LC sigue esperando justicia

A seis años de la tragedia y a dos años de la sentencia

Hace dos años el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw) responsabilizó al Estado peruano por violar los derechos humanos de la adolescente L.C., a quien se le negó la posibilidad de un aborto terapéutico, esa negación ha causado daños irreversibles en su columna, y ahora L.C. está postrada de por vida en una silla de ruedas.

El Comité Cedaw emitió un dictamen que colocó al Estado peruano como vulnerador de los derechos humanos de las mujeres por obligar a L.C. a mantener un embarazo forzado, producto de una violación, que puso en riesgo su vida y su salud, remarca que existieron estereotipos de género entre los médicos del Hospital Alcides Carrión, donde primó el rol materno por encima de la salud física y mental de la adolescente.

L.C. al relatar la terrible experiencia que tuvo que pasar a los 13 años, primero el de ser violada y segundo el haberle negado un aborto terapéutico, y las terribles secuelas de las mismas, señaló que:

“solo exigimos un aborto terapéutico porque la ley me amparaba a mí. Porque ya mi columna estaba rota, yo ya estaba cuadripléjica. Mi lesión era C6, C7, yo no movía ni una extremidad. Me daban de comer todo en la boca. Mi mamá paraba día y noche conmigo en el hospital”.

“Si los médicos me hubiesen operado a tiempo, me hubiesen hecho ese aborto terapéutico, yo no estuviera así. Mis manos no estuvieran así. Yo estaría ahorita estudiando, yo estuviera caminando tal vez con dificultad, pero no así de esta manera. Mi vida me la truncaron los médicos”, dice L.C.

Sobre el incumplimiento de parte del Estado peruano, L.C. señala que el presidente Ollanta Humala también tiene hijas mujeres. “Pongamos que el presidente Ollanta Humala Tasso no fuera presidente, fuera una persona normal y eso le pasara a una de sus hijas. ¿No cree que el señor Ollanta Humala pediría lo mismo que yo? Claro que lo pediría y con mucha razón. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos avala, que me avala a mí personalmente. Más aún que la CEDAW dio una sentencia que debe de pagarme mi reparación”, concluye.

En junio de 2009, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y el Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights) presentaron el caso L.C. ante el Comité de Naciones Unidas que monitorea el cumplimiento del Comité Cedaw. En octubre de 2011, el Comité se pronunció y declaró que el Estado peruano había violado los derechos de L.C. al incumplir con las obligaciones contraídas de acuerdo al tratado.

Asimismo, recomendó al Estado peruano proporcionar medidas de reparación que incluyan indemnización y medidas de rehabilitación a LC., que incluyan daños morales y materiales, de acuerdo a la gravedad de la violación de sus derechos y de su estado de salud, a fin de que goce de la mejor calidad de vida posible.

Y también recomendó medidas de no repetición entre ellas, el Comité recordó que si el Estado decidió legalizarlo debe establecer un marco jurídico apropiado que garantice la necesaria seguridad jurídica para quienes recurren al aborto como para los profesionales de salud que deben realizarlo; siendo esencial que se contemple un mecanismo de toma de decisiones de manera rápida, con miras a limitar al máximo los posibles riesgos para la salud de la mujer, y adoptar medidas para que los derechos reproductivos sean conocidos y respetados en todos los centros sanitarios.

Hace seis años a L.C. se le negó un aborto terapéutico pese a que su vida y su salud tanto física como mental corría peligro, y desde hace dos años una resolución emitida por un órgano de Naciones Unidas, obliga al Estado peruano a que se le dé una vida digna, L.C. espera rehabilitación, espera que el Estado cumpla con los tratados internacionales, y que el gobierno de Ollanta Humala apruebe el protocolo del aborto terapéutico, sin embargo a la fecha el Estado no ha dado ninguna respuesta, L.C. sigue esperando justicia.

Los hechos
L.C. es una adolescente peruana de bajo nivel socioeconómico, desde los 11 años fue víctima de múltiples abusos sexuales, en marzo de 2007 con sólo 13 años tras una violación quedó embarazada. Ella al sospechar que se encontraba embarazada intentó suicidarse, aunque sobrevivió al intento de suicidio, quedó paralizada del cuello para abajo y según los diagnósticos nunca más volverá a caminar, pese a que los médicos que la atendieron determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica urgente en su columna, no la intervinieron al enterarse que estaba embarazada.

El riesgo a la salud física y mental era evidente, por lo que la familia pidió que le realizarán el aborto terapéutico. Pese a la urgencia del caso, el director del Hospital dio respuesta a la solicitud un mes después, L.C., fue operada casi cuatro meses después, cuando ya era demasiado tarde, ahora L.C. está parapléjica, y requerirá de ayuda de terceros por el resto de su vida, incluso está imposibilitada para controlar sus funciones básicas, y depende de una sonda que debe cambiarse cinco veces al día.

Organismos internacionales y nacionales piden al Estado peruano que apruebe el aborto terapéutico:
Diversos organismos internacionales que monitorean el cumplimiento de tratados de derechos humanos vinculantes firmados por el Perú, le han dicho al Estado peruano que apruebe el protocolo de aborto terapéutico, que es legal en el país desde 1924, ya que no garantizarlo es un atentado contra los derechos a la vida, salud y autonomía de las mujeres, así se han pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación a la Mujer de las Naciones Unidas (Cedaw), el Comité de Derechos Humanos el Examen Universal de Derechos Humanos.

En el terreno nacional, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado frente al Ministerio de Salud, en informes defensoriales y de manera pública acerca de la necesidad de aprobar el protocolo de aborto terapéutico, asimismo se han pronunciado a favor el Colegio Médico del Perú, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y diversas organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, hasta la fecha hay un silencio gubernamental.

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