El Gobierno Regional de Ayacucho entregó certificados individuales y colectivos para el Registro Único de Víctimas (RUV) de la violencia política en siete provincias de esa región.

En Huancayo, se llevó a cabo la presentación del documental Lucanamarca, dirigido por Carlos Cárdenas y Héctor Gálvez. El filme se basa en la experiencia sufrida por el pueblo de Santiago de Lucanamarca, a raíz de la entrega de los restos de comuneros asesinados por Sendero Luminoso.

Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación considera que las recientes amenazas a su persona y que además, involucraron la muerte por envenenamiento de dos de sus mascotas, solo muestran el deterioro de la vida pública y el contexto de exaltación de la violencia en nuestro país. “Lo ocurrido conmigo es un episodio más, que bueno ha tomado relevancia porque yo he decidido hacerlo público como una manera de defenderme, como una manera de llamar la atención en la medida que ello sea posible, le digo un episodio más de una lucha en el campo político contra aquellos que de alguna manera han tomado partido por los derechos humanos”.

No obstante, Lerner Febres sostiene que el ventilar los ataques sufridos, han puesto en agenda, asuntos que algunos preferirían olvidar. “Ha servido esto para nuevamente poner encima de la mesa, qué es lo que dijo y qué es lo que hizo la Comisión de la Verdad. Y para que gente, de pronto, a propósito de esto se entere recién de que la Comisión de la Verdad no era pro terruca, no hizo la apología de Sendero, sino que condenó enérgicamente a Sendero y que valoró en su debida manera la actuación de las fuerzas del Estado, lo cual no le llevó, porque era una Comisión de la Verdad y animada por un criterio ético, no le llevó a avalar cosas terribles que pudieron hacer en determinados momentos las Fuerzas Armadas”, agregó.

Cabe señalar, que las amenazas a Lerner Febres han sido deploradas por diversos organismos y personalidades nacionales y extranjeras, las cuales dieron su apoyo al ex funcionario de la Comisión de la Verdad, exigiendo a las autoridades peruanas la identificación de los responsables de tales atropellos.

Por tercer año consecutivo se realizó La Gran Búsqueda del Tesoro, evento que aglutinó a jóvenes niños y adolescentes de toda la ciudad, quienes tuvieron que recorrer distintos puntos, con la finalidad de informarse así sobre procesos como la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Campaña contra la Discriminación.

Esta actividad tuvo como primer escenario la Plaza de Armas de Abancay, culminándose en el Parque de la Memoria de Villa Ampay, donde también se desarrollaron otras actividades como la Feria Informativa y Concierto Cultural; esta última contó con la participación de renombrados grupos musicales locales. Las categorías estuvieron divididas en tres: adultos, jóvenes y adolescentes y por último los niños. Los premios, como todos los años, fueron económicos.

A seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, lo único que ha primado han sido las críticas, sobre todo en cuanto a la responsabilidad de las muertes ocurridas durante el período de la violencia interna. Al respecto, para Salomón Lerner, ex presidente de la CVR, cabe precisar: “Obviamente los crímenes de Sendero fueron crímenes contra los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad que incluso llegaron al genocidio en el caso de los Asháninkas. Desgraciadamente y lo decimos también en el informe, las Fuerzas Armadas y policiales a quienes rendimos homenaje y a quienes entendemos como que debían defender al país. En determinados momentos y circunstancias cometieron este tipo de violaciones y el que se diga que por eso el informe es antiperuano eso es una falsedad”.

Pero lo que si es cierto, es que la violencia terrorista en la década de los ochenta tuvo responsables que se pueden identificar. Sin embargo, cabe cuestionar cómo y porque se produjeron estas muertes. Y allí la indiferencia de la población jugó en contra de la vida de muchos peruanos. El sociólogo Nelson Manrique sostuvo: “Sólo comenzó el pánico cuando Sendero empezó a actuar en Lima, cuando los atentados ahí se trasladaron a Lima a Miraflores. Ahí se sentía que había una guerra, pero antes no. Y esa falta de solidaridad permitió que se matara a decenas de miles de peruanos sin que hubiera una reacción de la sociedad peruana”.

Y si la falta de solidaridad incrementó la violencia, la irresponsabilidad del Estado fue mayor y lo sigue siendo. Ello se puede comprobar en el poco compromiso de llevar a cabo las reparaciones tanto colectivas como individuales. “Esta voluntad de no hacer justicia, de no hacer reparación, este regateo de las responsabilidades del Estado en las violaciones de Derechos Humanos que se cometieron es una continuad de esa misma imagen de negar lo indígena, lo andino de no reconocerla como plenamente peruanos”, enfatizó Manrique.

No obstante, para Lerner, el Estado ha cumplido con algunas de las recomendaciones de la CVR y, por tanto, confía en que tanto víctimas y deudos tengan acceso a derechos básicos que antes les fueron negados. “El hecho de que se haya avanzado poquito en el terreno judicial, algo en lo que toca a reparaciones colectivas…. es un poco para animarnos en la esperanza y pensar que mas adelante se acometerá la reforma del estado, la reforma de las instituciones del Estado: de justicia, de Salud, Educación, extensión de la ciudadanía a todos los peruanos, una política inclusiva”, indicó.

Y si de inclusión se trata, a pesar de las críticas, la creación del Museo de la Memoria ha de servir a la reconciliación nacional en base a la historia que el país vivió y no debe repetirse, aspecto en que tanto Lerner y Manrique coinciden.

Según el Dr. Marcos Cueto, director del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), pese a los sucesos del VRAE, no se sigue considerando a los ayacuchanos como peligrosos. “Hay como en todas partes, manejo de cierta prensa y cierto grupo político, pero creo que también hay una conciencia de que en los últimos años ha habido cambios muy importantes en Ayacucho, que hay mucha actividad cultural. Yo he podido constatar, como en una sola velada hay varias actividades que se realizan. Hay también interés de parte de la Universidad y otras instituciones de seguir activos y sacar adelante tanto su tradición como su relación con el resto del país y el mundo”, manifestó.

Con respecto a si los jóvenes están perdiendo interés por el aspecto político, Cueto dijo: “quizás es parte de un proceso mayor que nosotros en el Instituto de Estudios Peruanos estamos viendo, es que en el Perú, en el período posterior a la violencia política, o posterior a la entrega del informe de la CVR, hay algunos temas políticos importantes que no están siendo tratados como por ejemplo: la inequidad, la desigualdad de oportunidades, la importancia de un desarrollo armónico, sostenido de todas las regiones del país. El contraste es que a nivel cultural, si vemos que hay muchas expresiones de diverso tipo, artísticas, literarias, visuales –en el cine, por ejemplo–, que sí han tenido una preocupación por los temas sociales, políticos que son muchas veces temas de fondo en la sociedad peruana. Es un caso curioso, el que Ayacucho sea un reflejo de lo que pasa en nuestro país, que la cultura esté por delante de la política y que quizás de aquí a unos años, la política empiece a tomar los temas que a nivel cultural se están expresando”.

Fue el teniente alcalde, Hugo Pino Villanueva, en representación de la municipalidad provincial de Huanta, quien hizo entrega de los certificados del Registro Único de Víctimas a los afectados por la violencia terrorista. El representante del Consejo Nacional de Reparaciones, Gorje Farfán Martínez, resaltó que se haya culminado el proceso de inscripción de víctimas. El alcalde provincial Edwin Bustíos certificó, previamente, los documentos que registraban a las comunidades y las personas como víctimas del conflicto armado interno.

Pese a este esfuerzo del RUV, el ministro de Economía, Luis Carranza, le comunicó al premier Yehude Simon el 21 de mayo que no era posible autorizar el presupuesto para atender las acciones del Consejo de Reparaciones, en tanto no se recauden mayores ingresos. Una situación, sin duda, que lamentar.

Del total de inscritos procedentes de la base de datos de la CVR, 13 mil 549 son víctimas directas que en su mayoría fallecieron, desaparecieron o fueron torturadas; las otras 10 mil 824 son sus familiares beneficiarios con derecho a recibir una reparación del Estado, al igual que las víctimas directas no fatales. Debido a que la información de los familiares no está completa el CR continuará trabajando para ubicarlos y calificarlos.

Asimismo, se integraron al RUV la relación de víctimas de la Fuerza Aérea Peruana, Marina de Guerra del Perú y Comités de Autodefensa alcanzada por el Ministerio de Defensa. La relación de víctimas del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú, así como el Registro Regional de Huancavelica, se encuentra en proceso de integración al RUV, tarea que debe finalizar en las siguientes semanas. Todas estas listas constituyen registros preexistentes considerados para su unificación en el RUV.

El 70% de las víctimas identificadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya han sido inscritas en el RUV. La totalidad de los registros de víctimas de la FAP, Marina y Comités de Autodefensa también figuran en este registro oficial.

Caso Edmundo Camana Sumari

Por gestión de la congresista Juana Huancahuari, el 18 de marzo en las instalaciones del Instituto de Ciencias Neurológicas, personal del CR registró al señor Edmundo Camana Sumari, víctima sobreviviente de la matanza de Lucanamarca, a fin inscribirlo en el RUV.

El día 25 de marzo el CR aprobó la inscripción de Camana Sumari en el RUV. Este es el primer reconocimiento oficial que se le otorga a esta persona debido a que ni la CVR ni otro registro del Estado dieron cuenta de lo que le sucedió, pues Camana Sumari empleó un nombre falso para contar su historia por temor a las represalias; posteriormente se internó en las alturas de la comunidad de Condorhuachana donde prefirió mantenerse en el anonimato.

El CR extiende sus sentidas condolencias a los familiares de Edmundo Camana Sumari, fallecido el pasado martes en la ciudad de Lima.

Cumpliendo con las reparaciones colectivas, a fin de resarcir los daños producidos por la violencia social y política durante 20 años, la Municipalidad Provincial de Huanta entregó ganado vacuno para las comunidades de Huaraccopata, Mama, Macabamba, Ccecca, Orccohuasi.

Los bovinos provenientes de la región Puno fueron bajados en el barrio de 5 esquinas, en donde fueron albergados por dos días para su aclimatación. El representante del Municipio de Huanta, señaló que este es un proyecto que para reparar a las victimas de la violencia política que sufrió nuestra región, particularmente los campesinos de las comunidades altoandinas.

La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso Chirinos, y la presidenta del Consejo de Reparaciones, Sofía Macher Batanero, iniciaron la entrega simbólica de certificados de acreditación en el Registro Único de Víctimas a representantes de la población civil, autoridades locales y comunales, Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas y Comités de autodefensa de las localidades afectadas por la violencia que se vivió en nuestro país entre los 1980 y 2000, ceremonia que se realizó en la Sala del Acuerdo Nacional de la PCM, en el marco de la política de reparaciones y reconciliación nacional del Estado.

Durante los dos años de trabajo del Consejo de Reparaciones se han identificado 1,010 distritos afectados por la violencia, donde se ha recabado información de 66,259 víctimas de las cuales 17,006 son víctimas individuales y 3,610 son beneficiarios colectivos, que se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV), acreditación que les da derecho a acceder al Plan Integral de Reparaciones, según la Ley Nº 28592.

Sofía Macher Batanero, presidenta del Consejo de Reparaciones, señaló que si bien la cifra proyectada es de 280 mil víctimas, el temor y la desconfianza que aún persiste en ellos, los pocos recursos y los delicados procesos de validación y verificación de la información, hacen que el registro e inscripción en el RUV sea todavía lento. “Esta realidad requiere del compromiso de instituciones públicas y de la sociedad civil que trabajen de la mano y permanentemente con el Consejo de Reparaciones, para la búsqueda e identificación de las víctimas y familiares afectados por la violencia”, refirió.

Asimismo, remarcó que el desafío es llegar a la población más excluida del país, donde se encuentra el mayor número de afectados. “En estas zonas es necesario organizar campañas itinerantes de registro de inscripción, lo que supone más recursos, y para ello esperamos contar con aportes de instituciones nacionales y de la cooperación internacional”, concluyó Macher Batanero.

Cinco años después de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, se presentó la segunda edición de la versión abreviada de dicho informe denominado Hatun Willakuy. El Dr. Salomón Lerner Febres, ex comisionado de la CVR, explicó que “su título traducido al español quiere decir “Gran relato”, y lleva este nombre no de modo arbitrario o gratuito. El título alude de un lado a la voz que quisimos dar a las víctimas que se halla en los numerosos testimonios que nosotros pudimos recoger”.

Este proyecto nace por encargo del pleno de comisionados de la CVR, luego de la última sesión del 31 de agosto del 2003. Su primera edición se publicó en febrero del 2004 con un tiraje de 20 mil ejemplares. La segunda edición del “Hatun Willakuy” ofrece un prólogo de Salomón Lerner Febres, quien realiza un balance de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las perspectivas que nos plantea el proceso post conflicto.

El presidente del Concilio Nacional Evangélico (CONEP), pastor Rafael Goto, explicó que dada la escasez de recursos del CR –entidad del Estado encargada de elaborar el Registro Único de Víctimas–, las iglesias ofrecerán sus recursos propios, como los voluntarios motivados para aportar en la sociedad post-conflicto que es el Perú.

El apoyo al registro empezará abriendo módulos de atención en treinta iglesias de Lima Norte y Lima Este dentro de dos semanas, luego de que el CR capacite a los registradores.

A su turno, monseñor Pedro Barreto Jimeno, SJ, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), expresó que la iglesia tiene que acompañar a los hermanos cuyos derechos fueron vulnerados y para ello harán viable que el Registro de Víctimas llegue a más sectores del país.

A la fecha, están inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) 13,227 personas, de ellas, más de siete mil murieron o desaparecieron y sus deudos tienen derecho a recibir una reparación del Estado. Cada semana se suman unas 600 personas al RUV.

Así como hace un tiempo el almirante en retiro Luis Giampietri, hoy primer vicepresidente de la República, consiguió que se debatieran las actividades del Instituto de Defensa Legal en la Comisión de Inteligencia del Congreso, hace dos días logró que el IDL fuera nada menos que parte de la agenda de la Comisión de Defensa y Orden Interno.

¿Tan amenazados se sienten por el IDL los sectores ligados al almirante Giampietri (apristas, fujimoristas y demás aliados), que se dedican a hablar sobre nosotros en dos comisiones que deberían dedicarse a otro tipo de asuntos? Sólo la prepotencia y el desprecio por la ley que prima muchas veces en el Congreso, puede explicar que ocurran este tipo de situaciones, tan absurdas como arbitrarias. Es un caso más de utilización de una institución del Estado, el Congreso, para amedrentar a instituciones a las que temen por sus posiciones independientes y capacidad de incidencia.

A la reunión fue convocado el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, militante aprista, recientemente nombrado en el cargo por el Poder Ejecutivo en reemplazo de otro militante aprista. Por algo será que los apristas no quieren dejar de controlar la APCI, el órgano encargado de registrar y fiscalizar a las ONGs.

A pedido de los congresistas presentes, Pando informó sobre los recursos que recibe el IDL de la cooperación internacional. Una información que no sólo está disponible en los registros donde estamos inscritos, sino que hasta ha sido publicada en varias oportunidades como parte de la campaña de difamación que contra el IDL vienen realizando tres conocidos diarios que generalmente juegan en pared, ya que comparten la defensa de los mismos intereses y el estilo, más conocidos como la prensa-bamba. Una campaña que, por cierto, viniendo de quien viene, nos hace sentirnos muy seguros de que estamos en el lado correcto.

Sobre el hecho de contar con recursos, teniendo más de 25 años de vida institucional, reiteramos lo que siempre decimos: lejos de ser malo atraer apoyo de la cooperación internacional, es muy positivo porque es como atraer inversión extranjera. Y es además lo que nos permite trabajar por el país de acuerdo a nuestras convicciones sin que le costemos un solo sol al Estado Peruano o a los contribuyentes; muy distinto de lo que sucede, por ejemplo, con los congresistas u otras autoridades, que le cuestan al país un ojo de la cara, sin que muchas veces se justifique para nada.

Tener la capacidad de conseguir este tipo de recursos durante tanto tiempo habla por el contrario bien del IDL. Quiere decir que hay diversas y prestigiosas instituciones internacionales que confían en nosotros y se sienten satisfechas con el uso que le damos a sus recursos. Parte de estos fondos provienen además de concursos públicos, en los que participan cientos y hasta miles de instituciones nacionales y extranjeras, y que nosotros ganamos.

No hay razón pues para cuestionar la capacidad de una institución para conseguir legalmente y en buena lid cooperación internacional. Y quienes así lo hacen -en este caso Giampietri y sus amigos- es en verdad por intolerancia, por desear que no exista quien pueda expresar posiciones como las nuestras, y que sólo ellos tengan la posibilidad de manifestarse en sentido contrario. Y como están desesperados por lograrlo, recurren a cualquier método, por más ilegal que sea, para evitar que accedamos a los recursos de la cooperación internacional. Sabemos de varias gestiones que el almirante Giampietri y otros que comparten su obsesión contra los derechos humanos han hecho por lo bajo para privarnos de recursos. ¿Todo un almirante sería capaz de negar algo que es absolutamente verdad?

Pero nuestro vicepresidente desconfió hasta de la información proporcionada por el incondicional Pando, y dijo que él creía que el IDL tenía más plata de la que informaba. ¿En base a qué pruebas hizo una afirmación tan temeraria? No presentó prueba alguna. Como es su costumbre, él ataca y ataca, diciendo todo lo que se le cruza por la mente, pero por alguna razón cree que está exonerado de presentar pruebas. Hizo tan sólo una especie de cálculo al ojo de los recursos que él cree tendría el IDL, con un tipo de lógica que, finalmente, hasta podríamos interpretar como un elogio de nuestro trabajo.

Efectivamente, el almirante (r) dijo que él revisa constantemente la página web del IDL (qué honor para nosotros, tratándose del primer vicepresidente de la República) y que por toda la información que aparece allí, sobre todo en relación a nuestros medios de comunicación, él infiere que el financiamiento del IDL debe ser mucho mayor del que se cree. No, almirante, es cierto que hacemos muchísimas cosas, y que, en contra de sus deseos, hemos logrado tener prensa escrita, radio, televisión y diversos productos de Internet, pero los recursos que tenemos son sólo -lamentablemente- los que declaramos.

Pero, tal vez ahora, gracias a usted, podamos conseguir más recursos, ya que estamos presentando a la cooperación internacional sus ataques y los que promueve a través de personas y diarios cercanos, como indicadores que, de manera irrefutable, demuestran nuestra capacidad de impacto y el cumplimiento de nuestros objetivos. Se agradece.

Este tipo de declaraciones durante la sesión del Congreso, fue creando un clima tan contrario al IDL, que a Pando sólo le quedó salvar la situación haciendo la siguiente promesa en tono de amenaza contra nosotros: el IDL será sometido a toda una investigación de carácter in-te-gral antes de que concluya el año. Es decir, de una sesión en la Comisión de Defensa y Orden Interno salió la promesa de APCI para investigar a una institución privada, el IDL; investigación que deberá ser hecha por un funcionario aprista, nombrado en el cargo por el gobierno del que el almirante que propició la medida es vicepresidente. Así se fiscaliza ahora a las ONGs: una orden casi militar del todo poderoso Giampietri, que un sumiso jefe de la APCI debe de acatar sin dudas ni murmuraciones.

¡Nos ganamos la lotería tres veces seguidas!

Reiteramos que no le tememos a ninguna investigación, porque no hay nada que esconder, pero tal vez el nuevo jefe de APCI no ha tenido tiempo de informarse que el año pasado ya hemos sido investigados por la misma APCI, y no una sino dos veces. Y fueron dos veces en un año, porque supuestamente salimos sorteados dos veces seguidas. ¿Habremos salido sorteados una tercera vez? Existiendo cerca de 2000 ONGs registradas ante APCI, salir sorteados una vez es casi como sacarse la lotería, y, siguiendo la misma lógica, salir tres veces seguidas, sería como que una misma persona se sacara la lotería tres veces consecutivas. Ya, pues, quién podría creer que todo responde al azar.

Y si no es por sorteo, APCI tiene la obligación de justificar el criterio para escoger por tercera vez al IDL, tomando en cuenta que el mismo Pando informó que de las cerca de 2000 instituciones que hay, sólo 345 han sido investigadas. De hecho, esta predilección por nosotros es una prueba de que era verdad cuando decíamos que todo esto de la ley contra las ONGs no era, como sus mentores aprofujimoristas decían, para descubrir a ONGs que estaban a favor de Bin Laden, sino para hostilizar a las que les resultan incómodas al oficialismo por su independencia y capacidad de impacto.

Se trata obviamente de otra arbitrariedad, y, por lo mismo de una decisión absolutamente reñida con la ley. APCI no tiene ningún derecho a investigarnos una y otra vez, cuando le da la gana, sin tener ningún criterio racional que lo justifique. Exigimos que Pando haga una explicación de la decisión tomada en el Congreso.

APCI tendría el derecho de investigarnos una vez más si, por ejemplo, hubiese algún indicio de que el IDL estaría haciendo actividades ilícitas. Desafiamos a Giampietri o a cualquiera de quienes nos atacan a que demuestren una sola actividad o posición del IDL que pueda ser considerada mínimamente en contra de la ley. Y el ejercicio es fácil porque todo lo que hacemos es totalmente público, ya que en nuestro caso el máximo de visibilidad es un fin en sí mismo.

Somos nosotros los que estamos claramente del lado de la ley. Y son más bien quienes nos atacan los que se oponen a que la ley se cumpla, como ocurre, cuando defienden la impunidad, obstaculizan la lucha anticorrupción, defienden y admiran a las autoridades que han delinquido o propician el mal uso de las instituciones del Estado o de la libertad de prensa. El mundo al revés. Quienes no creen que es obligatorio cumplir con lo que manda la ley nacional e internacional, por encima de cualquier otra consideración, persiguen a quienes tienen como misión fundamental la defensa de los derechos, libertades y deberes contemplados legalmente.

Y prueba de que no hay ninguna actividad ilegal que pueda imputársele al IDL, es que, por más esfuerzo mental que hicieron los congresistas presentes en la reunión para acusar de algo concreto al IDL, no lo lograron, y más bien tuvieron que recurrir a afirmaciones francamente ridículas y que sólo revelan ignorancia y mala fe.

Reiteramos también que estamos sujetos a una serie de mecanismos de fiscalización permanente, ya que no sólo estamos inscritos en APCI, sino también en Registros Públicos, ministerios, Sunat, Essalud y Ministerio de Trabajo. Y que las instituciones que nos apoyan, nos exigen informes, inspecciones y auditorías externas. Por lo demás, a todos los integrantes de una ONG se les pueden aplicar las mismas normas penales, civiles, administrativas y de cualquier índole en caso que incurra en una ilegalidad o ilícito, como a cualquier ciudadano.

¿El almirante no tiene quién lo asesore?

El vicepresidente Giampietri dijo así que le parecía que los objetivos declarados por el IDL eran demasiado vagos y generales, y que por eso nos creíamos con derecho a meternos en todo. ¿Y en qué cree el almirante que el IDL no tendría por qué meterse? No hay duda de que “por la boca muere el pez”: el juicio de Fujimori y el tema de la justicia militar, según el mismo Gianpietri son dos asuntos con lo que no tenemos por qué meternos, tal como efectivamente lo venimos haciendo.

Cuando el almirante en retiro era sólo un columnista más de Expreso dedicado a atacar a todo lo que tuviera que ver con derechos humanos, no era tan grave que se atreviera a decir cualquier cosa. Pero ahora que es primer vicepresidente de la República y congresista, es imperdonable que no procese mejor lo que dice en una instancia oficial, como autoridad, y debería informarse y asesorarse mínimamente. Para comenzar, en el juicio de Fujimori, hay tres abogados del IDL, representando a las víctimas como parte civil, por lo que es imposible no tener nada que ver con dicho juicio. Pero aún si no tuviéramos esa calidad de abogados, es deber y obligación de todas las instituciones y personas a favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, vigilar y promover que no quede impune los hechos por los cuales el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial e inhabilitó a Fujimori, y luego el Poder Judicial del país solicitó su extradición y Chile la concedió.

Esto es lo que corresponde de acuerdo a la ley nacional e internacional, más allá de las simpatías que el almirante Giampietri mantiene por Fujimori.

Y respecto a la justicia militar, como institución que, con todo derecho, nos dedicamos a promover la existencia de un sistema de justicia independiente y justo, tenemos todo el derecho a oponernos a que –como quiere Giampietri y sus aliados, en contra de la ley- dicho fuero militar tenga competencias que en una sociedad democrática sólo pueden ser de la justicia ordinaria y se mantenga como medio de impunidad. Más si nuestras posiciones están amparadas por varios informes de la TC, que gente como el almirante simplemente desconoce.

Pero ya fue el colmo cuando el almirante dio a entender que APCI no sólo debía investigar al IDL sino que tenía que intervenir para redefinir sus objetivos, punto que demostró que nuestro vicepresidente no tiene ni la menor idea sobre qué puede y qué no puede hacer un órgano administrativo como APCI, pues es evidente que legalmente no tienen ninguna facultad para decidir cuáles deben ser los objetivos de una institución privada.

Giampietri parece haberse olvidado que el Defensoría del Pueblo y diversas sentencias del Tribunal Constitucional del país declaró inconstitucional los aspectos centrales de la ley contra las ONGs que apristas y fujimoristas lograron hacer aprobar en el Congreso; y que una de las razones para ello fue que la ley pretendía que APCI tuviera un nivel discrecionalidad en cuanto a los fines de las ONGs en base a lo que se podría considerar intereses nacionales. Sin embargo, ahora Giampietri, desconociendo por completo lo resuelto por el TC, quiere que sea APCI la que redacte los objetivos del IDL y de las ONGs en general.

La congresista Alcorta también hizo su aporte, con la lucidez y sensibilidad democrática que la caracterizan. Sentenció así que, con la misma transparencia que exigen las ONGs al Estado, ellas también deben informar, porque no se puede permitir -añadió- que instituciones privadas que se benefician con recursos del exterior estén provocando actos de violencia en el país. Ni más ni menos. Pero no se tomó la molestia de decir a quiénes se refería y en base a qué pruebas.

La congresista igualmente olvidó que si algo no tiene nada de transparente ni de ejemplar son muchas de las actuaciones de este Congreso, al que ella pertenece. ¿O le parecerá transparente y ejemplar la manera en que se ha elegido la última junta directiva, o la forma que se está procediendo frente a los actos de corrupción en los que todos los días incurren los congresistas? Sería mejor que los congresistas -salvo obviamente la excepciones del caso- se abstuvieran de hablar de transparencia, fiscalización, buen uso de recursos, rendición de cuentas.

Giampietri y Correo: unidos frente al crimen

Pese a que la Comisión de Defensa y Orden Interno nada tiene que ver con el tema, a Pando se le preguntó también por -como no- la denuncia de Correo sobre un posible conflicto de intereses debido a que Sofía Macher trabajaba en el IDL y a la vez presidía el Consejo de Reparaciones.

Como ya hemos dicho una y otra vez, lo que pasa es que a Correo -al igual que a Expreso y La Razón- nadie le cree las acusaciones que hace contra las miles de personas e instituciones que considera caviar, y, por eso, cada cierto tiempo tiene que inventar alguna nueva treta para seguir con sus campañas de difamación.

Y hace ya un tiempo ha sacado de la manga la figura del conflicto de intereses, y lo ve por todas partes. Primero lo usó para cuestionar la participación de profesionales del IDL en la Comisión de Indulto de Paniagua, y ahora lo usa en relación a la participación de Sofía Macher en el referido Consejo.

Ambas acusaciones son absolutamente absurdas y no tienen ningún fundamento.

En primer lugar, porque no se puede usar la aplicación de este tipo de delitos, inventados por el derecho para sancionar situaciones totalmente distintas, para perseguir a instituciones y defensores de derechos humanos, la verdadera finalidad de estas acusaciones como es obvio. Justamente existen una serie de mecanismos especiales de protección de los defensores de derechos humanos, contenidos en tratados, declaraciones y jurisprudencia internacionales para evitar que, a través de maniobras como las de Correo, se obstaculice la defensa de los derechos humanos.

Y es por eso que ya en el caso de los indultos, la Comisión Interamericana hizo declaraciones públicas y escribió cartas a una serie de autoridades pidiendo información y expresando preocupación por el uso de una figura que no corresponde.

Cuando se trata de derechos humanos, no puede haber un conflicto de intereses entre lo que la sociedad civil pretenda que haga el Estado, y lo que puede terminar haciendo el Estado. Por una razón muy simple: el cumplimiento de los derechos humanos, no es -como en otras materias que no se refieren a estándares universales de carácter vinculante- una opción entre varias, debiendo escoger el Estado entre ellas. No, el cumplimiento de derechos humanos es la única opción que tiene el Estado desde el punto de vista legal. El Estado, de acuerdo a la ley nacional e internacional, tiene la obligación de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos frente a todos.

Por tanto, cuando se promueve desde la sociedad civil, o participando al mismo tiempo en alguna comisión creada por el Estado sobre derechos humanos -tal como ocurrió cuando se creó la Comisión de Indultos de Paniagua, o ahora con la creación del Consejo- no puede haber un conflicto de intereses, ya que todos están actuando en el único sentido que permite la ley: proteger los derechos humanos. Lo que hay es un trabajo conjunto y complementario en la única dirección que permite la ley.

Es por eso que los nombramientos que se hicieron de profesionales del IDL en ambas situaciones, fueron hechos de manera pública, y sin ponerse como condición que debían apartarse del IDL. Y ambas decisiones fueron respaldadas por todos los sectores democráticos del país.

Sólo quienes creen y defienden que los Estados no tienen por qué respetar necesariamente los derechos humanos, y quienes están dedicados a la persecución de los organismos de derechos humanos, debido a las cuentas pendientes que tienen en la materia o como voceros de estos últimos, pueden forzar y distorsionar conceptos jurídicos, viendo conflicto de intereses donde está claro que no los hay.

Otra vez: democracia versus autoritarismo

Para nosotros la hostilización y persecución del IDL, así como de otras instituciones de la sociedad civil, de la Comisión de la Verdad y de determinados sectores sociales expresan que se está gestando en el país un autoritarismo parecido al de Fujimori y Montesinos. Y está claro ya el tipo de alianza que impulsa la vuelta a los 90: apristas, fujimoristas, el sector del poder económico más alto, conservador y excluyente; miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sin ningún espíritu de autocrítica; el sector más conservador de la Iglesia Católica; y, por último, los medios de comunicación y periodistas que -como en el pasado- defienden lo indefendible a cambio de prebendas y negocios con el actual régimen.

Y nos atacan y nos persiguen porque defendemos y promovemos, al parecer con un buen nivel de impacto y de éxito, lo que choca con los intereses de esa alianza (inclusión social, reformas institucionales, lucha contra la impunidad, etc.), la que quiere el campo absolutamente libre para poder beneficiarse sin problemas ni tensiones del crecimiento económico que vive el país.

Algunos ejemplos muy concretos de actividades del IDL por las que en realidad se nos ha puesto en la mira: defendemos a una de las víctimas de El Frontón y hemos logrado en este caso una sentencia de la Corte Interamericana que ordena una investigación judicial que hasta ahora no se cumple; y acabamos de informar ante el Tribunal Constitucional para que no se cometa la aberración de declarar la prescriptibilidad de un delito de lesa humanidad. Somos -como ya hemos dicho- abogados de las víctimas en el caso de Fujimori. Hemos hecho una serie de investigaciones en el ámbito de las políticas de seguridad que comprometen la responsabilidad de altas autoridades, y demuestran la total ineficacia del sector.

Hemos realizado una serie de acciones, que han tenido efectos muy concretos, contra las leyes que pretende que la justicia militar continúe siendo inconstitucional y un mecanismo de impunidad. Hemos denunciado y fundamentado la gran cantidad de irregularidades que se han cometido en la reincorporación del actual presidente de la Corte Superior de Lima, con la complicidad de algunos miembros del CNM.

También nos oponemos -contra la opinión de muchas autoridades y medios- a que Villa Stein se convierta en diciembre en el nuevo presidente de la Suprema, dado que sería el colmo que alguien que ha tenido nexos innegables con el fujimorismo sea el que tome las decisiones respecto al juicio que en segunda instancia deberá enfrentar dentro de poco el ex presidente a nivel de la Suprema. Apoyamos la labor de la sala A del sistema anticorrupción, a la que se la han intentando tumbar por todos los medios. Descubrimos el intento -y nos opusimos- al copamiento del Tribunal Constitucional.

Creemos -y así lo expresamos permanentemente- que el crecimiento económico debe de ser utilizado para resolver los problemas de fondo del país y no para beneficiar sólo al sector más alto de empresarios, como viene ocurriendo, y que hay un pésimo diagnóstico y manejo del conflicto social. Criticamos y sospechamos de la falta de preocupación y de políticas públicas para prever y sancionar la corrupción que se puede estar produciendo en estos tiempos de bonanza, o la falta de política frente al crimen organizado.

Es por el papel que estamos cumpliendo en este tipo de situaciones que nos ataca y persigue el oficialismo (incluido los fujimoristas, quienes ya están co-gobernando el país), así como determinado tipo de los medios de comunicación dedicados a hacer el típico acompañamiento que suele haber en este tipo de régimen. Y lejos de atemorizarnos haremos nuestro mayor esfuerzo por seguir cumpliendo con nuestra razón de ser y no dudaremos en utilizar todos los mecanismos, medidas y acciones amparadas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Invocamos también la solidaridad y la reacción a tiempo de todos los sectores democráticos, poniendo a nuestro favor una trayectoria de más de 25 años, durante la que hemos demostrado nuestro compromiso inequívoco con el país, el respeto del Estado de derecho y la defensa de las mejores causas.

De manera singular y por primera vez, una historieta retrata la violencia política que asoló el país por más de una década. Rupay es una selección de cómics que toma como referente sucesos reseñados en el Informe de la Comisión de la Verdad como las matanzas de Uchuraccay, Socos, Chungui y Putis, lo sostuvo su guionista Alfredo Villar.

“Estas historias, más allá de la posición política que uno pueda tener, las masacres que Sendero hizo en Lucanamarca o la masacre que hizo el ejército en Socos y Putis, son partes de la dolorosa historia del Perú y todo peruano debería de conocer”, expresó Villar.

Rupay, que en quechua significa “calor”, busca acercarse sobre todo a jóvenes y adolescentes para que no se olvide la barbarie que afectó a los más pobres del Perú. Villar, junto a los dibujantes Luis Rossell y Jesús Cossio, tienen pensado traducir esta historieta al quechua, obra que a su vez sería repartida de forma gratuita en comunidades campesinas de diversas regiones del país.

“Se le puede dar muchos significados, pero el significado es obvio; que la violencia y la sangre vino tanto desde la razón del estado desde los que supuestamente defendían los símbolos nacionales; como los de la razón subversiva, los que supuestamente querían fundar un nuevo orden. Entonces el rojo representa eso, es la violencia que viene del estado y los grupos que querían subvertir el Estado”, subrayó Villar acerca del color rojo que sobresale en las páginas.

“En Chumbivilcas nosotros nos hemos encontrado solos, pero una vez que llegó la Comisión de la Verdad hemos dado nuestro testimonio, y desde ahí hemos seguido hasta lograr nuestra organización con el apoyo de muchas instituciones, hoy somos una organización firme y me encuentro muy feliz porque el alcalde ha abierto esta oficina del RUV y lo felicito por eso, pero también quisiera encargarle que nos dé trabajo, con eso nosotros podremos seguir educando a nuestros hijos”, dijo Alviz, ratificado como titular de la institución hasta el 2010.

El alcalde de Chumbivilcas, Domingo Benito Calderón, que asistió junto a regidores de su comuna y del distrito de Llusco, expresó que “conociendo la verdad de cuántos somos y en dónde hemos sido afectados, y teniendo en cuenta que el desarrollo no es sólo sembrar cemento, nosotros como gobierno local mantenemos nuestro compromiso con los hermanos afectados y creo que es tarea nuestra, porque representamos al Estado. Seguiremos trabajando por ellos. Esperamos que este RUV nos permita conocer la verdad de cuánto somos y nos dé la posibilidad de gestionar para que los afectados puedan ser reparados.”

La oficina del RUV en Chumbivilcas atenderá todos los días, debido a que existen cientos de personas que solicitan ser inscritos. Asimismo, con el apoyo de la Vicaría de Solidaridad y del responsable de la oficina del RUV de Chumbivilcas, Nilthon Monje Hurtado, se realizarán salidas a las comunidades campesinas alejadas de la provincia, para registrar también a quienes no pueden ir a la ciudad, ya que para muchos afectados la distancia geográfica representa un problema para su traslado, además de que muchos de ellos se encuentran con edad avanzada. La actividad tuvo un especial realce, porque después de mucho tiempo los afectados sienten que realmente se inicia un proceso diferente, un proceso que puede darles la posibilidad de una verdadera reconciliación y que tuvo la grata coincidencia de realizarse justamente cuando a nivel nacional se recordaba el quinto aniversario de la entrega del Informe Final de la CVR.

La Maratón de la Lectura consistió en que las distintas delegaciones de las instituciones educativas hicieran una lectura personal de algunos extractos del Informe Final de la CVR, sobre los hechos que ocurrieron durante la época de la violencia, o alguna frase o mensaje que más les hubiera impactado. Después de la lectura, dibujaron o dejaron su mensaje en una tela colgada en la plaza que fue acondicionada especialmente para dibujar o dejar algún mensaje referido al tema. Las más destacadas eran: “evitemos la violencia”, “más paz, menos violencia”, “no queremos desamparo, queremos protección a los niños y niñas”, “los niños queremos paz”. Sobre todo piden “un ambiente donde haya amor, comprensión y felicidad”. Otra forma de dar su mensaje fue en quechua y castellano, mediante el uso del micrófono hacia los asistentes.

Esta actividad fue impulsada por la organización de Afectados por la Violencia Política de Santo Tomás y la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani. Asimismo, contó con el apoyo de las Defensoras Comunitarias y de la UGEL Chumbivilcas. A este acto conmemorativo asistieron más de 200 personas, entre niños, profesores y pueblo en general. Por otro lado, hubo una activa participación del estudiantado y los docentes del sector público y privado, y se hicieron entregas simbólicas de separadores de libros con mensajes y testimonios extraídos del Informe final de la CVR. Lo más valioso de esta actividad fue trabajar por primera vez con niños y estudiantes de las instituciones educativas de Chumbivilcas, una zona de la región Cusco que todavía sigue esperando por justicia y reparación. El mensaje que recogemos de estos pequeños es lo más valioso que significa vivir en un entorno de paz y respeto mutuo.

En cumplimiento de las recomendaciones de la CVR en el departamento de Huancavelica, 130 comunidades campesinas gravemente afectadas por la violencia política fueron seleccionadas para la implementación de reparaciones colectivas con un presupuesto de 13 millones de nuevos soles. En tal sentido, las municipalidades en convenio con la CMAN vienen ejecutando proyectos de diversa naturaleza como mejoramiento vial, saneamiento básico, canales de regadío, implementación de módulos de vacunos y crianza de cabras, construcción de centros educativos. “Los proyectos de reparación colectiva necesitan mayor comunicación entre las unidades ejecutoras y los beneficiarios”, precisó el Defensor del Pueblo.

Por otro lado, el Gobierno Regional de Huancavelica, a partir de la Ordenanza Regional 012–2004, tiene bajo su responsabilidad, dos proyectos que buscan implementar el Plan Integral de Reparaciones: “Atención a población afectada por la violencia política en el departamento de Huancavelica”. Según la información proporcionada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social, este proyecto está ejecutado en forma parcial. El Registro Regional de Víctimas (RRV) permitió la inscripción de 5366 personas, pero aún falta calificar 539 expedientes, así como el respectivo proceso de acreditación. Una parte de estos expedientes han sido transferidos al Consejo de Reparaciones. Este proyecto tiene un considerable retraso en su culminación.

Posteriormente, mediante el presupuesto participativo del 2006 se formuló el proyecto “Mejoramiento de las Unidades familiares productivas, económicos y sociales en las comunidades afectadas por el fenómeno socio político en la región Huancavelica”, con un presupuesto de 982,772.50 nuevos soles para dar continuidad en la atención a las víctimas en Huancavelica. Este proyecto se encuentra paralizado. Según la Gerencia de Desarrollo Social, los afectados por la violencia política no están de acuerdo con los productos que ofrece el proyecto, pero además el Estado peruano no puede promover la duplicidad en reparaciones. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda reformular el proyecto mediante talleres participativos con la presencia de representantes de todas las organizaciones de afectados sin distinción alguna.

Por otro lado, existen normas emitidas por el Ministerio de Salud que facilitan el acceso de las víctimas de la violencia política al Seguro Integral de Salud. Ciudadanos y profesionales del sector aún desconocen este mecanismo de reparación.

Asimismo, el Ministerio de Educación ha normado el ingreso directo a Institutos de Educación Superior –Tecnológicos, Pedagógicos, y Artísticos de carácter público, a nivel nacional, para las víctimas y familiares de las víctimas de los casos con informe de la CIDH, siempre que puedan acreditar la culminación de sus estudios secundarios.

La Dirección Regional de Educación de Huancavelica en cumplimiento a la ordenanza Nº 012, a través de los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos Públicos de Huancavelica, en todos los procesos de examen de admisión, se reservan vacantes para los víctimas de la violencia política. Asimismo, la Universidad Nacional de Huancavelica, desde el año 2000, ha dispuesto que en todos los procesos de admisión el ingreso de los huérfanos víctimas de la violencia. Entre el 2007 y el 2008, 63 huérfanos y huérfanas han accedido a la educación superior.

En el marco de la Ley Nº 28413, la Defensoría del Pueblo ha recepcionado 413 solicitudes de constancia de ausencia por desaparición forzada. Se han entregado 151 constancias, 41 constancias fueron denegadas y 221 se encuentran en proceso de verificación. La Defensoría del Pueblo exhorta a los familiares de las personas desaparecidas para que colaboren con el proceso de verificación.

Mientras que la Corte Superior de Justicia de Huancavelica ha recepcionado 21 procesos judiciales de ausencia de desaparición forzada. 18 fueron resueltos y 3 se encuentran en trámite. Por su lado, el Ministerio Público ha conducido la exhumación de restos óseos en el distrito de Santo Tomás de Pata. Todos estos restos fueron debidamente identificados y entregados a sus familiares, quienes promovieron actos religiosos y de reparación simbólica en Ayacucho. Al respecto, la Defensoría del Pueblo recomienda implementar un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses que cuente con los recursos logísticos.

La Coordinadora Regional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política de Apurímac presentó en Abancay el documental Estado de miedo, dirigido por Pamela Yates y producido por el cineasta Paco de Onís, quien se encargó de comentar los pormenores del material fílmico en la Casa de la Cultura.

El documental registra testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los cuales son reproducidos en quechua. El material será utilizado por diversas organizaciones de manera pedagógica. Gracias a la productora Skylight, durante la reproducción de Estado de miedo se hará uso en diversas zonas de una cámara para recoger declaraciones y comentarios respecto a la historia narrada. La muestra busca mantener en vigencia lo revelado por la CVR y realizar un balance al respecto.

Prosigue el debate sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Algunos dicen que el documento ataca y maltrata a las Fuerzas Armadas, mientras que los comisionados citan las partes del informe donde se reconoce la acción heroica no sólo de la institución militar, sino también la de los oficiales y subalternos.

El problema de fondo es que mientras los terroristas condenados por la CVR han sido en su inmensa mayoría enjuiciados y sentenciados, todavía existe un reducido número de efectivos militares que mataron a niños y ancianos y que violaron a mujeres en esos aciagos días del conflicto armado interno.
Como el informe final consigna también esta realidad, se genera la falsa impresión de que el informe no es imparcial, sobre todo porque quienes lo critican tampoco lo han leído.

Estos hechos no pueden quedar en el olvido, porque la realidad es que seguirán apareciendo las tumbas clandestinas y los hijos y nietos de las víctimas seguirán preguntando por los restos de sus familiares queridos y sobre quiénes los mataron. El mérito de la CVR es haber visibilizado esta dolorosa realidad; por ello ha recibido el respaldo de personalidades independientes como el escritor Mario Vargas Llosa y otras.

Velásquez Martínez explicó además que, inmediatamente producidos los hechos, se comunicó telefónicamente con el Comisario de la Comisaría de Jesús María, Comandante PNP Danny Rolando Valderrama, para que se realice la intervención policial correspondiente. Agregó que esa misma noche, a través del Oficio 28-7-FPP-FPTPL-MPFN, pidió al Jefe de la Delegación Policial que le informe sobre la referida intervención para poder identificar a los autores del presunto ilícito penal.

El representante del Ministerio Público manifestó que la policía le informó que fueron siete las personas que participaron en estos hechos, de las cuales solamente una fue detenida e identificada. Según explicó el fiscal, el artículo 166 del Código Penal señala que: “El que, con violencia o amenaza, impide o perturba una reunión pública lícita, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a noventa días-multa”.

Según versiones periodísticas, el ciudadano José Luis Contreras Jimeno sería una de las personas que irrumpieron violentamente en la reunión desarrollada en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, gritando improperios y agitando banderolas con la imagen del procesado Alberto Fujimori.

(Foto: Diario La República)