A fines de octubre, Sofía Macher Batanero, presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), entregó a Yehude Simon Munaro, presidente del Consejo de Ministros, el informe anual del CR correspondiente al periodo 2007-2008 sobre los avances del Registro Único de Víctimas (RUV). A la reunión también asistieron los consejeros Pilar Coll Torrente, Juan Fernández Dávila Vélez, general EP (r); y Martín Carbajal Zegarra, secretario técnico.

De los 15.276 ciudadanos que ya figuran en el RUV, 14.564 presentan afectaciones de fallecimiento y desaparición forzada (8.511 son víctimas fatales y 6.053 son familiares inscritos como beneficiarios individuales) y provienen principalmente de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Apurímac. Del mismo modo, el 68% de las comunidades y centros poblados inscritos también están ubicados en estos departamentos que presentan un coeficiente de alta afectación según el mapa de violencia elaborado por el consejo.

A la fecha, el CR ha instalado 53 módulos de atención descentralizados del RUV ubicados en Lima, Ayacucho, Junín, Puno, Cusco, San Martín, Pasco, Piura, Huánuco, Ucayali y Apurímac; 49 de los cuales cuentan con el apoyo de gobiernos regionales, locales, iglesias y organismos de la sociedad civil.

Este año se implementaron dos experiencias piloto de registro rural en las provincias más afectadas del Perú: Satipo y Huanta –aún en ejecución en esta última–, a fin de recoger información de víctimas que no figuran en registros anteriores del Estado. Para este fin, se contó con el apoyo de municipalidades provinciales y distritales de la zona, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Centro de Investigación Social de Ayacucho (CEISA). El próximo año, el CR llevará a cabo una Campaña Nacional de Recojo de Información sobre víctimas de la violencia en las zonas más afectadas del país. Adicionalmente, se tiene previsto integrar al RUV en su totalidad los registros anteriores del Estado, información recabada por el V Censo por la Paz y las nuevas solicitudes de inscripción; también se instalarán nuevos módulos descentralizados.

Finalmente, y pese a los obstáculos presupuestales que tiene la institución, los miembros del CR reafirmaron ante el primer ministro su compromiso personal y profesional con las víctimas del país, que aguardan el inicio de las reparaciones individuales, a cargo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), por lo que expresaron la necesidad de contar con un mayor presupuesto para el año 2009 a fin de acelerar la culminación del RUV.

Cabe recordar que los consejeros del CR prestan su servicios profesionales ad honórem y son reconocidos por su trayectoria y contribución a la defensa de la democracia y derechos humanos, y que estar inscrito en el RUV es requisito indispensable para poder acceder a las reparaciones del Estado.

Se puede descargar el informe completo y el directorio de módulos a nivel nacional en la web del RUV.

El miércoles 5 de noviembre se reinició la tercera audiencia del juicio oral a cinco de los seis miembros PNP que, en 1990, cometieron graves delitos de violación a los derechos humanos, asesinando a Marcelino Valencia y Zacarías Pasca Huamaní en la comisaría de Santo Tomás, provincia de Chumbivilcas. Asistieron a la Sala Mixta de Canchis de Sicuani, Guido Huallpa Roca, Audaz Baez Maqquerhua, Jorge Elías Maldonado Arrarte, Moisés Sixto Sutta Vera y Braulio Samuel Martiarena Ríos. No estuvo uno de los principales acusados, el alférez Miguel Angel Alva Quiroz, hasta hoy prófugo de la justicia peruana.

Los familiares de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca han estado presentes en las tres audiencias desarrolladas hasta el momento. Mariana Alvaro de Valencia y Escolástico Pasca esperan que se realice la continuación normal de este proceso sin tipo alguno de postergación o suspensión, ya que después de 18 años de impunidad siguen clamando por justicia y sanción a los culpables de los hechos. En esta tercera audiencia, los abogados de los procesados plantearon excepciones de prescripción y cosa juzgada, argumento que en muchos de los casos vinculados a graves violaciones a derechos humanos, ha sido el principal fundamento de defensa.

Como se recordará, en este caso los implicados fueron investigados, juzgados y luego condenados en el fuero militar y la zona judicial de la PNP por faltas administrativas, y NUNCA por los delitos que se cometieron. Por ello, la Corte Suprema de la República resolvió en el año 2006 que este proceso debió ventilarse en la justicia ordinaria y no en el fuero militar. Por su parte, la parte civil consideró que estos fundamentos deben ser declarados infundados, en vista de que el Estado tiene la obligación de investigar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables por violación a los derechos humanos, más si se toma en cuenta que el fuero militar no fue el órgano competente para investigar y sancionar con imparcialidad estos delitos.

La audiencia fue suspendida para el lunes 17 de noviembre, a partir de las 12 del mediodía en la Sala Mixta del Poder Judicial de Canchis.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) difunde la denuncia del periodista Abel Vargas Cari, en el sentido de haber sido víctima de un ataque, con amenaza de muerte incluida, de un funcionario de la Municipalidad de Aguaytía, que lo abordó cuando salía del local de Radio Felicidad, donde trabaja el hombre de prensa.

Funcionario municipal amenaza con una pistola a periodista

El 23 de octubre de 2008, el periodista Abel Vargas Cari, director del programa “Prensa Regional” de Radio Felicidad, denunció que fue golpeado y amenazado con una pistola por Róger Pinedo Flores, trabajador de la Municipalidad de Aguaytía, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, al sureste del país.

Días antes, el periodista había publicado una serie de denuncias contra Pinedo Flores, acusándolo de nepotismo y corrupción en ese municipio. El agresor es además hijo de la teniente alcaldesa, Elmith Flores Rojas, por lo que el periodista presume que el sujeto está protegido por las altas autoridades de esa municipalidad.

Vargas Cari dijo al IPYS que la amenaza sucedió cuando abandonaba la emisora. El agresor lo sorprendió, lo insultó y lo pateó en la pierna. Luego sacó un arma de fuego y, apuntándole al cuerpo, lo amenazó con matarlo si continuaba investigando la gestión de él y su madre. El periodista denunció el hecho ante la Policía Nacional pero, según dice, no cree que haya mayor investigación pues el actual alcalde, Tony Tang Gonzáles, concentra el poder de todas las autoridades en la zona.

Acaba de producirse un movimiento sísmico en Lima y diferentes partes del país, aproximadamente a las 3 y 40 p.m., con una duración breve y una considerable intensidad que aún no se conoce con exactitud, al igual que el epicentro. En parte porque, al parecer, nuevamente las líneas telefónicas han presentado ciertos desperfectos, al menos en los primeros minutos luego de transcurrido el hecho.

Se sabe que en el centro de Lima, hubo cierto nerviosismo en la multitud que acompaña al Señor de los Milagros. Mientras que en las ciudades de Chincha y Pisco, a diferencia de agosto del 2007 y de hace unos días en la segunda de ellas, el temblor se sintió de modo muy leve, y para la mayoría de personas pasó desapercibido. En otras zonas, como Ancash y el Cusco, ocurrió lo mismo.

Las primeras impresiones apuntan a que el epicentro se ha ubicado en Lima o el Callao.

Actualización. 4:20 p.m. Se ha informado que el epicentro estuvo a 36 kilómetros al noroeste de la localidad de Chilca, a una profundidad de 52 kilómetros, y la intensidad fue de 4,3 grados en la Escala de Richter, de acuerdo al reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú. Hasta el momento no se han registrado daños materiales ni personales de gravedad.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denuncia una nueva agresión a periodistas y medios de comunicación cometida en el marco de una protesta social en el sur del país, en esta oportunidad en Tacna, como reacción a una decisión del Congreso de la República sobre la distribución del canon minero, que también tuvo su correlato en la vecina Moquegua.

Delincuentes infiltrados en protesta agreden a periodistas y atacan sede de radio

El 30 de octubre de 2008, una turba de manifestantes arremetió contra los periodistas Rodolfo Pastor, corresponsal del semanario El Búho de Arequipa, y Jorge León, del canal Perú TV, para arrebatarles sus cámaras. Tras forcejear con los periodistas, los manifestantes los golpearon con piedras y palos. El hecho sucedió en la ciudad de Tacna, al sur del país, frontera con Chile, durante una violenta protesta para que el Congreso de la República apruebe del proyecto que modifica la distribución del canon minero.

Pastor informó al IPYS que los manifestantes eran delincuentes infiltrados que al percatarse que estaban grabando los actos violentos, agredieron a los reporteros.

Tras incendiar la gobernación de Tacna e intentar tomar el local del Partido Aprista Peruano (oficialista), la turba atacó con piedras la sede de Radio Uno, rompiendo todas las ventanas del edificio. Los delincuentes, tapados con pasamontañas, ingresaron hasta el primer piso de la radio e intentaron tomar las cabinas de transmisión.

IPYS condena la agresión a los periodistas y medios de Tacna, y exige a los dirigentes que lideran la manifestación respetar el trabajo de la prensa y sancionar a los responsables de la violencia.

Reacciones airadas. El intento de desalojo de una vivienda mediante el uso de bombas lacrimógenas ocasionó la quema de la comisaría del distrito de Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, región San Martín. A todas luces, la diligencia judicial se llevó a cabo de manera inadecuada, sobre todo porque el inmueble en cuestión estaba rodeado de centros educativos.

Según el alcalde de Nueva Cajamarca, Edy Marcelo Tirado, numerosos pobladores se aglomeraron en el lugar durante el desalojo. En respuesta, los efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas para ahuyentarlos, las cuales afectaron a un grupo de 16 estudiantes de un colegio cercano.

Ante esta situación, más de mil personas decidieron tomar la comisaría de Nueva Cajamarca en rechazo a la actitud desmesurada de la Policía Nacional. Sin embargo, en una llamada a RPP, un efectivo que no quiso identificarse, señaló que extrañamente la turba ingresó a la comisaría y quemó los archivos de antecedentes penales.

El policía indicó, además, que solicitaron refuerzos y que esperaban poder ser asistidos para poder dejar el segundo piso del local policial, lugar en el que se encontraba refugiado junto a otros efectivos que resultaron heridos en un intento de defenderse de la turba. Señaló que algunos pobladores portaban armas de fuego y punzocortantes.

Según se reportó, al nosocomio de la zona ingresaron al menos doce estudiantes por daños leves y en pocas horas fueron dados de alta. Al finalizar la intensa jornada, el burgomaestre informó que coordinó la llegada de un jefe policial para que junto al párroco del lugar puedan apaciguen a la población.

Foto: Sonora Tarapoto

Con la representación del periodista Ricardo Uceda, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) participó en el I Encuentro Andino de Libertad de Expresión, en Quito, Ecuador, donde ha firmado una declaración en defensa de las libertades de expresión y prensa en la Región Andina, junto con instituciones homólogas y afines de esta parte del continente.

Declaración de Quito por la libertad de expresión y prensa en la Región Andina

Las instituciones que suscriben, reunidas el 24 y 25 de octubre en Ecuador con ocasión del I Encuentro Andino de Libertad de Expresión y el lanzamiento de la Red de Monitoreo y Vigilancia de FUNDAMEDIOS en el país sede, acordamos emitir la siguiente declaración:

1. Queremos resaltar que las libertades de expresión y prensa no atañen únicamente al trabajo periodístico. Invitamos a la sociedad en general a considerar que en el momento en que se afecta el trabajo de cualquier periodista, por medio de amenazas directas o indirectas, se afecta el derecho de todos los ciudadanos a informar y ser informados de la forma más amplia posible.

2. Expresamos nuestra preocupación por las restricciones a la libertad de expresión en los países de la subregión andina derivadas de ataques verbales de los presidentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, contra medios de comunicación social y periodistas. Estos pronunciamientos estigmatizan la labor de la prensa y se convierten en un detonante de agresiones físicas contra periodistas por parte de movimientos políticos oficialistas, opositores o grupos irregulares.

3. Hemos tomado nota de otras restricciones originadas en estos países, y de una amplia problemática en Colombia y Perú. Estamos abocados a hacer un seguimiento minucioso de estas limitaciones informativas, y a la búsqueda de los mejores mecanismos de protección para cada caso.

4. Manifestamos la voluntad de buscar patrones comunes de observación y monitoreo con el fin de que la sociedad conozca mejor la situación de la libertad de expresión en los países andinos.

5. Exhortamos a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia a otorgar las máximas garantías establecidas en convenios internacionales y legislaciones de cada país, para que sus sociedades, periodistas y medios de comunicación social ejerciten su derecho a la libre expresión sin ninguna restricción.

Firmamos los representantes de las siguientes organizaciones reunidos en Quito entre el 24 y 25 de octubre del 2008.

Juan Javier Zeballos
Asociación Nacional de la Prensa, ANP de Bolivia

Carlos Cortés Castillo
Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP

Humberto Coronel
Instituto Prensa y Sociedad, IPYS - Colombia

Ricardo Uceda
Instituto Prensa y Sociedad, IPYS - Perú

Luisa Torrealba
Instituto Prensa y Sociedad, IPYS - Venezuela

Andrés Cañizales
Centro para la Libertad de Prensa de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

César Ricaurte
Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, Fundamedios

Ricardo González
Artículo XIX (observador)

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ha expresado su condena contra el ataque que sufrió hace unos días el local de Radio Sicuani, en medio de los disturbios que se han venido produciendo en la provincia de Canchis, en el Cusco.

Manifestantes destrozan local y equipos de transmisión de radio

El 24 de octubre de 2008, un grupo de manifestantes destrozó con palos y piedras el local y los equipos de Radio Sicuani, que opera en la provincia de Canchis, región Cusco, al sureste del país.

Los pobladores de dicha provincia acatan una protesta indefinida contra la construcción de una central hidroeléctrica en la zona.

Según la directora Doris Ochoa, el ataque se debe a que los manifestantes acusan a Radio Sicuani de no informar con objetividad y de haber minimizado el paro.

El asalto no causó víctimas pero sí daños materiales. IPYS condena este atentado y solicita a las autoridades salvaguardar la seguridad del medio y sus periodistas.

Dos nuevos módulos de atención del Registro Único de Víctimas (RUV) abren en Huamanga, Ayacucho, este martes 28 de octubre a fin de ampliar la atención a personas afectadas por el proceso de violencia -de los años 1980 al 2000- que deseen solicitar su inscripción en el RUV. Estos módulos, que atenderán a la población desde mañana 28, cuentan con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Municipalidad Distrital de Jesús de Nazareno que han firmado un convenio de cooperación institucional con el Consejo de Reparaciones para que estén abiertos hasta diciembre de 2008 y enero de 2009, respectivamente.

A la fecha, el módulo de atención que funciona desde julio en Huamanga ha atendido a unas 500 personas. El Consejo de Reparaciones, entidad encargada de elaborar el RUV, reconoce como víctimas de la violencia a los familiares directos de los fallecidos y desaparecidos, es decir, padres, cónyuge o conviviente, e hijos. Participarán en la inauguración el secretario técnico del Consejo de Reparaciones, Martín Carvajal Zegarra; el alcalde provincial de Huamanga, Germán Martinelli Chuchón; el alcalde distrital de Jesús de Nazareno, Amílcar Huancahuari Tueros; Carlota Morales Salazar, presidenta de la Asociación de Afectados por la Violencia Socio-Política de Jesús de Nazareno, y regidores de ambos municipios, entre otras personalidades.

El acto se realizará en el local del nuevo módulo de atención de Huamanga, ubicado en el Portal Constitución 44 (Plaza de Armas) a la 1 de la tarde. Posteriormente, los asistentes se trasladarán a las instalaciones del módulo del RUV de la Municipalidad Distrital de Jesús de Nazareno, en el Jr. Ricardo Palma 233.

La situación en la provincia de Canchis ha tenido como uno de sus hechos más graves el ataque de una turba a las instalaciones de la estación de Radio Sicuani, pero es oportuno revisar cronológicamente la escalada de enfrentamientos que se han venido produciendo en la localidad.

Antecedente
El 20 y 21 de septiembre de este año, se desarrolló en Puno la Asamblea de los pueblos de la Macro Región Sur. Ahí acordaron realizar el 20 de octubre el levantamiento indefinido de los pueblos a nivel de Macro Región Sur.

Lunes 20
Empieza la paralización por parte de campesinos/as de zonas altas del distrito de Sicuani, Maranganí y Combapata. Rechazan privatización del agua, concesiones mineras, modelo económico neoliberal, construcción de la Central Hidroeléctrica Salqa Pucara, y piden la renuncia de Alan García.
Se comenta falta de contundencia y articulación con otras organizaciones y gremios de otras provincias y regiones de la Macro Región Sur. Sin embargo, se bloquean el Puente Arturo (Sicuani) y Puent Salqa (Combapata), por lo que no hay servicio de transportes en el tramo de Maranganí-Sicuani-Combapata (parte del Valle del Vilcanota). La policía interviene a dos personas y las libera luego de tomar sus manifestaciones.

Martes 21
Se suman a la protesta profesores/as del SUTE Canchis. Bloquean la vía Sicuani-Cusco. Quedan varados más de 40 vehículos en el Puente Arturo y Puente Salqa.
El comandante Vásquez Carti, Jefe de la División Policial Canchis, y Sergio Llerena, gobernador provincial de Canchis, asumen el rol de mediador y dialogan con los dirigentes para permitir el paso vehicular.
Dirigentes evalúan que la medida es un proceso de aprendizaje, por lo que en dos días no se puede lograr las demandas. Por ello, afirman que la huelga continúa.
En comunicación telefónica, el congresista Oswaldo Luizar se solidariza con la movilización, y se compromete a coordinar y canalizar los reclamos desde el Congreso de la República.
El secretario general de la FUDIC anuncia que el miércoles, a las 10:00 a.m., se reunirán con los alcaldes distritales y el alcalde provincial en la Plaza de Armas de Sicuani, para dialogar sobre la declaración del territorio de la provincia de Canchis como zona intangible y de reserva natural.

Miércoles 22
En la mañana, el comandante Vásquez y el gobernador Llerena informan a los manifestantes que el alcalde provincial, Mario Velásquez Roque, está inubicable y se desconoce su paradero. La población intenta retener a Vásquez como garantía hasta que aparezca el alcalde, pero se acuerda llevar una reunión multisectorial.
En la tarde, por convocatoria de Llerena, algunos representantes se reúnen para analizar la plataforma de lucha. Concluyen que se requiere una mesa de díálogo, y que desde la Municipalidad Provincial de Canchis y desde el Gobierno Regional respondan al pliego. Por el episodio de la mañana, Llerena y Vásquez desisten de su voluntad de ser mediadores, porque no están dadas las garantías.
Llega a Sicuani un contingente policial comandado por el general de la X Región PNP Cusco para desbloquear las vías.
El SUTE Canchis no se entiende con los dirigentes campesinos. Discrepan en cómo se convocó el levantamiento de los pueblos, y acuerdan levantar la medida. Los pobladores de Combapata anuncian que si Tinta no se pliega a la movilización, procederían a cortar el agua.
Se enfrentan personal policial procedente de Cusco y los huelguistas apostados en el puente Salqa, donde se intentó incendiar un vehículo de la PNP. Finalmente, los vehículos pudieron avanzar hasta Sicuani.
Al fracasar la mediación de Vásquez y Llerena, se constituye una Comisión de Diálogo por parte de los huelguistas.
Se invoca no enviar a los alumnos a las instituciones educativas.
A través del congresista Luizar, se faxeó un documento a Lima para que, desde la Presidencia de Consejo de Ministros, se disponga la presencia de una Comisión de Alto Nivel en Sicuani.
En la tarde, dos pobladores de San Pablo son trasladados al Hospital de Sicuani por presentar heridas por perdigones. En la noche, cuando parte del personal policial iba hacia el cerro del Puente Arturo para evitar daños a los vehículos, resulta herido el joven Enrique Muñoz, quien es atendido en el Hospital de Sicuani. Las causas están en investigación preliminar ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Canchis.

Jueves 23
En el cuarto día de protesta, varias personas de Sicuani y sus comunidades se solidarizan, aportando víveres para la olla común de los manifestantes. Los transportistas se reúnen en la mañana para determinar el apoyo a la medida de fuerza. No hay movilidad en el terminal terrestre para prestar servicio de transporte.
La Comisión de Diálogo solicita el arribo a Sicuani de una Comisión de Alto Nivel y la presencia del alcalde Velásquez Roque.
Se llama a radicalizar la medida de lucha convocando a que bajen más campesinos de las zonas altas. En el Puente Arturo, la concentración de personas ha aumentado. Las cinco asociaciones de mototaxistas de Sicuani, comuneros de Machaqmarca y otros del distrito de Tinta, se suman a la medida de fuerza. Se convoca a jóvenes de los institutos superiores y de instituciones educativas secundarias, quienes se pliegan.
En la noche llegó a Sicuani el representante de la Defensoría del Pueblo de Cusco, Dr. Silvio Campana, para hablar con los representantes del Comité de Diálogo de los manifestantes.

Viernes 24
Se perpetra el ataque a Radio Sicuani.

Domingo 26
Suspenden protesta tras firmar acuerdos con el Ejecutivo, pero la situación aún no se ha resuelto completamente.