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Pueblos Indígenas marcharán para exigir que Tribunal Constitucional responda sobre inconstitucionalidad de Ley 30230

ANTOLIN HUASCAR_INCONSTITUCIONALIDAD LEY 30230

Las asociaciones civiles AIDESEP, CNDDHH, IDLADS y CNA -en representación de los Pueblos Indígenas- anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional para exigir al Tribunal Constitucional (T.C.) se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 30230, también llamada “paquetazo ambiental”.

“Nos mantendremos en la lucha para que esta ley no continúe, nos mantendremos en la resistencia de los pueblos. Estamos evaluando las consecuencias de este dispositivo legal contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, declaró Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), consideró una total falta de voluntad por parte del T.C., tomando en cuenta que la demanda contra la 30230 se ingresó en abril del presente año, y a la fecha no obtienen respuesta.

“Exigimos al T.C. haga justicia y admita nuestra demanda de inconstitucionalidad. Además, lo que la ley solicita para ingresar este recurso legal es planilla con 5,000 firmas; y a través de nuestras organizaciones presentamos casi 7,000 firmas”, expuso Antolín Huáscar.

Es fundamental tener presente que el Gobierno de San Martín también ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, la cual se interpuso el 30 de diciembre del 2014 y admitida el 5 de enero de este año.

A FAVOR DE LAS INVERSIONES

De otro lado, estas organizaciones aclararon estar a favor de las inversiones privadas, siempre y cuando se desarrollen dentro del respeto de los derechos ambientales y sociales.

En ese sentido, presentaron un Informe Especializado de afectación ambiental respecto a este dispositivo legal, como anexo a la denuncia de inconstitucionalidad de la misma presentada ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH.

Asimismo, agregó que desde la institución que representa vienen capacitando a los pobladores de diversas regiones como Puno, Piura, Tacna, Cusco e Iquitos para que conozcan, por ejemplo, el proceso de consulta previa y, así, evitar llegar a conflictos sociales, optando por el diálogo.

“Esta semana estaremos en Cajamarca para capacitar a las rondas campesinas. No queremos que simplemente firmen los recursos de inconstitucionalidad a leyes específicas, sino que entiendan y acompañen este proceso de fortalecimiento democrático en el país. La democracia en Perú es lenta e injusta”, aseveró Silva Santisteban.

A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó que ejemplos claros de debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley es la problemática actual del OEFA (labor fiscalizadora y sancionadora en peligro) y la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes”, lamentó.

Asimismo, Carhuatocto exigió al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda”.

En la conferencia de prensa participaron, además, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien reveló que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

¿Cuáles son los problemas que enfrenta el pueblo awajún?

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó al líder indígena awajún Bernabé Impi Ismiño, secretario nacional de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) para explicar la problemática que se vive actualmente en los territorios de la región Amazonas.
Uno de los principales problemas que enfrentan, señala el líder indígena, es que el Estado no entiende la necesidad de los pueblos de titular sus territorios. El caso de las 17 comunidades (representadas por la Federaciones Indígenas del Cenepa) que habitan en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, es indignante, porque tras once años de solicitar la titulación respectiva no reciben respuesta por parte del Estado. La realidad que ahí viven se agrava cada vez más por las actividades de minería informal que contaminan y destruyen la zona, señaló Bernabé Impi.
“Si siguen permaneciendo (los mineros informales), los nacientes de las quebradas son en las cabeceras, en los cerros; entonces si los dejamos sin intervenir van a destruir más. Incluso hay chacras abiertas”, afirmó el representante de AIDESEP.

En esta segunda parte de la Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Bernabé Impi Ismiño, secretario nacional de la AIDESEP, quien pidió al Estado que, antes de implementar proyectos, realice una Consulta Previa en la que los pueblos participen y decidan a partir de la información requerida.
Sobre la reciente participación de AIDESEP en el Congreso de la República, donde participaron del debate por la aprobación del pre dictamen de la Ley 3941 (Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social), Bernabé Impi indicó que esta norma es una ampliación de la Ley 30230, la cual afectaba los derechos de propiedad privada de las comunidades.
El líder indígena insistió en que los continuos proyectos de ley que tienen que ver con los territorios de la Amazonía deben pasar por un proceso de Consulta Previa donde se escuche a los propios pueblos nativos. Además, criticó la falta voluntad política del Estado para la titulación y, por el contrario, advirtió que los pueblos observan la promoción de la invasión de colonos, los mismos que dañan sus terrenos.

Tala ilegal perjudica a comunidades indígenas, afirma vicepresidente de Aidesep

En Cusco, la tasa de deforestación anual es de más de 17 mil hectáreas según el Gobierno Regional. Al respecto, Jamner Manihuari, vicepresidente de Aidesep, manifestó que las principales causas del atentado contra la naturaleza son la agricultura migratoria, así como la minería y la tala ilegal.

Movimiento indígena exige titulación para 20 millones de hectáreas

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó al flamante Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, quien hizo un balance en el tema de los pueblos indígenas y los retos para el año 2015.
Rengifo destacó que en la reciente COP20, realizada en Lima, las delegaciones indígenas pusieron en la agenda la defensa de los bosques. Sin embargo, lamentó que durante el 2014 varios hermanos indígenas afrontaran el tema de la criminalización de la protesta por parte de la justicia peruana. Según el presidente de Aidesep, la raíz de la protesta fue la defensa de los bosques, de los territorios y de la vida.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, afirmó que la “agenda bandera del movimiento indígena comprende los 20 millones de hectáreas que aún faltan titular para los pueblos indígenas. Exigimos a este gobierno que se atienda esta demanda para solucionar grandes problemas”.
Asimismo, señaló que están abiertos al diálogo y que las autoridades deben valorar los conocimientos de los pueblos indígenas. Observó también que en el gobierno central hay todavía demora en las investigaciones sobre los asesinatos de cuatro líderes ashánincas.
Finalmente, recordó la deuda del Estado hacia los pueblos indígenas y pidió que de los 300 millones de dólares para la Amazonía, que suscribieron los gobiernos de Perú y Noruega en la Cumbre del Clima, una parte sea destinada para titular 10 millones de hectáreas de la selva peruana.

¿Qué exigen los pueblos indígenas y qué les da el Estado?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a los dirigentes Josué Faquín Fernández (Ex presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali – ORAU) y a Max Silva Sánchez (coordinador de la Veeduría Forestal de AIDESEP en Ucayali) sobre los trabajos que vienen realizando las organizaciones estatales en relación a las demandas de los pueblos indígenas.
El Ex Presidente de ORAU destacó que parte de las iniciativas que vienen realizando es el trabajo coordinado con AIDESEP. Comentó que ellos trabajan en los programas de territorio y biodiversidad, así como en el plan de protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Comentó, además, que han asumido el compromiso de defender a los pueblos indígenas que hayan decidido su aislamiento voluntario
Por otro lado, destacó que, en convenio con el Estado, han logrado que las tres reservas territoriales más grandes de Ucayali (Murumunahua, Mashcopiro, Iskonawa) cuenten con la protección de seis puestos de control y vigilancia para que no sean vulneradas.
Por su parte Max Silva consideró positiva la participación de las organizaciones indígenas en el Reglamento de Ley Forestal. Asimismo, indicó que uno de los roles determinantes es la vigilancia de los territorios de las comunidades nativas, y el control y vigilancia de las áreas reservadas.

En esta parte de la entrevista de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) continúa conversando con los dirigentes Josué Faquín Fernández (Ex presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali – ORAU) y con Max Silva Sánchez (coordinador de la Veeduría Forestal de AIDESEP en Ucayali).
En el tema de territorios, Faquín Fernández mencionó que existe un convenio entre AIDESEP y el Ministerio de Agricultura, el cual se está trabajando para lograr la titulación de nueve comunidades nativas fronterizas de Ucayali.
De otro lado, expresó que el asesinato de los líderes ashánincas de Saweto, quienes pedían la titulación de sus tierras, ha sido muy penoso para los pueblos indígenas. Tras esta tragedia y la respuesta del Estado, el Ex presidente de ORAU confía que Saweto será titulado.
Desde la Veeduría Forestal, Max Silva opinó que en el Reglamento de Ley Forestal se reconoce los derechos de posesión de las comunidades nativas. Este es un proceso de formalización de territorios, AIDESEP Ucayali ha registrado ya un total de 24 comunidades posesionarias que tienen problemas de superposición.

Expondrán situación de pueblos aislados en riesgo por proyecto Camisea ante la CIDH

En Lima, el próximo 1 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgará una audiencia -en la ciudad de Washington, Estados Unidos- a diversas organizaciones civiles peruanas con el fin de dar a conocer el riesgo que enfrentan los pueblos en contacto inicial y aislamiento, debido a la ampliación de actividades del proyecto Camisea. Dichas actividades consisten en la ampliación de seis locaciones del Lote 88, las cuales ponen en peligro a los pueblos que habitan la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN). Esta reserva se ubica entre las regiones de Cusco y Ucayali. A esta audiencia asistirán representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Por otro lado, difundimos un comunicado de AIDESEP sobre lo difundido en algunos medios de comunicación respecto al tema de los pueblos en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial:

Pronunciamiento by Oswaldo Bolo Varela

Ucayali: Promueven difusión de nueva “Ley forestal y de fauna silvestre” a las organizaciones indígenas

El último 30 de mayo, la Organización Regional de AIDESEP Ucayali-ORAU y la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral-AIDER, organizaron el taller “Análisis de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763”, como preparación a los pueblos indígenas para contribuir en la elaboración del reglamento de la mencionada ley, en aspectos relacionados al manejo de bosques comunales.

Este taller contó con la participación del Ing. Marco Romero Pastor, experto en normatividad forestal, quien expuso el contenido de la nueva Ley.

Por su parte el Ing. Jaime Nalvarte Armas, Director Ejecutivo de AIDER, manifestó la importancia de fortalecer las capacidades de líderes indígenas, a fin de velar por sus intereses y la mejor gestión de sus bosques.

Los líderes asistentes expresaron la intención de prepararse para enfrentar la constante amenaza de la deforestación y degradación de sus bosques, ya que se vienen quedando con pocas especies comerciales por la extracción de madereros, quienes pagan precios irrisorios, aprovechándose del poco conocimiento de los comuneros sobre la normatividad forestal.

Asimismo, los asistentes mencionaron que el manejo sus bosques no solo se trata de aprovechar la madera sino los demás bienes y servicios que el bosque ofrece, como la venta de bonos de carbono.

Ucayali: AIDESEP busca liberar a nativos presos

En Pucallpa, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) busca la liberación de un grupo de nativos. Ellos se enfrentaron con madereros por concesiones forestales y terminaron detenidos.

FDTA anuncia marcha de protesta a Lima contra exportación del gas


A pesar del compromiso hecho por el primer ministro Javier Velázquez Quesquén, el pasado 10 de agosto en la provincia de La Convención, afirmando que el gas del lote 88 será destinado para el consumo interno, el secretario de la Federación Departamental de Trabajadores, Gerónimo López, dijo que se acordó realizar una movilización este próximo 12 de octubre hacia la ciudad de Lima, reclamando la revisión de contratos y la detención de la exportación del gas. En la reunión macro regional sur llevada a cabo en Tacna.

López Sevillano señaló que dirigentes de AIDESEP habrían presentado un pliego de reclamo donde se incluía la no realización del proyecto Majes Siguas II, punto que fue rechazado por todas las regiones, participantes en la reunión, incluso por Cusco. Recordemos que, en el cronograma para la ejecución del proyecto hídrico de las pampas de Majes, figura que este 25 de setiembre se debe iniciar con el proceso de licitación, de no cumplirse con el cronograma, López Sevillano dijo que sería un punto más en el pliego de reclamos.

Líderes indígenas denuncian acciones provocadoras del gobierno central en Bagua


En Bagua, los lìderes de ORPIAN y AIDESEP denunciaron actos provocadores del gobierno central, señalando que el proyecto de ley sobre Consulta Popular en las Comunidades Indígenas que debió debatirse el 19 de agosto fue postergado, situación que ha generado un caos en las comunidades nativas. Los dirigentes advirtieron que podría desatarse un enfrentamiento entre ellas, debido a que un sector indigena respalda al gobierno y el otro sector -representado por los lideres de AIDESEP Y ORPIAN- lo rechaza; en particular por que ha creado un divisionismo entre ellas y por que no están de acuerdo con la privatización de la selva.

AIDESEP desmiente acuerdo con informe del gobierno sobre Bagua

Representantes a nivel nacional y regional de AIDESEP desmintieron haber llegado a algún acuerdo con el gobierno tras la presentación del informe final sobre los sucesos de Bagua, tal como lo informara un diario local. “Eso es mentira, no hemos pateado el tablero. Nosotros hemos presentado la propuesta para ampliar el plazo para un informe alternativo”, sostuvo el dirigente Servando Puerta Peña. Asimismo, los líderes indígenas rechazaron la actitud del Ministro de Agricultura, Adolfo De Córdova, quien se retiró de la mesa de diálogo el día en que se emitió el informe sobre los sucesos de Bagua.

“Nos ha faltado el respeto el Gobierno al tratarnos y dejarnos sentados y parados dentro de su auditorio. Nosotros también nos merecemos un respeto”, dijo Henderson Rengifo, tesorero de AIDESEP. No obstante, y ante la desidia del gobierno por solucionar el problema amazónico, los dirigentes indígenas anunciaron que recurrirán a instancias internacionales para ser atendidos. “Lamentablemente nosotros como peruanos ya no confiamos que las denuncias hechas aquí no se escuchan. Es por eso que tenemos que acudir a las instancias internacionales para que ellos nos ayuden y hagan también respetar el derecho de los indígenas”, concluyó Deysi Zapata, vicepresidenta de AIDESEP.