AGENDA AMBIENTAL: Comunidades indígenas necesitan al Estado para luchar contra tala ilegal

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sobre la problemática de la tala ilegal en las comunidades indígenas, la cual provocó recientemente el asesinato del líder asháninka Edwin Chota y otros líderes en la comunidad de Saweto a inicios del mes de setiembre.
La muerte de este líder indígena, afirmó Sánchez, demuestra la inseguridad en las zonas de frontera de la selva peruana, donde hay presencia de mafias que amedrentan a las comunidades ante la ausencia del Estado.
“Tenemos que atenderlos, ellos son los ciudadanos más vulnerables dentro del ejercicio de ciudadanía nacional y a quienes mayor atención debemos brindarle para que no se sientan solos… para ir a un centro de salud en la zona de Alto Tamaya deben caminar 4 días, no hay puesto de defensa nacional fronterizo”, señaló el representante de la Defensoría del Pueblo.
El Programa de Pueblos Indígenas fue uno de los primeros en crearse en la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol articulador y mediador entre el Estado y los pueblos indígenas, uno de los temas en los que el Programa promueve el diálogo es el de la Consulta Previa, en el que se tiene monitoreado 16 procesos en marcha.

En esta segunda parte de la entrevista, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo explicó la agenda pendiente que se tiene respecto a las acciones en la tala ilegal y la titulación de comunidades.
Desde la Defensoría se ha recordado a la Presidencia del Consejo de Ministros que existe un informe con varios años de elaborado donde se indica un diagnóstico para fortalecer la institución forestal y defender la fauna silvestre, así como lo referente a la tala ilegal. Esta estrategia se creó en el año 2004 y todavía no ha sido implementada y debe ser actualizada.
De otro lado, en cuanto a la titulación, hay un conjunto de problemas: falta modificar las normas que en la actualidad son muy complejas, existen normas vigentes del año 1978, por lo que urge todo un marco que necesita actualizarse para simplificar los procedimientos. “Otro ámbito es la rectoría, quién da los lineamientos para problemas que puedan surgir en controversias de derechos múltiples sobre un espacio”, indicó el Jefe del Programa de Pueblos Indígenas.

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