César Nakasaki, abogado defensor de Alberto Fujimori, usará todos los recursos para obtener la nulidad de la sentencia contra su patrocinado. De paso por Trujillo, aseguró que en el 2010 el ex dictador podrá volver a las calles, y consideró que la ratificación de la sentencia que condena al ex presidente a 25 años por los cargos de lesa humanidad, no es más que un complot para terminar con la figura más importante del fujimorismo.

Nakasaki evitó referirse al ya famoso juez César San Martín, que ha pasado a la historia como uno de los mejores letrados a nivel nacional e internacional.

Después de que la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema resolviera ratificar la condena de 25 años al ex presidente Alberto Fujimori, por violación de derechos humanos, el abogado César Nakasaki y la familia del ex mandatario buscan prolongar un juicio que a todas luces está concluido. Esto para Antonio Salazar, abogado de la parte civil en dicho proceso, tiene que ver más con la intención política de Keiko Fujimori y su movimiento.

“La hija del condenado Fujimori, candidata a la presidencia de su movimiento le interesa que su padre aparezca como no condenado; y más aún le interesa que aparezca como no condenado por violaciones a derechos humanos en nuestro país. Para sus adeptos su padre todavía tiene que parecer como inocente, como alguien que puede ser liberado, absuelto por la justicia, cosa que es totalmente improbable, eso no va a suceder en ningún tribunal peruano que se jacte de actuar conforme y de acuerdo a ley”, .

Por otra parte, Salazar se refirió al pago de las reparaciones individuales a los periodistas secuestrados y a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. “La reparación civil se da juntamente con la ejecución de la sentencia. Como este señor Fujimori y sus abogados están accionando mecanismos para poder alargar esta ejecución de sentencia todo eso se va a dar cuando todo esto quede calificado, que espero sea muy pronto”, subrayó.

La sentencia de seis años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por interceptación telefónica, soborno a trece parlamentarios de oposición y la compra en forma irregular de un canal de televisión, ha generado diversas opiniones.

Según el decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, Gabriel Aramburú, la sentencia fue arreglada de acuerdo a ley. Pero para otros dirigentes políticos, al pedir la sentencia anticipada, Alberto Fujimori estaría protegiendo la campaña electoral de su hija Keiko Sofía, de cara a las elecciones del 2011.

En tanto, Socorro Arce, dirigente fujimorista, sostuvo que la mejor forma de revertir esta situación será en las próximas elecciones.

Alberto Fujimori afrontará un nuevo juicio oral por delitos en calidad de autor en los casos de medios de comunicación, congresistas tránsfugas e interceptación telefónica. Carlos Rivera, abogado de la parte civil en este caso, señala la importancia de este nuevo proceso. “Lo que se muestra en este proceso judicial y me parece que es la principal relevancia del caso es la corrupción sistemática, la corrupción organizada desde las altas esferas de poder que se dio en los últimos 3 ó 4 años”, señaló al respecto.

Para Rivera, el proceso judicial -que en ocasiones anteriores ha servido como estrategia para los fujimoristas y ganar así más adeptos- servirá para develar un nuevo panorama político de cara a las elecciones del 2011. “No les conviene un Fujimori que esté siendo vapuleado en un juicio que va a durar meses, yo creo que les conviene un asunto que va a tener un impacto durante unos días pero que sea un impacto en el tiempo corto, las elecciones se avecinan y creo que lo último que quieren es que los juicios de Fujimori le genere daño a Keiko Fujimori“, dijo Rivera.

En este nuevo proceso se podrán contrastar las declaraciones testimoniales de aquellas personas que participaron activamente en la comisión del hecho delictivo o fueron las víctimas de ese delito. Un juicio que nos hará recordar las grabaciones clandestinas y el alto nivel de corrupción que caracterizaron al gobierno fujimorista.

“La pena impuesta por la Sala Penal Especial a Alberto Fujimori de siete años y medio de cárcel por haber entregado dinero irregular a Vladimiro Montesinos, más una reparación civil es bien merecida”. Así lo expresó el abogado Carlos Rivera, quien agregó: “Primero porque los hechos están absolutamente demostrados, segundo los delitos están demostrados, aquí hay peculado porque hubo una sustracción de dinero del estado del Estado y hay falsedad ideológica porque se emitió un decreto supremo con hechos falsos. Fujimori negoció con Montesinos, emitió el decreto, ordenó a los ministros e hizo llamadas para que toda la operación se haga en un solo día y en la noche Montesinos tenga sus 15 millones de dólares en efectivo”.

En cuanto a la reparación civil, así como su inhabilitación por dos años y 10 meses para ocupar cualquier cargo público, el representante del IDL se mostró estar de acuerdo ya que hubo una evaluación respecto al daño cometido en contra del Estado. Y sobre la condena efectiva precisó que “en este caso, Fujimori tiene pena privativa de libertad hasta el 2014 dado que es una pena de siete años y medio y hay que contabilizar los años de carcelería que ya viene sufriendo, pero esos años obviamente hay que refundirlos en los 25 años que Fujimori ya tienen condena en el caso de violaciones a los derechos humanos”.

Fujimori seguirá en el banquillo. En las próximas semanas le tocará afrontar los procesos por la compra del Cable Canal de Noticias y de congresistas tránsfugas, así como el chuponeo telefónico. En estos casos, es posible que el ex presidente presente nuevamente el recurso de conclusión anticipada.

El jefe de la Unidad de Investigación del diario La República Ángel Páez nos revela de donde provinieron los 15 millones de dólares ilícitos que entregó Alberto Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos. “Hay dos hipótesis: Una es que Fujimori probablemente haya usado los fondos que el acopiaba en Palacio de Gobierno y que eran el dinero de los fondos secretos que manejaba Montesinos en el SIN. Lo otro es que, probablemente algun amigo banquero, se sospecha que fue el mismo que ayudó a Montesinos a fugar a Panamá”, dijo Páez.

El próximo lunes, Fujimori Fujimori será sentenciado. En ese sentido Páez califica a este proceso como trascendental. “Primero, que no es verdad que Fujimori no tenía decisiones sobre el dinero público, en segundo lugar, queda acreditado que Fujimori personalmente ordenaba mentir y fraguar documentos a sus ministros, en tercer lugar queda absolutamente probado que Fujimori trajinaba dinero en efectivo como un delincuente cualquiera en Palacio de Gobierno”, manifestó al respecto.

Si procede la condena en contra de Fujimori, sería el primer caso probado en la historia de que un presidente esté directamente involucrado en casos de corrupción y ello sin duda será un precedente para los gobiernos venideros. Cabe señalar que está probado que el dinero entregado por Fujimori a su ex asesor no son los mismos billetes que el ex presidente devolvió al erario nacional. Fujimori pagó con billetes de 20, 50 y 100 dólares, en tanto que retornó al fisco billetes de 100 dólares.

La lectura de sentencia que se dictará el próximo lunes en contra del ex presidente Alberto Fujimori por el pago a Vladimiro Montesinos de 15 millones de dólares será condenatoria. Así lo aseguró el abogado Carlos Rivera, mencionando al respecto: “Porque aquí, una cosa es que se haya devuelto el dinero y otra cosa bastante diferente es que esté demostrado que es otro dinero, pero el delito de peculado, es decir de haber hecho uso ilegal o un pago ilegal a un funcionario público -Vladimiro Montesinos-, eso está totalmente demostrado”.

Pero, además, el ex presidente tendría que pagar la reparación civil al Estado estimada entre dos millones de dólares y 92 millones de soles. Si bien la penas en el Perú no son sumatorias, cosa que beneficia a Fujimori, Carlos Rivera sostiene que era una obligación del Estado iniciar este proceso porque está de por medio el conocimiento de la verdad. En este caso, saber con exactitud de dónde provino el dinero que entregó Fujimori a su asesor Vladimiro Montesinos. “Esa es una evidencia no solamente de un manejo corrupto de los fondos públicos, sino que el presidente de la República estaba absolutamente comprometido con la corrupción y es la única forma de entender que tenía dinero en efectivo en Palacio de Gobierno”, sentenció Rivera.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, adelantó que este viernes 17 de julio emitirá su sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por el pago de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La acusación fiscal estuvo a cargo del magistrado Avelino Guillén, quien solicitó ocho años de prisión contra el ex mandatario, así como una reparación civil de dos millones de soles, por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica. El ex mandatario aceptó el pago de la CTS a su ex asesor, pero no su responsabilidad penal en los hechos. En tal sentido, se acogió a la figura de responsabilidad limitada respecto a las imputaciones de la Fiscalía.

Por tanto, rechazó la acusación y la reparación civil solicitada por el Ministerio Público. Luego, la defensa del ex mandatario y la Fiscalía iniciaron la presentación de los documentos que sustentan sus posturas. En plena exposición, Fujimori Fujimori solicitó una interrupción. Según el informe médico, el ex mandatario presentó un caso de hipertensión arterial.

“Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más”, declaró Rivera, desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria. “Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado”, agregó.

Además de una irregularidad, la detención es sospechosa de responder a una motivación política. Rivera, aparte de su efectiva participación en el juicio a Fujimori, sigue el caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, acudió al local de Requisitorias para manifestar su preocupación, así como el periodista Gustavo Gorriti. Simon consideró a Rivera como “una persona decente y honrada”, y comentó que pudo conversar con él y que está muy tranquilo. El premier adelantó que, de acuerdo a los procedimientos policiales, recién mañana lunes el abogado podría recobrar su libertad.

A su vez, Gorriti tildó la medida de “una tinterillada que se utiliza para acosar a uno de los más calificados defensores de los DDHH en el Perú”, y subrayó que Rivera “no tiene el más mínimo conocimiento de ese caso, no ha habido ninguna notificación de ninguna naturaleza”. El periodista agregó que en el proceso no hay demandante conocido alguno.

Por su parte, la abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso “La Cantuta”, indicó que es “bastante sospechoso” la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso “Barrios Altos” contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40° Juzgado para que brinde su declaración.

Respecto a los antecedentes del juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

Ante el pronto inicio del juicio a Alberto Fujimori por el pago de las CTS a Vladimiro Montesinos, el Fiscal Supremo Avelino Guillén confirmó que él estará a cargo de este nuevo proceso. Posteriormente, al juicio por el pago de las CTS a Montesinos, el sentenciado Alberto Fujimori tendrá que enfrentar otros casos de corrupción, entre los cuales figuran la operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas, el chuponeo telefónico y la compra del Cable Canal de Noticias.

“Nosotros esperamos obtener una sentencia condenatoria. En el caso de los hechos de corrupción sí existen pruebas directas que involucran de manera directa al Sr. Fujimori con la comisión de hechos delictivos como el delito de peculado y falsedad ideológica”, explicó. Al respecto, el fiscal adjunto señaló que, de acuerdo a la norma penal y por estos hechos, a Fujimori le correspondería una sentencia de ocho años de pena privativa de la libertad, condena que en la práctica no se sumaría a la que ya posee por violación a los derechos humanos.

En 1997, después de cuatro años de estudiar y trabajar en el extranjero, decidí regresar y para mi sorpresa, encontré un país con una percepción lamentable de sí mismo: no sólo teníamos un gobierno sin escrúpulos, sino empeñado en institucionalizar la prepotencia, el abuso hacia el débil y el cinismo. Todo estaba permitido, desde las fábricas contaminantes hasta la explotación laboral, desde las combis asesinas hasta los establecimientos racistas. En una estrategia perversa, los diarios chicha, Laura Bozzo, Magaly Medina y los noticieros procuraban corromper a la sociedad… o convencerla que era totalmente corrupta. Era extraño: la mayoría de personas que conocía rechazaba el panorama social que describo, pero se sentían derrotados antes siquiera de pensar en cambiarlo. El fujimorismo había logrado convencer a los peruanos que éramos y por siempre seríamos una sociedad amoral.

Aún en los peores tiempos de la violencia y la hiperinflación, no había sentido tanto derrotismo. Cada vez que proponía algo para mejorar nuestra sociedad, encontraba escepticismo: los peruanos jamás usaríamos cinturones de seguridad, el canal 2 nunca sacaría del aire a La Paisana Jacinta y nadie sacaría a Lucchetti de los Pantanos de Villa. “Pensar en sacar a Fujimori es una utopía”, me decía, en agosto del 2000, un egregio abogado. Bueno, Fujimori se fue (y el egregio abogado pretendió sucederlo sin éxito), Lucchetti y La Paisana Jacinta también, los cinturones de seguridad llegaron, los avances en la lucha contra el racismo han sido constantes, pero a pesar de ello, yo sigo pensando que el derrotismo, persiste con terribles efectos paralizantes. Aunque se manifiesta gran orgullo cuando en el extranjero se valora nuestra comida o triunfa algún deportista, con gran vehemencia se generalizan todo tipo de expresiones negativas sobre nuestra sociedad.

Mis amigos cercanos saben que estoy a salvo de dos de las principales fuentes de derrotismo: la televisión, que aún sin Laura Bozzo sigue empeñada en mostrarnos como una sociedad abyecta, y el fútbol. En este último caso, creo que los resultados no podrían ser mejores, tratándose del país sudamericano que menos invierte en salud y educación. De hecho, la mayoría de deportistas exitosos en el Perú (como en todo el mundo) pertenecen a aquellos sectores donde desde niños las principales necesidades humanas estuvieron aseguradas. Realmente me indigna que ante un mal resultado en el fútbol, haya quienes sueltan una frase tan derrotista como “los peruanos somos así”. La grandeza de un país no está en las habilidades deportivas de algunos individuos. La grandeza de un país, creo yo, está en cuánto avanza para que exista justicia y dignidad para todos sus habitantes.

Por eso, el martes pasado, cuando se pronunció la sentencia que condenó a Fujimori por sus crímenes, sentí que caminábamos hacia ser un país grande. Sentí que se había dado un paso en el camino contra la discriminación que no tenía precedentes en nuestra historia: un grupo de personas obtenía justicia, pese a su pobreza, y un criminal era condenado, pese a todo su poder. Cuando sentenciaron a Fujimori, recordé a miles de otras víctimas suyas: los inocentes presos y las campesinas esterilizadas. Siempre personas pobres, siempre los más débiles, los vulnerables, cuya historia muy pocos querían escuchar en aquellos años de atontamiento colectivo…

Como sucedía en los dolorosos años ochenta, mi convicción que el Perú puede mejorar gracias a los peruanos se ve confirmada por el ejemplo de algunos compatriotas, como los familiares de las víctimas y sus 17 años de lucha y la tenacidad de abogados como Ronald Gamarra, Gloria Cano o Carlos Rivera. Sin la fe de todos ellos en la justicia y en sí mismos se habría impuesto la impunidad.

A quienes desean una sociedad más justa, más humana, les digo: superar el derrotismo, es superar uno de los peores legados de Fujimori.

El representante del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Michael Reed, señaló que la sentencia condenatoria de 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori es contundente. “El tribunal ha determinado que se trata de crímenes de Estado, perpetrados por distintos individuos, pero que tuvieron el concurso del ex presidente, tanto en la comisión de los hechos como en su posterior ocultamiento. El Tribunal reconoce los efectos gravísimos que generaron estas violaciones generalizadas y sistemáticas y que las violaciones fueron parte de un patrón, como lo había documentado la Comisión de la Verdad del Perú. Adicionalmente, hace énfasis en la gravedad del uso del poder público para la perpetración de estas atrocidades”, expresó.

El jurista destacó también la importancia histórica de este fallo para el mundo, puesto que sienta un precedente legal y demuestra la autonomía e independencia del Poder Judicial, además de dejar en claro que cuando existe voluntad, cumpliendo el debido proceso se puede investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de este tipo de delitos. “Por lo general, los juicios se daban en períodos de transición, en contra de jefes de Estado que habían sido parte de dictaduras o regímenes autoritarios. Es inusual, en efecto, que quien haya sido juzgado haya sido elegido democráticamente y que esté sometido a las leyes y a la competencia de un tribunal previamente constituido, en este caso la Sala Penal Especial”, dijo Reed.

Conocida la sentencia de 25 años de prisión en contra de Fujimori, Enlace Nacional recorrió las calles de Lima para conocer el punto de vista de algunos ciudadanos.

Ante la sentencia condenatoria a 25 años de prisión efectiva a Alberto Fujimori, organizaciones de Derechos Humanos señalaron que según el Derecho Internacional, la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena no son válidos. Así lo afirmó el secretario ejecutivo de Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra: “Este tribunal ha dicho que son delitos de Lesa humanidad. La Corte Interamericana también lo ha dicho. Nuestro Tribunal Constitucional lo ha ratificado de esa manera. En el Derecho Internacional los crímenes de Lesa Humanidad no son objetos de amnistía ni indultos”.

Asimismo, el Rectorado de La Cantuta señaló que esta condena debe servir de escarmiento a los autores de tan abominables crímenes para que en el futuro no se repitan. En esa misma línea, los observadores internacionales que llegaron a nuestro país sostuvieron que esta sentencia es un aporte trascendental en lucha contra la impunidad.

Según Gamarra, a Fujimori le quedan aún dos juicios por afrontar. “Uno por el tema de los 15 millones que en realidad fueron 30, que es el pago a Montesinos por el pago de las CTS, y hay otro caso por corrupción que es el de los congresistas tránsfugas, interceptación telefónica”, indicó. Agregó que el caso Fujimori no queda ahí, sino que los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos harán el seguimiento del proceso hasta que la pena de los 25 años sea ratificada.

Gloria Cano, representante de las víctimas de La Cantuta se pronunció sobre los últimos alegatos contradictorios de Alberto Fujimori. “César Nakasaki se ha pasado semana tras semana señalando que era imposible normativamente y fácticamente que Alberto Fujimori dé las disposiciones con respecto a la estrategia antisubversiva. Sin embargo, el reo Alberto Fujimori lo que hizo fue desmentir a la defensa técnica y señalar que él personalmente decidió variar la estrategia antisubversiva y él personalmente evaluó, decidió y tomó disposiciones al respecto. Entonces, quiere decir que sí elaboró una estrategia surbversiva. Él incluso llegó a señalar que la estrategia anterior de Belaunde y García eran de tierra arrasada. En el gobierno de Fujimori lo que se hizo fue cambiar a una estrategia de eliminación selectiva y es lo que se hizo con el destacamento Colina”, explicó.

Asimismo, Ronald Gamarra denunció la nueva mutilación que ha sufrido el monumento El Ojo que Llora, erigido en memoria de las víctimas de la violencia política. En tal sentido, Gamarra observó la responsabilidad del Municipio de Jesús María.

En Cajamarca, la congresista fujimorista Cecilia Chacón De Vettori señaló que las críticas del ex presidente Alejandro Toledo contra Alberto Fujimori responden a un intento de captar la atención de la ciudadanía. Asimismo, dijo que no puede asegurarse justicia en la sentencia que próximamente enfrentará Fujimori.

“Fujimori Culpable” fue el mensaje que se escuchó en las calles de Lima. Esta marcha que se repitió en varias ciudades del país tuvo el objetivo, una vez más, de pedir que la Corte Suprema dicte una sentencia justa al ex presidente Alberto Fujimori, por violaciones a los derechos humanos cometidos en su gobierno. Los marchantes apostados frente al Ministerio Público, entregaron un documento que respalda la acusación fiscal para que el ex presidente sea condenado a treinta años de prisión.

Esta manifestación pacífica estuvo encabezada por diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, la Coordinadora de Derechos Humanos, el colectivo Para que no se repita, Aprodeh, así como los familiares de las víctimas e integrante de la Confederación General de Trabajadores -CGTP- quienes se sumaron a esta causa. Si Alberto Fujimori Fujimori es condenado servirá como precedente para que futuros gobernantes amparados en el poder no atenten contra los derechos humanos.

En Abancay, afectados por la violencia, representantes del SUTEP, CGTP y de otras organizaciones civiles realizaron una marcha de sensibilización para pedir una sentencia justa contra el ex presidente Alberto Fujimori.

Tras la culminación de los interrogatorios en el juicio al ex presidente Alberto Fujimori, César Nakasaki, abogado del procesado, culpó a los medios de comunicación de llevar a cabo un juicio mediático en el que el ex presidente ya es considerado culpable. Al respecto, Ronald Gamarra, abogado de la parte civil, señaló que la discusión penal se da en el tribunal más no en los medios. “El doctor Nakasaki es el abogado más mediático que hay en el Perú, es el más figuretti y él se queja del juicio mediático dónde: en un canal de televisión, en una emisora radial, a través de un periódico. Finalmente, los periodistas pueden tener opiniones respecto de la inocencia o responsabilidad de Fujimori, o respecto a la valoración de lo que fue su gobierno o no”, explicó.

Gamarra señaló, además, que Fujimori está buscando justificación política para sus actos criminales y pretende hacer creer que el tribunal que lo juzga es un tribunal parcializado y politizado. Consideró que el fallo final, será sobre la base del marco probatorio, por lo que deberá ser respetado. “Yo no sé lo que hará el doctor Nakasaki cuando condenen a Fujimori, pero digamos —y esto es solo ficción— en el supuesto que esta sala lo absolviera, a mi no me verán por las calles y plazas despotricando contra el tribunal diciendo que esto obedece a un interés político, o una venganza”, agregó.

Se estima que la sentencia del Tribunal que juzga a Alberto Fujimori, por presuntas violaciones a los derechos humanos, se daría a mediados de marzo. Sin embargo, luego de ello al ex presidente le esperan cuatro juicios más por casos de corrupción.

Desde el 10 de diciembre del 2007, Alberto Fujimori viene siendo procesado por la justicia peruana por su responsabilidad en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. El juicio al ex presidente ha entrado en su recta final. Ronald Gamarra, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora nacional de Derechos Humanos (CND) dijo que “ahora estamos en una fase culminante del juicio oral…. yo calculo que a fines de noviembre debemos de estar terminando esta etapa, pasar a los alegatos y yo creo que hacia diciembre debe haber una primera sentencia ya sea condenatoria o absolutoria”.

Por otro lado, señaló que, de acuerdo a la fiscalía, el actual presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, estuvo en la mira del Grupo Colina. “Ellos recibieron la orden de asesinar a Yehude Simon de tal suerte que se dispuso al personal del grupo colina que le hiciera un seguimiento, que le ubicara, que dispusiera del lugar desde donde darle muerte, se utilizó armamento y solamente se esperó el momento para darle muerte, felizmente la orden no llegó”, indicó.

Gamarra Herrera espera que al final del proceso se obtenga una sentencia condenatoria a Fujimori y con ello, se siente precedente respecto a que nadie impunemente puede violar los derechos humanos.