El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a la parte civil en el juicio por Derechos Humanos al ex dictador Alberto Fujimori, ha sido objeto hoy domingo 14, en la mañana, de una extraña detención en el aeropuerto Jorge Chávez, al regresar de un viaje a los Estados Unidos. Cuando hacía sus trámites migratorios, se le comunicó que existía una orden de arresto en su contra, dictada por el 40° Juzgado Penal de Lima, por el presunto delito contra la fe pública por una supuesta falsificación de documentos, cuyo proceso habría empezado en el 2008 y por el cual nunca fue notificado, afirmó el letrado.

“Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más”, declaró Rivera, desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria. “Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado”, agregó.

Además de una irregularidad, la detención es sospechosa de responder a una motivación política. Rivera, aparte de su efectiva participación en el juicio a Fujimori, sigue el caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, acudió al local de Requisitorias para manifestar su preocupación, así como el periodista Gustavo Gorriti. Simon consideró a Rivera como “una persona decente y honrada”, y comentó que pudo conversar con él y que está muy tranquilo. El premier adelantó que, de acuerdo a los procedimientos policiales, recién mañana lunes el abogado podría recobrar su libertad.

A su vez, Gorriti tildó la medida de “una tinterillada que se utiliza para acosar a uno de los más calificados defensores de los DDHH en el Perú”, y subrayó que Rivera “no tiene el más mínimo conocimiento de ese caso, no ha habido ninguna notificación de ninguna naturaleza”. El periodista agregó que en el proceso no hay demandante conocido alguno.

Por su parte, la abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso “La Cantuta”, indicó que es “bastante sospechoso” la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso “Barrios Altos” contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40° Juzgado para que brinde su declaración.

Respecto a los antecedentes del juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

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