Menos del 30% del Estado cumple con la ley del silencio administrativo, advierte Defensora del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, destacó que a pesar de llevar más de un año en vigencia, la Ley del Silencio Administrativo no es cumplida a cabalidad por las entidades públicas. Esta conclusión, forma parte del Informe Defensorial Nº 145, titulado “Aplicación del Silencio Administrativo: los retos y las tareas pendientes”, que fuera presentado por la funcionaria.

“Como ustedes bien saben, desde enero del año 2008, está ya vigente la Ley del Silencio Administrativo que es una herramienta poderosa para la gestión pública y para la modernización del Estado. Sin embargo, a pesar que esta ley está vigente aproximadamente desde hace quince meses, en ese mismo período, es decir hasta mayo de este año la Defensoría del Pueblo ha recibido aproximadamente mil quejas mensuales, es decir un total de casi 15 mil quejas que son más del 30% de quejas que recibe la Defensoría del Pueblo, o que ha recibido en ese período. Y eso nos alerta, nos muestra que hay un problema muy grave con la aplicación de la ley de silencio administrativo, que es una buena ley, pero que es evidente que no se está cumpliendo y este informe 145, así lo establece”, expresó Merino al respecto.

El estudio defensorial, permite conocer cifras verdaderamente alarmantes que evidencian la poca voluntad de las instituciones públicas para que la relación entre los ciudadanos y el Estado se vea fortalecida. “Cuatro de cada 10 funcionarios que hemos entrevistado, por ejemplo, dicen que no saben que la ley de Silencio Administrativo tiene carácter de declaración jurada. De los 2186 organismos del Estado, por ejemplo, sólo 27% es decir, 591 cumple con adecuar sus TUPA a la Ley de Silencio Administrativo, es decir, ni 30% del Estado está cumpliendo con la ley. De esta misma cantidad de entidades del sector público, solo el 2% emiten normas para fiscalización posterior. Es decir, no cumplen, ni tampoco emiten las normas para que se fiscalice que no están cumpliendo”, puntualizó la Defensora.

Por ello, Merino exhortó a las diferentes entidades públicas, materia del informe, al diálogo que permita el cumplimiento de esta ley. Asimismo, advirtió que esta problemática también afecta a la inversión, instrumento indispensable en nuestro desarrollo económico.

Mira estas noticias relacionadas:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.