En Ayacucho, el presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iber Maravi Olarte, manifestó que en la última Audiencia Pública Regional no se permitió la participación de sectores de oposición.
Asimismo, exigió se aceleren las investigaciones en los casos de la muerte del arqueólogo Johnny Roca Gómez y la desaparición de su colega Alcides [...]

El racismo es una forma de discriminación de las personas recurriendo a motivos como el tono de piel u otras características físicas e ideológicas; casi siempre las actitudes y los valores y sistemas racistas establecen un orden jerárquico donde el grupo dominante normalmente muestra sentimientos de odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Contra ello, [...]

Enero de 1881. Derrotadas y dispersas, las tropas peruanas están a punto de incendiar Lima. El alcalde ruega al ejército chileno que tome posesión de la ciudad y así se instaura un breve período de orden en que los ferrocarriles y el correo funcionan con eficiencia.
A muchos peruanos puede causar sorpresa e indignación esta versión [...]

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró su preocupación por la dilación en la investigación de los casos de violación de derechos humanos, especialmente a nivel preliminar, lo que dificulta el proceso de judicialización y puede generar situaciones de afectación al debido proceso. Aclaró, asimismo, que es respetuosa de la independencia y de las competencias [...]

En medio de enfrentamientos intensos entre miembros de las Fuerzas Armadas y los remanentes de Sendero Luminoso en la localidad de Vizcatán, en una operación que se realiza desde hace más de dos semanas, se denunció la presunta desaparición de seis comuneros que habrían sido confundidos como terroristas.
Según manifiestan los sobrevivientes de la incursión, un [...]

En Huancayo, el Consejo de Reparaciones realizó una convocatoria en la provincia de Concepción para informar a la población que iniciarán el empadronamiento en todas las comunidades donde hubo víctimas durante el conflicto armado interno.

Cinco años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, se presentó la segunda edición de la versión abreviada de dicho informe denominado Hatun Willakuy. El Dr. Salomón Lerner Febres, ex comisionado de la CVR, explicó que “su título traducido al español quiere decir “Gran relato”, y lleva este nombre [...]

Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber “violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país”. La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería “a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.

Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.

Organizaciones

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela

Representantes de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa del medio ambiente y a los derechos humanos denunciaron una campaña de asedio y hostilización por parte del Gobierno a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Luis Sirumbal, Presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), dijo que en “las negociaciones de los [...]

“El Registro Único de Víctimas es una tarea grande y sin los aliados de otros sectores no lo podríamos culminar”, sostuvo Sofía Macher, presidenta del Consejo de Reparaciones (CR), al agradecer el apoyo de las iglesias católica y evangélica que facilitarán sus parroquias y agentes pastorales para registrar a víctimas de la violencia (1980-2000), con el fin de que reciban una reparación del Estado.

El presidente del Concilio Nacional Evangélico (CONEP), pastor Rafael Goto, explicó que dada la escasez de recursos del CR –entidad del Estado encargada de elaborar el Registro Único de Víctimas–, las iglesias ofrecerán sus recursos propios, como los voluntarios motivados para aportar en la sociedad post-conflicto que es el Perú.

El apoyo al registro empezará abriendo módulos de atención en treinta iglesias de Lima Norte y Lima Este dentro de dos semanas, luego de que el CR capacite a los registradores.

A su turno, monseñor Pedro Barreto Jimeno, SJ, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresó que la iglesia tiene que acompañar a los hermanos cuyos derechos fueron vulnerados y para ello harán viable que el Registro de Víctimas llegue a más sectores del país.

A la fecha, están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) 13,227 personas, de ellas, más de siete mil murieron o desaparecieron y sus deudos tienen derecho a recibir una reparación del Estado. Cada semana se suman unas 600 personas al RUV.