Estado de emergencia causa temor y desconfianza en población de Islay

En nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Rocío Silva Santisteban Manrique, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sobre la situación que viven los pobladores de la provincia arequipeña de Islay, el cual se encuentra en estado de emergencia tras los sucesos ocurridos por el conflicto contra el proyecto minero Tía María.
Según la información que la CNDDHH ha recogido, durante los primeros días de junio “lo que notamos era el temor que ha producido el estado de emergencia, porque los dos primeros días la policía entra en la noche a diferentes casas e irrumpe de una manera violenta y se llevan a 14 personas, las detienen y finalmente las libera […] la situación fue absurda”, relató Silva Santisteban.
Asimismo, aclaró que, en un estado de emergencia, la policía tiene la facultad de entrar a los domicilios y retirar a una persona sin orden de juez; sin embargo, han ocurrido incidentes que no pueden repetirse, como el que algunos serenos fueran agredidos por efectivos del orden en Cocachacra, ya que, según la policía, había toque de queda, situación que era falsa. También, prohibieron los cacerolazos, una expresión legítima de protesta por parte de las mujeres.

Continuamos con nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON, y la entrevista a Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Ella sostuvo que se viene desarrollando un clima de amedrentamiento de la protesta, dirigida especialmente contra actores políticos, dirigentes sociales y que busca, por parte del Estado, la desmovilización. Sin embargo, lo único que está consiguiendo esta situación es una indignación general.
Silva Santisteban también opinó sobre el caso de Pepe Julio Gutiérrez: “francamente, ahí no hay nada que decir. Ahora, el daño que ha producido este sujeto, no solamente en la propia protesta, es también un golpe fuerte a toda una forma de plantear una propuesta posextractivista en la que yo sí creo”. Sin embargo, también dijo que con este dirigente no cae la protesta.
Expresó, finalmente, que la decisión de la CNDDHH durante los conflictos ocurridos en el Perú es estar de lado de las víctimas: “las víctimas se están produciendo de varios lados; pero, básicamente, de las 51 personas muertas durante el gobierno de Ollanta Humala, 43 se han producido por uso de la fuerza de la policía nacional o del ejército: son civiles y de esos 43, el 90% por proyectiles de armas de fuego”, mencionó.

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