Defensoría del Pueblo propone al Gobierno asumir como prioridad reparaciones a víctimas de la violencia

En el marco de una reunión sostenida hoy con una delegación de autoridades comunales que llegaron de diversos distritos de las provincias de la región Ayacucho, para solicitar que el Estado atienda sus demandas en materia de reparaciones, el Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, anunció que su institución remitió una carta al Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, mediante la cual se propone una agenda para continuar las tareas pendientes a favor de las víctimas de la violencia política.

“La Defensoría del Pueblo considera que, en materia de reparaciones, el nuevo Gobierno debe asegurar los recursos suficientes para la implementación de los programas pendientes y, en particular, el de las reparaciones económicas individuales”, se expresa en el documento. Del mismo modo, y de manera específica, se propone la atención de cinco temas prioritarios, afirmó Vega durante la reunión que sostuvo con los representantes que llegaron desde Huanta, Huamanga y Vilcashuamán. Se busca también la posibilidad de que las víctimas beneficiarias del programa de reparaciones en educación, sedan su derecho a un familiar.

En cuanto a reparaciones económicas se plantea la revisión inmediata de las normas emitidas para dar inicio al Programa de Reparaciones Económicas, no solo del D.S. Nº 051–2011–PCM, sino de las directivas internas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que fueron aprobadas para viabilizar la entrega del dinero.

En materia de reparaciones en salud se recomienda el diseño y ejecución de un programa que contemple todos los componentes contenidos en el Reglamento del Plan Integral de Reparaciones (PIR) y atienda las afectaciones físicas y mentales generadas en el curso del proceso de violencia.

Se propone también unificar la Comisión Multisectorial Alto Nivel y el Consejo de Reparaciones para fortalecer la entidad a cargo de las reparaciones.

En razón de ello, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, puntualizó que esta propuesta no significa dejar de lado otros programas de reparación que se encuentran pendientes, como son la restitución de derechos, promoción y facilitación al acceso habitacional y simbólicas. “Esta es una obligación y un deber impostergable del Estado. Han pasado muchos años y algunas víctimas o sus familiares han fallecido sin recibir una atención integral y adecuada a sus demandas expresó”.

Finalmente, Vignolo reiteró la confianza de su institución en que las nuevas autoridades encaminarán sus esfuerzos para cumplir con las tareas pendientes en esta materia, permitiendo un proceso más participativo, inclusivo, dialogante, que escuche y valore los aportes de todas las víctimas y los de sus familiares.

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