En una amplia entrevista, la titular de la Defensoría del Pueblo, doctora Beatriz Merino, expuso sobre la discriminación y el racismo arraigados, el rol de la minería y las funciones de esta importante institución que defiende a los ciudadanos y que se ha convertido, en sus propias palabras, “en el último peldaño del Estado para solicitar apoyo”. A continuación, sus principales declaraciones y la primera parte del diálogo [7'10"].
¿Qué es la Defensoría del Pueblo? “No es una institución jurisdiccional, ni la policía, es una institución que defiende al ciudadano frente a los abusos del Estado: Poder Ejecutivo, Judicial, Congreso, Fuerzas Armadas, etc. Cuando el ciudadano siente que sus derechos han sido vulnerados o no ha sido escuchado, tiene a esta autoridad que es ética y que tiene el magisterio de la persuasión, el último peldaño del Estado para solicitar apoyo. Siempre digo a los ciudadanos que no puedo resolver sus problemas, pero que voy a luchar a su lado para que se resuelva. Los casos más frecuentes que recibimos se refieren a corrupción en la educación (sobre lo cual emitiremos un importante informe en las próximas semanas), problemas con las pensiones, trámites en municipalidades, maltrato en establecimientos de salud, entre otros.”
¿Dónde quejarse? “La Defensoría tiene 37 oficinas repartidas en todo el país. Es una de las entidades del Estado que más dependencias tiene fuera de Lima. Y ya tiene once años de creada. Asimismo, tiene misiones itinerantes que visitan las zonas rurales, explicando sus funciones e indagando sobre las quejas de los ciudadanos y los conflictos que pudieran existir. Últimamente estamos desarrollando una campaña conjunta con el RENIEC para dar identidad a muchas personas en el sector rural que no tienen el Documento Nacional de Identidad.”
Conflictos sociales. “Nuestra institución tiene también un servicio de alerta sobre conflictos sociales. Se inició luego del linchamiento de un alcalde en Ilave, Puno, el año 2003. Es un reporte que sirve como instrumento de análisis y alerta para autoridades del Poder Ejecutivo, regionales, municipales, académicos, congresistas, periodistas, etc. Es elaborado sobre la base de fuentes de información pública. Hace dos meses lo hemos relanzado con un sistema de alertas tempranas.
Hemos recolectado cientos de actas firmadas por autoridades y empresas, en las cuales éstas se comprometen a atender o resolver determinadas situaciones. Hemos identificado que una de las principales causas de los conflictos que hay en el país tienen su origen en el incumplimiento de los compromisos fijados en estas actas. Nuestro sistema de alertas pone fecha a cada uno de estos acuerdos y avisa a las autoridades para que cumplan con lo establecido en estos documentos. Si no hay este cumplimiento se generan situaciones de confrontación.
El conflicto no debe asustar tanto, ya que es normal que existan diferencias y controversias. Además, puede ser aprovechado por una oportunidad para el cambio. Lo grave es la violencia que acompaña al conflicto y que ocurre si éste no es prevenido a tiempo, o si las organizaciones (como los Frentes de Defensa) no son escuchadas o cuando sienten que se les cierran todas las puertas. En ese instante recurren a la violencia. Estos actos ya tienen otra lógica y muchas veces constituyen actividades delictivas.”
El papel de la minería. “Es cierto que en nuestros reportes aparece regularmente el tema de la minería. La Defensoría también ve temas de empresas privadas cuando éstas dan un servicio público. Por ejemplo, luz, agua, teléfono, transporte interprovincial, etc. Sucede, entonces, que algunos de éstos problemas —como el del agua— tienen un carácter socioambiental; es decir, involucran a la actividad minera. Casi la mitad de los conflictos que hay en el país (entre un 46 a 48%, según el mes) son conflictos socioambientales y se dan dentro del sector energía. Quienes interponen quejas o denuncias son mayormente comunidades rurales que sienten temor por la eventual contaminación ambiental que podría causar esta actividad y en particular por la contaminación del agua, tanto en ciudades como en áreas altoandinas.
La discriminación. “La discriminación es otro tema que no había sido tratado anteriormente. La discriminación y el racismo están en la entraña misma de los problemas de este país. Hemos hecho un recuento de todas las normas en la legislación referidas a este tema y nuestro informe ha señalado que lo que existe es poco e insuficiente. Estamos realizando, por tanto, un esfuerzo para que la gente y en especial los funcionarios estatales se concienticen y asuman que el racismo y la discriminación deben reducirse y eliminarse en las oficinas del Estado y en la atención a los ciudadanos. Muchas veces las personas con alguna discapacidad, los que tienen un color de piel diferente, las mujeres, las personas quechuahablantes, los de menores ingresos, etc., son maltratados por el Estado y muchas veces esto tiene que ver con la discriminación. Por ejemplo, hemos denunciado ante el Ministerio Público un caso por discriminación, de una señorita que quería hacer un internado en una institución pública para graduarse y era víctima de una afasia. Este es un increíble caso de discriminación difundido por la prensa.”
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