La población puneña acató mayoritariamente una paralización de actividades en solidaridad con los pobladores de la selva puneña que realizaron una marcha de sacrificio hasta la capital de esta región. Ello en rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica del Inambari. Durante la jornada, se suscitaron algunos enfrentamientos entre la población y la policía registrándose cuatro detenidos que finalmente fueron liberados con intermediación del ministerio público. Incluso durante la paralización un vehículo de la policía fue objeto de agresiones por parte de un grupo de vándalos.

Miembros de la Asociación de Damas de Apoyo Social y Bienestar de Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú y policías retirados, se apostaron en el atrio de la catedral, para hacer una vigilia donde protestaron, exigiendo se les aumente el sueldo que actualmente asciende a 800 nuevos soles. El acto ocurrió después de participar en una misa.
Con velas y haciendo arengas, la familia policial protestó contra el gobierno para que no se tomen represalias con sus compañeros que han sido detenidos y dados de baja. También manifestaron que harán actividades para recaudar fondos y enviarlos a los policías detenidos por promover el paro que se llevaría a cabo este 5 de abril; también revelaron que habría un cuarto detenido.

En conferencia de prensa, el presidente del consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén informó que ya se viene trabajando con el ejecutivo y con los ministerios de economía, defensa y del interior para entregar una asignación especial para militares y policías.
“Estamos trabajando unas variables para atender este sector del país que son nuestras fuerzas armadas y fuerzas policiales. Lo puntual y lo concreto es lo siguiente tenemos que acabar con incidencias de dimes y diretes y en el gobierno responsablemente estamos ajustando partidas presupuestales mirando que proyectos podemos postergarlos unos mesas para poder atender a nuestros miembros de las fuerzas armadas y policiales en actividad pero también reconocemos en nuestra atención a nuestras viudas ellas serán las que tendrán prioridad, nuestras viudas y nuestros militares y policías lisiados que en acto de servicio quedaron en esa condición.”
Velásquez Quesquén reconoce que no es sencillo reformular partidas presupuestales y que presentarán un proyecto a los eventuales candidatos a la presidencia de la república.
“Hemos dicho vamos a ir a un proceso serio de reestructuración salarial de las fuerzas armadas y policiales pero vamos a tomarnos el trabajo de consultarle a los líderes políticos que están postulando a la presidencia de la republica para que ellos opinen porque cualquier proceso de reestructuración salarial va a comprometer al próximo gobierno. Queremos hacer que la política económica sea previsible.”
El Presidente del Consejo de Ministros señaló además que se prepara un reconocimiento a los miembros de las fuerzas armadas y policiales, además de pedirle al parlamento que precise el tema previsional y el de la caja de pensiones policial y militar ya que son temas que deben de tratarse de forma integral con la reestructuración salarial.

En Tacna cambian a 12 efectivos policiales a las zonas alto andinas porque sus esposas y familiares habrían promovido el paro policial.
Es mucha coincidencia que los efectivos policiales que hace tan solo un mes habían sido reubicados de las zonas alto andinas a la ciudad, nuevamente fueran llevados a la sierra.
La medida resulta extraña luego que las esposas y familiares de los mencionados policías en actividad apoyaran abiertamente la paralización del 5 de abril.
Sin embargo el jefe de la región policial Coronel James Ordinola señala q estos movimientos son normales obedeciendo a un acto rutinario y descartó amedrentamientos por parte su jefatura.

Fue suspendido. El Secretario General del Sindicato de la Policía del Perú, Richard Ortega Quispe, ofreció declaraciones a algunos medios locales acerca del paro policial y militar del 05 de abril, hecho que le costó ser separado de la institución.
No obstante, Ortega Quispe denunció que personal de contrainteligencia estaría acosándolo e indicó, además, que ha sido notificado del proceso disciplinario en su contra, pero de forma irregular.
Mientras Ortega Quispe, conocido con el apelativo de Rumimaki, calificó como persecución política una supuesta intención de detenerlo a la fuerza; hecho que, según indicó, sucedió al salir del penal de Yanamilla donde labora dicho efectivo.

Salieron a las calles pero no en la proporción que se esperaba. Un poco más de 100 unidades de taxis llegaron al centro de la ciudad para apoyar la paralización indefinida del gremio de carga pesada y transporte interprovincial. Pidieron también la disminución del costo de los combustibles. Los choferes de taxis no cuentan con beneficios como los de un trabajador del Estado. De otro lado, los taxistas pidieron a la comuna la emisión de las licencias del Servicio de Transporte Especial (SETARE), ya que la falta de este documento les impediría obtener la certificación de taxis cuando les toque pasar la revisión técnica.

A fin de evitar brotes de violencia durante el paro de transportistas de carga y de buses interprovinciales, la Policía montó un operativo que consistió en el resguardo de los vehículos que transitaban por Chimbote. El coronel Gualberto Romero Alemán, de la División Policial de Chimbote, descartó incidentes violentos en la provincia del Santa, ello gracias a la implementación de una nueva estrategia: “Hemos puesto el plan “policía a bordo” que consiste en que un policía va en cada vehículo de carga pesada o de pasajeros. Aparte de ello estamos reforzando con el plan patrullaje tipo convoy”.

Gracias al control policial el tránsito de vehículos en la Panamericana Norte se desarrolló con normalidad. No obstante, el primer día de la medida de lucha se reportaron algunos incidentes vandálicos, situación que, felizmente, no se repitió. Los transportistas saludaron el control en las carreteras.

Las consecuencias del paro de transportistas no se hicieron esperar. Cientos de pasajeros, la mayoría peruanos proveniente del vecino país de chile, se han quedado varados en los exteriores del Terminal Terrestre. Los viajeros se encuentran indignados, pues desde hace tres días no pueden dirigirse a su lugar de destino y les han cerrado las puertas del Terminal Terrestre. Pocos fueron los que se quedaron dentro. Ante este hecho el Defensor del Pueblo, Sergio Mesa, se acercó a las instalaciones del Terminal Terrestre, en donde se reunió con el Gerente de Terminales Terrestres, Alejandro Lombardi. Finalmente, algunos pasajeros pudieron ingresar al Terminal Manuel A Odría.

Las empresas de transporte paralizaron sus labores. Los más perjudicados por supuesto fueron los pasajeros. Los pisqueños optaron por vehículos particulares y combis para trasladarse a ciudades como Ica y Lima.
En los locales de las agencias Flores y Soyus se colocó un aviso para comunicar la suspensión de la salida de los vehículos de transporte interprovinciales. Los turistas tuvieron que volver a la ciudad de Pisco.
Un similar panorama ocurrió con el transporte de cargas. La mayoría de camiones paralizaron sus operaciones durante la madrugada por temor a ser atacados. En las carreteras del país solo se observan vehículos particulares y de transporte urbano.

A la altura de la entrada a Tacna se apostaron buses interprovinciales y camiones de carga pesada, de forma pacifica, sin bloquear el transito en la carretera.
Instituciones públicas como la SUNAT fueron resguardadas por miembros del ejército. El transporte público operó con normalidad en el centro de la ciudad.

Días atrás transportistas anunciaron un paro total del servicio interprovincial y de carga pesada sin embargo efectos no se dejaron sentir en nuestra ciudad.
La paralización de 24 horas que convoco el gremio o nacional de transportes fue acatada por un poco más del 50 por ciento de empresas de este rubro.
En el terminal terrestre de salida al sur, los buses interprovinciales de diferentes empresas trabajaron con normalidad y aprovechando la coyuntura incrementaron considerablemente el precio de sus tarifas.
Las bases gremiales de este sector exigen al gobierno central la devolución del bono al impuesto selectivo al consume el cual les fue retirado a principios de este año.
Se supo por fuentes oficiales que mesa de diálogo ya se instalo en la ciudad de lima, sin embargo representantes sindicales y del estado no habrían llegado a ningún acuerdo
Según el representante de la central regional de transporte urbano, Orlando Villanueva, las empresas de microbuses, taxis y colectivos se mantuvieron al margen de esta medida de lucha por no verse beneficiadas con este bono.

El presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, rechazó el paro convocado por el Frente de Defensa al señalar que su plataforma de lucha es política. Indicó que a los trabajadores del Gobierno Regional que no acudan a trabajar se les realizará el descuento respectivo en sus remuneraciones.

Los transportistas del servicio urbano de la ciudad de Puno como taxistas, moto taxistas y triciclistas, así como los que atienden el servicio interprovincial no acataron el paro convocado por la Federación Departamental de Campesinos de esta región. En tanto, en las rutas hacia Cusco y Arequipa, el servicio de transporte interprovincial se ofreció de forma restringida.

Los impulsores del paro piden la derogatoria de los decretos legislativos 994, 1069 y 1081, entre otros que ellos consideran atentatorios a los derechos de las comunidades campesinas y violan el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, las actividades en Puno se desarrollan de manera normal puesto que las organizaciones de base no se sumaron a las marchas.

Después de más de trece días de huelga, en la provincia de Canchis se instaló la mesa de diálogo. Los integrantes de la comisión de Alto Nivel debatieron la plataforma de lucha junto a las autoridades y dirigentes locales.

A la reunión presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon también asistieron el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Carlos Leyton y el Presidente Regional del Cusco, Hugo Gonzáles.

Sin embargo, pese al inicio del diálogo con los dirigentes, este fue suspendido debido a que sólo se encontró solución a tres de los cinco pedidos que hicieron las comunidades; entre los que figura que el Gobierno destine un monto de dinero para apoyar a las comunidades en la protección y mejora de sus camélidos. El Comité de Lucha Provincial acordó remitir la contrapropuesta al Ejecutivo en un plazo de 72 horas. En tanto, los dirigentes señalaron que se radicalizará el paro indefinido y se sumarán las provincias de Canas y Acomayo.

El paro decretado por los trabajadores mineros de la empresa Doe Run Perú, con bloqueo de la carretera central a la altura de La Oroya, impidiendo la circulación de todo tipo de vehículos, ha puesto en serio peligro la realización de la Fiesta de San Juan, la mayor celebración de la Amazonía peruana.

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, organizadora de los festejos, se encuentra en serios problemas para asegurar la llegada a la ciudad de la Bella Durmiente de los diferentes artistas y grupos musicales a los que previamente se contrató para animar los festejos.

De otro lado, inescrupulosos comerciantes han elevado de forma exorbitante el precio de la gallina, principal ingrediente del plato típico de la amazonía, y que es la estrella en estas tradicionales fiestas, los famosos juanes. En el mercado de Tingo María, el precio del kilo de gallina, que se vendía hasta hace unos días en 14 soles el kilo, pasó a costar de un día para otro entre 25 y 30 soles, dependiendo del vendedor.

En tanto, los precios para las diferentes rutas se han elevado, todos, en un orden del cien por ciento, quedando en 60, 65 y 70 nuevos soles, dependiendo de la ruta, cuando hasta hace dos días costaban exactamente la mitad. En ese sentido, la paralización de La Oroya ha venido a frenar este abuso de los transportistas, debido a que simplemente no hay pase y por tanto no hay venta de pasajes.

El trágico episodio de Bagua es sólo el capítulo final de una historia que comenzó hace 30 años en la frontera de Perú y Ecuador, escenario de la corta guerra del Cenepa en 1996. Los nativos de esa región no logran resolver un problema tan esencial como el de la titulación de tierras desde hace 30 años, debido a empecinamiento del Estado por entregar concesiones mineras sin la necesaria consulta previa que la ley exige. Por si fuera poco se estarían entregando estas concesiones a empresas extranjeras violando un articulo expreso de la Constitución Política.

Asimismo, según Marco Huaco, asesor legal de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa, el principal representante de esa empresa canadiense en el Perú es Carlos Ballón Barraza, responsable del capítulo de minería del plan de gobierno aprista y amigo personal de Alan García.

Luego de lo ocurrido en Bagua, este es un nuevo estallido social en potencia que amenaza gravemente la gobernabilidad del país.

BIODIVERSIDAD COMO RECURSO

Juan José Beteta: Las industrias extractivas, extraen, valga la redundancia, recursos que se van a agotar, en cambio la biodiversidad es algo que se puede mantener… Explícanos esto.

Marco Huaco: Efectivamente, el oro amarillo versus el oro verde. La biodiversidad, los recursos forestales, la diversidad biológica son ahora considerados recursos también que son puestos en valor según la lógica de la economía de mercado. Y son los indígenas los guardianes de esas riquezas nacionales, que ellos conservan como riquezas propiamente indígenas. Entonces, yo creo que el modelo de desarrollo que estamos implementando a través de políticas del Ejecutivo es muy equivocado porque solo está priorizando a un sector de la economía. Por ahí se dice que el Perú es un país minero, sin embargo, no es así, es también Perú: país forestal. Es también país de biodiversidad, país de recursos hídricos y otros tantos recursos como los culturales y los étnicos que deberían ser considerados en una estrategia de desarrollo. Entonces, yo creo que estamos errando de manera estratégica la política de desarrollo simplemente por servir a intereses económicos de carácter transnacional, fundamentalmente.

BIODIVERSIDAD Y CONCESIONES

Juan José Beteta: ¿Por qué esta zona es desde el punto de vista de la biodiversidad, muy importante a nivel mundial?

Marco Huaco: Es el epicentro de la biodiversidad mundial como ha sido reconocido por diferentes instituciones conservacionistas y el propio Estado Peruano que ha incluido esta zona dentro de la estrategia nacional de protección de la biodiversidad, mediante un decreto supremo promulgado en el año 99. El propio Estado reconoce que es una zona de alta prioridad ecológica, pero a través del INRENA señala algo más, que son zonas que son cabeceras de cuencas, nacen muchos ríos de los cuáles dependen varias poblaciones aguarunas y huambizas que viven en las laderas de la cordillera del cóndor, en la zona aledaña donde precisamente se han entregado concesiones mineras. De tal manera que, si se desarrollara explotación minera, por más que haya vigilancia excelente que en el Perú no existe ninguna, de todas maneras se produciría un desastre porque además la zona es altamente húmeda. Y registra grandes precipitaciones de masa fluvial, de masa hídrica, producto de las lluvias intensas que rápidamente diseminarían los efectos de la contaminación. Por ejemplo, en un informe oficial INRENA señala que para la población aguaruna asentada en las partes bajas de la cordillera, es necesario e indispensable, a fin de mantener su calidad de vida y sus valores culturales, mantener en calidad de intangible las partes altas de la cordillera, por lo que vienen apoyando el establecimiento del parque nacional. Y dice más: “Los impactos que se pudieran generar producto de la actividad de exploración y de explotación minera, afectarían directamente a diferentes objetivos de conservación de la zona reservada”. El otro documento señala, ante la gran presión de diversos ministerios, INRENA dice; ya hay que realizar minería, advierto que va a haber una gran contaminación que va a afectar gravemente a los pueblos aguarunas y huambizas. A pesar de estas advertencias oficiales, documentadas, igual las concesiones mineras fueron entregadas, el parque nacional fue recortado, y se cierne una grave amenaza para la vida de estas comunidades indígenas.

EL PROBLEMA MINERO Y LOS INDÍGENAS

Juan José Beteta: Existe un problema con la compañía minera “Afrodita” por parte de los pueblos awajun y huambiza en la zona fronteriza del Cenepa. Puedes explicarnos ¿cuándo empezó este problema?

Marco Huaco: Este problema data de la segunda parte de la época de los noventa. Recordemos que en esos años se dio el conflicto de Perú y Ecuador. Los indígenas aguarunas y huambizas son el contingente principal en el enfrentamiento. Por ello, se acuerda establecer una zona ecológica en ambos lados de la frontera. El Ecuador lo hizo y Perú se demoró un poco, en tanto se establece la zona reservada y dentro de ella se inicia un proceso de categorización de un parque nacional. Como paralelo a esto, existían solicitudes de titulación aguarunas, pero estas solicitudes duermen el sueño de los justos durante 30 años. Incluso COFOPRI hay un momento en que le pide 120 mil a las comunidades indígenas para poder titular sus tierras.

Juan José Beteta: O sea, antes que apareciera el problema minero, ya había un problema de 30 años que el Estado no titulaba a estos pueblos…

Marco Huaco: Efectivamente, hay comunidades tituladas, pero solicitudes de demarcación, de ampliación no fueron atendidas porque ya se avizoraba priorizar la explotación minera en la Cordillera del Cóndor. En realidad el tema del oro es lo que ha motivado las guerras entre Perú y Ecuador durante el siglo XX. Quizás es un tema poco investigado, pero ya habían concesiones mineras mencionadas en los informes del Departamento de Estado Norteamericano que hablaban sobre este factor estratégico de la guerra entre estos dos países. Bueno, entonces no se titula y el proceso de categorización de esta área termina fracasando y dando la espalda a la opinión consultada a los indígenas que se habían pronunciado por un parque de 150 mil hectáreas a lo largo de la cordillera. Esta propuesta que había sido apoyada por el INRENA particularmente es recortada a la mitad, ex profesamente según el MREE para favorecer la explotación minera futura. Es decir, la cancillería señala que no tiene que hacer ningún reproche a los argumentos de INRENA y que los comparte plenamente pero que tiene que recortar el parque a la mitad para dárselo a la minería futura, porque de lo contrario Ecuador nos va a ganar en minería de socavón en la frontera. Paralelamente, la empresa Afrodita señala que el ejército es incapaz de defender la frontera y que la gran minería podía ser garante de la seguridad nacional, en abierta negación de la historia que nos dice que los indígenas fueron los que defendieron nuestra frontera. En negación de esto, se aprueba el recorte del parque, los recortes mineros y luego la empresa peruana “Afrodita” vende sus concesiones mineras y se vende ella misma a través de contratos de transferencia a una transnacional canadiense Dorato Resources, pero esto viola el artículo 71 de la Constitución Política que señala que los extranjeros no pueden tener minas en zonas de frontera, salvo que haya un decreto supremo que lo autorice. En este caso, no hay un decreto supremo autoritativo, solamente esta transacción que el Ministerio de Energía y Minas decía desconocer. El 13 de abril hemos presentado 3 denuncias ante el Ministerio, señalando que existe esta situación y que deberían revocar las concesiones mineras que ahora pertenecen a empresas canadienses que ahora dicen que han adquirido las minas en virtud de contratos a futuro, pero cuando uno los revisa se da cuenta que son contratos de cumplimiento actual. Entonces ya son dueñas de concesiones mineras en zona de frontera y sin decreto supremo que lo autorice. ¡Cómo se logró ese milagro? Porque uno de los directivos de Dorato Resources es amigo personal de Alan García Pérez, fue el que le redacto el capítulo de minería del plan de gobierno del aprismo.

Juan José Beteta: ¿Cuál es su nombre?

Marco Huaco: Carlos Ballón Barraza. El no solo fue apoderado legal de Dorato Perú, que es el testaferro de Dorato Resources, sino que también es dueño de acciones de Afrodita y al mismo tiempo es directivo de Dorato Resources que a su vez es parte de un grupo corporativo canadiense “Cardero”, del cual Ballón también es uno de los representantes legales que además tiene negocios mineros en el lado ecuatoriano de la frontera. Entonces, nos preguntamos bonito patriotismo la de estos empresarios que tienen intereses económicos en el otro lado de la frontera, lo cual es una debilidad estratégica para la defensa nacional. No solamente eso, “Afrodita” en su historia ha negociado con una empresa perteneciente al ejército ecuatoriano en el momento inmediatamente posterior a la guerra con Ecuador. Estamos hablando entonces, de empresarios que no tienen bandera patriótica, pero que venden imagen de patriotismo en desmedro del verdadero patriotismo que es el indígena y del ejército peruano para defender nuestras fronteras solamente para hacerse de unas concesiones mineras que luego van a vender debajo de la mesa a intereses transnacionales canadienses.

Juan José Beteta: Cuál es la posición de los indígenas frente a esto?

Marco Huaco: Ellos ya presentaron tres denuncias administrativas, por cierto no tenemos grandes esperanzas en ellas. Ya el Ministerio de Energía y Minas ha respondido que los contratos entre Dorato Resources a través de Dorato Perú y Afrodita, no tienen efectos para el Ministerio porque no fueron inscritos en Registros Públicos, con eso hace una interpretación abusiva, literal que viola el espíritu del artículo 71 de la Constitución, ya que deberían ser revocadas esas concesiones y ser revertidas al Estado. Estas concesiones han sido dadas sin respetar el derecho a la consulta que establece el convenio 169 y que la legislación minera no respeta. En razón de esto, van a presentar una acción de amparo por violación del derecho a la consulta que es un derecho constitucional. También se preparan para presentar una acción urgente ante Naciones Unidas y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de sus derechos fundamentales.

Los negocios y establecimientos públicos y privados permanecieron cerrados. Sólo pocos vehículos y mototaxis se desplazaron por la ciudad. La paralización en solidaridad con los pueblos amazónicos y los familiares de los policías asesinados fue acatada masivamente.

Durante la jornada, los manifestantes se movilizaron por las principales arterias de Puno. No fueron necesarios actos de violencia, y el paro se llevó a cabo sin contratiempo alguno.

(Vía LaMula.pe)

La Defensoría del Pueblo hizo un pronunciamiento conjunto con la Conferencia Episcopal Peruana en el que hacen un llamado a la serenidad y demandan que de manera inmediata cesen los enfrentamientos entre compatriotas.

Tras los acontecimientos de violencia en Bagua Grande, Bagua Chica y Amazonas, que han originado la muerte de civiles y de personal policial, Merino y Monseñor Cabrejos piden restablecer en el más breve plazo el canal de diálogo que nunca debió ser interrumpido y que debe ser utilizado como la única vía para resolver los conflictos.

Como lo habían anunciado, dirigentes gremiales colocaron piquetes de huelguistas bloquearon algunas de las principales calles céntricas de la ciudad de Juliaca. Los manifestantes rechazaron el incremento de las tarifas de agua por parte de la empresa municipal. Durante la movilización, una denuncia de una presunta agresión de serenos a tres pobladores, alteró los ánimos de los huelguistas, quienes se dirigieron hasta la municipalidad para causar diversos destrozos.

Posteriormente, los dirigentes se trasladaron hasta el mercado central Santa Bárbara para azuzar a la población y atacar la casa del alcalde. Luego de una alerta, los serenos reaccionaron y detuvieron a dos manifestantes, uno de ellos menor de edad que resultó agredido. Al término del primer día de paralización cinco personas resultaron detenidas, estos acusaron al alcalde de Juliaca, David Mamani, de provocar enfrentamientos al determinar el alza de las tarifas del servicio de agua.