AGENDA AMBIENTAL: ¿Hay transparencia en el sector energético peruano?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Aída Gamboa Balbín, especialista del Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones de DAR, sobre el estudio Estado de transparencia en el sector energético peruano. Dicho informe recoge el diagnostico a 16 entidades públicas del sector energético. La información obtenida durante el año 2014, también contó con un proceso de validación con las mismas autoridades estudiadas y talleres regionales en Cusco y Loreto.
Según Gamboa, se eligió estudiar el sector energético porque es fundamental para la población. Los proyectos de inversión en este sector generan impactos ambientales y sociales; por ello, la población debe conocer y saber cómo pedir información.
“El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental humano que está contenido en el derecho de libertad de pensamiento y expresión. Desde DAR realizamos un seguimiento a la solicitud de acceso a la información y en este año hemos incorporado solicitudes que realiza un ciudadano para contrarrestar si es que la respuesta de la entidad es la misma a una entidad como nosotros. Contabilizamos los días en que la entidad otorga la información para saber si se encuentra dentro o fuera del plazo”, señaló Gamboa.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Aída Gamboa Balbín, especialista del Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones de DAR. Ella indicó que, a través del estudio Estado de transparencia en el sector energético peruano, entidades como el Ministerio del Ambiente y OSINERMING han conseguido mejoras de cumplimiento de sus respectivos portales web.
En cuanto a las solicitudes de acceso a la información, las entidades en promedio han demorado 5 días en dar la información de lo que en el año 2013 excedía los 20 días. Sin embargo, en el caso del Gobierno Regional del Cusco todavía necesita más recursos. Existe el problema de accesibilidad de trasladar las solicitudes a la ciudad de Lima.
También preocupa el acceso de las poblaciones vulnerables, el cual todavía es un reto. Así, de las entidades con competencias directas solo el 40 % tiene mecanismos para la atención a población vulnerable y en las entidades con competencias indirectas es de 60%. Esto demuestra un bajo porcentaje si se observa que los proyectos de inversión energéticas se desarrollan en zonas de poblaciones indígenas, afirmó Gamboa.

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