Asesinato de líderes asháninkas comprueba ausencia del Estado

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), conversó con Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sobre los asesinatos de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes asháninkas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), a manos de taladores ilegales de madera.
Pérez indicó que el 5 de setiembre los comuneros encontraron los restos de los cuatro líderes asháninkas y retornaron a la comunidad, donde se ha generado el pánico. Por su parte, las cuatro viudas viajaron junto con sus hijos en bote durante tres días hasta llegar a Pucallpa para pedir el apoyo de las autoridades
En cuanto a las razones del asesinato, la representante de la CNDDHH indicó que “Edwin Chota y toda la comunidad de Saweto estaban en una lucha frontal contra la tala ilegal. Habían puesto diferentes denuncias en Pucallpa, habían mencionado públicamente que estaban siendo amenazados pero nunca obtuvieron ninguna respuesta de las autoridades. Es más, la fiscalía -que tenía que viajar a la zona- dejó constancia por escrito que no contaba con recursos, ni presupuesto, ni logística para realizar los operativos. Hay un desinterés por parte del gobierno para proteger a estos ciudadanos”, denunció.

En esta segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la CNDDHH, informó las demandas que las viudas de los cuatro líderes asháninkas asesinados reclaman.
“Por un lado, está el tema de la reparación. Ellas no pueden esperar 2 o 5 años a que se desarrolle un proceso penal, que probablemente por las dificultades del caso no necesariamente va a llegar a la condena de nadie. Ellas necesitan una reparación ahora por parte del Estado, que es corresponsable de estas muertes, porque tienen hijos pequeños a los que atender. En la sociedad asháninka, si el esposo muere -que es el que caza y el que pesca-, esos niños, esas mujeres, ya no tiene forma de acceder a la carne ni al pescado. La demanda es que el Estado asuma una reparación inmediata para los deudos”, señaló.
La segunda demanda es la garantía de la seguridad en la zona. Se requiere una presencia policial permanente, las viudas han comunicado que no van a regresar a su comunidad hasta no estar seguras. Mar Pérez indicó que la comunidad de Saweto debería ser tratada como una población en desplazamiento forzoso.

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