Proceso de interdicción impide ejercer derechos a joven trabajadora de 31 años

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), en el Perú hay más de un millón y medio de personas con discapacidad, pero la situación se complica cuando los familiares de la persona con discapacidad recurren a la interdicción (proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de determinadas personas mayores de edad para el ejercicio de sus derechos). Al respecto, conversamos con Karin Liza, una joven de 31 años de edad que tiene síndrome de Down, quien luego de acceder a dicho proceso ha sido limitada de muchos de sus derechos. Asimismo, conversamos con su madre y representante Consuelo Gutiérrez.
“Hicimos el trámite de interdicción porque solicitamos la pensión que le correspondía luego de que su padre falleciera, pero la Oficina de Normalización Previsional (ONP) nos exigió la interdicción. Por ello, realicé la interdicción, pero no imaginé, ni sabía la trascendencia que generaría en Karin”, comentó la señora Consuelo.
Karin Liza trabaja hace dos años en una empresa dedicada a la actividad pesquera donde realiza actividades de fotocopia y atención al cliente. Sin embargo, está limitada a realizar acciones de manera independiente, debido a que, tras la interdicción, fue declarada incapaz por un juez. “Prácticamente la anula como persona, no puede votar, no puede realizar ningún trámite en el banco. Por ejemplo, le pagan en cheque pero no lo puede cobrar, yo tengo que hacerlo, incluso yo tengo que firmar su contrato de trabajo. Incluso me dice: si yo trabajo, ¿porqué tú tienes que cobrar?”
Incluso, Karin, no pudo sufragar en las elecciones municipales de 2014. “Voté dos veces anteriores pero la tercera vez me dijeron: usted no vota”, aseveró Karin.

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