Juez inicia proceso penal contra periodista en Yurimaguas

IPYSEl Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denuncia que, en Yurimaguas, el periodista Geovanni Acate, director de Radio Oriente y Canal 8 TV, ha sido objeto de una causa penal, por parte del juez del Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas, Julio César Aquino, que considera que la cobertura que realizó en mayo pasado de la huelga indígena incitó a la violencia y el desorden público.

Juez inicia proceso penal contra periodista

El 7 de octubre de 2009, el juez del Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas, Julio César Aquino Medina, inició un proceso penal contra el periodista Geovanni Acate, director de Radio Oriente y Canal 8 TV, por considerar que la cobertura que realizó de la huelga indígena ocurrida en mayo pasado incitó a la violencia y el desorden público. El hecho ocurrió en Yurimaguas, región San Martín.

Según el juez, Acate, valiéndose de los micrófonos de la radio, azuzó a los indígenas y manifestantes para que se unieran y apoyen en las marchas, movilizaciones y bloqueo de carreteras. De esta manera, concluye, utilizó sus medios de comunicación con fines políticos para instigar a la población en contra del orden democrático.

Sin embargo, de acuerdo a Roberto Pereira, abogado del periodista, la emisión de opiniones favorables al ejercicio del derecho de reunión y manifestación, así como a sus motivaciones, no califica como instigación al delito ni menos aún como complicidad en la comisión de algún delito que personas concretas pudieran cometer en el contexto del ejercicio de los derechos mencionados.

A juicio de la defensa del periodista, se trata de un caso en el que se pretende criminalizar la línea editorial que Acate y sus medios mantuvieron frente a las protestas y paralizaciones realizadas por los indígenas de las etnias Shawi y Cocama Cocamilla, en Yurimaguas, que es ciertamente contraria a la posición que mantuvo el gobierno.

Pereira sostuvo que las transmisiones realizadas por el periodista Acate constituyen el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión e información, agregando que nadie puede ser sometido a un proceso penal por hechos que no constituyen delito y que, por el contrario, pretenden informar de los conflictos que ocurren en el país.

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