Frente a los hechos ocurridos el día 1 de julio del 2009, entre las 5:30 p.m. y 6:00 p.m., aproximadamente en el sector QENQO, tramo que se encuentra entre la vía Santo Tomás (Chumbivilcas)-Cusco, la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, expresa lo siguiente:

1. Nuestro equipo se encuentra en la provincia de Chumbivilcas, desde días previos al paro indefinido, protesta que vienen sosteniendo la población de esta provincia en forma pacífica. La plataforma de lucha, conforme lo señala la carta remitida por Monseñor Miguel La Fay Bardi, Obispo Prelado de Sicuani, a la Presidencia del Consejo de Ministros, recoge problemas estructurales y necesarios que el Estado debe atender y escuchar en esta provincia. Los hechos sucedidos el 01 de julio en sector QENQO, conforme al informe narrado por el equipo de la Vicaria y corroborado con versiones de distintos actores que estuvieron en el lugar de los hechos, señala que: La Empresa de Transportes Guapo Lindo, con ruta Santo Tomás-Arequipa, habría solicitado el apoyo de la Comisaría de Santo Tomas a fin de que le permitiera salir y aperturar los distintos tramos bloqueados por piquetes. Es así que en QENQO, se produjo un altercado verbal entre los ciudadanos que sostenían el piquete y personal de la Empresa, en esas circunstancias un miembro de la Policía, que al parecer sería el Comisario de Santo Tomas Sr. Alejandro Montes de Oca, hizo disparos y uno de ellos habría impactado contra un rondero de nombre Remigio Mendoza Ancalla, esto enardeció a los presentes quienes golpearon a los policías presentes y procedieron a incendiar el carro de dicha empresa. Como resultado de estos hechos se tiene, 1 herido con gravedad (Comisario) 1 muerto (Rondero[1]) además otros dos heridos que serían, el chofer de la Empresa y otro policía. Todos actualmente se encuentran hospitalizados en el Hospital de Santo Tomás. Se sabe que el estado de salud del rondero era delicado hasta el día de ayer.

2. Ocurrido los hechos, inmediatamente la Vicaria de Solidaridad en coordinación con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), se tomo contacto con las siguientes instancias: Defensoría del Pueblo Cusco, Presidencia del Consejo de Ministros, División Policial Canchis, así como con los Ministros de Salud y Agricultura.

3. Producto de las coordinaciones con la PCM y Ministros, frente a la difícil situación de acceso que existe entre Santo Tomás-Cusco e incluso Sicuani, se gestiono la presencia un helicóptero a fin de que traslade a la ciudad de Cusco a los heridos que se encuentran en gravedad. Este helicóptero se hizo presente a las 9.00am aprox. En Santo Tomás.

4. Asimismo, se tiene información que en Santo Tomás, se encuentra el viceministro del Interior.

Frente a lo manifestado solicitamos:

- La inmediata investigación a fin de que se esclarezca las razones que motivaron el ejercicio de la fuerza, sobre todo la utilización del arma en contra del Rondero.

- Se explique, porque la Comisaría de Santo Tomás, ofreció acompañar a la Empresa Guapo Lindo para garantizar su paso, sabiendo que se encontraban en situación de paro y bloqueo de vías y conociendo que luego de los últimos hechos en nuestro país era necesarios tomar medidas preventivas para evitar algún enfrentamiento entre policía y ciudadanos.

- La mesa de diálogo solicitada por la población y otros sectores, se garantice conforme a lo acordado para el 04 de julio a fin de escuchar los problemas que aquejan a esta provincia.

- Exhortamos a los medios de comunicación nacional, regional principalmente a informar con prudencia y en lo posible verificando su información, en vista de que es falso que a la fecha hayan 20 heridos como se ha manifestado en un medio de comunicación.

- Nos solidarizamos con el dolor de las familias de los cuatro agraviados, invocando a la paz y el establecimiento del diálogo que permita esclarecer estos hechos. Solicitando al Estado, toda la disposición para el restablecimiento de los daños generados en agravio de ellos.

- En necesario señalar que en la provincia de Chumbivilcas, la relación PNP-población, desde épocas de violencia política, no ha sido la más armoniosa, pues se han registrado graves altercados produciendo muertes, torturas y actos de discriminación en contra de la población campesina, nuestra institución ha registrado distintos casos que corroboran lo señalado, por lo que el actual pedido de la población en el que se solicita que todos los efectivos policiales sean cambiados es necesario que el Estado tome en cuenta y analice, garantizando que se restablezca una relación de acercamiento con profundo respeto a los derechos y se empiece a percibir en la Institución policial una instancia que garantiza la seguridad de las personas.

Hacemos nuestro el llamado que nos hace el documento Aparecida:

“Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y política, en el que no haya inequidad y haya posibilidad para todos. Igualmente se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales…” Nro. 384.

Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani

En Abancay, se realizó el Segundo Concurso de Alfombras de Flores denominado “Dejando Huellas de Igualdad”. Este evento se enmarca dentro de las actividades de la campaña Apurímac Zona Libre de Discriminación que viene impulsando la municipalidad provincial de Abancay, APRODEH y el Grupo Impulsor por la Igualdad (GIPI). En la Plaza de Armas se [...]

Fue el teniente alcalde, Hugo Pino Villanueva, en representación de la municipalidad provincial de Huanta, quien hizo entrega de los certificados del Registro Único de Víctimas a los afectados por la violencia terrorista. El representante del Consejo Nacional de Reparaciones, Gorje Farfán Martínez, resaltó que se haya culminado el proceso de inscripción de víctimas. El [...]

Los trágicos sucesos de Bagua han servido para mostrarnos las debilidades de nuestra organización como república, los limitados alcances de nuestra legislación y la falta de una interpretación auténtica de lo que llamamos la pluriculturalidad y la diversidad de identidades. También hemos aprendido, dolorosamente, que no todos los peruanos recibimos el mismo trato del Estado.

Y nos preguntamos si estas incongruencias son producto de lo mal estructuradas que están las leyes, de la incapacidad de los obligados a aplicarlas o, de pronto, de que el orden social y político del país requiere modernizarse, lo que significa someterse a un proceso democratizador integral y sostenible.

Bagua demostró que una democracia como la nuestra no tiene capacidad para proyectar la participación de la ciudadanía, para garantizar la fiscalización del poder, para exigir la vigencia de un contrato social de sentido humanista, para oír a los excluidos y para reconocer la universalidad del ser humano.

Las víctimas de Bagua pudieron evitarse si se hubiera tenido la voluntad de encarar el problema desde su comienzo. Cada vez que nos enteramos más de lo sucedido, nuestra indignación aumenta porque la irresponsabilidad del Estado causó muertes de inocentes y deterioró la imagen internacional del país.

Decía hace poco Oswaldo de Rivero que “si los países no armonizan su economía con el medio ambiente, las naciones pasarán de la búsqueda de la riqueza a la búsqueda de su sobrevivencia”.

Llena de contradicciones y paradojas está la situación actual. No hay explicación oficial de lo sucedido, no se definen responsabilidades —que se evaden con el pretexto de no abandonar el cargo en momentos de crisis—, no se definen nuevos rumbos que nos protejan de experiencias como la que vivimos. Demasiada incertidumbre. ¿Da nuestra organización republicana para asumir esos retos? O debemos refundar un nuevo orden, lo que significa nuevos contratos, ante el fracaso de nuestra democracia.

La gobernanza —papel de la política— se muestra absolutamente obsoleta. Las manos que conducen no logran esconder su incapacidad. El panorama político del corto y mediano plazo aumenta las incertidumbres y ensombrece el horizonte del país. Razón tenemos para creer que aún nos aguardan nuevos fracasos. La democracia no puede ser utilizada como instrumento de poder y dominación. Los derechos políticos deben alcanzar a todos los ciudadanos por muy lejos del centralismo gubernamental en que se encuentren. La democracia no es recurso de élites ni sinónimo de intolerancia.

Así no podremos jamás apostar por la paz y, menos aun, por el Perú del siglo XXI.

Está visto que este modelo de democracia que padecemos no garantiza participación ciudadana, justicia igualitaria, mejora social, moral y ética en las relaciones humanas. Estamos abandonando a su suerte todo lo que tiene que ver con los derechos a una vida digna. La reforma del Estado debe venir por el debate de una nueva Constitución, y ello pasa por la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente orientada a formular las bases de una nueva república; nueva en sus cimientos sociales y jurídicos, con una visión humanista de siglo XXI, rescatando nuestra pluriculturalidad, desterrando consignas y banderas, y ratificando el valor de la existencia humana.

El compromiso deberá ser asumido por los sectores sociales, políticos, económicos, académicos y culturales. La contribución de los intelectuales es imprescindible. La solidaridad debe presidir la tarea en la búsqueda de formar un nuevo hombre justo, más humanizado, más plural, más constructivo. No permitamos que las muertes sean en vano. Respetemos las experiencias, las identidades, los medios de vida y busquemos recoger todo ello en un nuevo contrato social.

Tomado de El Comercio. Autor: Ernesto Velit G - Analista político

Henry Pilares, enviado especial de Enlace Nacional a la zona neurálgica del conflicto entre el gobierno central y las comunidades indígenas amazónicas, entrevistó a la pobladora de Bagua Grande, Sadith Oblitas Yopan.

La señora narra cómo participó, junto con otros lugareños, en el rescate de seis cuerpos sin vida, entre ellos el de un policía, en las laderas del cerro de La Curva del Diablo, el domingo 7 de junio, dos días después del inicio del estallido de la violencia.

Su testimonio queda como una pieza del cuestionamiento de la información oficial del Ejecutivo, y en particular de la gestión de la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

De acuerdo a ley, las personas afectadas por la violencia terrorista tienen el derecho a una reparación, pero para ello deben estar inscritas en un Registro Único de Víctimas. En tal sentido, Jairo Rivas, secretario del Consejo de Reparaciones hizo un llamado a la población afectada a inscribirse en los módulos instalados en su municipalidad. [...]

El trágico episodio de Bagua es sólo el capítulo final de una historia que comenzó hace 30 años en la frontera de Perú y Ecuador, escenario de la corta guerra del Cenepa en 1996. Los nativos de esa región no logran resolver un problema tan esencial como el de la titulación de tierras desde hace 30 años, debido a empecinamiento del Estado por entregar concesiones mineras sin la necesaria consulta previa que la ley exige. Por si fuera poco se estarían entregando estas concesiones a empresas extranjeras violando un articulo expreso de la Constitución Política.

Asimismo, según Marco Huaco, asesor legal de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa, el principal representante de esa empresa canadiense en el Perú es Carlos Ballón Barraza, responsable del capítulo de minería del plan de gobierno aprista y amigo personal de Alan García.

Luego de lo ocurrido en Bagua, este es un nuevo estallido social en potencia que amenaza gravemente la gobernabilidad del país.

BIODIVERSIDAD COMO RECURSO

Juan José Beteta: Las industrias extractivas, extraen, valga la redundancia, recursos que se van a agotar, en cambio la biodiversidad es algo que se puede mantener… Explícanos esto.

Marco Huaco: Efectivamente, el oro amarillo versus el oro verde. La biodiversidad, los recursos forestales, la diversidad biológica son ahora considerados recursos también que son puestos en valor según la lógica de la economía de mercado. Y son los indígenas los guardianes de esas riquezas nacionales, que ellos conservan como riquezas propiamente indígenas. Entonces, yo creo que el modelo de desarrollo que estamos implementando a través de políticas del Ejecutivo es muy equivocado porque solo está priorizando a un sector de la economía. Por ahí se dice que el Perú es un país minero, sin embargo, no es así, es también Perú: país forestal. Es también país de biodiversidad, país de recursos hídricos y otros tantos recursos como los culturales y los étnicos que deberían ser considerados en una estrategia de desarrollo. Entonces, yo creo que estamos errando de manera estratégica la política de desarrollo simplemente por servir a intereses económicos de carácter transnacional, fundamentalmente.

BIODIVERSIDAD Y CONCESIONES

Juan José Beteta: ¿Por qué esta zona es desde el punto de vista de la biodiversidad, muy importante a nivel mundial?

Marco Huaco: Es el epicentro de la biodiversidad mundial como ha sido reconocido por diferentes instituciones conservacionistas y el propio Estado Peruano que ha incluido esta zona dentro de la estrategia nacional de protección de la biodiversidad, mediante un decreto supremo promulgado en el año 99. El propio Estado reconoce que es una zona de alta prioridad ecológica, pero a través del INRENA señala algo más, que son zonas que son cabeceras de cuencas, nacen muchos ríos de los cuáles dependen varias poblaciones aguarunas y huambizas que viven en las laderas de la cordillera del cóndor, en la zona aledaña donde precisamente se han entregado concesiones mineras. De tal manera que, si se desarrollara explotación minera, por más que haya vigilancia excelente que en el Perú no existe ninguna, de todas maneras se produciría un desastre porque además la zona es altamente húmeda. Y registra grandes precipitaciones de masa fluvial, de masa hídrica, producto de las lluvias intensas que rápidamente diseminarían los efectos de la contaminación. Por ejemplo, en un informe oficial INRENA señala que para la población aguaruna asentada en las partes bajas de la cordillera, es necesario e indispensable, a fin de mantener su calidad de vida y sus valores culturales, mantener en calidad de intangible las partes altas de la cordillera, por lo que vienen apoyando el establecimiento del parque nacional. Y dice más: “Los impactos que se pudieran generar producto de la actividad de exploración y de explotación minera, afectarían directamente a diferentes objetivos de conservación de la zona reservada”. El otro documento señala, ante la gran presión de diversos ministerios, INRENA dice; ya hay que realizar minería, advierto que va a haber una gran contaminación que va a afectar gravemente a los pueblos aguarunas y huambizas. A pesar de estas advertencias oficiales, documentadas, igual las concesiones mineras fueron entregadas, el parque nacional fue recortado, y se cierne una grave amenaza para la vida de estas comunidades indígenas.

EL PROBLEMA MINERO Y LOS INDÍGENAS

Juan José Beteta: Existe un problema con la compañía minera “Afrodita” por parte de los pueblos awajun y huambiza en la zona fronteriza del Cenepa. Puedes explicarnos ¿cuándo empezó este problema?

Marco Huaco: Este problema data de la segunda parte de la época de los noventa. Recordemos que en esos años se dio el conflicto de Perú y Ecuador. Los indígenas aguarunas y huambizas son el contingente principal en el enfrentamiento. Por ello, se acuerda establecer una zona ecológica en ambos lados de la frontera. El Ecuador lo hizo y Perú se demoró un poco, en tanto se establece la zona reservada y dentro de ella se inicia un proceso de categorización de un parque nacional. Como paralelo a esto, existían solicitudes de titulación aguarunas, pero estas solicitudes duermen el sueño de los justos durante 30 años. Incluso COFOPRI hay un momento en que le pide 120 mil a las comunidades indígenas para poder titular sus tierras.

Juan José Beteta: O sea, antes que apareciera el problema minero, ya había un problema de 30 años que el Estado no titulaba a estos pueblos…

Marco Huaco: Efectivamente, hay comunidades tituladas, pero solicitudes de demarcación, de ampliación no fueron atendidas porque ya se avizoraba priorizar la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. En realidad el tema del oro es lo que ha motivado las guerras entre Perú y Ecuador durante el siglo XX. Quizás es un tema poco investigado, pero ya habían concesiones mineras mencionadas en los informes del Departamento de Estado Norteamericano que hablaban sobre este factor estratégico de la guerra entre estos dos países. Bueno, entonces no se titula y el proceso de categorización de esta área termina fracasando y dando la espalda a la opinión consultada a los indígenas que se habían pronunciado por un parque de 150 mil hectáreas a lo largo de la cordillera. Esta propuesta que había sido apoyada por el INRENA particularmente es recortada a la mitad, ex profesamente según el MREE para favorecer la explotación minera futura. Es decir, la cancillería señala que no tiene que hacer ningún reproche a los argumentos de INRENA y que los comparte plenamente pero que tiene que recortar el parque a la mitad para dárselo a la minería futura, porque de lo contrario Ecuador nos va a ganar en minería de socavón en la frontera. Paralelamente, la empresa Afrodita señala que el ejército es incapaz de defender la frontera y que la gran minería podía ser garante de la seguridad nacional, en abierta negación de la historia que nos dice que los indígenas fueron los que defendieron nuestra frontera. En negación de esto, se aprueba el recorte del parque, los recortes mineros y luego la empresa peruana “Afrodita” vende sus concesiones mineras y se vende ella misma a través de contratos de transferencia a una transnacional canadiense Dorato Resources, pero esto viola el artículo 71 de la Constitución Política que señala que los extranjeros no pueden tener minas en zonas de frontera, salvo que haya un decreto supremo que lo autorice. En este caso, no hay un decreto supremo autoritativo, solamente esta transacción que el Ministerio de Energía y Minas decía desconocer. El 13 de abril hemos presentado 3 denuncias ante el Ministerio, señalando que existe esta situación y que deberían revocar las concesiones mineras que ahora pertenecen a empresas canadienses que ahora dicen que han adquirido las minas en virtud de contratos a futuro, pero cuando uno los revisa se da cuenta que son contratos de cumplimiento actual. Entonces ya son dueñas de concesiones mineras en zona de frontera y sin decreto supremo que lo autorice. ¡Cómo se logró ese milagro? Porque uno de los directivos de Dorato Resources es amigo personal de Alan García Pérez, fue el que le redacto el capítulo de minería del plan de gobierno del aprismo.

Juan José Beteta: ¿Cuál es su nombre?

Marco Huaco: Carlos Ballón Barraza. El no solo fue apoderado legal de Dorato Perú, que es el testaferro de Dorato Resources, sino que también es dueño de acciones de Afrodita y al mismo tiempo es directivo de Dorato Resources que a su vez es parte de un grupo corporativo canadiense “Cardero”, del cual Ballón también es uno de los representantes legales que además tiene negocios mineros en el lado ecuatoriano de la frontera. Entonces, nos preguntamos bonito patriotismo la de estos empresarios que tienen intereses económicos en el otro lado de la frontera, lo cual es una debilidad estratégica para la defensa nacional. No solamente eso, “Afrodita” en su historia ha negociado con una empresa perteneciente al ejército ecuatoriano en el momento inmediatamente posterior a la guerra con Ecuador. Estamos hablando entonces, de empresarios que no tienen bandera patriótica, pero que venden imagen de patriotismo en desmedro del verdadero patriotismo que es el indígena y del ejército peruano para defender nuestras fronteras solamente para hacerse de unas concesiones mineras que luego van a vender debajo de la mesa a intereses transnacionales canadienses.

Juan José Beteta: Cuál es la posición de los indígenas frente a esto?

Marco Huaco: Ellos ya presentaron tres denuncias administrativas, por cierto no tenemos grandes esperanzas en ellas. Ya el Ministerio de Energía y Minas ha respondido que los contratos entre Dorato Resources a través de Dorato Perú y Afrodita, no tienen efectos para el Ministerio porque no fueron inscritos en Registros Públicos, con eso hace una interpretación abusiva, literal que viola el espíritu del artículo 71 de la Constitución, ya que deberían ser revocadas esas concesiones y ser revertidas al Estado. Estas concesiones han sido dadas sin respetar el derecho a la consulta que establece el convenio 169 y que la legislación minera no respeta. En razón de esto, van a presentar una acción de amparo por violación del derecho a la consulta que es un derecho constitucional. También se preparan para presentar una acción urgente ante Naciones Unidas y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos fundamentales.

Parece ser una costumbre que, después de sucesos trágicos en el país, se lleguen a acuerdos concretos. No obstante, es saludable que el Ejecutivo establezca un diálogo real con los nativos. En Chanchamayo, región Junín, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y el ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, se reunieron con delegados de comunidades nativas. La cita contó, además, con la asistencia del ministro de Agricultura, Carlos Leyton; el ministro de Salud, Óscar Ugarte; así como el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc.

Luego de varias horas, el premier Yehude Simon logró un acuerdo para que los indígenas liberen las carreteras en la selva por un periodo de cuatro horas, hasta que se oficialice la derogatoria de los decretos 1064 y 1090, ofrecimiento hecho por el Ejecutivo.

Durante la reunión, la dirigente nativa Lidia Rengifo lamentó que sus pedidos no hayan sido oídos por el Ejecutivo, al punto de desencadenar el conflicto en la Amazonía. Resaltó que era la primera vez que un funcionario del Ejecutivo la llamaba “hermana” (en alusión a al primer ministro) cuando siempre habían sido considerados “como la última rueda del coche”. Fuente: RPP

Por su parte, el ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, señaló que el Ejecutivo ha cedido todo lo que podía. Los acuerdos saltantes de la cita fueron la derogatoria de los decretos legislativos y dar pase libre en la carretera La Merced-La Oroya-Lima por un lapso de cuatro horas; pero, además, se planteó levantar el estado de emergencia en Bagua, brindar asistencia médica y pecuniaria a las familias de los nativos victimados y heridos en Bagua; así como monitorear el proceso de los nativos detenidos durante la protesta amazónica. Fuente: RPP.

Cabe referir que el decreto 1090, o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es cuestionado al considerar que en su afán de regular la propiedad privada no toma en cuenta la falta de titulación en los territorios de las comunidades.

Por su parte, el decreto 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamientos de tierras en uso agrario, no contemplaría el mayor uso forestal, en comparación al agropecuario, que le dan los habitantes de la selva a sus terrenos.

Foto: ANDINA/Rafael Cornejo

Discípulos Misioneros al servicio de la vida: 50 años de la Prelatura de Sicuani

Sicuani, 10 de junio del 2009.
OFICIO Nro. 04 – PS – 2009
Sr. YEHUDE SIMON MUNARO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.
LIMA.-

Señor Presidente:

Reciba el saludo de la Prelatura de Sicuani representada por mi persona; la presente tiene como finalidad expresarle nuestra profunda preocupación en torno a los últimos acontecimientos que se vienen desarrollando en nuestra selva, así mismo nos preocupa la situación local de nuestras provincias altas del Cusco. En el mes de octubre del año 2008, como consecuencia del Primer Levantamiento de los pueblos, la provincia de Canchis sufrió el enfrentamiento violento que dejó como saldo destrucciones y heridos en la población. Hoy a vísperas de un segundo levantamiento, no hay que olvidar que quedan pendientes acuerdos no cumplidos que usted suscribió, como por ejemplo el relacionado al Proyecto Sallcca Pucara.

Consecuencia de todo ello, sentimos que los hechos suscitados en la Amazonía y los ocurridos en nuestra localidad están provocando en nuestra población resentimientos y frustraciones. Pueden hoy recrudecer al no encontrar solución y espacios de diálogo y concertación. Es por ello, que fieles a nuestro compromiso cristiano e identificados con el sufrimiento del pueblo, nos solidarizamos incondicionalmente con todos los compatriotas de la selva muertos, heridos y sus familiares.

Para que esta violencia cese, en sintonía con la declaración de los Obispos de la Amazonía y el pedido que hicieron la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo, pedimos:

1. La urgente derogatoria de los Decretos Legislativos que vienen atentando los derechos constitucionales de las comunidades campesinas e indígenas, para ello es necesario que nuestro país al haber suscrito el Convenio 169 de la OIT respete el Derecho a la Consulta que legítimamente les corresponde a estas comunidades.

2. Garantizar un espacio de diálogo y concertación serio con pleno respeto a la cultura de las poblaciones nativas y campesinas.

3. Se brinde información inmediata sobre la real situación del Proyecto Sallca Pucara, informando el destino final que tuvo el acuerdo suscrito en octubre del 2008.

Como Iglesia fieles a nuestra misión y opción preferencial por los pobres, estamos impulsando la acción de inconstitucionalidad contra los Decretos Legislativos: Decreto Legislativo Nº 994: Artículo 3º, Artículo 4º, Artículo 5º; Decreto Legislativo Nº 1064: Artículo 5º, Artículo 7º, Artículo 8º; Decreto Legislativo Nº 1089: Cuarta Disposición Complementaria Transitoria; Decreto Legislativo Nº 1090: Artículo 15º mediante el recojo de firmas necesarias para sustentarla ante el Tribunal Constitucional y con ello se formule nuevas normas con la participación y respeto a las poblaciones nativas y campesinas.

Expresamos nuestra disponibilidad permanente al diálogo para canalizar las legítimas demandas de nuestro pueblo.

Finalmente, hacemos nuestro el Documento de Aparecida Nro. 471: “…queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y la propia humanidad”.

Atentamente.
Mons. Miguel La Fay Bardi, Orden Carmelita
Obispo Prelado de Sicuani

A raíz de los sucesos violentos ocurridos en Bagua, la cosmovisión de los pueblos amazónicos ha sido relevada por los especialistas, sobre todo porque este aspecto no ha sido considerado por el Gobierno en el denominado diálogo que se estableció con AIDESEP.

Un diálogo real implica entender las posiciones de los participantes y no desmerecer al otro e imponer la posición que se cree positiva para todos. Es decir, por ser de la costa y “educados” no podemos descalificar los intereses de las distintas etnias amazónicas e indígenas, cuya realidad la mayoría de peruanos desconoce.

Por ello, el especialista Marco Huaco sostiene que existe una íntima relación entren la cultura indígena y el territorio en el que viven. Por otra parte, destaca que las etnias huambisa-awajun desarrollan emprendimientos productivos, preservando el medio ambiente.

Asimismo, explica que el pueblo awajun, a quien se atribuye la masacre de policías en Bagua, tiene una larga tradición guerrera, pero no son salvajes. Por otra parte, refiere que el Gobierno sabía con anticipación que las etnias huambisa-awajun se quejaron por no haber sido consultados sobre denuncios mineros en la frontera entre Perú y Ecuador.

A continuación, la ampliación de la entrevista publicada en Enlace Nacional al especialista Marco Huaco, Asesor legal de Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (ODECOFROC).

Este pueblo los awajun, ellos tienen o tenían una tradición guerrera anteriormente, actualmente. Cuéntanos un poco en qué consiste esto.

Marco Huaco: Los pueblos awajun y wampis son dos pueblos diferenciados originariamente pero que últimamente tienen una unidad bastante visible. Son pueblos de tradición guerrera bastante larga, bastante antigua, han podido resistir los embates bélicos de la cultura Moche por ejemplo. Están emparentados ellos con la cultura Mochica del norte peruano pero han desarrollado muchas campañas bélicas en oposición a ese reino antiguo prehispánico, a los Incas también, Huayna cápac tuvo que salir huyendo de los enfrentamientos con los awajun y Wampis; la conquista española tampoco pudo con ellos, gran parte de la época colonial los awajun y Wampis estuvieron libres de dominación colonial, y los caucheros y explotadores de oro igualmente, se organizaban correrías bastante bien establecidas para poder eliminar los campamentos de estos explotadores.

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