Enero de 1881. Derrotadas y dispersas, las tropas peruanas están a punto de incendiar Lima. El alcalde ruega al ejército chileno que tome posesión de la ciudad y así se instaura un breve período de orden en que los ferrocarriles y el correo funcionan con eficiencia.
A muchos peruanos puede causar sorpresa e indignación esta versión [...]

El 18 de setiembre de 2008, el periodista Cirilo Vásquez, conductor del programa Luz a la Noticia, que se transmite por radio Luz, denunció al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) que, tras emitir al aire una entrevista con el camarada “Artemio”, líder de la columna terrorista Sendero Luminoso en el Alto Huallaga, los servicios de inteligencia y la policía lo están presionando con llamadas telefónicas, citatorios por difundir declaraciones de un terrorista y le están haciendo seguimiento. El hecho ocurrió en Aucayacu, región Huánuco, al centro del país.

El periodista narró al IPYS que la noche del 17 de setiembre, mientras conducía su programa, entró una llamada en vivo. La persona dijo ser el camarada “Artemio” y pidió la palabra para desmentir que las recientes capturas de presuntos senderistas en la zona hayan sido una victoria de la policía. Por el contrario, dijo que los detenidos en los últimos operativos no pertenecen a Sendero Luminoso y denunció a los servicios de inteligencia de abusar de poblaciones campesinas acusándolos injustamente de pertenecer a las filas del grupo terrorista.

Agregó que la policía también lo presiona, tras una información difundida el pasado 15 de setiembre, cuando un grupo de pobladores de un caserío de Aucayacu denunció que efectivos policiales habían desarrollado un operativo donde asesinaron a un poblador confundido con un terrorista. Si bien la policía desmintió el hecho y culpó a Sendero de la muerte del ciudadano, los campesinos acudieron al programa de Vásquez para señalar que la policía mentía.

Acompañado de su médico Alejandro Aguinaga, y con un mejor semblante, el ex presidente Alberto Fujimori retornó a la DIROES, luego que fuera internado el último fin de semana para ser sometido a una serie de exámenes médicos complementarios en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), los cuales han determinado la existencia de un quiste benigno ubicado en el páncreas. Pese a ello, el procesado se hizo presente en la audiencia, donde esta vez participó la perito estadounidense Kate Doyle, luego de que ésta revisara 49 documentos de inteligencia elaborados en su mayoría por el entonces embajador de los Estados Unidos en el Perú, Anthony Quainton, donde se determina la participación de las Fuerzas Armadas Peruanas en abusos a los derechos humanos.

Son en total 21 los denominados documentos desclasificados, que fueron elaborados por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, que han sido traducidos al idioma castellano y que contiene información referida sobre violaciones a los derechos humanos, además de la conformación del grupo militar Colina. Al parecer, estos importantes expedientes fueron incorporados como pruebas al tribunal que juzga al ex presidente y esta dividido en tres tomos, donde se confirma también la existencia de una doble estrategia de lucha contra el terrorismo: la política (pública y de respeto al Estado de derecho) y la clandestina (fuera del marco legal a través de operaciones de terror en la lucha contra la subversión).

En su intervención, Kate Doyle afirmó que dichos documentos de estudio reflejan una serie de “operaciones ilegales que fueron el producto de una política de gobierno y no resultados de elementos fuera de control del Ejército, Policía o Inteligencia”, también el reconocimiento de que el gobierno de Fujimori “estaba tratando de encubrir a sus aparatos de seguridad en los abusos contra los derechos humanos”, a la cual tildó como una estrategia de “doble cara”, por lo que son una clara evidencia de que durante ese régimen se violaron los DD.HH.

Al respecto, la abogada de la parte civil, Gloria Cano, determinó que existe un documento con un ofrecimiento de la embajada de Estados Unidos para que el FBI apoye la investigación de los restos en Cantuta. “Sin embargo, como todos sabemos, nunca se hizo caso a ese ofrecimiento y se eligió un laboratorio en Inglaterra, pagándole quince mil dólares a una persona para que llevara los restos y que misteriosamente se perdieron luego”, dijo Cano.

Por su parte, el abogado de Alberto Fujimori, César Nakasaki, sostuvo que el juicio sigue adelante y negó que la enfermedad de su patrocinado sea una estrategia de defensa para dilatar o quebrar el juicio. El letrado solicitó a la sala requerir al Ministerio de Defensa un documento denominado “Planeamiento Estratégico para la Defensa Nacional”. Dicho pedido ha sido respaldado por el representante del Ministerio Público, por lo que será resuelto por el Tribunal en la próxima sesión del proceso.

El Fiscal Provincial Penal de Turno de Lima, Eloy Velásquez Martínez, informó que una de las personas que cometieron el ataque a la ceremonia del jueves pasado en el monumento El Ojo que Llora, que conmemoraba los cinco años del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional, fue denunciada como presunta autora del delito contra la libertad de reunión, la misma que fue identificada como Patricia Milagros Vásquez Bocanegra.

Velásquez Martínez explicó además que, inmediatamente producidos los hechos, se comunicó telefónicamente con el Comisario de la Comisaría de Jesús María, Comandante PNP Danny Rolando Valderrama, para que se realice la intervención policial correspondiente. Agregó que esa misma noche, a través del Oficio 28-7-FPP-FPTPL-MPFN, pidió al Jefe de la Delegación Policial que le informe sobre la referida intervención para poder identificar a los autores del presunto ilícito penal.

El representante del Ministerio Público manifestó que la policía le informó que fueron siete las personas que participaron en estos hechos, de las cuales solamente una fue detenida e identificada. Según explicó el fiscal, el artículo 166 del Código Penal señala que: “El que, con violencia o amenaza, impide o perturba una reunión pública lícita, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y con sesenta a noventa días-multa”.

Según versiones periodísticas, el ciudadano José Luis Contreras Jimeno sería una de las personas que irrumpieron violentamente en la reunión desarrollada en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, gritando improperios y agitando banderolas con la imagen del procesado Alberto Fujimori.

(Foto: Diario La República)

Informe de la CVR ignorado y criticado por el Perú “oficial”, fue reconocido con diversas actividades en la Sierra Sur y en El Ojo que Llora, en Lima
Es significativo que en toda la sierra sur del Perú se haya celebrado con distintas actividades el quinto aniversario del Informe Final de la Comisión de La Verdad [...]

Enlace Nacional se aúna a la declaración que una serie de personalidades de los más diversos ámbitos de la sociedad peruana han suscrito en rechazo a la matanza perpetrada por miembros del Ejército Peruano en diciembre de 1984 en la comunidad de Putis, en la región Ayacucho, y, en especial, contra la indolencia que los actuales representantes del Estado están mostrando ante esta flagrante violación de los Derechos Humanos.

Verdad, Justicia y Reparación en el caso de Putis

La exhumación de fosas en la comunidad de Putis, producto de la barbarie perpetrada el 13 de diciembre de 1984 por efectivos del Ejército Peruano, cuyo resultado fue la violación sexual de mujeres, la tortura y muerte de más de cien personas, entre ellos niños y niñas, nos muestra una vez más el horror del conflicto que afectó nuestro país, y que sufrieron particularmente varias de sus comunidades más pobres y excluidas.

Motivados por el dolor y la indignación que nos suscita este hecho, y el clamor de nuestros compatriotas afectados, expresamos lo siguiente:

1. Nuestra solidaridad con los familiares y las víctimas de estos execrables sucesos que han dejado heridas profundas en una población que sólo buscaba seguridad y confió en la protección que le daría el Estado.

2. Nuestra extrañeza por la actitud de las autoridades gubernamentales minimizando la responsabilidad del Estado frente a la tragedia ocurrida.

3. Un gesto mínimo de respeto que corresponde es la expresión de disculpas públicas a las víctimas por el sufrimiento causado, por acción directa de agentes del Estado, o porque no se les dio la protección que se les debía.

4. Demandamos a las autoridades del Estado, en particular del Poder Ejecutivo, a actuar con diligencia y honor para permitir que este caso sea debidamente investigado. La comunidad de Putis merece, además de los gestos necesarios de perdón, acciones concretas de reparación.

Lima, junio del 2008

Salomón Lerner Febres
César Hildebrandt
Augusto Álvarez Rodrich
Rosa María Palacios
Mirko Lauer
Martín Tanaka
R.P. Gustavo Gutiérrez
Fernando Tuesta Soldevilla
Walter Albán
R.P. Gastón Garatea
Teresa Quiroz Velazco
Susana Villarán
Ronald Gamarra
Carlos Iván Degregori
Rev. Rafael Goto
Laura Vargas
Rafael León
R.P. Felipe Zegarra
Rocío Silva-Santisteban
Cecilia Blondet Montero
Santiago Pedraglio
Fernando Rospigliosi
Fernando Villarán
Alberto Adrianzén
Carlos Basombrío
R.P. Rómulo Franco
Gino Costa
Sandro Venturo Schultz
Rolando Ames
Javier Azpur
Jurgen Schuldt
Carmen Lora
Rosa Villarán de la Puente
María Rosa Lorbes
Rosa Alayza
Pilar Coll Torrente
Francisco Soberón
Alfonso Wieland
Germán Vargas
Javier Torres
Rafo Ráez
Piero Quijano
Jacqueline Fowks
Virginia Vargas
Ismael Muñoz
Ana María Tamayo
Jesús Enrique González Carré
Percy Medina
Rebeca Diz
Luis Miguel Sirumbal
Joel Calero
Gerardo Távara
Pedro Sánchez
Fernando Romero
Javier Torres
José De Echave
Ivonne Macassi León
José I. Távara
Manuel Iguiñiz Echevarría
Julio Villanueva Chang
Roxana García Bedoya M.
Mariella Checa Mendiburu
Alfredo Héctor Márquez Espinoza
Jorge Alberto Miyagui Oshiro
Laura Balbuena
Percy Medina
Juan Rafael Infante Alosilla
Miguel E. Santillana
Alejandra Alayza Moncloa
Mabel Barreto
Iris Jave
Abilio Arroyo Espinoza
Erika Bocanegra
Luis Llontop
Nancy Chappell
Eduardo Vilanueva Mansila
Maruja Barrig
Luis Chirinos
Jurgen Schuldt
Willy López
Ricardo Vásquez Suyo
María Isabel Remy
Víctor Caballero Martin
Martín Soto Guevara
Juan Luis Balarezo
Julio Oviedo Olguín
Silvia Loli Espinoza
Marlene Castillo Fernández
Martín Soto Guevara
Juan Carlos Guerrero Bravo
Rosario Valdeavellano Roca Rey
Rodolfo Casanova Bartra
José Carlos Machicao
Socorro Naveda
Maria Vega-Centeno B.
Alejandra Alayza Mancloa
Patricia Urteaga Crovetto
Julio Ismodes
Luis Armando Vargas Casas
Julissa Mantilla Falcón
Santiago Alfaro Rotondo
Fidel Tubino
Ricardo Caro Cárdenas
Juan Mendoza
Carlos Salazar Couto
Mercedes Crisóstomo Meza
Charlie Smith
Andrés Huget Polo
Delfina Paredes Aparicio
Ricardo Velásquez Paredes
Carlos Cárdenas Tovar
Luis Ramos Choqueconza
Mónica Carbajal
Sandra Yépez
Juan José Beteta
Gabriel Quispe Medina
Laslo Rojas

Entrevista a Marusia Ruiz Caro sobre el Registro Único de Víctimas

Durante 20 años el Perú vivió un conflicto armado interno en que miles de peruanos murieron o fueron desaparecidos injustamente. La mayoría eran inocentes, vivían en zonas de extrema pobreza y hablaban lenguas vernáculas. El Estado ha aprobado una política, derivada de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), debe ahora resarcir a los familiares y afectados por la violencia política. Y el primer paso para ello es saber quiénes son esos afectados, mediante la elaboración de un Registro Único de Víctimas (RUV). Marusia Ruiz Caro, secretaria técnica del Consejo de Reparaciones, nos explica los pormenores de este proceso.

Registro descentralizado

La Comisión de la Verdad recomendó aplicar un Plan Integral de Reparaciones (PIR), un requisito para ello es determinar el número de víctimas. Por ello, el RUV busca identificar a cada una de las comunidades que sufrieron los efectos de la violencia. El Consejo de Reparaciones recién empezó a funcionar durante el 2007 –cuando recibió un presupuesto formalmente– y aunque sus labores se centran en Lima, han empezado a inaugurar los módulos descentralizados a fin de acercarse a las víctimas del conflicto armado interno.

El primer módulo inaugurado fue en Huanta. Ahora tienen previsto abrir un módulo en Satipo, Junín. Y a pesar de las limitaciones económicas están concretando alianzas con los gobiernos locales y regionales e instituciones civiles para abrir módulos de atención. Ruiz Caro informa que por ahora la prioridad son las regiones de Junín, Huanuco y Ayacucho, dado el número de víctimas que concentran. No obstante, se tiene previsto abrir una oficina en Huancayo, gracias al apoyo del gobierno regional. Y en Piura que, aunque no suene como un departamento afectado por la violencia, tiene un distrito que concentra desplazados por la violencia; se trata de Huarmaca, por lo que se abrirá una oficina en dicho lugar.

Víctimas unificadas

El registro es único y no disperso. “Yo sé que no todos sienten por igual el tratamiento a las víctimas como una prioridad. Pero a los gobiernos locales y regionales les interesa aplicar el programa de reparaciones y para ello requieren identificar a las víctimas”, dijo la funcionaria. Por ello, según la ley, el único documento oficial es el Registro Único de Víctimas que trabaja el Consejo de Reparaciones y ese es el marco de su trabajo. “Felizmente, todas las instituciones han entendido que el trabajo coordinado es lo más importante”, sentenció.

Proceso es gratuito

“Nuestro trabajo se basa en el registro que ya han realizado otras entidades del Estado como por ejemplo: el registro de desplazado que trabajó el MIMDES y el registro de desaparecidos de la Defensoría del Pueblo. Lo que busca el Registro Único de Víctimas es unificar esa información. Incluso en Apurímac y Huancavelica han trabajado su propio registro regional”, afirmó la funcionaria.

El proceso es complejo pero es un primer paso a seguir. Inicialmente se llena una ficha. “La víctima o el familiar de la víctima debe firmar una declaración jurada y, de ser posible, llevar documentos que se relacionen al hecho que sufrieron. El proceso es gratuito. Ello debe quedar claro”, advirtió Ruiz Caro. Tras la inscripción, se debe precisar que se requiere pasar por un proceso de verificación a fin de que nadie se quede fuera y no entre alguien que no lo merezca. “Es importante saber que el proceso puede demorar meses”.

Objetivo: Reparaciones

Una vez culminado el proceso de registro de víctimas, los datos serán transferidos a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), y serán ellos quienes decidan qué tipo de reparación recibirán las personas afectadas. “Existen programas de vivienda, salud, educación, etc. Incluso hay un programa de reparaciones económicas, pero los únicos que tienen los derechos son los familiares de las personas desaparecidas, aquellas que sufrieron violación sexual y aquellas que producto de la violencia quedaron con una discapacidad severa”, concluyó Ruiz Caro.

Vean la entrevista a Marusia Ruiz Caro (10:01 min.)

En Lima, mediante un acto simbólico en el monumento “El ojo que llora” ubicado en el Campo de Marte, se celebró el 25 aniversario de la muerte de 8 periodistas en la comunidad ayacuchana de Uchuraccay. El evento contó con la participación de los familiares de las víctimas de ese trágico episodio del conflicto armado [...]

Próximos a celebrar un nuevo aniversario del asesinato de los periodistas en la comunidad de Uchuraccay durante el conflicto interno que vivió el país en los años 80 y 90, una periodista peruana residente en los Estados Unidos, decidió hace algunos años producir un documental sobre este trágico episodio, Carmen Valdivieso, fue periodista de [...]

¿Una nueva modalidad delincuencial o un nuevo ataque de presuntos terroristas o narcoterroristas?, son interrogantes válidas. Sin embargo, más allá de quienes hayan perpetrado el ataque, es cierto que se ha vuelto una constante atacar a efectivos de la Policía y del Ejército previo a días festivos, donde la seguridad en carreteras o zonas de [...]