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Núcleos ejecutores: como si pueden funcionar bien

En su mensaje de 28 de julio, el Presidente García ha dicho que, como los gobiernos regionales y municipios no ejecutan el gasto público y hacen obras, habrá que dárselas a la población para que “núcleos ejecutores juveniles” las hagan. Habiendo llegado a ser Director de Foncodes luego de haber hecho algunos estudios sobre el tema, y conociendo por eso de cerca la experiencia de los Núcleos Ejecutores que inventó esa institución, vale la pena esclarecer porqué y hasta qué punto fueron exitosos.

No puedo dejar pasar, sin embargo, la premisa falsa del mensaje presidencial: los datos muestran que, en el primer semestre de este año, los municipios han sido mejores ejecutores del gasto público que el gobierno central que dirige Alan García y su gabinete. Que mire la viga en el ojo propio antes de ver la paja en ajeno, y que en consecuencia si piensa acelerar el gasto, quite presupuesto a sus ministros ineficientes y no a los alcaldes eficaces.

Recordemos primero las características de los Núcleos Ejecutores de Foncodes. La comunidad elegía en asamblea que obra realizar, de una lista posible y elegía a 4 directivos que conformaban el Núcleo Ejecutor. No se necesitaba para ello tener proyectos definitivos ni pasar por el SNIP, como ahora exige el MEF a los municipios para incluir obras en su presupuesto participativo; los estudios los contrataba y financiaba Foncodes. Luego de ello, elaborado el proyecto y su presupuesto, el Núcleo Ejecutor recibía los fondos para llevar a cabo la obra y hacer las compras. El equipo técnico de Foncodes, desconcentrado en todas las regiones, cumplía funciones claves: seleccionaba a los profesionales que debían hacer los estudios y presupuesto de las obras, a los técnicos que debían dirigirlas, y a los profesionales que las supervisaban.

El sistema funcionaba. Puedo decir con orgullo compartido con los trabajadores de Foncodes entre otros logros que, cuando se nos encargó reconstruir más de cien colegios y centros de salud rurales destruidos por el terremoto que en junio del 2001 asoló el sur del país, en menos de 8 meses estaban todos listos. Lástima que, en una de las malas decisiones de este gobierno, se decidiera desactivar Foncodes, para luego revivirlo a medias.

Por cierto, este sistema sólo operaba en zonas rurales. No era por capricho: es allí donde las instituciones públicas están menos presentes y donde la organización comunitaria, históricamente, funciona mejor. Pero como se ve, no es cuestión solamente de darle plata a las comunidades como anuncia el Presidente García. Se necesita el apoyo técnico de una institución que opere profesionalmente, y eso es lo que se ha perdido y el Presidente García parece olvidar.

Existe además el riesgo de que, al estilo fujimorista, eso sirva como un gigantesco esquema de clientelismo político: “sólo hago tu obra si votas por mí en las próximas elecciones”. Fujimori logró así respaldo político para por otro lado embolsarse miles de millones de privatizaciones en sus bolsillos y de sus familiares. La apresurada juramentación de 100 Núcleos Ejecutores en Lima, un día después de haberse anunciado la idea al país y sin que medie ninguna convocatoria pública o norma legal al respecto, son muy indicativos de que ese clientelismo está de regreso, hoy hacia quienes tienen el carné de la estrella aprista. El Presidente ha dicho que el pueblo será el fiscalizador, pero ¿cómo podemos fiscalizar si no sabemos a quiénes se ha entregado dinero, cuánto se les ha dado y para qué? Al día de hoy, la hoja web de Foncodes no dice nada de estos 100 Núcleos Ejecutores, absolutamente NADA.

Por otro lado, el Perú de hoy no es el del año 2000. Ha habido un fortalecimiento de los municipios y del presupuesto participativo, que permite que las comunidades rurales prioricen sus obras considerando no solamente su realidad aislada, sino también las sinergias que pueden hacer en su distrito en el marco de plantes de desarrollo concertados. De esta manera, además, se reducen los riesgos de un clientelismo corrupto. En ese sentido, entre los cambios que introdujimos en Foncodes en el 2001 estuvo la priorización participativa distrital de las obras y el modificar los Núcleos Ejecutores incluyendo en ellos a representantes de los municipios, De ese manera se mejoró la transparencia y la capacidad de gestión, y promovió la articulación entre municipios y comunidades. En contraste, ni un municipio estuvo presente en la juramentación de Núcleos Ejecutores en Palacio de Gobierno este 29 de julio.

Si de verdad se quiere fomentar las obras públicas y el desarrollo rural, el camino no es hacer las cosas “a las patadas”, amenazando a los municipios con quitarles presupuesto para dárselos a Núcleos Ejecutores sin el mínimo de transparencia. Este camino, iniciado por Alan García, solo va a acentuar las divisiones y los conflictos. Por el contrario, lo que hay que hacer es facilitar a los municipios la ejecución de obras dándoles presupuesto y quitándoles trabas innecesarias, fortalecer los procesos participativos, y establecer una institución que de asistencia técnica y fortalezca las capacidades de los municipios rurales. En este esquema, nuevas formas de ejecutar las obras, con mayor flexibilidad y cogestión entre municipio y comunidad, lo que podrían llamarse Núcleos Ejecutores mixtos, pueden tener un rol que jugar.

Gasto social: urge aumentarlo

¿Qué debe esperarse del gasto social que realiza el Estado en tiempo de crisis?

Lo conveniente para el país es que el gasto social aumente.

Hay una razón social para ello: la gente tiene mayores necesidades, porque ha perdido el empleo o sus ingresos se han reducido, y por lo tanto le es más difícil cubrir el pago de los útiles escolares, o de las medicinas y gastos médicos si viene el caso. Además, cuando la economía está en recesión y las ventas de las empresas están cayendo, el gobierno tiene que estimular la demanda. Sólo así puede evitar que la caída económica se agrave. Es lo que hoy hacen casi todos los gobiernos del mundo, desde Estados Unidos y los países europeos, hasta China, Brasil y Chile. Aumentar el gasto público es una de las alternativas más evidentes; y el Plan AntiCrisis presentado por el gobierno, según se dijo, incluía 10 mil millones de soles más de gasto público. Aunque la mayor parte se anunció que iría a obras de infraestructura, una parte minoritaria debía ir a gasto social.

Pero eso no ha sucedido. Las siguientes cifras muestran el gasto social, en millones de soles, en los primeros semestres del 2008 y el 2009.

Educación y cultura. Primer semestre 2008: 5.551; Primer semestre 2009: 5.623.
Salud y Saneamiento. Primer semestre 2008: 3.859; Primer semestre 2009: 3.477.
Protección y Previsión Social. Primer semestre 2008: 5.365; Primer semestre 2009: 5.465.
Gasto Social. Primer semestre 2008: 14.775; Primer semestre 2009: 14.565.

Como se puede ver, el gobierno en vez de aumentar el gasto social, lo ha reducido en más de 200 millones de soles. Como además en este tiempo los precios han aumentado producto de la inflación, el recorte real es bastante mayor, equivalente a unos 700 millones de soles. En el área social, y sobretodo en salud y saneamiento, Carranza es igual a Valdivieso, un recortador de gasto.

Desde luego, este recorte de gasto social tiene consecuencias muy directas. Por ejemplo, el Seguro Integral de Salud (SIS) atraviesa una enorme crisis porque adeuda a los hospitales y centros de salud varios meses, por lo cual hay desabastecimiento de medicinas y en muchas localidades la atención se ha restringido seriamente. El tema es materia de preocupación central entre los interesados en salud pública, y será motivo de debate en la Cuarta Conferencia Nacional de Salud que ForoSalud organiza para los días del 24 al 26 de agosto.

La conveniencia de aumentar el gasto social durante las crisis también tiene una justificación política: el Estado tiene que buscar frenar el natural descontento que siente la gente cuando ve si situación económica empeorar. Pero el gobierno ha preferido incumplir sus promesas una vez más. Dijo que aumentaría el gasto social como parte del Plan AntiCrisis, y en vez de eso lo disminuye. ¿Por qué? No es causalidad que este recorte del gasto social suceda cuando los ministros de salud y del MIMDES no han sido apristas sino vinculados a Yehude Simon. La subordinación de Yehude a Alan García ha sido tan grande que ni siquiera ha conseguido un poquito de aire presupuestal a los ministros más cercanos a él.

Además, Alan García no ha tenido ninguna visión ni propuesta para lo social, manteniendo la idea de que todo lo resuelven las grandes empresas. Incluso con la crisis, se aferra esta misma idea, que lo social no importa. En esa situación, no cabe extrañarse de que la protesta social siga creciendo. El nuevo Premier debe tomar nota y cambiar de rumbo.

La crisis continúa

Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, revela que en Estados Unidos hay 8,5 millones de empleos menos con la recesión y que los salarios están al borde de una caída. “Esta es la receta para caer en una deflación estilo japonés, que es muy difícil de revertir. ¿Alguien dijo década perdida?”, insiste en un artículo publicado en el New York Times el viernes pasado. En el Perú, mientras el MEF rebaja (por cuarta vez) su pronóstico de crecimiento de este año, a 3%, por primera vez un gremio empresarial salía con una cifra distinta: la Cámara de Comercio de Lima habla de 2,2%, aclarando que eso supone que el Plan AntiCrisis funciona.

Pero no está funcionando. Las previsiones del MEF se basan en un aumento de la inversión pública del orden del 52% en el 2009, pero en el primer semestre del año sólo ha llegado a la mitad de esa cifra. Por cierto, entre los distintos niveles de gobierno, lideran el ranking de ejecución los municipios, cuyo avance es mayor que el del gobierno central. La última cifra publicada de producción industrial: negativo en 14%. El empleo en este sector ha caído 7%, lo que significa 23 mil empleos menos. La electricidad, un indicador más amplio de la actividad económica, muestra prácticamente una paralización: apenas +1,8% de enero a mayo. Las ventas de cemento, muy vinculadas a la construcción, en el último trimestre registrado han sido 10% menores que el tercer trimestre del año pasado. Las exportaciones totales han caído, 34%, mientras las no tradicionales, 23%. El crédito al sector privado, que en los primeros 5 meses del año pasado creció 4,200 millones de soles, este año ha retrocedido en 1,800 millones. Es decir, hay 1,800 millones de soles menos entre los prestatarios, dinero que antes sustentaba compras de los consumidores así como el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.

La caída de precios, ¿es acaso una buena noticia? Para los consumidores, claro, quién querría pagar más. Pero una caída generalizada de precios, o deflación como se conoce entre los economistas, refleja que no hay demanda. Los consumidores están comprando menos, porque no tienen empleo, porque tienen menos ingresos, y porque en vez de tener más crédito tienen que pagar sus deudas. Y cuando lo consumidores compran menos, las empresas se ven obligadas a recortar su producción y su empleo.

Ante tales noticias, el ministro Carranza anda escondido. Casi no se le ve. En su última aparición, indicó que ya “habíamos tocado fondo” y que ya empezaba la recuperación. Sólo que ya lo va diciendo como por quinta vez. Estamos pagando las consecuencias de un Presidente y sus ministros que creen ciegamente en la propaganda neoliberal. Ellos creen que el mercado no puede fallar. Si la realidad no les da razón, eso no les hace cambiar, sino que entran en un proceso de negación.

La crisis económica tiene viada. Como se paró a tiempo, es inevitable que siga los próximos meses. Pero su duración puede prolongarse más si no se actúa inteligentemente. Sigue siendo urgente un Plan Anti-Crisis que apoye la inversión descentralizada, que promueva mayores salarios para que haya más demanda, que gaste en mejorar la salud y la educación, que otorgue empleo temporal masivo, que apoye a los agricultores y ganaderos más golpeados por la caída de precios.

Concentrar el Plan AntiCrisis en las grandes empresas no ha dado resultado hasta ahora. Un plan de ancha base, donde los trabajadores, el gasto social, los agricultores y las pymes también tengan apoyo y sean agentes de la recuperación, era y sigue siendo el mejor camino para enfrentar la crisis.

Gas y petróleo ¿De todos los peruanos?

Durante su enfrentamiento con los pueblos indígenas, Alan García insistió en que 400 mil “nativos” no podían impedir que 28 millones de peruanos aprovechemos los recursos naturales. “Ya llegó el momento de abrir las carreteras (…) para eso se nos ha elegido, no para lavarnos las manos y decir: para que no haya ningún herido miro para otro lado y mientras tanto nos quedamos sin gas y sin petróleo, ¿eso quieren?”, expresó días antes de la masacre de Bagua.

Es cierto que nuestra Constitución establece que los recursos naturales, como el gas y el petróleo, y como los minerales, pertenecen a la Nación. Pero, ¿realmente el gas y el petróleo resultan beneficiando a todos los peruanos?

¿Para quién es el gas?

Como nación, tenemos la suerte de contar con el gas de Camisea, una fuente de energía barata y relativamente limpia. No sólo eso: la empresa que invirtió en su exploración, la Shell, decidió no explotarlo. Nos lo dejó sin compromiso alguno. Y en esas condiciones, el gobierno peruano en el 2001 suscribió un contrato para su explotación, es decir, para extraerlo, separar líquidos de gases, transportarlos a la costa y venderlos.

Hasta ahí la historia iba más o menos bien. Pero a los socios principales del Consorcio Camisea se les abrió el apetito, querían recuperar su dinero rápido. Y como vender gas en el mercado interno parecía ir muy despacio, decidieron exportarlo, aún cuando esto no estaba legalmente permitido: la ley peruana establecía que debía asegurarse el abastecimiento del mercado interno peruano por 20 años permanentes, antes de pensar en exportar, y eso no estaba asegurado con las reservas existentes. Hunt Oil estaba asesorada por Pedro Pablo Kuczynski, que acababa de ser ministro de economía, e iba a ser Primer Ministro poco después.

Entonces, hicieron dos cosas. Una, dijeron que había más reservas de las que realmente había. Una empresa internacional acaba de indicar que en Camisea hay poco más de 8 TCF de gas, mientras el gobierno hablaba de hasta 11 y hasta 14 TCF. Por otro lado, hicieron un lobby para cambiar la ley, y lograron que el gobierno les aprobara la exportación de 4 TCF de gas a México.

Ahora, revelada la verdad, cuando el Perú ha empezado a crecer económicamente, ya no hay gas para los peruanos. Ya no alcanza para más. Necesitamos más electricidad, pero tenemos que usar fuentes más caras, incluido el diesel, porque ya no se puede usar más gas. Inversiones en nuevas industrias que quieren usar gas porque es una energía barata, y así poder competir internacionalmente, ya no les venden.

¿Gas para todos los peruanos? ¿O gas de Hunt Oil y Repsol para exportación?

Petróleo: ¿Cuánto para los peruanos?

La Universidad de Columbia presentó recientemente un estudio sobre como se distribuye la renta petrolera, es decir las ganancias provenientes de la explotación de petróleo descontando los costos, entre los estados y las trasnacionales. Comparan el Perú con otros países. Resulta que en Azebaijan, el Estado se queda con 85%, en Rusia, con 87%, en Egipto, con el 78%, en Venezuela (en contratos firmados antes de Hugo Chávez), con el 95%. En el Perú en los contratos firmados con este gobierno, el estado se queda con sólo un 50 a 55% de la renta petrolera.

Las condiciones bajo las cuales este gobierno ha concesionado lotes petroleros que hoy ocupan tres cuartas partes de nuestra amazonía, no son favorables para el país. ¿Debemos extrañarnos? Estas concesiones petroleras se otorgaron de manera muy poco transparente. El “faenón” de Rómulo León fue su marca de origen. La entrega de casi toda la amazonía de un solo golpe en condiciones desfavorables sugiere que desde quienes están en el gobierno ha habido apuro por hacer negocios, no sólo por facilitar los negocios de otros.

No es el único caso de corrupción en el sector petrolero. Cuando se vende la empresa Petrotech, que extrae el petróleo peruano, su dueño el sr. Kallop dejó de pagar U$ 270 millones de dólares de impuestos. Así lo estableció una Comisión Investigadora del Congreso dirigida por un congresista aprista, es decir, no de la oposición sino del gobierno. Pero no se ha movido un dedo para cobrar ese dinero, y el congresista Johny Peralta se ha quedado bien calladito después de anunciar los resultados de su investigación. ¿Tendrá esto alguna relación con los vínculos de Mr. Kallop con la campaña electoral de Alan García que un medio de circulación nacional revelara semanas atrás?

Además, por cierto, prácticamente toda la explotación petrolera en el Perú es hecha por trasnacionales. Petroperú ya no explora ni explota petróleo, como sí lo hacen ENAP de Chile, PEMEX de México o ECOPETROL de Colombia.

Concesiones y pueblos indígenas

Las concesiones para extraer materias primas de nuestra selva son el mayor conflicto entre el gobierno y las empresas trasnacionales de un lado, y los pueblos indígenas del otro. Las concesiones han sido otorgadas sin ningún diálogo ni consulta, con el antecedente de que anteriores explotaciones de petróleo han causado daños ambientales tremendos. En el río Corrientes, hay más de 90% de niños con exceso de Cadmio en la sangre.

Las concesiones otorgadas violan el Convenio 169 de la OIT, que obliga al consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios. Hasta “The Economist”, la prestigiosa revista inglesa de corte liberal, indica en su último número que hay conflictos porque en algunos lotes se superponen concesiones con territorios indígenas.

La explotación de gas y petróleo debe ser, efectivamente, para beneficio de todos los peruanos. En especial, debe servir para mejorar, y no para empeorar, la calidad de vida de quienes viven en esas regiones. Eso es lo que dio origen al canon. Eso es lo que reclaman los pueblos indígenas de nuestra amazonía, y tienen razón.

Revisar las concesiones extractivas en la selva

Instalada la Comisión de Diálogo con los pueblos indígenas, hay que insistir en la necesidad de revisar las concesiones para la extracción de petróleo y metales en la selva peruana. La derogatoria de los Decretos Legislativos dificulta el que se quiten y afecten más territorios a los pueblos indígenas, pero no atiende los problemas de las concesiones ya hechas y que deben entrar en exploración, y quizás explotación, en los años próximos. Alan García ha dicho, en su enfrentamiento con los pueblos indígenas, que “el petróleo es de todos los peruanos” y no sólo de “los nativos” (término usado por García). Pero un estudio presentado esta semana en el Congreso de la República por la prestigiosa Universidad de Columbia, indica que ese petróleo no era tan peruano después de todo. Este estudio muestra cómo se distribuye la renta petrolera, las ganancias provenientes de la explotación de petróleo descontando los costos, entre los estados y las trasnacionales comparado el Perú con otros países. Resulta que en Azerbaijan, el Estado se queda con 85%; en Rusia, con 87%; en Egipto, con el 78%; en Venezuela (en contratos firmados antes de Hugo Chávez), con el 95%. En el Perú en los contratos firmados con este gobierno, el estado se queda con sólo un 50 a 55% de la renta petrolera.

Las condiciones bajo las cuales este gobierno ha concesionado lotes petroleros que hoy ocupan tres cuartas partes de nuestra amazonía, no son favorables para el país. En las diplomáticas palabras de los expertos de la Universidad de Columbia, “el contrato modelo está orientado fundamentalmente a conseguir inversión extranjera a un coste quizá demasiado alto”. Por cierto, estas concesiones petroleras se otorgaron de manera muy poco transparente. El “faenón” de Rómulo León fue su marca de origen. La entrega de casi toda la amazonía de un solo golpe en condiciones desfavorables sugiere que desde quienes están en el gobierno ha habido apuro por hacer negocios, no sólo por facilitar los negocios de otros.

Estas concesiones para extraer materias primas de nuestra selva son el mayor conflicto entre el gobierno y las empresas trasnacionales de un lado, y los pueblos indígenas del otro. Las concesiones han sido otorgadas sin ningún diálogo ni consulta, con el antecedente de que anteriores explotaciones de petróleo y oro han causado daños ambientales tremendos. En el río Corrientes, hay más de 90% de niños con exceso de cadmio en la sangre. En Madre de Dios, la extracción de oro daña los ríos tremendamente contaminándolos con mercurio, que es muy dañino. Reclamos indígenas respecto de industrias extractivas se han registrado en el nororiente (minera Dorato), en el norte (Pluspetrol) y en el sur (Camisea) del país.

Por su parte, la extracción ilegal de madera como la caoba, por ejemplo, ha sido tan fenomenal que ha generado reclamos internacionales. A ello se añaden la entrega de grandes extensiones de terreno a sectores empresariales como el grupo Romero, para la producción de palma y biodiesel, añadiendo así a la deforestación. En el colmo, ahora el grupo Romero insiste en que todos los peruanos paguemos más por la gasolina, para que ésta incluya su etanol que es más caro. Las concesiones otorgadas violan el Convenio 169 de la OIT, que obliga al consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de la explotación de recursos naturales en sus territorios. Hasta The Economist, la prestigiosa revista inglesa de corte liberal, indica en su último número que hay conflictos porque en algunos lotes se superponen concesiones con territorios indígenas.

Así, las concesiones petroleras son ilegales, son inconvenientes para el país y han sido hechas bajo sospechas de corrupción. Como ha dicho el premier Yehude Simon y el presidente García en relación a los Decretos Legislativos, mejor empezar de nuevo. Para que eso sea verdad, el empezar de nuevo también tiene que aplicarse a las concesiones petroleras y mineras.

Amazonía: Dos modelos en pugna

La magnitud del conflicto amazónico sólo puede explicarse porque expresa el conflicto entre dos modelos de desarrollo en pugna. El modelo primario-exportador, de extracción de materias primas, ha sido llevado a su extremo con la política neoliberal. Si en la sierra lo que ha sido dominante ha sido la minería, en la selva ha sido el petróleo y el gas. Pero en ambos casos, sierra y selva, minería y petróleo, los efectos económicos y sociales han sido similares: muy pocos empleos generados; severos efectos ambientales que impactan sobre la salud de la población; y deterioro de la agricultura y la pesca de la que viven los indígenas, mestizos y campesinos de esas zonas. En la selva, esto se agrava con la extracción salvaje de madera y oro, con amenazas a futuro provenientes de las nuevas concesiones mineras y para etanol.

En ambas regiones hay casos emblemáticos. En la selva, la zona del río Corrientes explotada por Pluspetrol, ha generado que más del 90% de los niños tengan niveles tóxicos de cadmio en la sangre; en la sierra, ha sido Doe Run en La Oroya quien se lleva el premio. En ambos casos, se ha logrado alguna vigilancia ambiental gracias a la presión ciudadana, pero las empresas y el estado incumplen los compromisos asumidos de limpieza y reparación de los daños ocasionados.

La teoría del “perro del hortelano” de Alan García lleva al extremo este neoliberalismo. Según lo escrito por nuestro Presidente, todos esos efectos ambientales negativos no existen, porque “en la actualidad las minas conviven con las ciu­dades sin que existan problemas…” (seguramente se refiere al caso de La Oroya, ¿o será a Cerro de Pasco?). A su juicio, los indígenas no basan su economía en esas tierras: “hay millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar”. ¿De qué creerá García que viven los indígenas y campesinos? ¿Del aire?

Hay progreso y oportunidades

El propio Antonio Brack Egg, actual ministro (desaparecido) del Ambiente, nos mostró en decenas de reportajes las posibilidades económicas de la selva peruana. Varias de estas experiencias se desarrollan con los indígenas. En Madre de Dios, hay negocios de turismo ecológico hechos en convenio entre empresarios extranjeros y comunidades nativas. En la selva de Loreto, hay pueblos indígenas explotando de manera sostenible la madera. El desarrollo de piscigranjas, por parte de comunidades nativas, ha sido favorecido por nuevas tecnologías del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y promovido por gobiernos regionales como el de San Martín. Comunidades awajún han avanzado en su actividad productiva con piscigranjas y mejoras de su cultivo del cacao apoyados por la ONG SAIPE. La propia AIDESEP, hoy reconocida por representar a los indígenas y organizar su movilización, tiene décadas de experiencias exitosas en proyectos de salud y educación.

Hay, además, una gran riqueza por aprovechar en nuestra amazonía. El bosque es un sumidero de carbono, prestando así un gran servicio a la humanidad en estos tiempos de calentamiento global, servicio que debe ser pagado por los países desarrollados que son los grandes contaminantes. La biodiversidad nos puede permitir desarrollar muchos productos de gran valor, sobretodo medicinales, nutricionales y de cuidado personal. Aprovechar la riqueza ecológica de la amazonía, priorizando sus recursos renovables en vez de limitarse a extraer petróleo, oro y madera “a la mala”, tiene como gran ventaja su sostenibilidad. El petróleo y el oro, con toda seguridad, se acabarán. El bosque, si se le cuida, no.

Petróleo: ¿de todos los peruanos?

El último argumento de Alan García es que el petróleo es de todos los peruanos, y que 400 mil nativos (así dice él en su desinformación o demagogia) no pueden ir en contra de 26 millones de peruanos. Bueno, yo soy parte de esos millones de peruanos que no somos indígenas. Pero resulta que cuando se vende la empresa Petrotech, que extrae el petróleo peruano, su dueño, el Sr. Kallop, dejó de pagar U$ 270 millones de dólares de impuestos. Así lo estableció una Comisión Investigadora del Congreso dirigida por un aprista, es decir, no de la oposición sino del gobierno. Pero no se ha movido un dedo para cobrar ese dinero. ¿Tendrá esto alguna relación con los vínculos de Mr. Kallop con la campaña electoral de Alan García que un medio de circulación nacional revelara semanas atrás?

Además, por cierto, prácticamente toda la explotación petrolera en el Perú es hecha por trasnacionales. Petroperú ya no explora ni explota petróleo, como sí lo hacen ENAP de Chile, PEMEX de México, PETROBRAS de Brasil o ECOPETROL de Colombia, para hablar solamente de países vecinos que no registran cambios políticos más nacionalistas como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Además, cuando se concesionaron los lotes petroleros, el ex ministro y congresista aprista Rómulo León, junto con el aprista Manuel Químper, vicepresidente de Perúpetro, y el sr. Fortunato Canaán a quien el ex premier aprista, Jorge Del Castillo, visitaba en su suite y que hacía costosos regalos al ex – ministro aprista Hernán Garrido – Lecca, hicieron un “faenón”.

¿Disculpe, Sr. García, ese petróleo que pertenece a los 26 millones de peruanos, podría decirnos más o menos cuánto nos beneficia a los 25 millones 999 mil 900 peruanos que no somos del cogollo del gobierno? Lo cierto es que los impuestos y regalías pagados por el petróleo en las últimas décadas no llegan ni al 5% de los ingresos del estado.

Democracia y economía

Pero la gran cuestión en debate hoy, es si cualquier propuesta de desarrollo para la selva peruana puede hacerse en contra de sus habitantes, indígenas y mestizos. Para el neoliberalismo extremo, como el petróleo y el oro valen mucho, no importa que su explotación le cueste la vida a los pueblos que allí habitan desde milenios atrás. Al extremismo ideológico le sale su vena autoritaria.

Hay otra posibilidad. La de un desarrollo de la amazonía y de la sierra que sea económico y social, con su gente y no contra ella, mediante acuerdos y no puras imposiciones, que respete al medio ambiente y sea sostenible. La extracción de petróleo, oro y madera pueda darse, en este esquema, de una manera limitada, cuidadosamente regulada y en acuerdo con los pueblos indígenas. Sólo así, la riqueza de nuestra amazonía servirá para que la mayoría de peruanos, y sobretodo los más pobres, se vean beneficiados por esa riqueza que, como dice la Constitución, le pertenecen a la Nación, y no al señor Alan García.

Neoliberales ciegos

Una fe ciega ha inspirado las políticas económicas en los últimos 20 años en muchas partes del mundo: el neoliberalismo. Los neoliberales sustentan la tesis de que el mercado lo resuelve todo, o casi todo, y que mientras más poder tengan las empresas y menos Estado haya, mejor. La crisis internacional ha traído por tierra esta ideología: han sido los mercados financieros, precisamente con muy poca supervisión del Estado, los que han perdido 8 trillones de dólares, millones de millones de dólares, de dinero que la gente confió a esos bancos.

Sin embargo, el gobierno aprista no sólo continúa este modelo, sino que lo profundiza. Los TLCs con Estados Unidos, China y Chile nos amarran a darle total libertad a la inversión extranjera, impidiendo su regulación. Con el TLC recién firmado, el Perú no podrá impedir que empresas chilenas asuman el control de empresas privadas en puertos, aeropuertos u otros servicios estratégicos, lo que Chile sí puede hacer respecto de las empresas peruanas. Los TLCs dan derechos especiales a las empresas a reclamar ante tribunales internacionales y nos obligan a permitir la libre salida de capitales, precisamente cuando el mundo se da cuenta que esta libre movilidad de capitales ha sido uno de los factores de desregulación financiera que ha provocado y profundizado la crisis.

Concesiones antinacionales como Paita

El gobierno insiste también en concesiones antinacionales que sólo favorecen a las empresas y no a los consumidores ni al desarrollo, como es el caso del puerto de Paita. Sigue así varios malos ejemplos que hemos tenido en el pasado. Uno fue la mal llamada “Vía Expresa” del Callao, donde sin que se hayan hecho mejoras nos cobraron peaje durante años a beneficio de la empresa favorita de Alex Kouri. Otro viene siendo la Interoceánica Sur, cuyo costo ya no será de 800 millones sino de 1,300 millones de dólares. Es también el caso del gas de Camisea, que al aprobarse la exportación para que haga negocio una gran empresa asesorada por PPK, ya no podrá abastecer el mercado interno provocando el alza de tarifas eléctricas. Con la misma política neoliberal, ahora se quiere privatizar el puerto de Paita bajo condiciones que aseguran grandes ganancias a las empresas privadas pero donde todos los riesgos los corre el Estado. En efecto, si la empresa no logra que haya suficientes ingresos en Paita, el Estado les pagará. Además, por cierto, de que no se obliga a que hagan ninguna obra por los dos primeros años, en los cuales claro que se quedarán con las ganancias que hoy día genera el puerto.

Tampoco son estos los únicos problemas del “libre mercado” en el Perú. La resistencia de Alicorp, del Grupo Romero, que controla el 60% del mercado nacional de aceites, a rebajar los precios que había multiplicado en el 2008, a pesar de la caída internacional de precios, es también reveladora. En nuestro país, no son pocos los casos en lo que el “libre mercado” resulta ser un mercado controlado por unos cuantos oligopolios, con el Estado apoyando ese control o haciéndose de la vista gorda. A pesar de los problemas nacionales e internacionales que ha traído el neoliberalismo, sus defensores nacionales siguen defendiéndolo. Algunos de ellos, por cierto, defendiendo el libre mercado siempre que no se trate de su propio pellejo. Veamos el ejemplo de Jaime Cáceres Sayán, hasta hace poco presidente de la CONFIEP, abanderado la libre empresa y del estado mínimo. Pero sucede que ING, la financiera internacional dueña de la AFP Integra para la cual él trabaja, ha tenido que ser rescatada por el gobierno holandés con US$ 13,400 millones de dólares. Cáceres también defiende que a los afiliados a las AFPs se nos niegue la libertad básica de salir de ese sistema privado de pensiones (ahí si no vale el libre mercado), al mismo tiempo que el Fondo 3 de su AFP ha perdido el 43% del dinero de sus afiliados durante el 2008 y sigue cobrando las mismas elevadísimas comisiones.

Mercado dominado por monopolios

La crisis ha revelado con toda su crudeza los grandes problemas del neoliberalismo. El neoliberalismo ha generado mayor desigualdad en el mundo y un enorme problema ambiental. No cabe duda de que los bancos y aseguradoras, que hoy están siendo rescatados en muchos países, serán mucho más regulados en el futuro. Las recientes medidas de Barack Obama proponiendo impuestos a las sobreganancias petroleras, impulsando tecnología “verdes”, aumentando el gasto social y avanzando hacia un sistema de aseguramiento universal en salud, son prometedoras de cambios mayores. En el Perú, el neoliberalismo logró crecimiento económico en los últimos años gracias a una enorme alza de precios de los minerales. Así, se acabó el alza de precios y se acabó el crecimiento. Pero lo más grave es que durante este crecimiento, la salud, la educación y la seguridad social no mejoraron, la exclusión y desigualdad se agravaron, la contaminación ambiental se disparó y nuestros recursos naturales se acercan a su agotamiento.

En el Perú, el neoliberalismo trae consigo el “capitalismo de amigotes”: un mercado dominado por oligopolios y donde se entregan concesiones monopólicas con grandes ventajas a las trasnacionales a costa de los peruanos, como en el puerto de Paita. Sólo una ciudadanía activa defendiendo sus derechos y un gobierno comprometido con los peruanos podrán cambiar eso.

(Foto: Genciencia)

Neoliberalismo en crisis

Durante casi 20 años, la política económica en el Perú ha sido dominada por el neoliberalismo. Esa fe ciega en que los mercados libres siempre funcionan bien, que lo mejor es tener un Estado mínimo, que las regulaciones estatales deben reducirse lo más posible, que las empresas estatales son siempre ineficientes y las empresas privadas son siempre buenísimas.

La crisis internacional ha echado por tierra buena parte de estas premisas. ¿Cómo puede hoy decirse que las empresas privadas operando en el “libre mercado” son muy eficientes, cuando en el mundo las empresas privadas de banca y seguros han perdido unos 8 trillones de dólares, 8 millones de millones de dólares, y se sostienen hoy solamente gracias a la ayuda de los gobiernos?

¿Cómo podemos pensar que la empresa privada peruana es muy eficiente, cuando al banco peruano más grande, cabeza del primer grupo económico nacional, Madoff la estafó con un par de millones de dólares, más otros 60 a 70 millones a los inversionistas que el Banco de Crédito asesoró? ¿Qué tipo de análisis hacen de sus inversiones, cuando caen en algo que no era sino un CLAE gringo?

¿Cómo puede Jaime Cáceres Sayán, hasta hace poco presidente de la CONFIEP, seguir diciendo que la empresa privada es muy eficiente, cuando la empresa financiera ING, dueña de la AFP Integra para la cual él trabaja, ha tenido que ser rescatada por el gobierno holandés con US$ 13,400 millones de dólares? ¿Y cuando los afiliados al Fondo 3 de la AFP Integra perdieron el 43% real del valor de su fondo?

Seguir sosteniendo, en medio de esta crisis, que las empresas privadas en el “libre mercado” son modelo de eficiencia, como afirma el neoliberalismo, es simplemente cerrar los ojos a una verdad del tamaño del monte Everest.

Pero el modelo neoliberal sigue siendo el que se aplica en el Perú. El Plan Anticrisis de García sigue promoviendo entregar obras públicas a empresas privadas mediante concesiones y contratos mal regulados, con privilegios que terminarán costándonos a todos los peruanos. Así sucedió con el caso de la mal llamada “Vía Expresa” del Callao, donde nos cobraron peaje durante años sin que hayan obras importantes, yendo todo al bolsillo de la empresa favorita de Alex Kouri. Así viene sucediendo con la Interoceánica Sur, cuyo costo ya no será de 800 millones sino de 1,300 millones de dólares. Así sucede con el gas, que al aprobarse la exportación para que haga negocio una gran empresa asesorada por PPK, ya no podrá abastecer el mercado interno, con lo que las tarifas eléctricas deberán subir. Así sucede con la gasolina, con precios fijados a beneficio de Repsol que maneja la refinería de La Pampilla. Así parece sucederá con el proyecto Taboada para descontaminar el mar de Lima, habiéndose impugnado la licitación porque la empresa ganadora no asegura una verdadera limpieza de las aguas servidas, pero igual nos cobraría en nuestros recibos de agua.

La realidad mundial ha demostrado que el neoliberalismo es una mala política para el desarrollo de las naciones y el bienestar de sus habitantes. En el Perú, sin embargo, todavía reina, porque, como dicen “poderoso caballero es don dinero”. Sólo un gobierno comprometido con su gente podrá cambiarlo.

La crisis económica y las oportunidades

En los últimos meses he estado escribiendo e insistiendo sobre la crisis internacional y su impacto en el Perú. Los despidos masivos, la caída de precios agropecuarios, el desastre de nuestros fondos en las AFPs, muestran que efectivamente no estábamos blindados. Y la situación económica va a empeorar en los próximos meses. Hay diversos problemas nacionales, muy serios, que no están directamente afectados por esta crisis. Los serios problemas ambientales, la mala calidad de la educación, la falta de acceso a la salud y los riesgos que tienen los pacientes, las violaciones a los derechos humanos en casos como las torturas de Majaz, la corrupción generalizada, la injusticia del sistema de justicia, el autoritarismo del gobierno y el desprestigio del Congreso, el centralismo, el abandono de la ciencia y tecnología, la desatención al agro y las pequeñas empresas, los conflictos sociales, la venalidad en la televisión y muchos medios masivos de comunicación, los abusos de las empresas hacia sus trabajadores, la discriminación de las mujeres, la exclusión de los pueblos indígenas, son todos problemas que siguen presentes y que demandan solución.

En todos estos temas, el gobierno de Alan García ha sido absolutamente conservador. No ha promovido reformas y ha mantenido todos esos graves problemas sin atender, lo que ha hecho que se vayan agravando con el tiempo. La crisis económica dificulta la atención a estos problemas. Los dos primeros años de gobierno fueron de excepcional bonanza económica, gracias a una coyuntura internacional excepcional. Eran por eso el momento ideal para que un gobierno se concentrara en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Lamentablemente, no lo hizo, y ahora la crisis económica obliga a atender un nuevo frente de acción.

Pero eso no quiere decir que debiéramos resignarnos a todos esos lastres de la vida nacional. Por el contrario, si bien la crisis genera dificultades, también genera oportunidades. La retracción de la inversión minera debiera servir para repensar una estrategia en relación al medio ambiente, las comunidades y la tributación. La necesidad de aumentar el gasto público como una medida anticíclica debiera servir para lanzar una mejora sustancial de la salud pública y un sistema de pensiones asistenciales. El fracaso hoy más evidente del modelo económico, debiera llevarnos a iniciar una modificación de fondo del mismo, para que la respuesta a la crisis no sea cómo seguir con lo mismo sino cómo iniciar un desarrollo económico inclusivo y sustentable. La necesidad de que la respuesta a la crisis refleje una verdadera unidad nacional, debiera hacer que se promueva una mayor democratización del país y un respeto a los derechos humanos. Nada de eso aparece en la agenda del gobierno.

Lástima que tengamos un gobierno que no solo es de extrema derecha, sino que enfeudado a los grandes empresarios y la CONFIEP, carece de la imaginación, la empatía con el pueblo y la confianza en la organización ciudadana como para responder a la crisis eficazmente y aprovechando las oportunidades.

(Imagen: Conexión Central)