En la segunda parte de la entrevista que nos concedió, la titular de la Defensoría del Pueblo, doctora Beatriz Merino, subraya la evolución de la institución, que ha pasado de la atención individual al ciudadano vulnerado en sus derechos, a la identificación de los sectores más problemáticos del Estado y el planteamiento de políticas públicas para optimizar su servicio. A continuación, la parte final del diálogo [2'56"].

El rol de la institución. “La Defensoría del Pueblo es un colaborador crítico del Estado. Muchas veces se le confunde, se cree que es la oposición política. No lo es. No hace política, sino que le dice al Estado lo que no funciona por encargo del ciudadano, que viene a nosotros y nos dice qué lo incomoda, qué no le sirve, qué lo maltrata. Y nosotros se lo decimos al Estado. Claro, como en la antigua Grecia, muchas veces quieren matar al mensajero. Pero no lo van a hacer. Somos una institución querida, respetada, creíble; no por mí, sino por el trabajo de cientos de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y por los once años en los que la institución ha sabido ganarse la confianza de la ciudadanía.”

La política pública. “Lo que nosotros hemos hecho es pasar de la queja individual a la política pública. La mejor manera de servir al ciudadano es hacerlo individualmente, pero también detectar cuáles son esos nudos, esos sectores del Estado en los que el ciudadano es peor tratado, e intentar incidir allí. Eso es la política pública. La Defensoría del Pueblo es la única institución del Estado que puede aportar a la política pública desde la perspectiva del ciudadano, porque se nutre de la información que le ofrece el ciudadano todos los días, desde que entra a nuestras oficinas en todo el país, nos llama por teléfono o nos escribe. De eso hacemos un resumen y análisis, y ahora trabajamos en políticas educativas y en políticas de salud. Obviamente, hemos comenzado por lo que consideramos más importante.”

Otros avances. “Dicho esto, en estos dos años y medio hemos tratado de introducir la tecnología como una herramienta que nos permite comunicarnos por las 37 oficinas que tenemos por todo el país, lo que alimenta rápidamente la información y la solución de los problemas. Hemos ingresado en el tema del transporte interprovincial, tenemos la Adjuntía de la Niñez, hemos rediseñado la página web, que ya tiene más de un millón de usuarios. Hemos entrado en temas como el medio ambiente. Es en la Defensoría del Pueblo donde nace, el año pasado, la propuesta de crear una entidad autónoma ambiental, y esa propuesta da lugar, un año después, a que el Ejecutivo tome la decisión de crear este Ministerio del Ambiente.”

En una amplia entrevista, la titular de la Defensoría del Pueblo, doctora Beatriz Merino, expuso sobre la discriminación y el racismo arraigados, el rol de la minería y las funciones de esta importante institución que defiende a los ciudadanos y que se ha convertido, en sus propias palabras, “en el último peldaño del Estado para solicitar apoyo”. A continuación, sus principales declaraciones y la primera parte del diálogo [7'10"].

¿Qué es la Defensoría del Pueblo? “No es una institución jurisdiccional, ni la policía, es una institución que defiende al ciudadano frente a los abusos del Estado: Poder Ejecutivo, Judicial, Congreso, Fuerzas Armadas, etc. Cuando el ciudadano siente que sus derechos han sido vulnerados o no ha sido escuchado, tiene a esta autoridad que es ética y que tiene el magisterio de la persuasión, el último peldaño del Estado para solicitar apoyo. Siempre digo a los ciudadanos que no puedo resolver sus problemas, pero que voy a luchar a su lado para que se resuelva. Los casos más frecuentes que recibimos se refieren a corrupción en la educación (sobre lo cual emitiremos un importante informe en las próximas semanas), problemas con las pensiones, trámites en municipalidades, maltrato en establecimientos de salud, entre otros.”

¿Dónde quejarse? “La Defensoría tiene 37 oficinas repartidas en todo el país. Es una de las entidades del Estado que más dependencias tiene fuera de Lima. Y ya tiene once años de creada. Asimismo, tiene misiones itinerantes que visitan las zonas rurales, explicando sus funciones e indagando sobre las quejas de los ciudadanos y los conflictos que pudieran existir. Últimamente estamos desarrollando una campaña conjunta con el RENIEC para dar identidad a muchas personas en el sector rural que no tienen el Documento Nacional de Identidad.”

Conflictos sociales. “Nuestra institución tiene también un servicio de alerta sobre conflictos sociales. Se inició luego del linchamiento de un alcalde en Ilave, Puno, el año 2003. Es un reporte que sirve como instrumento de análisis y alerta para autoridades del Poder Ejecutivo, regionales, municipales, académicos, congresistas, periodistas, etc. Es elaborado sobre la base de fuentes de información pública. Hace dos meses lo hemos relanzado con un sistema de alertas tempranas.

Hemos recolectado cientos de actas firmadas por autoridades y empresas, en las cuales éstas se comprometen a atender o resolver determinadas situaciones. Hemos identificado que una de las principales causas de los conflictos que hay en el país tienen su origen en el incumplimiento de los compromisos fijados en estas actas. Nuestro sistema de alertas pone fecha a cada uno de estos acuerdos y avisa a las autoridades para que cumplan con lo establecido en estos documentos. Si no hay este cumplimiento se generan situaciones de confrontación.

El conflicto no debe asustar tanto, ya que es normal que existan diferencias y controversias. Además, puede ser aprovechado por una oportunidad para el cambio. Lo grave es la violencia que acompaña al conflicto y que ocurre si éste no es prevenido a tiempo, o si las organizaciones (como los Frentes de Defensa) no son escuchadas o cuando sienten que se les cierran todas las puertas. En ese instante recurren a la violencia. Estos actos ya tienen otra lógica y muchas veces constituyen actividades delictivas.”

El papel de la minería. “Es cierto que en nuestros reportes aparece regularmente el tema de la minería. La Defensoría también ve temas de empresas privadas cuando éstas dan un servicio público. Por ejemplo, luz, agua, teléfono, transporte interprovincial, etc. Sucede, entonces, que algunos de éstos problemas —como el del agua— tienen un carácter socioambiental; es decir, involucran a la actividad minera. Casi la mitad de los conflictos que hay en el país (entre un 46 a 48%, según el mes) son conflictos socioambientales y se dan dentro del sector energía. Quienes interponen quejas o denuncias son mayormente comunidades rurales que sienten temor por la eventual contaminación ambiental que podría causar esta actividad y en particular por la contaminación del agua, tanto en ciudades como en áreas altoandinas.

La discriminación. “La discriminación es otro tema que no había sido tratado anteriormente. La discriminación y el racismo están en la entraña misma de los problemas de este país. Hemos hecho un recuento de todas las normas en la legislación referidas a este tema y nuestro informe ha señalado que lo que existe es poco e insuficiente. Estamos realizando, por tanto, un esfuerzo para que la gente y en especial los funcionarios estatales se concienticen y asuman que el racismo y la discriminación deben reducirse y eliminarse en las oficinas del Estado y en la atención a los ciudadanos. Muchas veces las personas con alguna discapacidad, los que tienen un color de piel diferente, las mujeres, las personas quechuahablantes, los de menores ingresos, etc., son maltratados por el Estado y muchas veces esto tiene que ver con la discriminación. Por ejemplo, hemos denunciado ante el Ministerio Público un caso por discriminación, de una señorita que quería hacer un internado en una institución pública para graduarse y era víctima de una afasia. Este es un increíble caso de discriminación difundido por la prensa.”

El naturista Deiter Linares, director de Perú Natural, expuso sobre las grandes posibilidades de desarrollo económico en el país, en particular en el ámbito de las regiones, a partir de la inagotable riqueza natural que puede encontrarse en el territorio nacional y que ayuda a cuestionar mucho más los altos índices de pobreza en los que vive la mayor parte de la población.

Subrayó que una de las necesidades en la política económica es diseñar una política de Estado respecto de las frutas y plantas medicinales: “hay que coordinar con los gobiernos regionales, los científicos y las universidades, y ponerlos a disposición del mundo; pienso que la designación de Antonio Brack Egg como ministro del Medio Ambiente permitirá estas vías”. Agregó que lo único que falta es conocer los recursos con los que contamos, pero “mientras no tengamos idea de la existencia de los productos, no podemos desarrollar nada; los centros académicos tienen tesis desarrolladas sobre la quinua, kiwicha, cañihua, el sanky que estamos impulsando actualmente, pero aún no hay una popularización del tema”.

Linares observó que hay un trasfondo cultural detrás de ese desconocimiento. Algunas de las especies más beneficiosas, como la racacha, que es parecida a la papa amarilla, posee un almidón fino, nueve veces más calcio y dos veces más hierro que la papa, pero sólo es consumida por la población más campesina y rural. “En Lima, las personas que la venden incluso la tienen escondida, ni siquiera la exhiben porque es considerado un alimento vergonzoso. Es una herencia colonial, simplemente se ignora, no se conoce, no se sabe para qué sirve, ni siquiera se sabe que se come”, puntualizó.

El director de Perú Natural, entidad promotora de productos naturales, destacó la ventaja que constituye la diversidad de frutas que existe en el Perú, las cuales podrían ser consideradas exóticas en el extranjero, por lo tanto caras, y que muchas veces son medicinales. Una de ellas es el sanky, una fruta silvestre cuyo hallazgo ocurrió en 2006 en Ayacucho y Huancavelica, que se produce sobre los 3 mil metros de altura y tiene grandes cantidades de vitamina C y calcio, cinco veces más potasio que el plátano, además de magnesio y ácido ascórbico, que permite la prevención del cáncer.

“En los Andes tenemos toda la solución a nuestra supuesta pobreza. Esperemos que lo descubramos nosotros y no Chile, porque ellos ya empezaron a descubrirlo. Han llevado gran cantidad de semillas de chirimoya a la zona de Iquique, y han sembrado industrialmente, ahora en New York están promoviéndola como chilemoya; debemos despertar, y lo primero es consumir lo que tenemos, y los gobiernos regionales y el gobierno central deben facilitar la información, y poner en contacto a los campesinos que tienen acceso a estas frutas regionales con mercados externos”, concluyó.

Entrevista completa (7′15″)

El doctor Jorge Valencia, Defensor Adjunto de la Niñez y de la Adolescencia, observó que deben aplicarse una serie de pautas en la educación a los niños, asumiendo que parte de sus derechos constituye estar protegido contra el castigo o maltrato doméstico. En entrevista con Enlace Nacional, el funcionario expuso sobre la campaña que está desarrollando la Defensoría del Pueblo para sensibilizar a la opinión pública en la materia. A continuación, sus principales declaraciones y la entrevista completa [5'45"].

Ciudadanía desde el nacimiento. “La Convención de los Derechos del Niño reconoce al niño como sujeto de derecho y ello en el contexto de un mundo globalizado, donde el concepto de inclusión de la infancia es fundamental en un espacio público. La construcción de ciudadanía ya no se entiende desde una edad determinada, por ejemplo 18 ó 21 años, sino desde que se nace. El patrimonialista concepto de la infancia debe ser dejado de lado. Los niños no son propiedad de su padre sino sujetos de derecho y, en consecuencia, son sujetos de derechos y libertades. Por tanto, el espacio de la familia, que es la célula básica de la sociedad, debe ser entendido como un espacio democrático.

Según Anthony Giddens, como una democracia de las emociones, o como afirma Francisco Miró Quesada Rada, la democracia cotidiana, donde los niños comparten una relación de derechos y deberes con sus padres. Esto no puede existir cuando, por ejemplo, el padre, para corregir a un niño, tenga que golpearlo, maltratarlo o humillarlo.”

Construyendo una nueva relación. “¿Por qué no funciona el golpe ahora? Porque es parte de una cultura. Somos una generación de transición. Tal vez algunos de nosotros fuimos golpeados cuando éramos niños, ahora que somos padres ya no queremos hacer eso a nuestros hijos. El educar no puede ser mediante el golpe, la cachetada o el insulto. Debemos educarlos sin afectar su actitud psicológica ni su cuerpo. No podemos seguir golpeando a los niños. La construcción de una relación entre padres e hijos debe incluir una negociación en el hogar, una negociación permanente. Por ejemplo, si mi hijo no quiere hacer tareas, entonces tiene el derecho de no hacerlas, pero en ese caso tampoco verá la televisión en la noche o no habrá salida a pasear durante el fin de semana. En consecuencia, no hubo necesidad de golpes para que el niño entienda que tenía que estudiar.”

En defensa de los niños. “La Defensoría del Pueblo supervisa la labor de los órganos del Estado, por ejemplo, a la Policía Nacional, la cual podría llevar a cabo una investigación sobre castigo corporal o violencia familiar. De allí la importancia de que estas instituciones puedan ejercer su rol de protección cuando un derecho de los niños ha sido vulnerado. También puedo mencionar el especial interés de la doctora Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, en el tema de la niñez y adolescencia. De hecho, ella creó la adjuntía para la niñez y la adolescencia y en este marco estamos desarrollando una campaña contra el castigo corporal, la cual está dirigida por niños y adolescentes. Esta campaña es en alianza con otras instituciones comprometidas con la lucha contra el castigo corporal, como Save The Children, Plan International, etc.”

Modificaciones legislativas. “La Defensoría participa en la Comisión Reformadora del Código de los Niños y Adolescentes, donde se están introduciendo modificaciones, por ejemplo en la patria potestad. Es decir, en los derechos y deberes que tienen los padres con sus hijos y donde se prohibirá el castigo corporal. Ya hay países, como Uruguay y España, que en sus legislaciones han prohibido el castigo corporal, no sólo por parte de los padres, sino también por los profesores, tutores o cualquier persona que sea responsable o esté a cargo de una niña, un niño o adolescente.”

El representante de UNICEF-Perú, Guido Cornale, explicó los pormenores del informe Estado de la Niñez en el Perú, un documento desarrollado por esa institución durante más de un año que abarca todo el territorio nacional, que contribuye a la formación de políticas públicas, con información desagregada por regiones y que incluye Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Según el informe, la pobreza en la población de menores de 5 años alcanza el 60%, y en menores de 18 años el 57%. Se ha comparado un promedio nacional del 45% que vive en pobreza con un extremo, que es la niñez de la zona rural, donde un 80% vive en pobreza. Todos los indicadores negativos se encuentran en el área rural de la sierra, mientras que en la selva la situación varía en cuanto al área urbana y los pueblos indígenas amazónicos.

El estudio ha dividido el ciclo vital en tres etapas: infancia, niñez y adolescencia, lo que permite apreciar cómo varían los problemas que los afectan. En la infancia, el problema fundamental reside en la desnutrición y ello se evidencia en el 50% de niños peruanos que sufre de anemia.

Cornale subrayó que la UNICEF tiene mucho que decir al respecto, porque un derecho de los niños es crecer y desarrollarse según su potencial, pero si ello no ocurre, tendrán un nivel educativo por debajo del que hubiesen tenido con una buena alimentación. Otro problema infantil es la carencia de la partida de nacimiento, documento con el que cuentan el 98% de niños en Moquegua, mientras que esa cifra baja en Ucayali al 73%, y más todavía en otras provincias amazónicas.

En el tema educativo, Cornale indicó que el 97% de la población infantil va a la escuela, pero al menos 150 mil niños en edad escolar no lo hace, y enfatizó que “el rendimiento escolar es particularmente significativo cuando se compara niños de madre con lengua castellana frente a niños con madre de habla quechua”, lo que significa que la educación intercultural bilingüe no está funcionando como debiera. Además, el informe señala que el 67% de los niños accede a la educación inicial, pero sólo el 56% del área rural puede lograrlo.

El documento de trabajo revela que una preocupación de la población adolescente es el embarazo precoz, que se produce entre los 15 y 20 años. A nivel nacional, 13% de adolescentes han tenido un embarazo precoz, pero la disparidad vuelve a presentarse, con el 10% de embarazos precoces en la población castellana hablante, y el 40% en la población nativa amazónica.

Cornale, médico y cirujano de profesión, agregó que otro problema que han constatado es que lamentablemente muy pocos adolescentes conocen y saben cómo prevenir el VIH-SIDA. Sólo el 25% de las mujeres entre 15 y 19 años manifestaron conocer la enfermedad.

“Frente a lo expuesto, cabe precisar que el informe de UNICEF tiene como meta contribuir a mejorar las políticas públicas, a fin de reducir las brechas existentes en salud, educación y nutrición. Se requiere buscar una adaptación cultural y hacer participar a los niños y adolescentes en la solución de sus problemas”, concluyó.

Entrevista completa (7′26″)

El 12 de mayo, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a la inacción del Congreso sobre algunas normas que afectan derechos fundamentales de la población. Sobre el tema, dialogamos con Miguel Jugo, director ejecutivo de dicha institución, quien recuerda, en primer lugar, que en mayo del 2007, el Congreso entregó al Ejecutivo facultades legislativas, con las que el 22 de julio de ese año el gobierno publicó 11 decretos legislativos para combatir la delincuencia y el narcotráfico.

Pero, junto a éstos, se introdujo una serie de normas dirigidas hacia la protesta social, las cuales establecen que los policías que hieran a personas en una manifestación, en uso reglamentario de sus armas, son inimputables, o sea no se les debe juzgar. Además, las autoridades, como alcaldes y presidentes regionales, no pueden participar en huelgas, paros o protestas ciudadanas, coactando su libertad de conciencia y de opinión y el derecho de huelga. Y por último, las penas se elevan desmesuradamente. Por ejemplo, si se impide a personas que salgan de un local, se considera secuestro y puede tener una condena de 20 años de cárcel. De este modo, se criminaliza la protesta social: todas las figuras legales de huelga, paro y manifestaciones hoy terminan siendo igual que el robo, el asalto o el narcotráfico.

Miguel Jugo observa que el Gobierno no ha tenido facultades para modificar el Código Penal, y que el Congreso, que ha debido hacer el control constitucional, no lo ha hecho. Además, según las normas autoritativas, 10 días después de emitirse por delegación, el primer ministro debió ir al Parlamento, presentarlas e iniciar un debate. Pero el único debate que se ha producido de los 11 decretos legislativos es sobre la famosa norma de “pérdida de dominio”, por la cual se pueden embargar algunas propiedades de narcotraficantes, como si esto fuera el problema principal.

El representante de APRODEH enfatiza que, ante la inacción legislativa, su institución ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional, para expresar que estas normas contravienen derechos fundamentales y que el gobierno no tenía las facultades delegadas para hacer este tipo de modificaciones legales. El mismo criterio tuvo la Defensoría del Pueblo, que en octubre de 2007 emitió un informe al respecto.

Jugo mencionó el caso de un alcalde elegido en 2006 que ahora está en el penal El Milagro, ya que junto a un grupo de personas protestó ante una empresa minera. “La policía fue a reprimir y un policía cayó y rodó por el piso. Los comuneros lo atendieron, el efectivo policial no sufrió daño alguno y fue devuelto a la comisaría mediante un acta. Por este documento, el alcalde del distrito de Parcoy, el presidente de la ronda campesina y un comunero están purgando penas de diez años en el penal El Milagro”, reveló. Además, otro caso es el de una dirigente social en Ayacucho, para la que se pide 20 años de cárcel por haber estado en la toma de la Municipalidad de Huamanga. “Estas acciones, que normalmente realiza el movimiento social, actualmente se han convertido en un crimen”, agregó.

Prohibida la disidencia

Jugo puntualizó que hay personas que pueden estar a favor de Cuba o Venezuela, con las que uno no tiene que estar de acuerdo, “pero tampoco puede reprimirlas; sin embargo, hay un clima cargado en el cual el que piensa distinto, por ejemplo, el que está contra el modelo económico neoliberal, puede ser entendido como subversivo o terrorista”.

“En el caso de las seis personas detenidas que ingresaron por Tumbes al Perú, bastó la sospecha de que podrían ser del MRTA y estar coludidas con las FARC para atentar contra la seguridad de Ecuador, Colombia y Perú. Eso dice la denuncia del fiscal y ha sido acogida por la jueza. Estas sospechas no provienen de documentos ni está refrendada por hechos concretos punibles. Se les considera terroristas potenciales. Es decir, lo son no por lo que hayan hecho sino por lo que podrían hacer. Estamos en una situación en la que una persona, por tener un pensamiento determinado, puede ir a la cárcel. Eso es terrible. A nadie se le puede sancionar por su pensamiento, sino por actos preparatorios, o por actos que pueden conducir a cometer un delito. Pero mientras no haya eso, esa persona no puede ser detenida ni procesada”, sostuvo.

Vislumbró que habrá, entonces, un gran censor que diga cómo debe pensar la gente y cómo no. “Eso es lo que hemos vivido estos meses y esta situación se va a profundizar, porque ya el presidente Alan García ha declarado en una entrevista que hay determinadas personas que “no tienen una voluntad democrática”. Él define “voluntad democrática” como apoyar al Gobierno, estar de acuerdo con las medidas que propone y, obviamente, no protestar”, concluyó.

Entrevista completa (8′46″)

Entrevista a Marusia Ruiz Caro sobre el Registro Único de Víctimas

Durante 20 años el Perú vivió un conflicto armado interno en que miles de peruanos murieron o fueron desaparecidos injustamente. La mayoría eran inocentes, vivían en zonas de extrema pobreza y hablaban lenguas vernáculas. El Estado ha aprobado una política, derivada de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), debe ahora resarcir a los familiares y afectados por la violencia política. Y el primer paso para ello es saber quiénes son esos afectados, mediante la elaboración de un Registro Único de Víctimas (RUV). Marusia Ruiz Caro, secretaria técnica del Consejo de Reparaciones, nos explica los pormenores de este proceso.

Registro descentralizado

La Comisión de la Verdad recomendó aplicar un Plan Integral de Reparaciones (PIR), un requisito para ello es determinar el número de víctimas. Por ello, el RUV busca identificar a cada una de las comunidades que sufrieron los efectos de la violencia. El Consejo de Reparaciones recién empezó a funcionar durante el 2007 –cuando recibió un presupuesto formalmente– y aunque sus labores se centran en Lima, han empezado a inaugurar los módulos descentralizados a fin de acercarse a las víctimas del conflicto armado interno.

El primer módulo inaugurado fue en Huanta. Ahora tienen previsto abrir un módulo en Satipo, Junín. Y a pesar de las limitaciones económicas están concretando alianzas con los gobiernos locales y regionales e instituciones civiles para abrir módulos de atención. Ruiz Caro informa que por ahora la prioridad son las regiones de Junín, Huanuco y Ayacucho, dado el número de víctimas que concentran. No obstante, se tiene previsto abrir una oficina en Huancayo, gracias al apoyo del gobierno regional. Y en Piura que, aunque no suene como un departamento afectado por la violencia, tiene un distrito que concentra desplazados por la violencia; se trata de Huarmaca, por lo que se abrirá una oficina en dicho lugar.

Víctimas unificadas

El registro es único y no disperso. “Yo sé que no todos sienten por igual el tratamiento a las víctimas como una prioridad. Pero a los gobiernos locales y regionales les interesa aplicar el programa de reparaciones y para ello requieren identificar a las víctimas”, dijo la funcionaria. Por ello, según la ley, el único documento oficial es el Registro Único de Víctimas que trabaja el Consejo de Reparaciones y ese es el marco de su trabajo. “Felizmente, todas las instituciones han entendido que el trabajo coordinado es lo más importante”, sentenció.

Proceso es gratuito

“Nuestro trabajo se basa en el registro que ya han realizado otras entidades del Estado como por ejemplo: el registro de desplazado que trabajó el MIMDES y el registro de desaparecidos de la Defensoría del Pueblo. Lo que busca el Registro Único de Víctimas es unificar esa información. Incluso en Apurímac y Huancavelica han trabajado su propio registro regional”, afirmó la funcionaria.

El proceso es complejo pero es un primer paso a seguir. Inicialmente se llena una ficha. “La víctima o el familiar de la víctima debe firmar una declaración jurada y, de ser posible, llevar documentos que se relacionen al hecho que sufrieron. El proceso es gratuito. Ello debe quedar claro”, advirtió Ruiz Caro. Tras la inscripción, se debe precisar que se requiere pasar por un proceso de verificación a fin de que nadie se quede fuera y no entre alguien que no lo merezca. “Es importante saber que el proceso puede demorar meses”.

Objetivo: Reparaciones

Una vez culminado el proceso de registro de víctimas, los datos serán transferidos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), y serán ellos quienes decidan qué tipo de reparación recibirán las personas afectadas. “Existen programas de vivienda, salud, educación, etc. Incluso hay un programa de reparaciones económicas, pero los únicos que tienen los derechos son los familiares de las personas desaparecidas, aquellas que sufrieron violación sexual y aquellas que producto de la violencia quedaron con una discapacidad severa”, concluyó Ruiz Caro.

Vean la entrevista a Marusia Ruiz Caro (10:01 min.)

Entrevista a Federico León, asesor de la Asociación Nacional de Productores Algodoneros, sobre las gestiones de Miguel Bosé a favor de este producto.

Enlace Nacional entrevistó a Federico León, ex presidente de la Asociación Nacional de Productores de Algodón y ahora asesor de esa entidad, quien explicó que, gracias a la iniciativa de OXFAM, el cantante español Miguel Bosé vino a Perú a promover el comercio con justicia y, en esa línea, buscar revalorizar a los productores de algodón peruano, en sus legendarias variedades Pima y Tangüis. Bosé estuvo en 2006 en el Alto Piura, visitó a los campesinos de la región y constató los altos niveles de pobreza que padecen, por lo que se comprometió directamente con ellos a impulsar acciones destinadas a reconstruir sus capacidades productivas.

Durante muchos años, el algodón peruano ha sido considerado el mejor del mundo y aún lo es, tanto por la calidad del clima y del suelo en que se cultiva, como por el hecho de que es de fibra larga, por oposición al algodón masivo que es de fibra corta. Es decir, el algodón peruano está destinado a nichos de mercado de altos ingresos y para la producción de vestidos de alta calidad en el mundo.

La decadencia de los productores ocurrió en la década de los noventa con la aplicación de una política neoliberal a ultranza, que restringió el apoyo del Estado a los productores locales tanto en materia de crédito como en capacitación, entre otros aspectos. Mientras tanto, los Estados Unidos habían venido desarrollando una política inversa: subsidiando y brindando ayudas descomunales a sus productores de algodón, lo que les permitió barrer con el mercado y prácticamente sacar al algodón peruano de la escena internacional.

Por otra parte, las empresas textiles peruanas han ejercido —según León— una concertación de precios que le son impuestos a los productores locales. Por tanto, la imposibilidad de exportar y los bajos precios que se pagan en el mercado local a los productores los han condenado a la miseria y a llevar una vida prácticamente de sobrevivencia que urge cambiar.

De allí la importancia de las gestiones que han organizado OXFAM y Miguel Bosé, conjuntamente con las organizaciones productoras, para que el Congreso de la República dicte medidas factibles que ayuden a que el algodón peruano vuelva a tener el lugar que le corresponde en el mundo.

Vean la entrevista a Federico León y Miguel Bosé (8:20 min.)

En diálogo con Enlace Nacional, el Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, Javier Azpur, cuestionó la forma de distribución de los dividendos del canon que se está aplicando en las regiones que cuentan con recursos mineros. Consideró que es inequitativo el reparto, ya que beneficia a los distritos donde específicamente se realiza la actividad extractiva, en detrimento del resto de la provincia correspondiente.

“Los recursos del canon deberían ser gestionados por el gobierno regional, definiendo indicadores y criterios de distribución de acuerdo a la población y pobreza de los distritos y las provincias, que permitan ejecutar proyectos realmente de envergadura regional. El mecanismo actual de repartición favorece a los distritos donde existe actividad minera. Eso significa que 25% del canon va a un solo distrito”, explicó.

Azpur indicó que no se está tomando en cuenta que las dinámicas económicas que requiere una región para su desarrollo no se generan en un distrito. Ante ello, propuso se replantee el criterio hacia un enfoque más bien regional, a través de un amplio debate en cada región que construya un consenso sobre la necesidad de distribuir los recursos y generar modificaciones en el marco legislativo, ya que la autonomía de las regiones no alcanza para hacer una modificación del canon, sino se requiere una norma a nivel del Congreso.

“Asimismo, se requiere acabar con el mito de que existe una enorme cantidad de recursos. Lo que no debe perderse de vista es que frente a las necesidades de desarrollo en el país, se requieren más recursos. Por ello, es necesario renegociar con las empresas para lograr mayores recursos y para que la distribución equitativa sea una realidad, sobre todo en beneficio de aquellas regiones que no tienen canon ni regalías. Las empresas deben entender que parte de su sobreganancia tiene que ser para el Estado para que pueda cumplir sus funciones”, puntualizó.

Según el representante de Propuesta Ciudadana, la renegociación de contratos es viable, “porque en América Latina se ha demostrado que se puede hacer, y las empresas siguen ahí, porque no se guían por parámetros ideológicos, sino por los márgenes de ganancia”. Señaló que, en los últimos años, se ha reportado 10 mil millones de utilidades adicionales en las empresas vinculadas a la industria extractiva, lo que básicamente se debe a los precios.

“Entonces, si las empresas se están beneficiando de ingresos no previstos en la proyección inicial de los contratos, es justo que la sociedad peruana se beneficie de ello y eso implica una reestructuración de los contratos. Y en el Perú eso es posible, lo que se requiere es voluntad política y cierto consenso nacional que debe ser liderado por el Gobierno”, concluyó.

Paradojas del canon

Entrevista a Mirtha Correa, directora de la Asociación Calandria

Mirtha Correa hace una diferencia entre medios públicos y medios privados. Lo público define que es “de todos”, mientras que los medios privados, si bien también dan un servicio público, son propiedad de una empresa. En cambio, “los dueños de los medios públicos somos todas y todos los peruanos”.

Comentando el caso del IRTP, señala que normalmente los medios estatales son más bien gubernamentales. Es decir, que el gobierno de turno se apropia del medio para hacer propaganda y no comunicación. “Son cosas distintas”, acota.

La experta propone que debemos avanzar en el sentido de que esos medios sean realmente públicos y que diversos sectores de la sociedad puedan participar. Por ejemplo, las universidades y la sociedad civil en su conjunto deben tener espacios de expresión y producción en los medios públicos.

Correa recuerda que durante el gobierno de Alejandro Toledo hubo una apertura interesante hacia otros sectores, y también la calidad audiovisual mejoró bastante, lo cual es destacable porque habitualmente se asocia a la televisión pública con producciones aburridas o poco atractivas. Sin embargo, en aquella época, varios programas llegaron a tener buen rating.

“Con el gobierno aprista eso se ha reducido bastante”, reconoció nuestra entrevistada. Ha cambiado la opinión que se expresa en la señal del canal 7. Sobre todo es la opinión de los políticos de turno. En la época de Toledo también habían esas opiniones, pero existía además una apertura hacia otros sectores. “Había expertos de la sociedad civil que tenían programas propios, con libertad de opinión y expresión. Había lugar para la disidencia. Ahora, en cambio, tenemos casos como el retiro del programa de Guillermo Giacosa, que todo hace suponer que ha ocurrido por las opiniones que vertía este periodista”, sentenció.

Para Mirtha Correa, el canal del Estado debe ser cultural, pero entendiendo la cultura como una noción amplia. No sólo dedicada a los monumentos del pasado, sino una cultura viva. Por tanto, debe ser expresión de todos los peruanos y un espacio de encuentro de la diversidad que existe en todo el país. También debe tener un carácter informativo. En ese sentido, la no cobertura al juicio del ex presidente Alberto Fujimori indica que no se está ejerciendo plenamente esa función informativa.

Ella imagina un canal del Estado en el cual su directorio esté integrado por varias voces, que representen a todos los sectores: universidades, colegios, empresarios, ONG, etc. Es decir, la sociedad civil representada discutiendo sobre políticas de comunicación, políticas informativas y políticas culturales. Un espacio multisectorial donde se ejerza una real propiedad de todos los peruanos y no del gobierno de turno.

Duración de la entrevista: 06′36” min.