A casi un año del terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter, que el 15 de agosto de 2007 sacudió el sur del país, y cuyo saldo bordeó los 600 muertos y millares de heridos y damnificados, el municipio provincial de Pisco tiene previsto realizar un cabildo abierto para dar un balance sobre la gestión económica y social realizada ante las consecuencias del sismo.

Dicho balance viene siendo desarrollado con el apoyo de la cooperación internacional, y se estima culminarlo y presentarlo a la prensa antes del 15 de agosto recordando el primer año de ocurrida la tragedia. Entre los temas abordados en el balance, está la forma cualitativa y cuantitativa de cuánto se ha avanzando en la reconstrucción y cuánto falta por hacer, y cómo el movimiento telúrico ha modificado el comportamiento organizacional de los vecinos. No se descarta un balance minucioso sobre la ayuda recibida de parte del Gobierno Central, entidades cooperantes y empresarios para las labores de reconstrucción, así como los proyectos que se tienen en el corto, mediano y largo plazo.

Cabe indicar que tras este terremoto son todavía muchas las personas que aún se encuentran insatisfechas con la ayuda prestada hasta el momento. De hecho, hay mucho por hacer, ya que el proceso de reconstrucción es largo, tedioso y costoso. Sólo esperemos que dicho balance elaborado por la comuna de Pisco, sirva para acrecentar y equilibrar la ayuda en esta parte del país.

La semana pasada, una marcha de protesta por asesinato de una niña en Chincha terminó en el saqueo de diversos locales. Las turbas destruyeron las instalaciones de la empresa Soyuz, atacaron varios de sus ómnibus y lograron incendiar uno de ellos. Una primera explicación de lo sucedido señalaría que hubo un problema de “seguridad ciudadana”: la policía no logró controlar a grupos de delincuentes que aprovecharon una movilización social para cometer sus fechorías. Sin embargo, ésta es una explicación más bien tranquilizadora.

Los disturbios de Chincha se parecen mucho a los ocurridos en Juliaca, Ayaviri, Sicuani, El Pedregal y Morococha. En esos lugares, los vecinos protestaban contra la proliferación de discotecas y bares ilegales, con un indignante entorno de prostitución de menores, delincuencia y alcoholismo. Las autoridades locales estaban paralizadas por la indolencia, la corrupción o acciones de amparo. Finalmente, un homicidio u otro hecho indignante desencadenó que la frustración se transformara en violencia y la población incendió los locales que actuaban con toda impunidad.

En el Sur Chico, Soyuz es una de las mejores combinaciones de abusos e impunidad. Todos sus habitantes recuerdan cómo, la noche del fatídico 15 de agosto, elevó el precio de los pasajes hasta cincuenta soles, lucrando con la desesperación de miles de personas que querían buscar a sus seres queridos y sabían que la ayuda estatal llegaría demasiado tarde. El maltrato a los pasajeros es permanente: pese a que está prohibido, los ómnibus recogen personas en cualquier lugar de la carretera y les hacen viajar a pie. Esta práctica favorece también los posibles asaltos.

Dos días antes del saqueo del local de Chincha, un ómnibus de Soyuz invadió el carril contrario en la Panamericana Norte durante varios minutos. La imprudente maniobra generó un terrible accidente en que murieron 22 personas. El chofer de Soyuz tenía ya 20 infracciones acumuladas y seguía manejando sin que a su empresa le importara mucho… y a las autoridades estatales tampoco, probablemente por las conexiones que tiene con el Partido Aprista.

No es la primera vez que el rechazo a la empresa se manifiesta violentamente: en diciembre del 2006 otro ómnibus fue incendiado en Guadalupe, a pocos kilómetros de Ica, después que el chofer atropelló a un niño y pretendió fugar. Aunque algunos medios de comunicación consideran estos hechos violentos como manifestaciones de “desgobierno”, el verdadero desgobierno se produce cuando las autoridades estatales están ausentes o no tienen interés en cumplir sus propias normas.

A falta de Estado, los actores económicos tienden a abusar y las infracciones laborales o los daños ambientales se producen con total impunidad… y no sólo abusan empresas poderosas. En una localidad cusqueña conocí una amable ancianita inglesa que ha establecido una ONG para atender niños pobres y recauda fondos a través de un restaurante turístico. Sin embargo, a sus empleadas apenas si les paga la mitad del sueldo mínimo. Una situación similar vive un amigo mío: cada mes le descuentan un porcentaje de su sueldo como “donación” para los directivos de la ONG donde labora.

Normalmente, las víctimas de los abusos optan por la resignación y, cuando buscan denunciar, encuentran a un Estado ausente. Es entonces cuando se producen los estallidos sociales y cuando el Estado sí aparece para reprimir violentamente a los ciudadanos, como sucedió a los dos trabajadores mineros fallecidos mientras protestaban contra la empresa minera Marsa en Pataz (La Libertad).

Con ellos, pasan de 20 los peruanos muertos a manos de las fuerzas del orden en lo que va de este gobierno, pese a lo cual, el Ministro de Defensa, Antero Flórez-Aráoz, emitió un reglamento la semana pasada permitiendo a los militares matar personas con criterios tan ambiguos como “el cumplimiento de su misión”. Flórez-Aráoz desvirtúa así totalmente el rol de las Fuerzas Armadas, pero pretende encarnar el patriotismo al denunciar a una bailarina por posar desnuda sobre la bandera en una evidente cortina de humo. Para nosotros, la mayoría de conflictos sociales, desde Moquegua hasta Chincha y desde Pataz hasta Puerto Maldonado, son manifestaciones de UN solo conflicto y es la exclusión que viven millones de peruanos, olvidados por las autoridades o, lamentablemente, perjudicados por las decisiones que éstas toman. ¿Qué pueden sentir los habitantes de una comunidad campesina cuando descubren que sus tierras fueron entregadas a una empresa minera, sin ninguna consulta?… y, si no desean vender sus tierras, el Estado las obligará a cederlas a través de la servidumbre minera (Decreto Legislativo 1064).

Lo único sorprendente en el Perú es que no haya más estallidos sociales… Sin embargo, éstos son un desahogo y no una solución. Por ejemplo, Soyuz continúa actuando impunemente. Sólo ayer murieron otras dos personas en sendos accidentes, producidos al parecer por el agotamiento de los choferes. La mejor forma de prevenir estos hechos violentos sería que el Estado esté presente para garantizar los derechos ciudadanos de todos los ciudadanos. Como esto parece demasiado lejano, la ira que se manifestó en Chincha seguirá manifestándose.

La elección de una nueva directiva del Congreso tiene como única virtud la clarificación de las fuerzas políticas que conducen hoy al país. Se trata de un gobierno de extrema derecha que, según las encuestas de opinión, sigue una política económica que beneficia a los más ricos. En lo político, la nueva mesa directiva del Congreso está constituida por una alianza entre el APRA, el fujimorismo, Solidaridad Nacional y un grupo de tránsfugas de UPP. En cierta forma, esta alianza recrea el escenario del año 2000, luego de la re-reelección de Alberto Fujimori. Es decir, un poder real (entonces encarnado por Montesinos, hoy por Alan), el grupo propiamente parlamentario (el citado bloque aprofujimorista) y el grupo de los congresistas tránsfugas y topos (los de antes, comprados y los de hoy, volteados a las filas oficialistas, alguno chantajeado por juicios y otros no sabemos a cambio de qué).

Lo más gracioso es que los partidarios del acusado ex mandatario sostengan que buscan la “gobernabilidad”, siendo ellos quienes en los 90 participaron de un golpe de Estado y luego intentaron perpetuarse en el poder en un proceso electoral viciado. Y lo más preocupante son los acuerdos que bajo la mesa habrían logrado del APRA, posiblemente obtenidos en la reunión que Alva Castro sostuvo con el mismísimo Fujimori en su celda de la DIROES. Como antesala a estos hechos tuvimos la difusión de unos audios donde, en presencia del actual presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, los congresistas Carlos Torres Caro y Gustavo Espinosa se acusaban mutuamente de pequeñas corruptelas que, en opinión de Torres, estaban por encima de los intereses del país. El mensaje que dejan a la población estos sucesos y la misma elección de la mesa directiva congresal es que se puede gobernar el país conviviendo con la impunidad y la corrupción. En estas condiciones, la campaña por el “optimismo” que enarbola el presidente García carece de toda credibilidad.

Otro hecho que abona en este sentido ocurre en el Poder Judicial. Luego que la OCMA sancionara al ex presidente de la Corte Superior de Lima (y ex personero legal del Partido Aprista), Ángel Romero Díaz, por sus fallos distintos en un mismo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) decidió darle una sanción menor que le permitiría retornar a su antigua e influyente posición en la judicatura. Lo grave es que, contra los esfuerzos del Poder Judicial por autorreformarse, el CNM prácticamente restituye a un juez corrupto demostrando una proclividad a someterse al poder político, en este caso, a un sector del aprismo. Estos podrían ser los primeros síntomas del desmoronamiento de una ya bastante endeble institucionalidad democrática y la preparación de un nuevo ciclo autoritario, sino dictatorial.

El péndulo peruano

Desde un punto de vista histórico, tenemos en el Perú un famoso “péndulo” que oscila, por décadas, entre regímenes democráticos con periodos dictatoriales, prácticamente desde los años 20 con el gobierno de Augusto B. Leguía, un régimen autocrático y de populismo modernizante muy parecido al fujimorismo. En los 70 tuvimos un ciclo de dictadura militar, seguido por dos gobiernos democráticos en los 80, para recaer nuevamente en el ciclo autoritario de los 90. En la primera década del siglo XXI, que concluiría –políticamente– con las elecciones de 2011, estamos justamente en los días fatídicos en los que, de acuerdo al péndulo, oscilaríamos hacia un régimen autoritario. Y no faltan los malos augurios. Primero, la teoría del perro del hortelano, una versión adaptada de un “pensamiento único”, destinado a (des)calificar a cualquiera de sus detractores de pesimista o comunista hasta terrorista. Luego, las recientes normas que autorizan el ingreso de las Fuerzas Armadas en conflictos sociales, incluyendo el uso de armas de fuego en las mismas. Y, tercero, la fabricación mediática de una conspiración contra la democracia, con un MRTA convenientemente resurrecto, grupúsculos extremistas coaligados con las FARC y una red de Casas de ALBA en el país coordinada desde Caracas por Hugo Chávez. Todo lo cual busca en esencia mantener un clima de temor y tensión en la población que, sin embargo, no impide recurrentes estallidos sociales.

Este escenario, típicamente pre electoral, es mucho menos alarmante que el existente en 1991, en las semanas previas al autogolpe de Fujimori. En aquellos días, el hoy procesado ex mandatario advirtió, en un discurso en la Comandancia General del Ejército, que podía cerrar el Congreso. Nadie imaginó que el recién electo presidente, surgido de la nada, cumpliría su amenaza, al igual que ahora nadie imaginaría que un partido con trayectoria democrática, como el APRA, se embarcaría en un proyecto dictatorial. Claro, si es que hacemos caso omiso de su alianza con el fujimorismo, ignoramos las comparaciones del actual Congreso con el existente en 2000 y si no confiamos mucho en la siniestra teoría del péndulo.

La debilidad institucional

Un componente importante para empujar el péndulo hacia el lado malo es la profunda debilidad de los partidos políticos y su carencia de un proyecto nacional viable. El APRA es un ejemplo típico. Si bien su accionar reciente se parece mucho a una depredación de la política, lo cierto es que se trata del partido más sólido. Sin embargo, su gran problema es la falta de coherencia. Históricamente, pareciera una organización que propuso un proyecto nacional, pero su evolución política estuvo (y está) sujeta a los intereses de terceros, no siempre interesados en tal proyecto. Con la desaparición de Haya de la Torre, el liderazgo de Alan García profundizó esta tendencia hasta el punto de hacer perder toda identidad política propia al aprismo. En efecto, en su primer gobierno el actual presidente robó el programa político de la izquierda y llevó el país a la catástrofe. Hoy ha robado el programa a la derecha y lo conduce hacia una polarización social quizás más profunda que la evidenciada en 2006. Si sumamos esta trayectoria a la actual coyuntura política, entenderemos el por qué de la profunda desconfianza de la población en el sistema político y, en particular, en el presidente García.

En cuanto a la oposición, la situación no es mejor. En un país donde la mayoría de la población, según las encuestas, se define como de “centro derecha”, sorprende que el PPC no haya podido construir un perfil propio de oposición a un gobierno marcadamente de derechas. No hay iniciativas, ni campañas por parte de este partido para perfilar puntos de vista discordantes con el oficialismo, no hablemos ya de construir una organización nacional. Ello puede deberse tanto a miopía política, como a compromisos relacionados con la política económica.

En cuanto al nacionalismo y la izquierda, tampoco se aprecia mucha coherencia. Con el reciente paro nacional han logrado un incipiente nivel de coordinación política en torno a una plataforma político-sindical, pero luego hemos escuchado a Ollanta Humala correrse hacia el centro en su evaluación del segundo año del gobierno, en la que anunció una defensa de la economía social de mercado, aunque, al mismo tiempo, se negó a contestar preguntas de la prensa. Lo cual empieza a dejar espacio para esos grupúsculos extremistas que el gobierno intenta levantar por todos los medios, y que quizás los logre posicionar políticamente en los próximos años.

Esta situación de fragmentación y dispersión política, tanto dentro como fuera del Congreso, es una de las excusas que presenta el APRA para justificar sus poco sanctas alianzas. En cierta forma, el gobierno no es el único responsable de la situación de acelerado descrédito del sistema político (aunque sí el principal). Son también las propias circunstancias –la falta de alternativas– las que nos indican una gradual descomposición de la escena política y sus actores. Esto se evidencia en un cada vez mayor descrédito del Congreso y del Poder Judicial, a los ojos de la ciudadanía, lo que constituye una antesala propicia para un nuevo ciclo autoritario, que esperamos no ocurra.

La inflación se come la disminución de la pobreza

Es en este contexto que el discurso presidencial no ofrece un liderazgo para revertir esta situación. Para empezar, es lógico que el gobierno quiera mostrar sus buenas cifras macroeconómicas en azul, pero ello no puede justificar la impresión de que todo está perfecto en el país y que este clima de desarrollo está siendo perturbado por un fenómeno de origen externo, ajeno a la política del “piloto automático”: la inflación.

El alza de precios de combustibles y alimentos efectivamente tiene un origen principalmente externo. Sin embargo, si el gobierno hubiera priorizado la reducción de la brecha de ingresos en el interior del país, este fenómeno parcialmente externo hubiera afectado menos a los más pobres. Por tanto, el hecho de que la brecha social se amplíe no puede atribuirse a factores externos, sino también a inacción interna. Por ejemplo, el mensaje no señaló que en medio de esta bonanza económica, la pobreza creció en Huancavelica, una región caracterizada por la miseria de buena parte de sus habitantes, lo que no sólo revela ineficiencia, sino que también es un hecho inmoral. Otro ejemplo es cuando el presidente reconoce que actualmente hay una “guerra” entre los países exportadores de petróleo y el resto, lo que en gran parte está generando una inflación mundial. Sin embargo, pese a esta guerra (entendemos que comercial) el gobierno no toma medidas, como incrementar la tasa impositiva a las empresas de estos países por las sobreganancias que están obteniendo.

Cierto que ello es responsabilidad del gobierno regional, pero ¿qué hace el gobierno central para resolver este problema? No basta con nombrar un gerente. Es evidente que en esta y otras regiones (como Madre de Dios, donde estalló el último conflicto social a causa –en parte– de la incapacidad de gestión de la autoridad regional), hay necesidad de trasladar a equipos completos de gestión para garantizar in situ que se ejecuten los fondos disponibles en los presupuestos regionales y locales. Estos equipos técnicos, respetando la autonomía del gobierno regional, deben apoyar y capacitar a los funcionarios locales y crear capacidades para este fin. Más que ofrecer grandes obras para el fin de su mandato, García debería trazarse metas de un año para impedir que se vuelvan a repetir resultados como el de Huancavelica y otras regiones o provincias, claramente identificadas.

Que no hayan anunciado medidas concretas de este tipo para avanzar hacia una más equitativa distribución de la riqueza indica claramente que ésta no es una prioridad para el gobierno. Justamente de lo que se trata es de compatibilizar el “piloto automático” con una reducción de las brechas sociales. Ello requiere acciones y políticas imaginativas centradas en gran medida en una reforma del Estado. En un país con tanta exclusión y desconfianza en el sistema democrático, es más fácil atizar los conflictos como lo hacen tanto el gobierno como los grupitos a los que éste acusa de azuzar la violencia, antes que acercar el Estado a la población y hacer sentir su presencia allí donde más se lo necesita. Para ello se requeriría un liderazgo que tenga la suficiente credibilidad como para mitigar la exclusión y, al mismo tiempo, situarse por encima de ella con una alternativa nacional. Mientras tanto, siempre viviremos en tensión, en esa tensión que produce el compás de un péndulo.

El tercer mensaje de lo que va del gobierno del presidente Alan García se caracterizó por un balance de los logros en sus dos años de mandato. Aunque realizó su acostumbrado mea culpa —al igual que el año pasado—, al jefe de Estado le faltó profundizar en las acciones a tomar para solucionar los yerros de la administración central.

“Faltaron medicinas e instrumentos en el sector Salud, faltó impulso para que cada hectárea produzca más, faltaron más policías en las calles para contener la delincuencia y el pandillaje, faltó más fuerza para sacar a los corruptos, faltó velocidad en la reacción y reducir los niveles democráticos, faltó más presencia juvenil, más serenidad y más modestia”, enumeró. “Eso debe corregirse”, enfatizó. Faltó —reiteró— explicar el cómo y, si se trata de mejorar la administración estatal, la Ley del Poder Ejecutivo tuvo algunos cuestionamientos que aún no han sido subsanados.

En cuanto a los objetivos de gobierno, el presidente García señaló que las metas más próximas serán tres: ayudar a los más pobres, contener la inflación y crecer prudentemente creando empleo. En ese sentido, reiteró su compromiso de reducir la pobreza al final de su mandato, en el 2011, al 30%.

Crecimiento que no chorrea. El presidente destacó el crecimiento económico que vive el país, el mismo que, a pesar de la crisis mundial, nos permitirá tener la menor inflación de todo el continente de Sudamérica, y con el mayor crecimiento de empleo y la producción.

El mandatario señaló, además, que el total de la inversión a ejecutar en las provincias para el 2008 podría llegar a 18 mil millones en su conjunto. “El más alto de la historia y tres veces mayor al del año 2005″, señaló. Sin embargo, este crecimiento se estanca debido a la falta de capacitación de muchos gobiernos regionales y locales para poder ejecutar proyectos que reviertan en un progreso real; es decir, mejora de la educación y salud, así como generación de empleo.

Nuevo organismo. Alan García propuso al Congreso a que inicie el debate para la creación del Ministerio de Cultura “que reivindique el pasado del Perú porque ésta (la tierra peruana) es la madre patria de Sudamérica, porque de aquí nacieron los otros países”.

“Necesitamos que el Ministerio de Cultura promueva la literatura, el teatro, la pintura, el cine, la música y otras expresiones. Ese ministerio existe en toda Europa y Latinoamérica y, sin embargo, aquí no existe, donde tenemos tantas razones para crearlo”, precisó.

En el tema educativo el presidente se concentró en las áreas de la entrega de computadoras a profesores, alumnos y en la difusión de programas educativos por televisión digital. Mencionó, además, que para fines del 2008 se llegará a capacitar a 75 mil docentes.

Obras de infraestructura. Por otro lado, García anunció que en setiembre se construirá el gasoducto andino del sur y el de Chimbote. Y en cuanto a la Carretera Interoceánica, indicó que se tiene prevista su culminación para el 2011.

El mensaje incidió en la redistribución de la riqueza, diciendo que ahora sí los pobres serán los beneficiados, pero el cómo quedó de lado y en que consistirán las nuevas medidas de austeridad (que en la práctica nunca se dan).

Muchos temas quedaron fuera del discurso. Se exigen menos palabras y más hechos. Quizá por ello o por sacarle “roncha” al oficialismo que se volvió a alzar en la presidencia del Congreso con acuerdos de último momento, sólo 82 congresistas escucharon el mensaje presidencial. Algo inédito en los últimos años.

Foto: Andina

Según el presidente de Ciudadanos al Día (CAD), Juan Carlos Cortés, el 2% del IGV que paga cada ciudadano cuando realiza sus compras, va directamente a financiar el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Este fondo tiene como objetivo promover la inversión en las zonas más alejadas y deprimidas de las diferentes municipalidades del país, y viene creciendo en un 143% en los últimos años.

Por ello, se debería tomar en cuenta indicadores de eficacia en la gestión municipal, pues este organismo viene realizando hasta el momento una gestión eficiente. Cortés indicó que los gobiernos locales deberían informar a los ciudadanos sobre los montos asignados a este fondo y, sobre todo, en qué se vienen utilizando estos recursos. En tanto, refiriéndose al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dijo que esta entidad debería publicar las cifras de pobreza a nivel distrital, para poder hacer una mejor vigilancia sobre si se está invirtiendo dinero en esas zonas.

Cabe indicar que Moquegua –a diferencia de municipalidades como Puno, Huánuco, San Martín, Amazonas, Apurímac, Madre de Dios y Ayacucho– no es financiada por el FONCOMUN; ya que éste sólo representa el 4% de todos sus ingresos. Cortés sostuvo que “hasta el momento existe cierta equidad en la distribución del FONCOMUN; sin embargo, se tiene que pensar lo que pasaría con estas municipalidades si no cuentan con estos fondos. Ante ello, Ciudadanos al Día presume que es necesario tomar en cuenta la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal, como el hecho de considerar a las municipalidades que cumplen con las normas de transparencia en sus portales web”.

Se aproximan los días en los que celebramos el aniversario patrio, y normalmente todos los vecinos tratan de pintar las fachadas de sus casas y enarbolar la bandera rojiblanca como una manera de manifestar su compromiso con el desarrollo de un país grande y libre. Es por ello que quizá también nuestro sistema político podría aprovechar la oportunidad para limpiarse de algunos personajes que afectan la buena imagen del poder estatal.

Alimañas parlamentarias

En primer lugar, es una gran oportunidad para desaforar a los congresistas Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza Soto, quienes protagonizaron un bochornoso incidente, registrado de manera subrepticia por uno de ellos y divulgado por la prensa. Espinoza grabó una conversación privada en casa de un tercer parlamentario, Javier Velásquez Quesquén, quien por si fuera poco aspira a la presidencia de ese poder del Estado.

Este resabio montesinista de grabar todas las conversaciones ya es de por sí un acto inconcebible, más aún cuando el autor del “chuponeo” alentaba a su impresentable colega para que dijera más barbaridades. Eso no exime de responsabilidad a Torres Caro, quien explícitamente reconoció que sus intereses personales estaban por encima de la función pública que le toca cumplir. En tal sentido, el tema de conversación incluía los presuntos intentos de uno o ambos congresistas por obtener beneficios indebidos para un supuesto empresario argentino, ofreciendo Torres Caro realizar gestiones ante el propio presidente de la República.

De otro lado, el contexto de la conversación eran las negociaciones que Velásquez Quesquén trataba de llevar adelante para conseguir votos a favor de su candidatura a la presidencia del Congreso. Con semejante compañía sería un verdadero escándalo que este proyecto político pudiera prosperar. Aunque todo es posible.

En todo caso, lo mínimo que la ciudadanía puede esperar es el desafuero inmediato de estos congresistas, con antecedentes de operadores políticos de muy baja estofa. Espinoza fue usado por el APRA para promover una falsa acusación contra el ex presidente Alejandro Toledo por una presunta violación sexual, mientras que Torres Caro se dedicó a tomar fotos de sus colegas en situaciones comprometedoras durante un viaje a Brasil. Si bien no se sabe en este momento quiénes los reemplazarían, al menos los reemplazantes (y, de paso, el resto de otorongos) sabrían qué les espera de repetir el comportamiento de ambos personajes.

La piñata de 28 de julio

Otro personaje que arrastra su morosa imagen en los noticieros de televisión es el ministro del Interior, Luis Alva Castro, a quien nuevamente la delincuencia le gana la iniciativa. En un hecho increíble –dadas las medidas de seguridad que protegen estos viajes–, un ómnibus interprovincial de una de las principales empresas de transporte terrestre del Perú fue asaltado en las cercanías de Palpa. Ello ocurrió pese a que la empresa no recoge pasajeros, graba a todos los que ingresan al vehículo y tienen un servicio de rastreo satelital permanente (y que, en este caso, funcionó a la perfección).

El único problema es que el convenio con la Policía Nacional aparentemente no se cumplió. El vehículo fue detenido durante la hora que duró el asalto y, pese al oportuno aviso a la Policía, ningún efectivo impidió el delito. Es más, otro ómnibus de la misma compañía que pasaba por allí notificó a un patrullero del hecho, pero nada ocurrió. Además, según los pasajeros, había una comisaría a siete minutos del lugar de los hechos, la cual tampoco reaccionó. Allí llegaron los afectados para encontrarse con los efectivos durmiendo.

Esto podría significar dos cosas: 1) Que la Policía no actúa oportunamente ante la comisión de un delito (de lo cual hay varios testimonios, y esa es una de las razones por las cuales muchos delitos no son denunciados) y 2) Los asaltantes actuaban en contubernio con policías corruptos. En ambos casos la responsabilidad del Ministerio del Interior es indudable.

Pero eso no es lo peor. Ahora los delincuentes saben que la Policía no va a actuar así existan satélites o avisos directos cuando ocurra un asalto en las carreteras del país. Es posible que, con motivo de las fiestas, el ministro despierte de su modorra y la Policía actúe en esos operativos para las cámaras de televisión a los que ya estamos acostumbrados. Pero no hay ninguna garantía de que, pasadas las fiestas, no volvamos a la inseguridad que este hecho ha revelado.

Se necesita en el Ministerio del Interior un líder que se anticipe a la delincuencia y no que reaccione en forma tardía o, peor aún, que no reaccione en absoluto, sobre todo, considerando que estamos en un periodo de festividades, donde normalmente los malhechores se ponen las pilas. El presidente Alan García debería liberar a Alva Castro de su papel de piñata y, si quiere tenerlo en el gabinete, lo debe transferir a una cartera donde pueda ejercer sus conocimientos y experiencia. Ya que no piensa en los ciudadanos, por lo menos que considere la imagen de su correligionario y busque otra persona más idónea para el puesto.

El lunes pasado, todos los alumnos y profesores de la Universidad del Pacífico recibieron un comunicado donde, acatando el Decreto 015-2008-Salud, se prohibía fumar en toda la Universidad, incluyendo corredores, patios y áreas verdes. Efectivamente, después de tres años y tres meses, por fin el Ministerio de Salud ha reglamentado la Ley 28075 o Ley para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco. La demora se debió a la oposición de funcionarios de otros ministerios, que estaban más preocupados en no generar ninguna incomodidad a las transnacionales que controlan la venta de cigarrillos que en proteger la salud de los peruanos.

El Reglamento reitera las diversas prohibiciones establecidas por la ley, señalando que no se puede fumar ni vender cigarrillos en las instituciones dedicadas a la salud o educación. Apenas fue promulgada la Ley 28075, la Universidad de Lima prohibió a las cafeterías vender cigarrillos y en la Universidad Católica, además, fueron retiradas las máquinas expendedoras de cigarrillos, muy visitadas entonces por los estudiantes más jóvenes. El siguiente paso, la prohibición total de fumar en instituciones educativas, puede ser algo más difícil, especialmente para quienes quizás consideran que fumar es parte de su imagen intelectual. Sin embargo, hace bastante tiempo la Facultad de Medicina de San Fernando, la UNIFE y la Universidad Antenor Orrego de Trujillo han emitido estas prohibiciones.

De igual forma, no está permitido fumar en ninguna dependencia estatal. El Ministerio de Salud, Essalud y las Municipalidades de San Isidro y San Borja ya han sido declarados “ambientes libres de humo”, pero ahora todas las instituciones públicas deberán seguir este camino, lo cual implicará que algunos congresistas tengan que pensar seriamente en dejar el cigarrillo. En cuanto a los centros laborales privados, los hoteles, bares o cafés, el área para fumadores no deberá ser mayor del 20% del total y deberá estar físicamente separada de las demás áreas con mecanismos que impidan que el humo pueda llegar hacia los demás. En los locales o centros laborales que a comienzos del próximo año no hayan adecuado estas zonas especiales, simplemente no se podrá fumar.

Esperemos que esta norma se cumpla en los restaurantes de Cusco y Arequipa, donde muchos turistas extranjeros fuman con libertad e impunidad, sin que los mozos se sientan capaces de pedirles que se abstengan. Es posible que la amenaza de una multa sea un estímulo adecuado. El monto de las multas será establecido por cada municipalidad, de acuerdo a su criterio. Las empresas tabacaleras sostienen que se deja espacio a la arbitrariedad, pero es muy difícil tener un criterio uniforme tratándose de realidades socioeconómicas muy diferentes.

El Reglamento establece que los menores de edad no pueden vender ni comprar cigarrillos, lo cual estaba ya estaba prohibido en el Código Penal. Por ello, se dispone que sólo pueden instalarse máquinas expendedoras en lugares exclusivos para mayores de 18 años. Esperemos que, por lo tanto, sean retiradas de algunos restaurantes o centros comerciales, como Larcomar, donde dos días antes de la aprobación del Reglamento, Marlboro celebró un evento especial y joviales anfitrionas obsequiaron centenares de cigarrillos al público.

Quedan también prohibidos todos los anuncios de cigarrillos en radio, televisión y páginas web y sólo podrán colocarse en periódicos o revistas destinados exclusivamente a mayores de edad. En ningún caso deberá asociarse el cigarrillo a éxito o vida saludable. De igual forma, se prohibe la frecuente práctica de las tabacaleras de colocar su publicidad en actividades deportivas. Tampoco pueden anunciar sus productos en prendas de vestir como polos y gorros. En las cajetillas de cigarrillos se han dispuesto unas advertencias tan chocantes que creo que algunas personas tendrán que aprender a fumar con los ojos cerrados. A pesar de todo ello, el sábado pasado me tocó ir a la Alianza Francesa de Miraflores para comentar un interesante libro sobre la región andina y pude apreciar que muchos académicos presentes no tenían mayor respeto por la prohibición de fumar en entidades educativas.

Resulta interesante que, mientras en Lima y otras ciudades el consumo de cigarrillo es un tema que las autoridades vienen enfrentando, en la zona andina se venden libremente productos mucho más dañinos para la salud, como las galoneras de cañazo o alcohol metílico que se venden sin ningún control a los campesinos. Al parecer, como estos productos no son consumidos por las autoridades municipales, los fiscales o los integrantes de las ONG, no se logra percibir sus dramáticas consecuencias.

Regresando al cigarrillo, enfrentar este problema no sólo está en manos de las Municipalidades (los alcaldes de Pueblo Libre y San Miguel ya han manifestado su interés en comenzar las inspecciones), sino de toda la sociedad. Con el compromiso de todos, se podrá lograr que el hábito de fumar genere menos daño en los ciudadanos.

Increíblemente, después de que el gobierno sostuvo la importancia de evaluar a los maestros, con el fin de brindar una educación de calidad a los escolares, ahora se pretende estafar por -llamarlo de algún modo- a los docentes que con tanto esfuerzo se prepararon para aprobar sus exámenes.

Hoy se conoce el caso de algunos maestros que, aprobando el examen con puntajes de 16.20 y 16.40, se les niega la posibilidad de cubrir una plaza docente. Ello ocurre con Alina Feijoo Quispe, que al presentar sus documentos para postular a la segunda fase de la evaluación –que consiste en el dictado de una clase modelo en la UGEL Nº 7 del colegio Mercedes Indacochea en Barranco, Lima–, simplemente atinan a decirle que esas plazas no existen, pese a existir una lista publicada con el número de vacantes libres. Similar respuesta obtuvo Liliana Bereca, que al acudir al mismo plantel le respondieron que dicha lista está desactualizada.

Vayamos a la parte política del asunto. Algo que se ha dicho en el tema de la evaluación docente es que es optativa; es decir, quien desea lo puede dar. Y si se desaprueba tres veces, el Estado tiene la potestad de inhabilitar al maestro. Sin embargo, las pruebas nunca son entregadas a los maestros que las han resuelto, sólo reciben la calificación. Nunca se les explica en qué fallaron y en qué acertaron. Por lo tanto, se vulneran sus legítimos derechos a defenderse de las decisiones de la administración pública. ¿A qué se debe este tipo de atropellos?

Ante estos hechos, el viceministro de Educación, Idel Vexler, lamentó lo que viene sucediendo y dispuso, hasta donde se sabe, que la oficina de personal del Ministerio de Educación reciban los expedientes de las maestras agraviadas a fin de encontrar una pronta solución y evitar que este tipo de irregularidades vuelvan a ocurrir.

Cabe resaltar que un total de 3,337 docentes que rindieron la segunda prueba para el proceso de nombramiento obtuvieron una calificación mayor a 14. Y según el titular de Educación, actualmente existen más de 23 mil plazas docentes en todo el país.

Unir antes que dividir es una idea sensata y recomendable, pero llevarla a la práctica no siempre es fácil; cuando se trata de instituciones o emprendimientos colectivos (como es el caso de Enlace Nacional), implica lograr empatía y coincidencia en las líneas de trabajo.

En TV Cultura tenemos desde hace años una relación de trabajo con el Instituto Bartolomé de las Casas - IBC, a raíz de ello iniciamos el contacto con Luis Llontop y Rosa María Lorbés para concretar una alianza con la red de Corresponsales que el IBC tiene en todo el país, los periodistas de esta red reportan para la revista Signos y para el programa radial del mismo nombre. El IBC va por los 35 años de vida, materializando una corriente de pensamiento cristiana -sello de su fundador el teólogo Gustavo Gutiérrez- que busca el desarrollo humano desde la perspectiva de la opción preferencial por los pobres.

Las coordinaciones se han desarrollado bien y ahora podemos mostrar los primeros frutos de la unión. El sábado 12 de julio compartimos un día de trabajo con 9 periodistas de la red del IBC, recogiendo los puntos de vista e intereses de cada uno de ellos.

La experiencia ha sido rica y estimulante, nos encontramos con que todos tienen experiencia en distintas áreas: prensa escrita, radio y televisión y están preocupados por temas como: derechos humanos, medio ambiente, descentralización, desarrollo productivo, el trabajo social de la iglesia y otros temas afines, de esta manera, gracias al aporte de la red del IBC pronto estarán viendo nuevos y mejores contenidos, tanto en la web como en el programa de televisión.

Sólo nos resta por decir ¡Bienvenidos a los nuevos periodistas que se integran a Enlace Nacional!

De pie, de izq. a der.: Ismael Burga, Nilton Velazco, Ruperto Arroyo, Carlos Bustamante, Jesús Macedo y Jaime Borda. Sentados: Luis Ramos, Yima Salízar, Maura Gastelú, Juan Huayta y Axel Zapata

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¿Se ha embarcado el gobierno en una estrategia de polarización en el país?

Muchos observadores han señalado que a raíz del “vladispot” contra el paro, el Ejecutivo estaría cometiendo una patinada mediática cuyo resultado sería el sobredimensionamiento del reciente paro nacional de la CGTP. A ello se suma la supuesta campaña para derrocar al Gobierno y al sistema democrático, que voceros del Ejecutivo han atribuido tanto al Partido Nacionalista como a algunos grupúsculos extremistas que —dicen— los tienen perfectamente identificados.

Dada la insistencia del Gobierno en estos argumentos, es lícito suponer que no estamos ante un atolondramiento mediático causado por algún tipo de desesperación política del primer mandatario; sino, todo lo contrario, ante un plan debidamente calculado para construir un escenario político de confrontación preelectoral. Anteriormente, el doctor García ha sido criticado por lanzar una serie de propuestas inviables, demagógicas o provocadoras; muchas de ellas como cortinas de humo. Por ejemplo, su anuncio de bombardear las pozas de maceración en las zonas cocaleras, su campaña a favor de la pena de muerte para violadores y terroristas, la publicación de listados de personas que habían cumplido penas por terrorismo, sus constantes llamados a que la Policía Nacional utilice sus armas en la represión a las protestas sociales, etc. Todas estas iniciativas apuntan a construir la imagen de un gobernante que busca imponer la autoridad en el país; en consonancia, aparentemente, con una tendencia en tal sentido en la población. Parte de esta estrategia incluye la alianza encubierta con ex aliados del fujimorismo y fujimoristas convictos y confesos; varios de los cuales son cuadros políticos de su gobierno.

En la coyuntura anterior al paro, el Gobierno había diseñado un escenario de confrontación completamente fabricado con un resurrecto MRTA; a raíz de la decisión del Parlamento Europeo de mantener a esa organización en la lista de “inactivos”. Mientras la opinión pública se distraía con semejantes fantasmas ocurrió el “Moqueguazo”, luego del cual vino el paro nacional. Ambas acciones echaron por tierra esa imagen de “autoridad” (cuando no de autoritarismo) que quiere imponer Alan García. Por tanto, la campaña contra el paro ha consistido en recrear el escenario previo a los sucesos del sur del país. En otras palabras, es factible que el sobredimensionamiento de la medida de protesta haya sido un acto conciente y deliberado. Y los anuncios de informaciones de inteligencia sobre presuntos vínculos con la Coordinadora Bolivariana busquen volver a crear un nuevo fantasma: el de Hugo Chávez y Humala, teniendo como nexo unos pequeños
grupos extremistas; los cuales también están en camino de ser sobredimensionados. La estrategia podría ser muy bien crear, actualizar, alimentar y mantener este escenario político con fines electorales para los años 2010 y 2011. Se pretendería así “ganar por puesta de mano” a la aparición de algún grupo antisistema; el mayor terror del actual régimen y de quienes lo sostienen.

Independientemente de que sea cierto o no de que existan tales contactos o incluso el inverosímil plan de destrucción de la democracia, el gran problema que enfrenta el Gobierno y, en particular, el presidente García es el de su credibilidad. La cual ha sido puesta en cuestión por la acción ordenada de los sindicatos y movimientos sociales en camino a constituir un frente político de oposición; así como por la impericia del Gobierno para manejar bombas de tiempo que el mismo se pone (vg. Moquegua). En esa misma línea, también es posible que, en este juego irresponsable, el propio Gobierno termine levantando a grupitos extremistas que terminen consiguiendo algún tipo de respaldo social y político. Así, los fantasmas en los que el gobierno quiere creer cobrarían vida, lo que no beneficiará ni al país ni a su gobernabilidad.