A 11 años del informe de la CVR: Urge ley de búsqueda de desaparecidos

Conversamos con Eduardo Cáceres Valdivia, ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sobre la importancia de promulgar la Ley de búsqueda de personas desaparecidas a causa de la violencia ocurrida en el Perú, entre las décadas de 1980 y 2000; así como corregir diversos aspectos del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó una lista de aproximadamente 17 mil personas desaparecidas durante la época del conflicto armado interno (debidamente documentados), lo grave, indicó el ex presidente de Aprodeh, es que aún existen alrededor de cuatro mil lugares de entierros que faltan exhumar.
En el marco de la ley promovida se plantea un Protocolo que, sin prescindir de lo jurídico y la denuncia, facilite el hallazgo y la entrega del cuerpo a los familiares y que posteriormente esas pruebas se consideren para una hipotética denuncia de un delito. “No es simplemente sacar el cuerpo y entregarlo“, precisó Cáceres.
En cuanto al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este actuaría con un presupuesto y un protocolo nuevos, dicho Plan estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esta segunda parte de la entrevista, el ex presidente de APRODEH explicó las modificaciones que presenta el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000.
Una de estas modificaciones es la definición de la víctima, quiénes son las personas beneficiadas. Antes se consideraba a la víctima por familia, con el nuevo Plan se precisa que la víctima es la persona individual. Si un padre o madre de familia murió a causa de la violencia política y dejó tres huérfanos con su abuelo, en ese grupo son cuatro las víctimas que merecen reparación.
Otro aspecto es reforzar la coordinación entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (encargada de monitorear las reparaciones) con los Gobiernos Regionales. Asimismo, se debe considerar el aspecto mental de las víctimas e incorporarlos a una serie de programas sociales.
También es importante corregir la reparación en Educación, el Plan propone que se pueda transferir esta reparación a sus herederos. Por ejemplo, en el caso que la víctima -por su edad u ocupación- no desee hacer uso de su reparación educativa la puede transferir a su hijo o nieto.
El 1 de octubre, el Programa de Reparaciones Económicas entregó la lista número 12 que reconoce a 17 625 beneficiados y víctimas que deberán recibir la reparación económica de 10 mil nuevos soles.
Sin embargo, observó Cáceres, aún hay personas que no están inscritas en el Registro Único de Victimas. Estas personas pueden y deben inscribirse. Pero, lamentablemente, no tendrían derecho a la reparación económica, ya que así lo dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros al cerrar el registro en diciembre del año 2011. Este aspecto también se debe modificar porque es injusto, señaló.
Además, Cáceres Valdivia exhortó a que en el Congreso de la República se apruebe este proyecto de ley, puesto que recoge las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, del movimiento de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas.

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