La jueza del Primer Juzgado Supraprovincial Jessica León Yarango, resolverá si acepta el pedido de semilibertad o libertada condicional presentado por Lori Berenson, condenada a 20 años de cárcel por sus vínculos con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sobre este tema la Defensora del Pueblo, Beatriz Marino, señaló que “la decisión de conceder o no beneficios penitenciarios a personas condenadas por terrorismo es una decisión que corresponde a la política criminal del estado. Desde la ley 29423 desde el 14 de octubre del año 2009 la decisión de la política criminal del estado es no otorgar beneficios, lo que es constitucionalmente admisible por la gravedad de estos delitos de terrorismo”.
Asimismo afirmó que hay que tener presente que hasta antes de la ley 29423 estaba vigente el decreto ley 927 que sí permitía que los condenados por esta causa se acojan a los beneficios penitenciarios de libertad condicional y de reducción de la pena por trabajo y educación. Fruto de este decreto desde el 2003 hasta diciembre del 2009, 489 presos por terrorismo dejaron la cárcel mediante la liberación condicional. “Desde el punto de vista de la Defensoría del Pueblo cualquier duda sobre la aplicación de estas normas debe ser evaluada y debe ser resuelta por el juez penal competente”, dijo Merino. Lori Berenson ha pedido este beneficio tras haber cumplido tres cuartas partes de su condena desde 1995. Berenson fue detenida en Lima con un grupo de militantes del izquierdista MRTA en 1995 cuando preparaban la toma del Congreso peruano para canjear a sus rehenes por “emerretistas” en prisión.

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