen contratos de estabilidad jurídica, contratos de estabilidad tributaria que son sumamente lesivos para el país, buenos para las empresas, malos para el fisco, malos para la comunidad.

En tercer lugar, creo que es muy importante exigir que las autoridades locales hagan buen gasto del poco dinero que está llegando y en todo caso se beneficien mucho más también de los ingresos que se podría mejorar. Es decir, el Estado tiene un rol aquí no solo de promotor de la inversión privada para favorecer empresa, sino que su rol fundamental es promover el desarrollo social, preservar el tema del desarrollo integral de la persona humana. Sólo que con en este gobierno como ha pasado con el gobierno de Toledo y de Fujimori, se ha invertido el rol del Estado. El Estado se ha privatizado y lo que necesitamos es que cumpla su función pública, es decir, dar seguridad, dar servicios y en este caso velar de los temas ambientales para que no haya daño a la salud de las poblaciones.

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